Cali

Luego de tres aplazamientos, la Fiscalía acusó al patrullero Luis Ángel Piedrahita por el homicidio de Marcelo Agredo Inchima de 17 años, ocurrido el 28 de abril de 2021 en Cali.

El militar Carlos Javier Soler, quien fuera hasta el domingo 22 de mayo secretario de Seguridad y Justicia de Cali, otorgó contratos por $48.895.000 a un abogado que fue cofundador de una organización de extrema derecha y ex copartidario del paramilitar Ernesto Báez. La Secretaría de Seguridad también contrató militares de alto rango salpicados por presuntas conexiones con la mafia. Todos los contratos son posteriores al Paro Nacional de 2021.

En la Comuna 20 de Cali recuerdan los episodios violentos que vivió esa ciudad durante el estallido social de 2021. Allí la arremetida policial dejó amenazas y miedo entre las víctimas, pero también el ánimo de enfrentar una justicia que consideran veloz contra los manifestantes y lenta contra la fuerza pública.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.

Marcelo Agredo Inchima murió por un impacto de bala en la cabeza, el 28 de abril de 2021, cuando participaba en el primer día de protestas en el oriente de Cali. El patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, imputado por la Fiscalía por el homicidio del joven de 17 años. Desde el pasado 2 de febrero el uniformado se defiende en el proceso sin estar detenido.

A la vicefiscal general la rodean serios cuestionamientos: desde entrañables amistades con fiscales acusados de hacer favores judiciales a narcos en Cali, hasta investigaciones en curso por supuestamente recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo como fiscal en Buenaventura. Aunque maneja un discreto perfil fuera de la Fiscalía, fuentes de alto nivel la describen como el poder real detrás de la entidad.

¿Saben que sí tiene —fijo— Andrés Escobar? Un poco más de treinta años. Si las cuentas no me fallan, en la segunda mitad de este 2022 cumplirá treinta y dos. En el Registro Único Empresarial (Rues), la base de datos en la que están todas las empresas legalmente constituidas en Colombia, solo está registrado su nombre. Nada más.

Eso dice el papá de Kevin Yair González, el joven de 23 años que murió el pasado 30 de abril, tras las confrontaciones entre la Policía y manifestantes en el marco del Paro Nacional en Cali. Las circunstancias de su fallecimiento aún son materia de investigación.

El joven caleño fue asesinado el 28 de mayo por un impacto de bala en el abdomen mientras participaba, por primera vez, en una manifestación. Sus familiares presumen que el disparo vino de uniformados de la Policía y aseguran que la investigación por su asesinato no avanza en la Fiscalía.

Cuestión Pública analizó tres fotografías que obtuvo. En dos de ellas se ve al denunciado empresario, quien salió a disparar en las pasadas protestas sociales ocurridas entre abril y junio de este año, y en otra un policía accionando su arma. Contrario a lo dicho en otros medios, los documentos visuales apuntan a que tanto Escobar como la fuerza pública dispararon a mansalva contra la población civil el pasado 28 de mayo en Cali.