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Bajo la excusa de detectar noticias falsas en las protestas de 2021, el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje, recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la Policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia.

Se consideran a sí mismos como los olvidados de la «COP del Pueblo». Presos entre el turismo de masas, la pesca industrial y las zonas protegidas, pescadores artesanales del Caribe y el Pacífico viajaron hasta Cali para pedir que no se les olvide en la conferencia de las partes que determinará las zonas a proteger de aquí a 2030.

El funcionario informó a este medio de un subregistro en las cifras del reclutamiento forzado de menores en ese municipio, por parte de grupos armados.

La propiedad fue adquirida por la empresa Dumian Medical SAS en una subasta del Fondo Especial de la Fiscalía bajo la administración de Francisco Barbosa. No es la primera vez que personas cercanas al excongresista, hoy embajador, tienen predios de narcotraficantes.

Pese a que la acusación contra el patrullero Luis Ángel Piedrahita se realizó el 5 de diciembre de 2022, aún no inicia el juicio contra el uniformado señalado de dispararle al menor de 17 años el 28 de abril de 2021 en Cali.

Desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, se habría creado una unidad paralela que actuaba bajo sus indicaciones, pero sin notificaciones judiciales para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Desde que se conocieron pruebas sobre cómo la fiscal general (e) Martha Mancera estaría encubriendo la participación en una red de narcotráfico del entonces director del CTI de Buenaventura, se han conocido nuevas piezas sobre el verdadero alcance de las relaciones de esta red criminal con las oficinas de la entidad.

En un reporte elaborado antes de morir, un agente encubierto descubrió que el tercero de una red que había infiltrado en Valle del Cauca era “el temido” Francisco Martínez Ardila, alias "Pacho Malo", un alto funcionario de la Fiscalía. Sin embargo, el alias ubicado en la cúspide de la pirámide criminal pasó desapercibido.

Mientras Estados Unidos le solicitaba apoyo a Colombia para desarticular una red de narcotráfico, el jefe de la agrupación ejecutaba recursos públicos, dentro de un proceso de cooperación con el mismo Gobierno norteamericano, por medio de una empresa fachada. Convenientemente, alcaldes que firmaron contratos con el Inge, y que buscan reelegirse, no lo recuerdan.

Cuentas en X y TikTok lanzaron acusaciones contra la población migrante aunque autoridades aún no tienen resultados de las investigaciones para determinar la causa exacta de la emergencia.