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Desde que se conocieron pruebas sobre cómo la fiscal general (e) Martha Mancera estaría encubriendo la participación en una red de narcotráfico del entonces director del CTI de Buenaventura, se han conocido nuevas piezas sobre el verdadero alcance de las relaciones de esta red criminal con las oficinas de la entidad.

En un reporte elaborado antes de morir, un agente encubierto descubrió que el tercero de una red que había infiltrado en Valle del Cauca era “el temido” Francisco Martínez Ardila, alias "Pacho Malo", un alto funcionario de la Fiscalía. Sin embargo, el alias ubicado en la cúspide de la pirámide criminal pasó desapercibido.

Mientras Estados Unidos le solicitaba apoyo a Colombia para desarticular una red de narcotráfico, el jefe de la agrupación ejecutaba recursos públicos, dentro de un proceso de cooperación con el mismo Gobierno norteamericano, por medio de una empresa fachada. Convenientemente, alcaldes que firmaron contratos con el Inge, y que buscan reelegirse, no lo recuerdan.

Cuentas en X y TikTok lanzaron acusaciones contra la población migrante aunque autoridades aún no tienen resultados de las investigaciones para determinar la causa exacta de la emergencia.

Luego de tres aplazamientos, la Fiscalía acusó al patrullero Luis Ángel Piedrahita por el homicidio de Marcelo Agredo Inchima de 17 años, ocurrido el 28 de abril de 2021 en Cali.

El militar Carlos Javier Soler, quien fuera hasta el domingo 22 de mayo secretario de Seguridad y Justicia de Cali, otorgó contratos por $48.895.000 a un abogado que fue cofundador de una organización de extrema derecha y ex copartidario del paramilitar Ernesto Báez. La Secretaría de Seguridad también contrató militares de alto rango salpicados por presuntas conexiones con la mafia. Todos los contratos son posteriores al Paro Nacional de 2021.

En la Comuna 20 de Cali recuerdan los episodios violentos que vivió esa ciudad durante el estallido social de 2021. Allí la arremetida policial dejó amenazas y miedo entre las víctimas, pero también el ánimo de enfrentar una justicia que consideran veloz contra los manifestantes y lenta contra la fuerza pública.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.

Marcelo Agredo Inchima murió por un impacto de bala en la cabeza, el 28 de abril de 2021, cuando participaba en el primer día de protestas en el oriente de Cali. El patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, imputado por la Fiscalía por el homicidio del joven de 17 años. Desde el pasado 2 de febrero el uniformado se defiende en el proceso sin estar detenido.

A la vicefiscal general la rodean serios cuestionamientos: desde entrañables amistades con fiscales acusados de hacer favores judiciales a narcos en Cali, hasta investigaciones en curso por supuestamente recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo como fiscal en Buenaventura. Aunque maneja un discreto perfil fuera de la Fiscalía, fuentes de alto nivel la describen como el poder real detrás de la entidad.