Colombia en llamas y sin una ley integral para incendios

Mientras el país se sigue quemando, desde 2019 van cuatro proyectos que se han ido al traste, por diferencias políticas, en los trámites y debates del Congreso.

Restricciones de quema en ecosistemas sensibles al fuego, brigadas institucionales o comunitarias especializadas, y una comisión técnica nacional son mecanismos con los que pudimos haber llegado a enfrentar una nueva ola de incendios en el país, que ya arrasa con más de 11 mil hectáreas solo en Tolima.

La cifra es aún más aterradora si incluímos el territorio afectado en toda Colombia en años anteriores: 51 mil hectáreas en los primeros nueves meses de 2023, 137 mil hectáreas en el mismo periodo en 2024 y 12 mil hectáreas en 2025.

Este año con el agravante del terremoto de magnitud 7.4, que obligó a dividir al personal de socorro -escaso, sin formalizar y pobremente financiado- en la atención de las diferentes emergencias que se presentaron en el occidente del país. 

De todas maneras habríamos llegado sin las mejores capacidades.

No hay pero que valga

Los intentos de fortalecer la gestión de desastres o de llevar más recursos a Bomberos y Defensa Civil han fracasado rotundamente en su paso por el Congreso.

El más reciente proyecto de ley, el 557 de 2025, establecía los lineamientos para el manejo integral del fuego y la reducción del riesgo de desastres por incendios forestales. El proyecto pasó su primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara, pero al llegar a la plenaria no fue agendado por el presidente de la corporación, el verde Jaime Raúl Salamanca. A pesar, incluso, de que tenía a tres miembros de su misma bancada como autores.

Pero no es el único. En 2019 ya se intentó legislar al respecto. Por ejemplo, una prohibición de quemas de cambio de uso -las que quitan la cobertura boscosa para luego convertir la tierra en agropecuaria o comercial-, ya se había propuesto en el Proyecto de Ley 221 de 2019. 

En ese caso, el trámite llegó hasta cuarto debate, pero nunca fue agendado por el entonces presidente del Senado, Arturo Char, quien fue llamado a juicio hace un mes, por concierto para delinquir y corrupción al sufragante, por su presunta participación en el esquema de compra de votos de Aída Merlano en Atlántico.

Que se las arreglen como puedan

Un destino similar tuvieron tres proyectos de ley que fortalecían la labor de los bomberos. El 043 de 2023, exigía a los municipios con más de 30 mil habitantes (es decir, los de categorías Especial, 1, 2 y 3, tener un Cuerpo Oficial de Bomberos. Ni siquiera eso aprobaron. 

Es así que un municipio como Fusagasugá, que tiene más de 150 mil habitantes y que hace 5 días luchaba para que las llamas de un incendio en el mirador de San Luis no llegaran a zonas residenciales, funciona con un cuerpo voluntario de bomberos.

Mucho menos aceptó el Congreso crear una estampilla Pro-Cuerpo de Bomberos, cuyos recursos iban a parar a municipios de nivel 4, 5 y 6, como lo proponía el Proyecto de Ley 028 de 2023. Porque si en Fusagasugá hay tan solo un equipo voluntario, en varios municipios más pequeños no hay nada. 

Tampoco han dado el visto bueno para crear Fondos Territoriales para la Defensa Civil Colombiana, como propone el PL 404 de 2025. Un organismo que es el primero en responder cuando el resto del Estado falla.