Conozca las candidaturas que estarían inhabilitadas para las elecciones territoriales de octubre
(25/08/2023)
Entre los 676 candidatos con problemas disciplinarios y fiscales que alertó la Procuraduría, el gran colado hasta ahora es ‘El Hombre Marlboro’. Antioquia es el departamento con más inhabilitados del listado; los del partido Centro Democrático los menos cuestionados.
De esta lista había nombres que se estaban esperando y al fin llegó. Resultó que Samuel Santander Lopesierra, el Hombre Marlboro, no fue incluido dentro de los inhabilitados, quien aspira a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira, por el Movimiento Alternativo Independiente. Es, hasta ahora, el gran colado en las elecciones territoriales del 29 de octubre del 2023.
Este nombre volvió al sonajero de la política después de saberse que habría dado dineros para la campaña del presidente Petro, por medio de su hijo Nicolás Petro, quien está siendo investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Santander Lopesierra fue sentenciado a 25 años de prisión, luego de ser condenado en Estados Unidos por narcotráfico el 15 de junio de 2006, por contrabandear más de 2.000 kilos de cocaína y lavar millones de dólares. Aunque la Procuraduría no lo incluye en su lista, el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia señala que quien haya sido condenado por narcotráfico no podrá ser candidato a un cargo de elección popular ni elegido para tal.
Al respecto, Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), destacó que el listado que presenta la Procuraduría sobre las personas inhabilitadas se conforma con fuentes de la Fiscalía, la Contraloría y de la misma Procuraduría, a partir de los procesos que estas candidaturas tienen en materia penal, investigativa, fiscal y disciplinaria», para Mancera es posible que este listado, por alguna razón, «no integre la información correspondiente a condenas en el exterior», como el actual caso de Santander Lopesierra, el hombre Marlboro.
Pero el coordinador de Justicia Electoral de la MOE fue enfático en que el listado de la Procuraduría puede no incluir condenas en el exterior, “y esto no significa que la persona no está inhabilitada”. Es decir que el hombre Marlboro no figure en las listas de inhabilitados no le otorga vía libre para ser elegido.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que «en el caso en que quede por alguna razón, alguna inscripción ilícita del candidato, sea porque tiene una condena penal, fiscal o disciplinaria, esto le daría para prisión de cuatro a nueve años; además de una multa, puede haber también una responsabilidad para la organización política, en el caso de una alcaldía o una gobernación es muy grave».
Consultado por este medio, Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señaló que a pesar de que la Procuraduría haya alertado sobre las inhabilidades, la entidad encargada de retirar los avales es el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que “los y las candidatas siguen en campaña hasta tanto el CNE no les revoque”.
En cambio, el reciente listado de inhabilitados publicados por la entidad disciplinaria muestra, no una, sino tres inhabilidades para ocupar cargos públicos a nombre de Javier Miguel Vargas Castro. Uno de los ocho candidatos que compite para ser el próximo gobernador del Vaupés, con el aval del Movimiento Fuerza Ciudadana, el partido que más inhabilitados tiene.
Las decisiones en su contra, tomadas por la Contraloría General y notificadas a la Procuraduría, van hasta septiembre de 2024, la primera; julio de 2025, la segunda, y marzo de 2026, la última. Por lo que no podría ejercer como máxima autoridad del departamento durante la mitad del periodo por el que aspira a ser elegido.
Un caso similar es el de Henry Silva Meche, quien busca la Gobernación del Vichada por el Partido Demócrata Colombiano. De acuerdo con el certificado de antecedentes de la Procuraduría, su inhabilidad va hasta agosto de 2028, es decir, más de los cuatro años del siguiente periodo electoral.
De acuerdo con la lista de candidatos publicada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, descargada por Cuestión Pública el 23 de agosto, se registraron 128.208 candidatos avalados para las elecciones del próximo 29 de octubre. Es decir que uno de cada 200, está inhabilitado para ejercer el cargo, de acuerdo con la Procuraduría.
Barrios, de la MOE, señaló que entre el 62 y el 63% de estos se inscribió el viernes y sábado antes de la finalización del proceso de inscripción. «Estamos hablando de más de 80 mil candidaturas en dos días, lo que podría significar que no todos pasaron por la revisión de la ventanilla única del sistema que coordina el ministerio del Interior, del que hace parte la Procuraduría, la Fiscalía donde aquellos que van a ser candidatos, que están pidiendo los avales, sean revisados en las respectivas bases de datos».
Por otra parte, la advertencia de las inhabilidades no es un delito electoral en sí mismo “sí demuestra el riesgo de que posteriormente se cometa el delito de elección ilícita de candidatos, que se refiere a la persona que es elegida para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal”, explicó el equipo Sistema Político de Transparencia por Colombia a Cuestión Pública.
Los de la vista gorda
Otorgar avales a candidatos que no se podrían posesionar, o que ni siquiera pueden estar inscritos en la contienda electoral, es una práctica generalizada en todo el espectro político. Izquierda, centro o derecha. De la coalición de gobierno, independiente u oposición. Todos caen. Los 676 aspirantes listados por la Procuraduría pertenecen a 81 agrupaciones políticas distintas, incluyendo partidos o movimientos, grupos significativos de ciudadanos y coaliciones.
Salazar, de Pares, señaló que no ha sido una tendencia en el país que sean los miembros de estos partidos los más señalados en posibles inhabilidades. Precisó que de haber tendencia, casi siempre figuran los partidos con mayor capacidad para otorgar avales: Liberal, Conservador, Cambio Radical y De la U. “Es apenas natural que ante el boom de inscripciones por estos partidos desde el año pasado, no tengan la misma capacidad de revisión para saber si estas personas estarían inhabilitadas.
De igual manera, Salazar alertó que al momento de realizar búsquedas en el sistema de consulta pública del certificado de antecedentes disciplinarios, en algunos casos no aparecía. Algo que Cuestión Pública también pudo comprobar.
El Movimiento Político Fuerza Ciudadana, originario de Magdalena y que adhirió a la campaña Petro Presidente en las pasadas elecciones, registró el mayor número de inhabilitados, según el ente de control. De 2.540 candidatos a los que les otorgó su aval para las elecciones regionales de octubre, hay 52 que no pueden ocupar cargos públicos.
Otro caso es el del nuevo partido Dignidad y Compromiso, que se oficializó en febrero de 2023 y nació de la fusión entre Jorge Enrique Robledo con el Partido Dignidad y el ex candidato presidencial Sergio Fajardo con el movimiento Compromiso Ciudadano. Una de sus banderas ha sido la lucha contra la corrupción y la “transformación de la forma como se hace política”. Esta colectividad avaló la candidatura de 2.394 personas, de ellos 26 están inhabilitados, según la Procuraduría. La mayoría de estos últimos van por cargos de elección popular en Boyacá.
“Los partidos y movimientos, en sí mismos, son los primeros garantes de que sus candidatos no presenten sanciones disciplinarias”
“Los partidos y movimientos, en sí mismos, son los primeros garantes de que sus candidatos no presenten sanciones disciplinarias. Así lo establece la Ley 1475 en su artículo 10, el cual determina su responsabilidad en la revisión de que los candidatos cumplan con todos los requisitos y calidades exigidas por ley”, señaló Transparencia por Colombia.
La organización no gubernamental también remarcó que los partidos políticos pueden recibir sanciones de tipo administrativas por inscribir candidatos con inhabilidades e incompatibilidades, como pueden ser la cancelación de la personería jurídica, en el peor de los casos, o suspender la financiación estatal o el derecho a inscribir candidatos en la circunscripción afectada.
A la inversa, el Centro Democrático fue el partido que reportó el menor número de inscritos sancionados. Avaló la candidatura de 6.779 candidatos a las regionales y de ellos solo uno presenta inhabilidades que le impiden llegar al cargo. Se trata de Yurdair Castaño Arbeláez, aspirante a una Junta Administradora Local de Bogotá.
Sobre las diferencias marcadas entre los partidos, Esteban Salazar comentó que “hubo casos en los que tuvieron inhabilidades y luego en segunda instancia las retiraron”.
Inhabilitados, a lo largo y ancho de Colombia
En los 32 departamentos fueron avalados candidatos con inhabilidades para ejercer cargos públicos. De acuerdo con el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría, la mayoría de estas provienen de sanciones disciplinarias o penales, relaciones contractuales con el Estado, de la pérdida de investidura o por responsabilidad fiscal.
Según el informe del ente de control, Antioquia es el departamento que registra el mayor número de candidatos inhabilitados. De las 15.543 personas que están postuladas, 81 no podrán ser electas. De ellas se destacan dos candidatos a alcaldías: Ramiro De Jesus Ciro Daza, en San Francisco por el Partido Independientes (el que avaló a Daniel Quintero en su campaña a la alcaldía de Medellín), y Ricardo Leon Camargo Ortiz, candidato en Apartadó por el grupo significativo Apartadó Vamos Con Toda.
Bogotá, Distrito Capital, cuenta con 2.262 candidatos y 30 inhabilitados. Es la región que presenta la mayor proporción de candidaturas con inhabilidades para el total de inscritos. Junto a Amazonas y Guainía, se sitúan por encima del 1%. Es decir, uno de cada 100 de sus aspirantes tiene una inhabilidad especial para ejercer el cargo al que se postuló.
La mayoría de inhabilitados van tras un puesto en los concejos municipales
En el departamento de Cauca, cuna de la Vicepresidenta Francia Márquez, 36 candidatos inscritos al concejo, juntas administrativas y a la Asamblea del departamento están inhabilitados. De ellos el partido que más miembros tiene en la lista de la Procuraduría es el Pacto Histórico, con ocho candidatos, seguido por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) con cuatro.
Sobre estos casos, Salazar, de Pares, dijo que el alto número de inhabilitados puede responder a que antes estos partidos no tenían esa capacidad de otorgar avales. Algo que no los exculpa: “En dado caso de que una de estas personas resulte elegida, sin que se haya revocado el aval, se sanciona al partido”.
De los 128 mil candidatos que aspiran a un cargo público en las elecciones locales de octubre, la mayoría de inhabilitados van tras un puesto en los concejos municipales. Así se distribuyeron según el cargo:
Las 676 candidaturas llevan el pecado original de estar inhabilitadas. Los partidos deberán revisar muy bien estas listas para no incurrir en delitos penales en las próximas elecciones.
