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El 21 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia también condenó a la nación por la ejecución extrajudicial de cuatro civiles ocurrida el 6 de julio de 2003 en Granada (Antioquia). Con esta decisión, son tres los fallos condenatorios por este caso.

El representante electo, Juan David Zuluaga, recibió el apoyo de uno de los políticos más importantes de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, sobre quien pesa una condena por parapolítica.

En los archivos judiciales reposa una deshonrosa felicitación al oficial Juan Miguel Huertas Herrera. Al militar reintegrado bajo el gobierno de Gustavo Petro, le fue reconocida su «excelente capacidad de liderazgo» en una operación donde no hubo ningún combate, sino ejecuciones extrajudiciales.

El 20 de junio de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la condena al Ministerio de Defensa por una ejecución extrajudicial cometida por el Ejército el 6 de julio de 2003 en Granada (Antioquia). Cuestión Pública tuvo acceso a la sentencia, la cual les compartimos en primicia.

Mi abrazo especial a su esposa, Amelia Pérez. Sintiéndolo mucho.

Antioquia acumula 2 813 denuncias de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en los últimos 14 años. Este reportaje de Cuestión Pública, con el apoyo de La Liga Contra el Silencio, revela un entramado de impunidad e inacción que perpetúan una tragedia.

Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro, conocido en los expedientes judiciales como el cerebro financiero del paramilitarismo en Antioquia y mano derecha de los Castaño.

Al menos 85 personas, entre comerciantes y cobradores gota gota reclutados por oficinas de cobro, siguen detenidos en las cárceles de ese país. Enfermos, golpeados, y sin contacto con sus abogados y familias, están atrapados en el colapsado sistema judicial salvadoreño.