Todos quieren con el inge, hasta cuando llegan las elecciones
(27/10/2023)
Mientras Estados Unidos le solicitaba apoyo a Colombia para desarticular una red de narcotráfico, el jefe de la agrupación ejecutaba recursos públicos, dentro de un proceso de cooperación con el mismo Gobierno norteamericano, por medio de una empresa fachada. Convenientemente, alcaldes que firmaron contratos con el Inge, y que buscan reelegirse, no lo recuerdan.
Por: Cuestión Pública.
Si algo tienen en común la política y la criminalidad es que, en ambos campos, es trascendental, casi un medio de supervivencia, aprender a utilizar la memoria selectiva. Por eso, ninguno de los que firmaron contratos entre 2016 y 2020 con Edgardo Sánchez Arcos, apodado el Ingeniero o el Inge, recuerda haberlo conocido, como revela una exhaustiva consulta por parte de Cuestión Pública.
Aunque es un moreno enorme de 1,9 metros, de figura imponente, contextura gruesa, piel mate y dientes de un blanco puro, quienes fueron su contraparte en la protocolización de contratos con el Estado ya no logran identificarlo ni siquiera en fotos.
La razón de tanto olvido se remonta al invierno de 2019, en Washington, cuando, en una oficina del Departamento de Justicia, como consta en los documentos en poder de Cuestión Pública, se tramitaba una solicitud de cooperación al Gobierno de Colombia para permitir, mediante una operación encubierta, la entrega controlada de varios kilos de cocaína en las ciudades de Cali y Cartagena, entre otras.
El objetivo del Gobierno estadounidense era infiltrar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que tenía como centro de operaciones el municipio de Jamundí (Valle) y que sería liderada por el Inge, el ahora incómodo contratista, oriundo de Buenaventura, al que ya nadie recuerda.
El portal de contratación del Estado, Secop, no olvida que el Inge fue quien estructuró parte del alumbrado navideño de los jamundeños; el que entregó insumos en la cárcel de mujeres de Pereira y las Alcaldías de Tuluá, Toribío y Envigado; el encargado de hacer reparaciones locativas en la clínica de la Policía Valle, y el elegido para la recuperación de redes de alcantarillado en Filandia, Quindío.
De tales contratos, que costaron cerca de 1000 millones de pesos, nadie quiere hablar, como de Bruno, el personaje de la película Encanto, de Disney. Sobre todo ahora, cuando varios de esos exfuncionarios que contrataron con Edgardo Sánchez Arcos, alias el Inge, aspiran a ser reelegidos como alcaldes o concejales en sus municipios, este 29 de octubre.
Es el caso puntual de Filandia, Quindío, un municipio pequeño, fresco y colorido, ubicado en lo alto de la Cordillera Occidental, hasta donde llegó el Inge, en julio de 2019, para firmar un contrato con el alcalde José Roberto Murillo por más de $116 millones, para ejecutar programas de mejoramiento de la red vial de su municipio y la reposición de redes de alcantarillado.
Murillo, quien recorre hoy las calles de Filandia como el más firme aspirante a ocupar de nuevo la Alcaldía, inscrito por el movimiento ciudadano Filandia, nuestra razón de ser o estar, se sorprendió al escuchar que firmó un contrato con Sánchez Arcos y aseguró desconocer cómo llegó el Inge a su municipio. «A esos contratos se presentan diez o quince personas y se la gana el que haga la mejor oferta, la más económica, pero uno no tiene contacto con ellos».
Pero no solo llegó a los municipios. El Inge, investigado por la Fiscalía, es señalado, en documentos reservados, como el cerebro de una organización que controlaba laboratorios de producción de cocaína en Barbacoas (Nariño), Caloto (Cauca) y la zona alta de Jamundí (Valle) y también contrató con la Seccional de Sanidad de la Policía del Valle, el reclusorio de mujeres de Pereira o la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, bajo la batuta de la Gobernación del Valle del Cauca.
Video: Lanchas rápidas – imágenes de referencia / Armada Nacional
Incluso, por esas cosas absurdas que ocurren en la hacienda Colombia, versión desencanto, mientras Colombia y Estados Unidos intentaban demostrar que el Inge «enviaba sustancias a través de lanchas rápidas, las cuales saldrían cargadas desde Buenaventura, Valle del Cauca, con dirección a Panamá y Costa Rica», él ejecutaba recursos del municipio de Toribío, dentro de los programas con cooperación internacional de Usaid, por medio de la empresa SA Inversiones & Construcciones SAS.
Fue a finales de 2019 cuando Alcibiades Escué Musicué, entonces alcalde de Toribío (Cauca), uno de los municipios del país más afectados por los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados, le encargó al Inge la compraventa de insumos para las Escuelas de Campo Agropecuarias, Ecas, y el mejoramiento de praderas para actividades ganaderas. Un proyecto de más de $105 millones y que formaba parte del programa de alianzas comerciales de Usaid.
«¿Quién firmó eso? Dígame, ¿en qué período? Porque no creo que haya sido en mi gobierno», preguntó Escué Miscué a este medio, al ser consultado al respecto. Pero tras recibir copia del contrato avalado con su propia firma, dijo que haría las consultas con quienes estuvieron con él en la oficina jurídica cuatro años atrás.
«En su momento, el señor Edgardo Sánchez no tenía antecedentes ni inhabilidades para contratar con el municipio de Toribío, lo cual se puede constatar en los documentos suministrados y verificados el 17 de junio de 2019. Por lo cual es de precisar que somos una entidad pública netamente administrativa; para ello, el Estado tiene sus instrumentos, por lo cual nuestra obligación solo fue la de verificar la información en las herramientas que nos ofrece el Estado», respondió dos semanas después el exalcalde Escué.
Germán Vicente García Martínez es candidato por el Partido Conservador al Concejo de Tuluá, en el centro del Valle, un municipio azotado por la violencia política. Tampoco tiene muy presente al Inge, pero cuando estuvo como alcalde encargado, en el Gobierno pasado, con Gustavo Vélez como mandatario y quien también repite candidatura, firmó con él un contrato por más de $132 millones para la compra de insumos agropecuarios para fortalecer el programa Desarrollo y transformación del campo como generador de sostenibilidad, paz y equidad.
Luego de hacer las consultas aseguró que «fue un contrato a finales de 2018; un proceso de selección abreviada mediante subasta inversa». Explicó que se seleccionó el que tenía menor valor y todos debían presentar experiencia en ese campo, al menos, un contrato similar a las condiciones del que se iba a ejecutar.
«Por ser subasta, cualquier persona podría participar y lo hicieron como persona jurídica. Ya hablé con la directora de Desarrollo Institucional y me explicó que, en ese caso, se revisan antecedentes de la empresa y no de sus miembros», dijo el ahora candidato al Concejo.
El poder del Inge quedó evidenciado en el informe de la operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos, en el que se detalla, entre otras cosas, que entre enero de 2020 y enero de 2021, Sánchez Arcos adelantó negociaciones con traficantes internacionales en un centro comercial en Palmira y otro en Medellín, que tenía una «oficina de cobro» en Cali, al mando de alias Cao, un presunto informante dentro de la Fiscalía y que en Buenaventura contaba con una red que incluía autoridades aduaneras y de Policía.
Más de criminal que de empresario
El Inge, quien en realidad no es ingeniero, sino tecnólogo en obras civiles, de acuerdo con el certificado emitido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), tiene más trayectoria en los estrados judiciales que en la contratación estatal.
Los antecedentes penales de Sánchez Arcos, de quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que también «estaría produciendo 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína para algunos integrantes del Clan del Golfo», arrojan que fue capturado el 22 de julio de 2004 y sentenciado por el Juzgado 2 Penal Especializado de Cali a seis años y cuatro meses de prisión por violación a la Ley 30 de 1986, delitos de estupefacientes. Recobró su libertad en julio de 2009.
El presidente de la Agencia Nacional de Contratación, Jesús Marino Ospina, consideró que quienes contrataron con una persona condenada por un delito como narcotráfico pueden afrontar serios problemas. «No entiendo cómo una Cámara de Comercio inscribe una persona de estas en el Registro Único de Proponentes (RUP) con semejante prontuario. Lo otro es que hayan presentado información falsa, pero igual es responsabilidad de la entidad verificar esos documentos», explicó Ospina.
Cuestión Pública analizó el RUP, un procedimiento obligado que, se supone, debieron hacer quienes contrataron con Sánchez Arcos, pero parece una burla. La dirección que figura, de Jamundí (Valle), es falsa: este medio se desplazó hasta el lugar y lo confirmó. Además, sostuvo que su empresa estaba ubicada en el barrio Jamundí, que tampoco existe, y entregó unos números errados de teléfono en los que nadie podría ubicarlo.
Más sospechoso aún: solo en 2019 el Inge inscribió su empresa SA Inversiones & Construcciones SAS en el Registro Único de Proponentes y, para demostrar su capacidad económica ante la Cámara de Comercio de Cali, certificó haber ejecutado diez contratos por 5469 salarios mínimos mensuales, más de $6340 millones a valores de hoy, todos con una persona natural de nombre Lisímaco Vallejo Agudelo.
Uno de los últimos contratos que firmó el Inge, incluso después de que se iniciaran las operaciones encubiertas para desmantelar su red criminal, que también enviaba droga adherida a los cascos de los buques o contenedores que salían hacia los puertos de Amberes (Bélgica), Rotterdam (Países Bajos) y Valencia (España), fue con Juan José Orozco Valencia, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la Administración actual del municipio de Envigado, Antioquia, con fecha del 15 de mayo de 2020.
Nadie sabe cómo llegó el Inge a Antioquia. Pero al consultarle al alcalde de Envigado, Braulio Espinoza Márquez, elegido por la coalición Aquí Sumamos Todos, producto de la unión de líderes de Cambio Radical y los partidos Conservador y Liberal, respondió por intermedio de su oficina jurídica que el contrato se otorgó por selección abreviada mediante subasta inversa, en la que los contratistas ofertan hasta llegar al valor mínimo por el que harían la obra. «La persona con quien se tenía enlace era la señora Andrea de las Lajas Angulo, representante legal suplente y ella era quien firmaba la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales».
Además de ser la representante legal suplente de SA Inversiones & Construcciones SAS, la empresa del Inge, la abogada Andrea de las Lajas Angulo, quien también era su cónyuge, ha sido contratista de 1) la Alcaldía de Buenaventura, y 2) la Contraloría Distrital de esa ciudad.
El primero es de enero de 2018 y tiene como objetivo prestar apoyo a la oficina jurídica de la Alcaldía de Buenaventura, el mismo municipio por el que su esposo sacaba la droga hacia Estados Unidos y Europa. Ese contrato fue firmado con el entonces alcalde Eliécer Arboleda, del grupo político de Dilian Francisca Toro, y quien renunció al cargo luego de ser capturado y procesado por hechos de corrupción. Es el mismo sector que avala ahora la aspiración de Ligia del Carmen Córdoba, quien, desde el Concejo Distrital, apoyó a Arboleda y fue su directora de Cultura, de acuerdo con fuentes de la ciudad portuaria.
El otro contrato de Andrea de las Lajas es de junio de 2021, para ser la asesora del contralor distrital y apoyar el proceso de participación ciudadana.
Centro de operaciones
Pocos municipios en Colombia ofrecen tantas ventajas a las organizaciones criminales como Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. No en vano la lucha a muerte que han sostenido en los últimos años los actores armados por el control de ese territorio limítrofe con el Cauca y que ofrece un corredor natural hacia el océano Pacífico: un conector del narcotráfico con el mundo.
Es justo ese municipio el que es considerado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el centro de operaciones de la organización criminal que lidera alias el Inge. La empresa de Sánchez Arcos registra dos contratos firmados en 2018 con la entonces alcaldesa encargada Lina Vega y otro en 2019 con el alcalde Édgar Yandy, quien estuvo de nuevo como candidato para ocupar el primer cargo del municipio y declinó a última hora.
El contrato con la alcaldesa encargada Lina Vega se firmó en diciembre de 2017 para que el Inge hiciera la adecuación del alumbrado navideño en el parque de los Siete Ríos. Se trata de un contrato firmado por más de $30 millones y para ser ejecutado en el municipio que, según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se había convertido en su centro de operaciones de acopio de droga.
En el período atípico del alcalde Édgar Yandy, en septiembre de 2018, quien estuvo de nuevo inscrito como candidato del Movimiento MAIS para gobernar la tierra de la bebida con hielo raspao, llamada cholao, recibió un nuevo contrato por $34 956 702 para el mantenimiento de vías veredales en el sector de Pueblo Nuevo.
Como consta en los informes en los que Estados Unidos le solicitó cooperación judicial a la Fiscalía, toda la droga que se produce en los laboratorios del Inge, en Nariño, Cauca y Valle, es recibida por un familiar de Sánchez Arcos, para luego ser despachada hacia Buenaventura o la costa norte del país, donde tenía nexos con Juan José Valencia, alias Falcon o Andrea, la mano derecha de Otoniel.
También es en Jamundí donde el Inge, afirma el mismo documento judicial, tiene buena parte de sus propiedades, algunas de ellas, en poder de testaferros. Entre esas, el informe detalla una vivienda en el exclusivo sector de La Morada, donde habita un socio suyo, y una discoteca que funcionó bajo el nombre de 90 Grados.
Cuestión Pública visitó el lugar en el que funcionaba la discoteca 90 Grados, en el centro de la ciudad de Jamundí, pero el establecimiento dejó de funcionar hace algún tiempo. No obstante, en realidad, el local estaba rentado a nombre del exfutbolista y campeón de Copa Libertadores de América con el Once Caldas, Jhon Viáfara, quien fue extraditado en enero de 2020 a los Estados Unidos por narcotráfico. Justo cuando se inició el proceso contra el Inge.
Esa no es la única coincidencia entre el Inge y el futbolista. Tanto en el caso de Viáfara como en el de Sánchez Arcos, las autoridades estadounidenses hacen una relación directa con el Clan del Golfo y, en especial, con alias Andrea o Falcon, quien trabajaba con el sobrino de alias Otoniel. Asimismo, Viáfara fue condenado en una corte de Texas por mover cargamentos de cocaína en lanchas rápidas y semisumergibles desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica, entre 2008 y 2018.
Tras varios días intentando ubicar al Inge en los números de teléfono que aparecen en los contratos fue imposible comunicarse con él o con su esposa. Sin embargo, una consulta en la base de datos del Registro de la población privada de la libertad y bajo custodia del Inpec, entidad con la que también contrató en 2016, permitió establecer que Sánchez Arcos se encuentra recluido en la cárcel Villa Hermosa de Cali.
En el expediente judicial al que pudo acceder Cuestión Pública consta que el Inge, el contratista que los políticos —ahora candidatos— condenaron al olvido, fue capturado el pasado 12 de agosto, por delitos relacionados con tráfico de armas y tráfico de droga, y que un juez lo envió a prisión once días después.
*Este informe fue elaborado por el equipo de Cuestión Pública.
