Miedo y violencia, protagonistas de la campaña política en Tuluá
(16/09/2023)
El municipio de Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, es de los pocos lugares en Colombia donde los candidatos a la Alcaldía debieron contar con dos avales: el del partido o movimiento ciudadano que lo respalda y el de La Oficina de Tuluá, la banda criminal y sicarial que tiene azotados a sus habitantes.
Para el aval del partido bastó con una hoja de vida limpia y demostrar militancia y liderazgo en la colectividad. Para recibir la ‘acreditación’ de la Oficina de Tuluá hay un ‘pliego de peticiones’: una cuota de participación en el Gobierno, permitir el cobro de un impuesto (vacuna) a los contratistas del municipio y garantizar el control del comercio de los productos básicos de la canasta familiar.
Las consecuencias de negarse a las pretensiones de la banda criminal, que más bien parecen extorsiones, las padece, desde hace varios meses, el candidato por el Partido Conservador, Gustavo Vélez, quien no pudo llegar siquiera al evento en el que haría oficial su candidatura. Minutos antes recibió la llamada de uno de sus líderes en la que le pedía no presentarse en su sede porque el inmueble había sido atacado. Pero no fue un ataque cualquiera.
Las imágenes, que en minutos se hicieron virales, parecían tomadas de la Colombia de los años 90, cuando los carteles del narcotráfico decidían y ordenaban a través de las armas y el terrorismo. En pleno centro de Tuluá, a la vista de todos, un vehículo se atraviesa en la vía, dos hombres descienden con armas largas y descargan las ráfagas de fusil contra la sede del aspirante. El mensaje era claro y Vélez debió irse y sacar a su familia del país.
Imágenes del atentado contra la sede.
Lo alarmante para muchos sectores es que Tuluá no es un corregimiento entre las selvas del Chocó o el desierto de La Guajira, donde el Estado acostumbra a aparecer en elecciones. Está ubicado a una hora y media de la zona metropolitana de Cali, y es quizá la segunda ciudad región más importante del Valle; una despensa del departamento, con amplia oferta comercial y de servicios, con un equipo profesional de fútbol y que ha sido dinamizador del empleo y la economía regional.
Pero no ha sido solo Vélez el objeto de las amenazas. A través de panfletos la banda criminal, que hasta hace poco se hacía llamar La Inmaculada, amenazó de muerte a todos los periodistas de la ciudad y les prohibió emitir cualquier noticia o pauta publicitaria en la que se mencionara la candidatura de Vélez, quien ya había sido alcalde en el periodo 2016-2019. Esas amenazas se extendieron a concejales, líderes y empresarios que apoyen o financien la aspiración del candidato conservador.
Aunque Vélez no lo dice abiertamente, coinciden varios de los consultados en que ese candidato oficial es el exsecretario de Gobierno de Tuluá, Jorge Alexánder Gallego.
Aunque Vélez no lo dice abiertamente, coinciden varios de los consultados en que ese candidato oficial es el exsecretario de Gobierno de Tuluá, Jorge Alexánder Gallego, quien ante el señalamiento sólo manifestó: “Pregúnteles cuáles son las pruebas que ellos tienen para que digan eso”. No obstante, reconoció que hizo parte de este gobierno y renunció el 30 de septiembre del 2022, para no inhabilitarse en su aspiración a la Alcaldía.
Frente al tema de la violencia política, indicó Gallego que “Desde el 6 de junio de este año las cosas se han complicado mucho por la presencia de un candidato [en referencia a Gustavo Vélez] que ha involucrado las bandas criminales, han salido más de 27 panfletos, han ocurrido muchas cosas que han puesto como una alerta temprana dentro de la ciudad. Lo que le he solicitado a la Fuerza Pública son, primero, garantías, y segundo, que certifique la veracidad de esos panfletos”.
El también candidato a la Alcaldía Marco Arbeláez, considera que hay un problema grave, pero que se ha exagerado en términos políticos entre un candidato y una organización armada que se han vuelto casi personales.
El también candidato a la Alcaldía Marco Arbeláez, considera que hay un problema grave, pero que se ha exagerado en términos políticos entre un candidato y una organización armada que se han vuelto casi personales. “Yo he podido ir a cualquier lugar de la ciudad y no hemos tenido ningún inconveniente. Lo que sí me preocupa son los ataques desde otras campañas porque en mi casa van cinco veces que vandalizan mis vallas”.
Arbeláez, quien expresó su temor que con el paso de los días pueden arreciar los ataques, dijo: “Tenemos los temores normales de un proceso político, y no tengo la certeza de cuál campaña es la que está haciendo eso, pero la única que tumban es la mía; y hay otra que está ahí, la del candidato del Alcalde, y he notado que monta él una valla ahí cerquita, pero antes de que la monten, tumban la mía”.
Solo bajo reserva de identidad, un conocido periodista tulueño comentó: “Esto ha sido muy complicado porque hay casos como el de los colegas de una emisora local que la pauta no se maneja en Tuluá sino desde Bogotá, y les tocó, para proteger a los periodistas, no aceptar avisos de ningún candidato”.
La Oficina de Tuluá es una banda criminal que surgió hace cerca de 15 años en el barrio La Inmaculada con antiguos integrantes de Los Comba y fueron tomando el control de todo el negocio del microtráfico, las extorsiones y el sicariato. Cuando cayó su primer jefe, John Estiven Idrobo, el mando lo asumió el hoy capturado Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, el devoto de la virgen de Guadalupe que se hizo famoso por su amenaza de muerte a Faustino Asprilla.
También mediante panfletos, la Oficina de Tuluá se habría adjudicado el atentado en el que fue asesinado el precandidato al Concejo Alejandro Forero, quien salió herido del primer ataque en un centro comercial y fue luego alcanzado y rematado dentro de un taxi, cuando era transportado por su escolta hacia un centro médico. Así mismo, varios de los asesinatos de los últimos días, que involucran, incluso, a funcionarios de la Secretaría de Tránsito.
Campaña desde la ‘clandestinidad’
Frente a esta situación, y aunque parezca ilógico, la única valla que existe de la candidatura por la alcaldía de Tuluá de Gustavo Vélez está instalada lejos de su municipio, entre el campo y cuidando de que nadie pueda verla.
Es mediodía de finales de agosto, dos meses antes de las elecciones, y Cuestión Pública llegó hasta la sede campaña que improvisó el candidato en zona rural de un municipio vecino. Afuera, dos hombres del Gaula militar vestidos de civil y con armas largas fungen como anfitriones; en el interior, escoltas privados vigilan que nadie ingrese en la casa donde Vélez, declarado objetivo militar, atiende reuniones por zoom o personas muy cercanas. La UNP le ha negado todos los estudios de riesgo y la posibilidad de tener un esquema de protección del Estado.
“Desde el 14 de julio del año anterior hemos recibido amenazas, intimidaciones, actos terroristas, incursiones armadas, hemos estado en constante asedio por parte de un grupo delincuencial que se autodenomina La Oficina; y a partir del 6 de junio que tomé la decisión de postularme de nuevo a la alcaldía arreciaron todas esas amenazas no solamente para mí, sino para otros sectores de la ciudad”, explicó Vélez mientras acaricia su perro pastor alemán, que apoya su seguridad a un lado de la cama.
Desde la oposición, el exalcalde ha denunciado la “alianza político criminal” de la actual administración del alcalde John Jairo Gómez, (quien llegó al cargo tras un acuerdo entre Dilian Francisca Toro y el senador José Luis Pérez) y la banda criminal la Oficina de Tuluá, que según Vélez tendría un marcado interés en la Secretaría de Tránsito Municipal.
El manto de duda sobre el alcalde Gómez se tendió desde la campaña que lo llevó al primer cargo, cuando apareció en fotografías con alias ‘Gordo Padilla’, quien fue capturado posteriormente por extorsión. Posteriormente, un primo suyo, Heyber Rivera Padilla, fue elegido como secretario del concejo de Tuluá.
En Tuluá reina el silencio total de las autoridades de Policía y de la Administración Municipal. La Oficina de Tuluá tiene el control absoluto de todos los productos de la canasta familiar a través de carteles. “Ellos manejan el cartel del cilantro, cuyo cabecilla es alias ‘Gordo Padilla’, el cartel de la cebolla, el cartel del plátano, el cartel de los huevos, el cartel del pollo, y de todos los demás productos básicos”, relató una fuente de la Fiscalía.
Atentado contra la oficina de la empresa de uno de los hijos de Gustavo Vélez
Denuncias anónimas de comerciantes a través de otros medios de comunicación revelan que en Tuluá los comerciantes de plátano tienen que dar $500 por cada kilo que intenten vender; y que la Oficina de Tuluá tiene el control del comercio de huevos (tres distribuidores fueron asesinados el año pasado) y los cultivadores de tomate aseguran que les cobran $3.000 por cada kilo que lleven a la plaza de mercado.
“Ese es el temor de que yo llegue de nuevo a la administración, porque siendo alcalde demostré que la seguridad ciudadana se logra de la mano de las instituciones. Y esa situación hoy los violentos quieren que no suceda porque están extorsionando a sus anchas a todos los ciudadanos; no solo a los comerciantes, sino a los empresarios y a los políticos, pero también a los que venden el cilantro, los que venden la papa, a las señoras de las arepas, y eso es una vergüenza para las autoridades civiles y de Policía”, señaló.
La más reciente agresión a un candidato fue de nuevo contra Gustavo Vélez y su círculo cercano. Ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando dos hombres llegaron hasta la casa de sus padres y lanzaron una granada
En lo político, agregó el candidato, “hay también muchísimos actos de corrupción en esta administración y van a quedar evidenciados ante las autoridades respectivas todo lo que han hecho. Y hoy todo el mundo en Tuluá sabe cuál es el candidato oficial de la delincuencia y la gente le va a pasar cuenta de cobro el próximo 29 de octubre”.
La más reciente agresión a un candidato fue de nuevo contra Gustavo Vélez y su círculo cercano. Ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando dos hombres llegaron hasta la casa de sus padres, en el centro de la ciudad, y lanzaron una granada que dejó solo daños materiales. Eso se suma a la quema con anterioridad de maquinaria de construcción de una empresa familiar y a una incursión en la oficina de uno de sus hijos, donde realizaron varios disparos.
Aunque la violencia electoral se centró en la candidatura de Gustavo Vélez, la realidad es que el temor y la zozobra asoman por cada esquina de la ciudad ‘Corazón del Valle’. En el ciudadano de a pie, en los tenderos, los comerciantes, las mujeres cabeza de familia y los empresarios. Al cierre de este informe, se conocían nuevas amenazas de la Oficina de Tuluá contra los guardias del Inpec de la cárcel de la ciudad y un comunicado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, exigiendo respuestas de las autoridades ante un atentado con granada contra la sede de los juzgados penales en Tuluá.
