
El laberinto de los procesos que se bifurcan
Aunque todos los caminos conducen a Roma
(22/11/2026)
Por: Homero González (mi tío desaparecido)
Si se tradujera a otra lengua o se publicara en otro punto del globo, sería una grandísima ficción, entre novela negra y triller vertiginoso, quizás criticada por su falta de verosimilitud o por lo complejo de su trama. Pero es una pieza de periodismo de investigación, del mejor periodismo de investigación. Una investigación plasmada con un elevado sentido literario, y esta es solo una de las características que hacen de El laberinto de Parqueadero Padilla (Planeta, 2025), de Diana Salinas Plaza, cofundadora de Cuestión Pública, un libro fuera de serie.
Borgianamente −premeditadamente borgiana− la obra gira alrededor de la figura del laberinto, más allá del título. El laberinto, que encierra una bestia −una mucho menos humana que Asterión− va devorando a todos quienes se atreven siquiera a delinear su silueta. Aunque el laberinto no es la única reminiscencia de Borges. Motivos y temas, un epígrafe, un agudo sentido del humor, un heroico Funes, un episodio del escritor en Medellín y hasta dos inesperadas e irónicas coincidencias caen sobre la figura del celebrado autor de ficciones.
Un equipo de investigadores se adentra pues en el Laberinto, persiguen al monstruo. Pueden intuirlo, han visto y recogido los cientos de cadáveres y despojos humanos esparcidos en toda su zona de influencia. Es una entidad con insaciable gusto por la sangre y el dinero. El monstruo tiene mil caras, mil bocas, mil brazos, mil ojos y mil nombres, pero, ante todo, una gran chequera. La chequera permite cubrir las caras, alimentar las bocas, armar los brazos, pagar los ojos y cambiar los nombres. La chequera es, en realidad, el monstruo. Quien controle la chequera controlará al monstruo, pero quien la descubra tendría la oportunidad de ponerle fin. ¿Podrán? No. Serán acribillados casi por completo, uno a uno, salvo los pocos que tuvieron tiempo y suerte de optar por el exilio. El laberinto de Parqueadero Padilla es un homenaje a su heroica derrota. “Estuvieron tan cerca de ganarles, pero tan lejos de sobrevivir” (p. 586). Un monumento a ese equipo que, con poco más que su voluntad y sentido de la justicia, su espíritu de servicio, se enfrentó a la maquinaria de muerte más aceitada y financiada que haya visto el continente.
Los silenciados: John Jairo Ruíz, Jaime Augusto Piedrahita, Manuel López Umaña, Jesús María Valle, Luís Fernando González Jaramillo, Julio César González Guzmán, Augusto de Jesús Botero Restrepo, Sergio Humberto Parra Ossa (Chacal), Edward Andrés Milimétrico Holguín Alzate, Jorge Armando Fernández Osorio, Diego Arcila Gómez (Pachequito) y Yirman Alí Giraldo Valderrama.
Los sobrevivientes: Gregorio Oviedo (exiliado, regresó en 20XX, murió en mayo de 2025), J. Guillermo Escobar (exiliado, murió en abril de 2025), Paul Jaramillo Martínez, Juan Carlos Galvis Restrepo.
Diana Salinas recorre junto a los protagonistas de esta historia, de la que ahora también es parte, al menos a título honorífico, los entresijos de lo que ella misma no duda en llamar, con argumentada razón, “el caso judicial más berraco de todos los tiempos” (p. 51). Es un caso complejo, un laberinto en sí mismo, que intentaba −y parcialmente consiguió− descifrar un laberinto mayor: El Laberinto, la estructura, súper-estructura y para-estructura que facilitaba y promovía el avance de los grupos de “autodefensas”, los ejércitos privados de terratenientes, caciques locales y narcotraficantes (no pocas veces en simultaneo), encargados de garantizar operación y expansión de sus actividades, siempre en complicidad con ejércitos de agentes estatales y empresariales.
El libro es también un homenaje a todas quienes han –porque principalmente han sido ellas− expandido el esfuerzo original o han logrado impedir que la Justicia muriera en el silencio de las balas y los dólares, incluso con acciones en apariencia inconexas. Diana Salinas entreteje cuidadosamente esos esfuerzos con la historia central mediante logrados saltos en el espacio-tiempo de la narración. Ellas: las fiscales Amelia Pérez (exiliada), Gladys Varela Cadena (exiliada), Deicy Jaramillo Rivera y Álvaro Polo Hincapié; la Magistrada y Tata, su asistente; la médico Deyanira Gómez (exiliada).
De algún modo, también es una puesta en valor de los testimonios, concordantes entre sí a través de las décadas, de los diferentes hombres-soldado que, habiendo sido los últimos engranajes de la trituradora de carne, y por los motivos más variados, decidieron denunciar la estructura que habían integrado, incluso conociendo las consecuencias de su elección (pocos más conscientes de las consecuencias que ellos mismos que las habían ejecutado). Carlos Enrique Areiza, Francisco Villalba, Pedro Alex Conde o Juan Guillermo Monsalve Pineda. Monsalve, extraña reliquia viviente, inesperada conexión entre el proceso original del Parqueadero Padilla y nuestros días (conexión descubierta por la autora), el niño que terminó en los paramilitares de la escuela de Cristales, entre otras cosas, porque en algún momento de su infancia decidió ceder el cupo en la escuela primaria para que su hermano menor continuara sus estudios mientras él empezaba a trabajar (p. 354-369); o más sintético en sus propias palabras: “uno no nace bandido, a uno lo hacen”(p.360). Villalba, el hombre-soldado que ingresó a los paramiliatares de 21 años “por medio de[l] escaso trabajo. Me contactó Salomón [Feris], […] cuando él estuvo hablando conmigo me dijo que me daba trabajo” (34986 Anexos 40, folio 52), como empleado de una empresa en Sincelejo ganaba el mínimo, $150 000 mensuales, como paramilitar su paga era cuatro veces más (34986 Anexos 40, folio 52). Al igual que Monsalve, no pasó de la primaria.
Para redondear reconocimientos y homenajes, el libro es también un monumento al periodismo, en general, y al colombiano en particular, que sintetiza, de algún modo, lo más alto de sus cimas, desde los trabajos de Fabio Castillo y El Espectador de Guillermo Cano Isaza, instituciones vivientes como Gonzalo Guillén, Nacho Gómez, María Teresa Ronderos o Daniel Coronell, pasando por Verdad Abierta y los proyectos de investigación más recientes como Vorágine o la misma Cuestión Pública.
Objetivamente, un laberinto
El título no es una mera coincidencia. Es realmente laberíntico el proceso judicial, expandido monstruosamente en un océano de procesos colindantes. Un verdadero laberinto de los procesos que se bifurcan. El radicado 26587, identificación original del expediente de 1998, se convierte, casi 20 años después, en el 34986, “apodo” del proceso tras su rescate en 2016, y el 198, que sigue las nuevas líneas de investigación. Siempre con una perenne conexión al Expediente de asesinatos de los investigadores del CTI de Antioquia (los héroes trágicos de esta historia). O el 38451, denuncia instaurada ante la Corte Suprema contra Iván Cepeda tras su debate de control político sobre los vínculos de la familia Uribe Vélez con el paramilitarismo (archivada); el 52240, apertura de investigación contra Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal (abierto tras la inhibición decretada en el 38451). El 26616, el asesinato de Jesús María Valle, que investigaban algunos de los primero miembros del equipo en ser silenciados. Pero el Laberinto es mucho más vasto que cualquier superposición o conexión de procesos judiciales, ya que estos sólo son un ángulo, un fragmento de aquel. Los nombres, eventos y ecos que unen espacios y tiempos, en apariencia, distantes, refuerzan la naturaleza laberíntica borgiana de la narración. A modo de ejemplo, la Magistrada que estructuró los procesos 38451 y 52240, nació y creció en el epicentro caballista de Antioquia, ella misma víctima de ese ambiente, en el mismo espacio e instante en que los estructuradores del Laberinto inundaban sus bolsillos y chequeras con los pantanos de dólares que posteriormente desembocaron en el Parqueadero Padilla.
Desde cierta óptica hegemónica, resultaría paradójico, inverosímil, casi ofensivo, que una pieza investigativa sea escrita en modo tan literario, con tanta libertad creadora, con una enredada estructura narrativa en la que los hechos no se suceden en modo lineal, sino que parecen sincronizarse al ritmo de una virtuosa composición musical. Una fuga. ¿Pero quién se fuga, quién huye? ¿Jacinto Alberto Soto Toro, el cerebro financiero del paramilitarismo, encontrado el 30 de abril de 1998 con las manos en la masa? ¿La estructura paramilitar en su conjunto? ¿La sociedad colombiana, que mayoritariamente desconoce o ha ignorado esta historia? Pero y si escuchamos la fuga, si la leemos, si la entendemos, si dimensionamos el elevado sentido de la justicia de quienes persiguieron a la bestia, ¿la fuga puede entonces convertirse en encuentro?
Decía que para un sector hegemónico resultará casi indignante la gran sofisticación estructural de El Laberinto del Parqueadero Padilla o la profunda admiración hacia algunos de los personajes de la historia. Ese sector se amontona, de tanto en tanto, alrededor de la “objetividad del periodismo”, convertida ya en frase hecha por su exagerada y papagayesca repetición. Sin embargo, Diana Salinas blande rápidamente su pluma para dejar ese lie motive, objetivamente, ahogándose en insulsos charcos de tinta:
Desearía que el laberinto fuera, al menos, poético y simbólico, como los de Jorge Luis Borges. Bellos, sin fin. Pero no se puede hacer poesía con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (p.44).
“No se puede hacer poesía con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. El camino de Diana Salinas es otro, como lo ha demostrado Cuestión Publica desde hace casi una década. El de narrar con demoledora precisión. Si la preocupación es narrar, el ángulo debe ser otro. Cuestión se caracteriza por las formas refinadas, poco convencionales, pero muy eficaces, de contar sus investigaciones. Siempre en la búsqueda de la mejor posición para exponer sus resultados: “Sé lo que hiciste la legislatura pasada”, “Juego de votos”, “Apocalipso Now” o “Californication” son algunos de los más logrados ejemplos que me vienen a la memoria. Y, naturalmente, la mejor forma para narrar una historia en papel es la literaria. Pero no solo esto. Diana imprime también el otro sello distintivo de Cuestión, que es también suyo: el rigor de los datos. Frente a la aséptica “objetividad”, ella esgrime la poética contundencia de la información detallada. No tiene que ser “objetivo”, basta con que el periodismo sea honesto y riguroso. Pero como ya remarqué, el Laberinto del Parqueadero Padilla es además bello. Es un libro fuera de serie por la honestidad del relato, por el rigor de la investigación y por la belleza del texto (así sea para narrar el horror). Si Sergio Parra Ossa era Chacal y Gregorio Oviedo era Ulises, tal vez Diana Salinas sea Diana, la cazadora, diestra con el arco y la flecha, como Ulises.
A la caza de la verdad
El equipo del CTI de Antioquia llegó al Parqueadero Padilla a finales de abril del 98 porque estaban investigando el asesinato de sus compañeros en abril del 98, quienes, a su vez, investigaban el asesinato de Jesús María Valle en febrero del 98, quien, a su vez, había denunciado la complicidad entre política, fuerzas armadas, terratenientes y paramilitares en los asesinatos que ya inundaban la región de Ituango antes, durante y después de la masacre del Aro de octubre de 1997. Sin embargo, la masacre contra el quipo inició incluso antes, con los investigadores que desvelaron la red de miembros de fuerzas del Estado (DAS, Sijín, Gaula Urbano y CTI) en nómina del narcotraficante Gustavo Upegui López (p. 130), asesinado en 2006, y el vínculo de éste con Mario Uribe Escobar, primo del Gobernador, a través del traficante de heroína Pedro Uribe, hombre de la estructura de Upegui (p.131-132). Ignorar esta cadena de eventos, analizarlos como crímenes separados, conduce únicamente a despedazar la verdad, esconder los patrones. Diana, en cambio, ha trazado, subrayado y extendido, las conexiones que el equipo dirigido por Gregorio Oviedo (CTI), Iván Velásquez (Fiscalía) y J. Guillermo Escobar (Fiscalía) ya había dibujado en el croquis del Laberinto.
El heroico grupo de investigadores dejó hecho en los primeros días del proceso, tres días no laborables, del viernes primero al domingo 3 de mayo de 1998, los documentos para congelar las 497 cuentas bancarias de los financiadores del paramilitismo (p. 86), incluido, naturalmente, el nombre de sus titulares. Se metieron con sus cuentas y les pagaron con una masacre a cuotas. El equipo había entendido que para luchar contra la macrocriminalidad se debían hacer macroinvestigaciones. Y la llevaron a cabo. En los 112 días que tuvieron la investigación, prácticamente avanzaron más que todo el Estado Colombiano en las dos décadas sucesivas.
Solo 112 días que tuvieron que alargar haciendo malabares con la normativa cuando les llegó la orden del traslado inmediato a del proceso a Bogotá. El oficio no solo debe ingresar en la historia universal de la infamia por haber arrebatado la investigación al equipo que había progresado tanto, a un precio tan elevado, sino también por el tono displicente, negacionista, con un tufo casi cómplice, con que se decretó: “le solicito remitir copia integral […] de la investigación adelantada en esa Regional por el presunto delito de conformación de grupos armados, mal llamados ‘paramilitares’ ” (34986, cuaderno 2, folio 140, firmado por el director nacional de fiscalías, Luis Edgar Martínez Lozada).
Quien descuartice los patrones en crímenes de baja estofa, hechos “aislados”, “manzanas podridas”, “crímenes pasionales”, “ajustes de cuentas” o “desafortunadas” muertes de testigos, es, en el mejor de los casos, un incompetente, pero posiblemente un cómplice. El libro es también un recordatorio de esto, pues muestra, con prístina lucidez, cómo en ese parqueadero, ese 30 de abril de 1998, lo hallado no era solo una oficina de contabilidad, era el nodo gordiano del paramilitarismo, del narcotráfico y sus vínculos con el poder real, desde los años 80 hasta nuestros días. La síntesis del monstruo que cambia de nombres, pero no de objetivos: “MAS”, “Tangueros”, “Cartel de X”, “Pepes”, “ACCU”, “AUC”, “Clan Úsuga”, “Urabeños”, “Clan del Golfo”, es un rápido recuento de sus alias. Como recordara muchos años después el Director Oviedo: “Encontré apellidos ilustrísimos: Builes, Uribe, Jaramillo, Echavarría, Londoño. Esta gente estaba toda metida” (p. 63).
Diana, en medio de la caza, cambia de oficio, o simplemente de ritmo, y se convierte en arqueóloga de las verdades incómodas. Escavó rigurosamente el expediente, los expedientes, para encontrar que el Laberinto, a diferencia de aquel de Knossos, no está en ruinas, sino prácticamente intacto. En ese sentido, se asemeja más a Pompeya, por su magnitud, su perfecto estado de conservación y porque está llena de muertos. En sus palabras:
Traté de ser lo más arqueológica posible. Es decir, de respetar lo que he hallado […]. Tomé brochas suaves para quitarle el polvo. Con mucha delicadeza, los dejé uno a uno expuestos en espera de que alguna autoridad les encuentre valor […]. No forcé nada. Dejé todo intacto. Si las puertas abrían caminos enroscados, difíciles de recorrer, así los dejé. Observé muchos huesos en el camino, eso sí (p. 43).
Como comprobación del rigor de la caza, o de la excavación, quedan en el texto decenas de fragmentos en los que Diana suspende la narración para verificar los testimonios, escarbando en los pasadizos de algún proceso judicial, aunque la información proviniera de la fuente más autorizada. Un ejemplo. Cuenta la exfiscal especializada de derechos humanos, Amelia Pérez, bloqueada candidata a Fiscal General (bloqueada por algunos trinos de su esposo Gregorio Oviedo, una de las figuras centrales de esta historia y uno de los pocos que pudo contarla), que fue ella quien envió a Iván Velásquez el retrato hablado y la declaración del testigo que permitió demostrar, sin rastro de duda, que Jacinto Alberto Soto Toro, el carita-de-yo-no-fui, el escorpión de mirada triste, era “Lucas”, uno de los vértices del paramilitarismo, el encargado de gestionar la logística y la chequera:
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- Quiubo, Iván, ¿cómo les va con el proceso?
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- Estoy como grave para dejar a Jacinto Alberto: ‘no hay pruebas’
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[…]
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- Ah, ¿no hay prueba? Regáleme un número de fax que sea seguro y que usted mismo reciba la diligencia.
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[…]
¡Qué gran historia! Me fui como loca a buscar el fax en el archivo. ¿Y adivina qué? ¡Eureka! […] El 3 de agosto de 1988 hacia las 9:27 a.m., por el fax de la oficina de Derechos Humanos, la fiscal Amelia Pérez le pasó la declaración de Pedro Alex Conde Amaya. A las doce del mediodía pasó la hoja con el retrato hablado (p. 584-585).
No sólo lo es por el rigor, también es un libro fuera de serie por la monstruosa cantidad de información que lo alimenta, y que queda a disposición de quien desee consultarla en la plataforma creada por Cuestión Pública. Posiblemente, sólo se compara el volumen de material procesado por Julián Martínez sobre las interceptaciones ilegales y otros crímenes de estado del gobierno de 2002-2010 (ChuzaDAS, 2016) y la rigurosa sincronización testimonial, espacial y temporal de David Marín basada en el expediente original del Palacio de Justicia: Arcanos y Reyes, (2019, podcast) y Perdida en el Fuego (Planeta, 2025). Y es que todos estos trabajos, por la naturaleza misma del Laberinto, se entrecruzan en pasadizos inesperados (ver epílogo).
La belleza y originalidad del texto
Si bien no se puede hacer poesía con las ACCU, sí se puede homenajear a sus víctimas. El laberinto del Parqueadero Padilla es un artístico e investigativo reconocimiento para los miembros del CTI y de la Fiscalía Regional de Antioquia que por vez primera descifraron el genoma del paramilitarismo. Un reconocimiento que, como lo contrasta María Teresa Ronderos en el prólogo, el Estado colombiano no ha hecho: “En los edificios de la fiscalía del país, ni siquiera en el Bunker de Bogotá, he visto una escultura […] que recuerde a los caídos” (p. 36). En contraposición a la desidia estatal, Diana hará poesía, literalmente (p. 624-625), pero no solo, para homenajear a estas víctimas ignoradas de las ACCU, de sus financiadores y de sus beneficiarios.
Pero la belleza del texto no está sólo en las palabras, también en su estructura. El ingenioso índice-partitura, que aproxima e insinúa esa característica única de la música de permitir el dialogo simultáneo de múltiples voces incluso en/con tiempos diversos, permite también subrayar el vínculo existente entre los personajes y niveles temporales de la narración. Y esa complementariedad de las voces se ve reforzada por el coro que remata cada capítulo, que, al modo de la tragedia griega, sirve como contrapunto, como complemento, como énfasis, como antítesis, como juez o como advertencia de los relatos principales y sus protagonistas.
Por momentos pareciera como si el trabajo de Diana nos permitiera elevarnos y observar el Laberinto desde arriba, en toda su extensión, con sus límites que se difuminan en el horizonte, en un rojo horizonte. Una vista que, aunque aterradora, puede llegar a ser liberadora. Aunque de una potencia visual menor que una de sus ideas originales, tirar desde da torre de Cali, Coltejer o Colpatria copias de todo el expediente, el hecho de que seamos nosotros sobrevolando el expediente y no el expediente sobrevolándonos, permite algo más de orden y de repetición en la lectura, fundamental para poder dimensionar la magnitud del Laberinto y de la obra de Diana. Después de todo, como escribió Marechal, contemporáneo de Borges, “de todo laberinto se sale por arriba”.
Una característica fundamental del texto es su sonido propio, en más de un sentido. Tiene un sonido por su banda sonora, que Diana desliza en medio de la narración para enriquecer la atmosfera noventera –con un Frankie Ruíz como protagonista que, al igual que el proceso 26587, murió en agosto de 1998– o para potenciar momentos clímax del relato, como el arribo de los agentes al Parqueadero al ritmo de Guns N’ Roses o un momento de epifanía con un épico Halleluyah en la voz de Leonard Cohen. Pero también tiene un sonido propio por la recurrente aparición de elementos sonoros, mayoritariamente percutivos, que Diana introduce haciendo uso de sus onomatopeyas: los investigadores digitando frenéticamente, con decisión, en sus teclados (casi como escavando con martillo y cincel en la base del Laberinto) o el tren llegando a una hacienda paramilitar.
Otro elemento notablemente original del texto es la posición de la narradora que modula entre la primera persona y el narrador omnisciente y, a modo de oráculo, se comunica directamente con los protagonistas de la historia o con nosotros, sus lectores. “¡Augustoooooo!, ¡agúzate que te están velando!” (p. 186), en medio del asesinato del investigador Augusto de Jesús Botero Restrepo, o “Yirman, ¿qué hacías en el montallantas de La Autopista, en Bello, si te trasladaron a Pereira?” (p. 601), tras el homicidio de Yirman Alí Giraldo Valderrama, ilustran el primer caso. Pero quizás el elemento más bello, simbólico y original sea la página en blanco, el compás de silencio, en honor de Sergio Parra Ossa Chacal (p. 556), una de las mentes investigativas más agudas del equipo.
Lo anterior, junto a otras estrategias de la composición, permite sentir la angustia, la rabia, la tristeza o el miedo de la periodista, que siente en carne propia la angustia, la tristeza, la rabia y el miedo de los protagonistas de la historia. De ese modo, lectores, periodista y protagonistas experimentamos juntos, separados por las décadas o los kilómetros, esa épica y trágica lucha de 1998 y sus posteriores derivaciones. Una verdadera empatía, ese sentir con el otro, ¡qué lejos de la cacareada “objetividad”!
Me gustaría creer que los pasajes oníricos descritos por Diana, sobre todo el más terrible, fueron un simple recurso literario más, pero temo que son la evidencia de la huella que dejó el proceso de investigación y escritura, el proceso de sentir la historia y volverse parte de ella.
Quedan para la memoria, y el análisis, algunos de los fragmentos de mayor potencia expresiva del libro, que me limito a listar para no alargar más aún esta reseña. “La conciencia es una señora juzgona de buena memoria que le cantaletea al oído con voz ronca” (p. 356). “La verdad es un vidrio quebrado que siempre intentaba recoger en el archivo y en los expedientes judiciales” (p. 132). “El dios que sangra es mortal” (p. 452). “Te recuerdo llamar al gobernador, presentarme y que yo lo visito en la tarde. 09/15/1997 9:06 a.m.” (p. 564). “La impunidad era el plato con el que se comía todo en la ciudad” (p.511). “Ese señor todo lo que sabe y se autoincriminó” (p. 539). Ese “sifón de estiércol de hombres con alma fétida” (p. 564). Y, para finalizar:
Se activa el triángulo: la víctima, el victimario y la justicia. […] ¿Quién es el victimario en la historia del expresidente? ¿La guerrilla? ¿Quién es la justicia? Quizás es la historia de Colombia dentro de un espejo triangular que se proyecta al infinito. […] El victimario en la versión de Cepeda son los paramilitares. ¿Quién es la justicia de este lado? Quizás es la historia de Colombia dentro de un espejo triangular que se proyecta al infinito. ¿Quién es el victimario del paramilitarismo? ¿La guerrilla? ¿Quién es el victimario de la guerrilla? ¿El poder paramilitar? El espejo se quiebra cuando se descubre la verdad y uno de los dos es el que quiere ocultarla a toda costa.
Escribo: somos una serpiente que se muerde la cola.
De aquí en adelante, elijo: ella será la protagonista.
La magistrada es La Justicia (p. 225).
En este punto, me permito construir un pequeño y más modesto juego con espejos:
En 1997 Juan Guillermo Monsalve Pineda fue secuestrado por el ELN en el nordeste de Antioquia, había regresado a trabajar en la Hacienda Guacharacas.
Lo dejaron ir porque averiguaron que, en el papel, el gobernador no era propietario de Guacharacas (p. 526-530).
En 1996 Jorge Albeiro Valencia Cardona fue secuestrado en una carretera de Antioquia por un grupo de paramilitares (disfrazados de guerrilleros).
Lo dejaron ir porque tenía en su poder papeles que demostraban que conocía al gobernador. (National Security Archive, Doc. No: C06501685, fecha 08/02/2018)
Quizás el equipo de investigadores del CTI y la Fiscalía de Antioquia no eran Teseo, como sugirió María Teresa Ronderos en su prólogo al libro (p.31), quizás ellos fueron los jóvenes atenienses, quizás Diana en su excavación desenterró el hilo de Ariadna y además puso en circulación los planos del Laberinto y quizás Teseo somos nosotros.
Quizás,
Quizás,
Quizás.
A modo de epílogo
En un pasado no muy lejano, ChuzaDAS obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de 2017, en la categoría de libro periodístico. Unos años después, pero en otra línea temporal, Arcanos y Reyes, podcast de David Marín, vence en la edición 2021, pero en la modalidad de investigación – audio. Por desgracia, en nuestra línea temporal, esa categoría quedó desierta ese año. Aunque el autor probó que solo una vez se abrió el link con el episodio suministrado (el jurado de la edición estaba compuesto de siete miembros), la denuncia fue seguida de un unánime silencio. En un futuro no muy lejano, Diana Salinas Plaza recibe, merecidamente, la edición 2027 del premio en la categoría libro de periodismo, galardón que debería compartir con David Marín con Perdida en el Fuego, como ha sucedido en entras ediciones (2017, 2019, 2021, 2023 y 2025). Lo que no sabemos, aun, es a cuál de las dos líneas temporales pertenece esta descripción.
Pero las conexiones en las profundidades del Laberinto no se limitan a esta humilde petición. El descomunal estudio de conjunto que realizó Diana, y la extraordinaria herramienta de verificación, es la conexión de eventos y documentos, incluso por fuera de la narración, que permiten evidenciar los patrones, así como intuir los cimientos profundos y las sombras largas del Laberinto.
Un patrón que se repite:
Año 1997, Jesús María Valle denuncia complicidades de las fuerzas de armadas con los asesinatos y masacres cometidos en la zona de Ituango, “eso lo denuncié públicamente y por eso motivo fui denunciado por el señor comandante del ejército [por injuria y calumnia] para que se investigara mi conducta, cuando yo lo que buscaba era la protección de la población campesina” (p. 385), fue su declaración ante el equipo liderado por J. Guillermo Escobar el 6 de febrero de 1998, 21 días antes de su asesinato.
Año 2007, Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, lidera la investigación de las relaciones entre los paramilitares y la clase política. El 8 de octubre se difundió por la oficina de prensa de la Presidencia una carta de un paramilitar que afirmaba que Velásquez le había ofrecido beneficios si acusaba al Presidente de la República de haber ordenado atentar contra el comandante paramilitar del Bloque Suroriental, alias “René”, (ChuzaDAS, p.231). El acusador, José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, nombre por el que se conocería el caso, aportó en su carta huella y firma. El 27 de septiembre del mismo año, menos de dos semanas antes, la Corte Suprema de Justicia había llamado a indagatoria a Mario Uribe Escobar, expresidente del Senado 2003/2004, alfil y primo del Presidente de la República, quien ya había aparecido interceptado en 1997 por el equipo de Investigadores del CTI de Antioquia en comunicación con narcotraficantes ligados a Gustavo Upegui (p. 131-132). La Corte acusaba al criminal Uribe Escobar de vínculos con grupos paramilitares. Fue condenado en 2011.
En junio del año siguiente, “Tasmania” reveló que la carta era falsa, pedida por el “Tuso Sierra”, quien le había ofrecido 400 millones y una casa para su madre, además de vincularlo a Justicia y Paz y un traslado al pabellón de los beneficiados de dicha jurisdicción. El traslado dependía del alto Gobierno y efectivamente se concretó. “El Tuso”, Juan Carlos Sierra Ramírez, es primo de María Eugenia Ramírez, esposa de Mario Uribe Escobar. “Tasmania” y el “Tuso” compartían abogado, Sergio Augusto González Mejía. Según “Tasmania”, fue González Mejía quien lo instruyó para firmar la carta. El abogado fue condenado el 27 de febrero de 2013 (ChuzaDAS, p. 239-241). La carta llegó a las manos de César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Presidencia, prófugo de la justicia, a través de maniobras realizadas por agentes DAS, entidad dependiente directamente de la Presidencia de la República (ChuzaDAS, p. 233-239).
Año 2012, Iván Cepeda Castro, Representante a la Cámara, difunde las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Alberto Guerrero sobre la creación de un grupo paramilitar en la Hacienda Guacharacas. El 23 de febrero el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe Vélez interpone denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra Cepeda (proceso 38451). El 17 de septiembre de 2014 Cepeda realiza un debate sobre los vínculos de la familia Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo. Una carta del paramilitar Carlos Enrique Areiza llega al proceso en enero de 2015, acusa a Cepeda de ofrecerle 100 millones para declarar en contra del exgobernador y alfiles cercanos, viene con huella y firma. La carta y sus afirmaciones eran falsas, confesará Areiza ante la Corte Suprema. Areiza fue dejado en libertad condicional y asesinado el 14 de abril de 2018 (un “polémico” tuit lo llamó “buen muerto”).
Año 2018, a la Magistrada que instruye los procesos intentan “hacerle un Tasmania”, (p. 413). Son tan burdos esta vez, que la supuesta visita y ofrecimiento a los testigos ocurrió cuando se encontraba en una ciudad diferente. No tuvo mayor recorrido el montaje.
Año 2023, noviembre 17, Salvatore Mancuso aseveró ante la JEP que la orden del asesinato de Jesús María Valle y la Masacre del Aro provino del gobernador, a través de Pedro Juan Moreno Villa, su secretario de gobierno. En Miami, el 10 de enero de 2024, se interpuso una acción civil por difamación en su contra. (p. 195)
Año 2026, 13 de enero, el fiscal Álvaro Polo Hincapié, quien lidera desde 2016 la investigación del radicado 34986 y la investigación por los asesinatos de los agentes del CTI, debe afrontar una audiencia de imputación de cargos. Lo acusan de abuso de autoridad y fraude procesal. El acusante, “Lucas”, recapturado por Polo Hincapié más de veinte años después de su fuga del 29 septiembre de 1998. Según “Lucas”, el fiscal Polo Hincapié ejerció presión para obligarlo a declarar contra el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros empresarios.
Un patrón que se repite,
un patrón que se repite,
un patrón que se repite.
Los cimientos y sombras del Laberinto:
Cimientos:
I. El predio de la Virgen del Cobre, en Necoclí (Urabá antioqueño), fue adquirido por “Industrial Pecuaria Ltda.” el 16 de diciembre de 1982. Según documentos de su año de fundación, 1980, Jorge Luís Ochoa Vásquez era suplente Jesús Valderrama Vásquez, el miembro principal de su Junta Directiva. El precio de compraventa: $2’500.000. El vendedor, “Inversiones Uribe Vélez Ltda.”, había adquirido el terreno por un valor de $500.000 el 19 de mayo de 1981, fecha que coincide con el momento en que el mayor de los hermanos ostentaba el cargo de Director Administrativo de la Aeronáutica Civil (24 de marzo 1980 – 9 de agosto de 1982). Pero, ¿cuánto eran $500.000 de 1981? El salario mínimo vigente del año 1981 eran $5.700, un asalariado tendría que dedicar más de 7 años de trabajo, sin ningún gasto, para acumular esa suma. El mismo año, concretamente el 4 de mayo de 1981, se registró ante la Cámara de Comercio de Medellín la sociedad “Amortegui y Cia. Ltda.”, cuyas 500 acciones, a $1.000 cada una, se podían adquirir por esa misma cantidad (como quedó registrado en el libro noveno, folio 167, número 2387 del registro de la Cámara de Comercio de Medellín). Dicha sociedad cambió su razón social a “Aerofoto Amortegui y Cia. Ltda. AFA” por medio de la escritura No 5841 del 17 de diciembre de 1981 (Notaría Quinta de Medellín).
Los helicópteros tienen aspas largas.
II. El 19 de febrero de 1983, el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, reveló el nombre de 163 individuos vinculados a “Muerte a Secuestradores” (MAS), organización creada después que el M-19 secuestrara a Martha Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa Restrepo y hermana de Jorge Luís, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez. Entre los 163 nombres se encontraban militares y policías (tanto activos como retirados), así como “civiles vinculados a las Fuerzas Armadas”. Dos días después llegó la respuesta de los gremios:
el presidente de la Federación Antioqueña de Ganaderos (Fadegan [no confundir con Fedegan]), Pedro Juan Moreno Villa, [afirmó] que el MAS no existe, y considera que es una estrategia de los subversivos […]. Moreno Villa justificó la ‘autodefensa de armada de los ganaderos’, quienes tienen que cuidar sus vidas y las de sus familias por sus propios medios. (“El informe sobre el MAS: Fadegan, Fedegan y Analac enjuician las conclusiones”, El Tiempo, 22 de Febrero 1983, por Darío Sánchez Posso y Jorge Sánchez Vargas).
III. El 30 de Agosto de 1983, en el formulario de matrícula mercantil de sociedades de Industrial Pecuaria Ltda., figuraban como referencias bancarias el “BIC” y el “Banco Ganadero”, y como referencias comerciales “Anibal Arango y Cia.” y “Fa-de-gan” [no confundir con Fedegan]; y reportaba un total de activos de $40’692.827. Para el año de 1985, el total de activos se había incrementado a $58’005.629 y como referencia bancarias solo quedaba el “Banco Ganadero”, mientras que en las comerciales se mantenía “Fa-de-gan” [no confundir con Fedegan] y se sustituía “Anibal Arango y Cia.” por “Servi-Repuestos” (propiedad del narcotraficante y testaferro “Pelusa” Ocampo).
IV. En otras noticias sobre la industria pecuaria. El 1 de octubre de 1982, las notas económicas de “El Colombiano” referían un hecho discreto:
A las cinco de la tarde hoy, Pedro Juan Moreno Villa, presidente de Fadegán [no confundir con Fedegan], hará entrega al alcalde metropolitano Alvaro [sic] Uribe Vélez del Estudio “Consumo de carne y leche en Medellín, Itagüí, Bello y Envigado 1979-1980”. […] La ceremonia de entrega del documento se cumplirá en el despacho de la alcaldía. (“Notas Económicas, (5) Fadegán entrega documento”, El Colombiano, 1 de octubre de 1982, por María Victoria Jiménez de Ruíz, Jorge Alberto Velásquez B. y Fidelia Arboleda de Ángel).
El Laberinto
tiene
cimientos
profundos.
V. El 13 de marzo de 1990, en el interior de su apartamento en Bogotá, fue asesinado el abogado y defensor de derechos humanos antioqueño Tarcisio Roldán Palacio. El modus operandi, fue prácticamente el mismo que el empleado contra Elsa Alvarado y Mario Calderón (19 de mayo 1997), Jesús María Valle (27 de febrero 1998) o Eduardo Umaña Mendoza (18 de abril 1998), pero un lustro antes: un grupo de pistoleros, haciéndose pasar organismos de estado, o alguna otra cosa, ingresa a la vivienda/oficina y acribilla a la víctima. A Tarcisio Roldán Palacio lo asesinaron junto a su esposa, Eugenia Victoria Betancur. El crimen es prácticamente desconocido, incluso en el ámbito de los defensores de derechos humanos del país. Tarcisio Roldán Palacio, era uno de los abogados penalistas más prestigiosos de su generación, fue invitado por Germán Castro Caycedo a su programa Enviado Especial (6 de agosto de 1984) como apoderado de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta que habían iniciado pleitos contra el Estado por la fumigación indiscriminada para erradicar plantaciones de marihuana en la Sierra. El herbicida: Glifosato. La historia no se repite pero rima. Las fumigaciones se iniciaron como “contundente” respuesta contra los narcotraficantes tras el magnicidio del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 (misma efeméride del allanamiento del Parqueadero Padilla). Tarcisio Roldán Palacio, a finales de los años 70, había combatido, junto a otros juristas de renombre, el creciente autoritarismo del gobierno de Turbay Ayala, demandando la inconstitucionalidad de varios artículos de un proyecto de reforma constitucional promovida por su gobierno (Acto legislativo 1 de 1979). Entre esos juristas estaba Manuel Gaona Cruz, magistrado asesinado el 7 de noviembre de 1985 por munición estatal, en el interior de un baño repleto de rehenes (Perdida en el Fuego, p. 196-197), en la masacre y demolición que la versión oficial ha acordado llamar eufemísticamente la “Retoma” del Palacio de Justicia. Tarcisio Roldán Palacio, al igual que Eduardo Umaña Mendoza, fungía como abogado de víctimas de la “Retoma”, en su caso, de los funcionarios judiciales (entrevista a Maureén Maya). La historia no se repite pero rima, el Laberinto tiene cimientos profundos. No era su único proceso, era también apoderado de familiares de víctimas de la Masacre de Segovia (Colombia Nunca Más: Crimines de lesa humanidad. Capítulo VII: Consolidación y exterminio de la oposición política en el Bajo Nordeste Antioqueño. 1985-1988), cometida 11 de noviembre de 1988 por los paramilitares de “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”, alias regional de “Los Tangueros” (Proceso 2006 80585, Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, p.58), al mando de “Rambo”, el propietario de la Hacienda Las Tangas: Fidel Castaño Gil. El Laberinto tiene cimientos profundos. Manuel Arturo Salom Rueda “JL” y Carlos Mauricio García Fernández “Doble Cero”, fundadores del Bloque Metro, exmilitares pertenecientes a los “Los Tangueros” (p.110-111 y p.552), fueron enviados por la Casa Castaño para “limpiar” la región e instaurar la escuela paramilitar de Cristales (p.198-199, p.525) en la zona dominada por la Hacienda Guacharacas (San José del Nus, San Roque, Providencia y Cristales).
Sombras:
I. Los Grupos de acción unificado por la libertad personal (GAULA), tanto rural (adscrito a la IV Brigada), como urbano (de la Policía Nacional), fueron identificados por el equipo del CTI, desde etapas tempranas como cómplices de las fuerzas paramilitares. Habían identificado a miembros de fuerzas estatales que pasaban mensualmente por Electromillos, propiedad de Gustavo Upegui López, ubicado en el Centro Comercial Obelisco, a cobrar su “nómina”. Además de compañeros del CTI, también ubicaron integrantes del “DAS, Sijín y el Gaula Urbano” (p. 130).
Los investigadores creían que “Lucas”, en ese momento sólo un alias de identidad desconocida, podría tener relación con el Gaula de Antioquia:
Del señor “Lucas” se logró obtener un beeper, […] del cual se han analizado los mensajes de los últimos meses. Como resultado se desprende que “Lucas”, al parecer, se puede ubicar en el Gaula Antioquia debido a que […] le solicitan que se comunique con la oficina al teléfono 421 44 **, el que efectivamente corresponde a esa institución (p.164).
En otra interceptación de comunicaciones hecha por el equipo en marzo de 1998, se escuchaba a los paramilitares José Alberto y Juan Carlos Cadavid Vélez. “José Alberto le pide a Juan Carlos que esté listo por que [sic] en cualquier momento lo puede necesitar ‘para ir con unos manes [sic] del GAULA, por allá [a] hacer una vuelta’ ”. De José Alberto se dice en el informe de la interceptación que: “cumple un papel muy importante dentro de las ‘Autodefensas Campesinas’ ya que es el encargado de visitar los campamentos, pasar la nómina, adquirir material”, entre otras.
El director del Gaula Urbano de Antioquia, entre 1996 y 2001, era el coronel Mauricio Santoyo Velasco. Fue también el jefe de seguridad del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, durante la campaña de 2002. Tras su posesión, Uribe Vélez lo nombró jefe de seguridad de la Presidencia, cargo que ocupó hasta 2005. Fue extraditado a Estados Unidos en 2012 por su complicidad y protección de grandes estructuras del narcotráfico, incluida la Oficina de Envigado y las AUC.
En el mismo intervalo de tiempo en que Santoyo se desempeñó como comandante del Gaula, esta entidad estuvo involucrada en una masiva interceptación ilegal de comunicaciones, incluidas más de 1500 líneas telefónicas. Estas Ur-ChuzaDAS, un patrón que se repite, incluyeron organizaciones de izquierda, organizaciones de Defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) o el Instituto Popular de Capacitación (IPC), sufrieron persecución, hostigamientos, tortura psicológica, sabotajes, secuestros, e incluso desaparición forzada (El audio que el General Santoyo habría querido ocultar).
El Gaula rural dependía de la IV Brigada del Ejército, su comandante entre 1995 y 1997 fue el general Alfonso Manosalva Flórez.
II. El 30 de abril de1998, en el momento de la captura en flagrancia, “Lucas” tenía en su poder una pistola Pietro Baretta y, dentro de un morral, munición y una caja con cuatro revólveres nuevos, todas las armas con salvoconducto emitido por la IV Brigada del Ejército. En audiencia de Salvatore Mancuso ante la JEP (17 de noviembre de 2023), el exjefe narcoparamilitar implicó en la planeación de la masacre del Aro, entre otros, al Gobernador, su secretario de Gobierno y el general Alfonso Manosalva Flórez.
Diversos testimonios (p. 404-409), entre ellos el de Juan Guillermo Monsalve, dan cuenta de cómo el grupo paramilitar que operaba en la zona entregó a un comandante guerrillero del ELN y sus acompañantes, vivos, a militares de la IV Brigada.
La noticia de El Tiempo, 9 de octubre de 1996: El general Alfonso Manosalva […] informó que la muerte de Juan Pablo se produjo cuando se movilizaba en un campero [y fueron] sorprendidos por unidades de contraguerrilla a las que opusieron resistencia […]. Al conocer la noticia sobre la muerte del cabecilla guerrillero, Uribe Vélez felicitó a la Cuarta Brigada y exaltó la labor de su comandante […], anunciando además que la Gobernación pagará la recompensa. […]
– ¿Quién cobra la recompensa?
– Movil cinco dice que Lucas estuvo y yo creo que la pudo reclamar él. Luis Villegas también, pero el dinero debió haber quedado para la organización.
– ¿Qué Lucas?
– El mismo del Parqueadero Padilla (p. 404-405)
Entre 2002 y 2007, la IV Brigada sería responsable del asesinato de más de 500 ciudadanos pobres en estado de indefensión para ser luego presentados como “bajas” en “combate”, “positivos” en la jerga militarista. (JEP, Macrocaso 03, Comunicado 198)
III. Juan Carlos Rodríguez Agudelo, “Zeus”, exmilitar y paramilitar, por cerca de 10 años en simultánea (1997-2006), llegó como testigo a favor del exgobernador y su hermano en múltiples procesos. En la sentencia 52240 quedó señalada su ruta de ingreso:
[Vicky] Jaramillo, según la indagatoria de Uribe Vélez sería la persona que consiguió como testigo para el caso de su hermano Santiago al ex-oficial Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’, quien reconoció que Diego Cadena[,] por intermedio de Diego León Montoya [alias “Don Diego”], lo buscó en la cárcel en el año de 2015 y un año después hizo un escrito dirigido al Fiscal General de la Nación, en el que dice que supuestamente habría un complot en la Fiscalía contra los hermanos Uribe Vélez” (p.419, y p.50 de la sentencia).
“Zeus”, tenía relaciones desde 1997 con miembros del Bloque Metro como “Doble Cero” y “39”, David Hernández Rojas (Pares, “La historia de Zeus, un oficial del ejército que se convirtió en un sirviente del Clan del Golfo”). Según “el escolta de Uribe Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’, exjefe de finanzas del Frente Héroes de Andaquies […] un hermano de él (de alias Zeus) era comandante de la avanzada de la seguridad de Uribe, lo conocí con el nombre de Camilo”(Verdad Abierta, “Hubo identidad política con Álvaro Uribe Vélez”: alias ‘Ernesto Báez’). Su padre, el coronel José Homero Ramírez, era el director de La Catedral en Envigado, la “prisión” que se construyó Pablo Escobar, y de la que, para sorpresa de nadie, escapó el 22 de julio de 1992 (El Tiempo, “Fiscalía acusa al coronel Homero Ramírez”, 20 de agosto de 1994).
Recapturado el 10 de abril en Norte de Santander mientras transportaba un arsenal para los paramilitares del Clan del Golfo (antes llamados Los Urabeños, aun antes Clan Úsuga y antes todavía ACCU), escapó el 22 de abril de 2024 de una estación de policía en Cúcuta, en una inexplicable y negligente actuación institucional de la Policía Nacional que lo mantuvo en ese nivel de reclusión por casi dos semanas. Fue asesinado junto a otros paramilitares a su mando en una operación policial el 29 de septiembre del mismo año en San Francisco, oriente antioqueño. En su hoja de servicios se encuentra narcotráfico (200 kg de cocaína en su primera captura, 2007), tortura y masacres (Cajamarca, 2003; y Potosí, 2004) y falsos “positivos” (según su propia declaración en la JEP, que le había concedido libertad condicional por sus aportes a la verdad).
IV. Funcionarios de la Fiscalía Regional de Antioquia o del CTI como Wber Duque Álvarez, en nómina de quienes debían investigar, acosaban e intimidaban, incluso abiertamente, a funcionarios como Luis Fernando González Jaramillo (asesinado el 13 de abril de 1998), Jorge Armando Fernández Osorio (asesinado el 7 de enero de 1999) o Diego Arcila Gómez (asesinado el 15 de Febrero de 1999). En el expediente de Homicidios Investigadores del CTI quedó registrado cómo un tal Zapata, investigador Nivel I, increpaba abiertamente a González, incluso en pleno pasillo:
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- ¿Sabe qué? Yo también voy con mi hermano y Fabio Valencia Cossio para Bogotá […] Yo sí voy […] por la cabeza de Fernando paraco y su secuaz, Jorge Fernández. (p.138)
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Fabio Valencia Cossio fue posteriormente Embajador en Italia (2001-2005), Alto Consejero Presidencial para la Productividad (2005-2008) y Ministro del Interior y de Justicia (2008-2010, hasta final del mandato presidencial). Permaneció como Ministro pese a que uno de sus hermanos, el fiscal criminal Guillermo León Valencia Cossio, estaba en nómina de paramilitares y narcotraficantes:
un fiscal antinarcóticos estableció que “Don Mario”, “el Indio” y otros narcotraficantes hacían parte de una red que exportaba cocaína desde Turbo hacia Europa.
La organización tenía enlaces colombianos en el exterior, entre ellos Juan David Naranjo, hermano del director de la Policía, general Óscar Naranjo, y quien fue capturado el 27 de abril de 2006 en Alemania.
[…]
En las interceptaciones surgió el nombre de Guillermo León Valencia Cossio, director seccional de la Fiscalía en Antioquia. (Verdad Abierta, “De fiscal a condenado: el fallo contra Valencia Cossio”)
V. En diciembre de 2020 fue interceptada por las autoridades italianas una comunicación entre un corrupto operador portuario y Bartolo Bruzzaniti, gestor de la ‘Ndrangheta, la mafia italiana más poderosa, que controla la mayor parte del tráfico mundial de cocaína. Coordinaban un envío desde Turbo, camuflado dentro de un cargamento de bananos de la empresa Banacol: “Con la gente de allí [Turbo] no parten 500/1000 [kilos], estamos hablando de dosmil para arriba” y remata: “[En Turbo] estamos como en casa […] son amigos [nuestros] desde hace 25 años” (IRPI Media, “Banane e cocaína,’ la antigua alianza entre el Clan del Golfo y la ‘Ndrangheta”).
2020 – 25 = 1995.
Según lo reportado por “El Tiempo”, el 9 de agosto de 1991, “Fidel Castaño entrega hoy 6630 hectáreas en Córdoba”. Supuestamente iban a pasar a manos campesinas, no fue así. “Funpazcord [conocida después como Funpazcor] empezó el reparto de bienes de Castaño el 26 de noviembre pasado, un día después de que este entregara a las autoridades unas 300 armas […] y anunciara que a partir de ese momento quedaban totalmente desmovilizadas las autodefensas que él lideraba”. El macabro chiste no tiene gracia. Funpazcor, que se encontraba en el centro del Parqueadero Padilla, igual que Industrial Pecuaria, “Lucas”, La Compañía y otros, era una fachada de los paramilitares. Verdad Abierta tituló la operación en modo inmejorable, 22 años después: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada.
Volviendo a la nota de “El Tiempo”: “Los programas productivos impulsados por Funpazcord están encaminados a la exportación anual de 30.000 toneladas de frutas frescas, con la colaboración de la comercialización de la Empresa Bananos de Colombia (Banacol)”. BA-NA-COL.
El Laberinto tiene sombras largas
VI. El 18 de enero de 2026, se inició el proceso de entrega de la Hacienda Virgen del Cobre a familias campesinas víctimas de la violencia en el Urabá antioqueño. Los entes gubernamentales que más peso han tenido en el proceso son la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), esta última dirigida desde 2024 por Amelia Pérez Parra. Amelia Pérez, la ex Fiscal de Derechos Humanos, fundamental en la identificación plena de Jacinto Alberto Soto Toro (“Lucas”) y compañera vital de Gregorio Oviedo, Ulises.
En el sin fin de objetivas notas sobre la hacienda, se menciona el predio como propiedad del narcotraficante y testaferro José Antonio “Pelusa” Ocampo o del narcoparamilitar Fredy Rendón Herrera “El Alemán”. Ningún medio mencionó nunca la posesión a manos de Industrial Pecuaria Ltda., desde el 16 de diciembre de 1982 hasta el embargo de dominio el 29 de octubre de 2008 por parte de la Fiscalía, como consta en la anotación 004 y 005 del certificado de tradición del predio (matrícula inmobiliaria 034-4816 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo). Ninguna nota mencionó la posesión anterior de Inversiones Uribe Vélez Ltda. (19 de mayo de 1981 – 16 de diciembre de 1982, anotación 003 y 004 del mismo registro). Mucho menos se mencionó su compra por $500.000 (1981) y su venta directa a Industrial Pecuaria Ltda. por $2’500.000 (1982). ¡Una rentabilidad del 400% en año y 7 meses! ¡Eso ni el nar…!
… el Laberinto tiene cimientos profundos y sombras largas.
****** —— Actualización de última hora —— ******
VII. Una foto del 16 de julio de 2025 muestra un grupo de polichadas figuras. Al centro, un autopercibido tigre flanqueado por dos personajes. A su izquierda, Fabio Valencia Cossio (ya mencionado, al igual que su hermano); y, a su derecha, el abogado Juan Francisco Navarrete Riveros, autor de la publicación (realizada contemporáneamente con la cuenta de su buffet de abogados). El texto que acompaña el post reza:
Acompañando a mi buen amigo en el lanzamiento de otro exitoso proyecto “De La Espriella Collection” !!! Gran oportunidad de inversión (sic).
La entrada publicita un proyecto inmobiliario del «buen amigo». La única publicación de la cuenta oficial del proyecto, es del mismo 16 de julio de 2025. Las redes sociales del abogado atestiguan el vínculo cercano entre ambos (1, 2, 3). Según una investigación de Vorágine, Juan Francisco Navarrete Riveros defiende la propiedad de los Vargas Torres sobre diversos predios en extinción de dominio. Los Vargas Torres son Juan Sebastián y María Cristina, hijos de Oscar Antonio Vargas Lara y Beatriz Elena Torres, fundadores de Inversiones Ovalar, la sociedad propietaria del Parqueadero Padilla (p. 282-284). Está probado, más allá de cualquier duda razonable, el uso del predio −y de otras propiedades familiares, como la Hacienda La Virgencita en Turbo− dentro del mecanismo que cometió los crímenes más atroces de las décadas de los 80, 90 y 2000. Resulta contradictoria la praxis del abogado Navarrete con la teoría del profesor Navarrete en las clases que imparte, entre otras, en la Universidad La Gran Colombia. Una publicación de finales de octubre de 2025, hecha por el abogado, dice de forma textual: «Nuestra Constitución protege la propiedad privada, pero esa protección solo existe cuando el derecho se adquiere de manera lícita y legítima. No puede hablarse de verdadera propiedad si su origen proviene de actividades ilícitas».
No es todo, uno de sus hijos, el cantante Juan Pablo Navarrete (autodenominado «Sinalombiano»), fue un fervoroso participante dentro de la campaña del autopercibido tigre, el “buen amigo” de su padre.
En los registros audiovisuales que atestiguan su participación en la campaña, puede verse un video publicitario con otros cantantes del gremio, muy popular en amplios sectores de la sociedad colombiana, al igual que otros (1, 2). Incluso, padre e hijo registraron su presencia en primera fila durante la posesión presidencial (“Viviendo en primera fila el Inicio de la patria milagro”).
Pero no es todo, la compañera sentimental de Juan Pablo Navarrete −hijo del abogado Navarrete, defensor de los intereses de los herederos de los propietarios del Parquedero Padilla− es Daniela Ochoa, una figura de la farándula nacional desde por lo menos 2011. «Nanis», como se autodenomia y es conocida por el público, también se involucró activamente en la campaña. Colaboró en una pieza de propaganda política con apariencia de entrevista al autopercibido tigre. El video fue publicado en su canal de You Tube el 17 de mayo de 2026 y tiene más de cinco mil reproducciones, mientras los fragmentos de la entrevista en su cuenta de Instagram (1, 2, 3) acumularon miles de “likes” y cientos de comentarios. La participación de “Nanis” sería intrascendente si no fuera por un pequeño detalle: sus interacciones y publicaciones permiten afirmar que está vinculada familiarmente con el clan de los Ochoa Vasquez***, hijos del patriarca del Cartel de Medellín, Fabio Ochoa Restrepo (autodenominado el “El padrino de Medellín”, pero esa es otra historia). Aunque el grado de parentesco es difícil de determinar, por su edad podría tratarse de una hija extramatrimonial de Ochoa Restrepo, o bien su nieta.
Es decir, el abogado de los propietarios del Parqueadero Padilla tiene como posible futura nuera, y ya madre de su nieta, a una Ochoa. Todos dentro de este nuevo núcleo familiar: suegro/abogado-hijo/cantante-nuera, apoyaron irrestrictamente a, y tienen vínculos de amistad con, quien ocupa el cargo de Presidente de la Republica…
El Laberinto tiene sombras largas y cimientos profundos…
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Y se recicla…
*** (A) Comentario en recuerdo Juan David Ochoa Vásquez (“Recuerdo muy lindos”), en el perfil del Criadero la Vitrina, de propiedad de Ochoa Vásquez.
(B) Comentario celebrando el regreso a la libertad de Fabio Ochoa Vásquez (emoji de ojos aguados), hecha por el perfil del criadero la Vitrina.
(C) Su hija mayor, de una relación precedente, es dueña de un criadero de caballos, visible en su descripción personal. En los perfiles de dicho criadero hay al menos dos fotos con ejemplares con la marca del “8” (“el ocho”: el Ochoa) −una de ellas con la hija en persona−, hierros históricos de Ochoa Restrepo, heredados por su hijo Juan David. De hecho, la foto de perfil de criadero La Vitrina es un detalle de dicha marca.
*Su contenido no compromete al medio.







