Alias el Doctor quiere ser alcalde en Nariño
(27/10/2023)
El desencanto de Wylton Belalcázar Gaón, aspirante a la Alcaldía de Pupiales por segunda vez consecutiva, proviene de intercalar sus candidaturas con el presunto tráfico de drogas, actividad indagada por la DEA y la Fiscalía colombiana. ¡Este es el capítulo 1 de Elecciones Desencanto! Disfruta.
Por: Cuestión Pública.
Ni Mireya, la santera de la organización, vio venir la incautación de 307 kilos de cocaína. Diez días antes, un agente de la DEA le entregó la solicitud de allanamiento a un alto funcionario de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía. Con orden en mano y un cielo despejado, la Policía entró a la finca El Espino, ubicada a tres kilómetros del municipio de Pupiales, Nariño. Eran las 6:15 de la madrugada del 20 de agosto de 2021.
En la propiedad de 10 hectáreas se encontraban el mayordomo Anival Rodrigo Belalcázar Gaón, conocido como Rodri, su mujer y sus dos hijos. Los uniformados revisaron una a una las habitaciones. Todas estaban en orden, salvo la tercera. Allí, agazapados entre insumos agrícolas, se escondían 272 bloques con envoltura negra, etiquetados con la palabra «lulo», y otros con envoltura café, con la estampa de un tigre de Bengala. «Llegó la Policía», le alertaron azarosamente por teléfono a Euler Rolando Belalcázar Gaón, hermano de Rodri, con quien había inventariado la droga el día anterior. Entonces, un tercer hermano entró en escena: Wylton Belalcázar que, en medio de la inspección, se comunicó con la hija de Anival Rodrigo: «Dígale [a la Policía] que usted desconoce eso y que llegaron una noche y les ofrecieron plata; de esta salimos […] ya mando abogados».
Ese mismo día, Rodri, identificado por la Fiscalía como el bodeguero de la organización criminal, fue capturado e imputado por tráfico de estupefacientes. La preocupación de Wylton era doble: sacar a su hermano de la cárcel y evitar que las autoridades jalaran la pita hasta estrellarse de bruces contra su nombre y el de sus socios. «Doc, y qué le parece si utilizo los contactos políticos. Yo llamo a los amigos de arriba y pedimos cambio de fiscal», le propuso a un hombre no identificado que estaba intercediendo ante la juez del caso para liberar a su hermano, como consta en las transcripciones de las grabaciones. «No le recomiendo eso, porque le puede salir el tiro por la culata», replicó el sujeto.
La incautación, bautizada como Operación Break, corroboró la información otorgada por la DEA a la Fiscalía sobre una organización criminal. La droga salía del sur de Nariño hacia Ecuador y de allí subía a Centroamérica con destino a Estados Unidos, según informes de los investigadores del caso.
En el centro de esa red se hallan dos hombres clave para la justicia: Wylton Belalcázar, que quiere ser el próximo alcalde de Pupiales con el aval del Partido Conservador, y su primo y socio, Johnn Rodríguez Ayala, alias Jota.
Este último purgó una condena exprés por narcotráfico en Ecuador (2007-2011), confirmada por la Cancillería colombiana a la Fiscalía. Jota, al parecer, volvió a traficar con la agilidad con la que una pantera se mueve en la oscuridad. Resultó que el ente investigativo, en un informe distinto, lo ubicó en 2021 como el líder de esta estructura criminal, en la que Wylton, alias el Doctor, es su hombre de confianza. Además, Cuestión Pública encontró que, tras salir de la cárcel y volver a Colombia, creó varias compañías desde las que ha contratado con el Estado.
Negocios, corridos y coca
Jota y Wylton crearon la empresa de eventos musicales JW Producciones, con $300 millones, casi dos meses después de la captura de Rodri. Como Camilo Madrigal, de la película Encanto, cuyo don mágico era cambiar de aspecto en cualquier momento, Wylton asumió la forma de empresario musical. El 11 de octubre de 2021 quedaron registrados como socios fundadores junto a Richard Armando Reyes Escobar ante la Cámara de Comercio de Ipiales. Este municipio nariñense está ubicado a solo cuatro kilómetros de la frontera con Ecuador y a casi siete kilómetros por carretera del vecino Pupiales, donde está el fortín electoral de su primo*.
Un año antes de aquel trámite, el entonces presidente Iván Duque anunció que el Ejército había destruido un megalaboratorio en la vereda Trazaval, en Samaniego, Nariño, que producía cinco toneladas de cocaína al mes y financiaba la compañía Jaime Toño Obando, de la guerrilla del ELN. El complejo fue avaluado en 7000 millones de pesos, según el mismo Ejército. La Fiscalía, que venía siguiendo a la organización de Jota en paralelo a esa operación, encontró que el lugar le pertenecía a Richard Reyes, conocido como el G fordo, a quien, de acuerdo con las interceptaciones de la misma entidad, lo ubicaría en esa misma zona. Para las autoridades colombianas, Reyes está identificado como el dueño de los laboratorios de cocaína de la estructura criminal en la zona rural de ese municipio, ubicado a dos horas de Ipiales, vía terrestre.
Consultado por este medio, Wylton Belalcázar reconoció su cercanía con Reyes: «Al señor Richard Reyes lo conocí en razón a que conformamos una empresa dedicada al cultivo y exportación de aguacate HAS […] esta es nuestra relación de manera exclusiva, de carácter eminentemente comercial [sic]».
Samaniego, Pupiales e Ipiales conforman, junto a otros diecisiete municipios, incluido Tumaco, el famoso corredor del sur de Nariño en la hacienda Colombia. Por esta ruta se trafican drogas, armas y personas, con la frecuencia con la que transitan los vehículos por la vía Panamericana, como lo ha consignado la Comisión de la Verdad. En esta estratégica geografía, con salida al océano Pacífico, coexisten diversos grupos armados, participantes de lo que parece un reality show que, al cabo de un tiempo, acaban conociéndose y malviviendo: ELN, disidencias de las extintas FARC, reductos del paramilitarismo y carteles locales y extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.
La investigación preliminar de la Fiscalía halló que la estructura de Jota controla la cadena de producción y logística, que va desde la elaboración de la cocaína hasta la maquilación, el transporte y el pago de insumos e impuestos al ELN. Así lo identificaron los investigadores, mediante interceptaciones a integrantes de ese grupo, a las que tuvo acceso Cuestión Pública.
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Extracto de una conversación entre Wylton y Rodrigo
11 de junio de 2021
10:00 a. m.
[Rodrigo]: aló…
[Wylton]: quiubo, mijo, cómo me le ha ido, qué ha hecho. Hágame un favor: qué sabores de los otros refrescos [marquillas de cocaína] que tiene.
[Rodrigo]: a ver, según tengo de varios [marquilla].
[Wylton]: no, de los que le llevaron en los Turbos.
[Rodrigo]: ah, esos son «Felinos» [marquilla].
[Wylton]: tigres colorados, ¿no?
[Rodrigo]: sí.
[Wylton]: cuántos son…
[Rodrigo]: los rojos son trescientos setenta y nueve (379).
[Wylton]: ya que le iba a decir quinientos sesenta y seis virus.
[Rodrigo]: sí, 566 virus… [sic].
Síntesis de la comunicación: Wylton y Rodrigo hablan de las marquillas de la cocaína, donde hablan de felinos y covid (virus)… [sic].
Fuente: interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación.
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En el esquema de la organización criminal que diseñó la Fiscalía, Euler Rolando Belalcázar figura como el encargado de la logística. Sin embargo, le dijo a Cuestión Pública que es agricultor y ganadero: «[…] no tengo ningún tipo de antecedente penal ni contravencional, no tengo alias […] no pertenezco a ninguna organización delincuencial relacionada con cocaína».
Según la Fiscalía, otros integrantes son Jairo Luis Cepeda Jurado, a quien la entidad ubica como el que transporta alijos de cocaína producidos en los laboratorios clandestinos de la organización. Él «fue mi compañero de trabajo en el Banco Agrario», le respondió Belalcázar a este medio, y Rosa Helena Lucero, de quien dijo: «Es mi paisana y nos conocemos desde la niñez; nuestra relación es de amistad». Pero ella es señalada por la Fiscalía de llevar la contabilidad de la estructura y de comprar los tiquetes aéreos para Jota y Wylton.
La Fiscalía también ha rastreado sus encuentros con socios extranjeros para comerciar narcóticos: Wylton es «con quien [alias Jota] viaja constantemente a reuniones al puerto de Guayaquil [principal puerto de Ecuador], Panamá, República Dominicana […] y Cartagena, Barranquilla y Cali, donde se reúnen con enlaces internacionales de otras organizaciones de drogas con la fachada de ser empresarios».
«Los viajes se han realizado por motivos laborales relacionados con la actividad comercial de JW Producciones SAS para la cotización y contratación de los artistas», le explicó Belalcázar a este medio.
Dos años después de creada esta empresa musical, Jota se convirtió en el único accionista de la estación de servicio Servicentro Avenida, en Ipiales. Entre 2022 y 2023, ambas celebraron cuatro contratos públicos por un total de $601 millones. Desde el pasado junio, la bomba abastece de combustible al Terminal de Transportes de Ipiales. La gasolina es, además, un ingrediente clave en la primera fase de producción de la cocaína: por cada kilo de pasta de coca se necesitan unos 284 litros del líquido.
El gerente de la terminal que firmó ese contrato con Jota es John Eduardo Rosero Cabrera, imputado en agosto de 2020 por la Fiscalía, por tráfico de migrantes y concierto para delinquir como integrante de otra organización criminal. Pero en la contrastación, Rosero le dijo a Cuestión Pública que «la última actuación dentro del proceso fue elevar la solicitud de preclusión», después de aportar pruebas a las autoridades.
Agregó que no conoce a John Rodríguez: «Toda la comunicación entablada para la suscripción del contrato se realizó mediante correo electrónico» con dicha empresa, «por ser una de las estaciones aledañas a la terminal», luego de que el anterior proveedor se retirara, dijo el gerente. «Por otra parte, aportaron certificados de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios, tanto del representante legal como de la empresa, los cuales fueron verificados sin que se encontrara ninguna irregularidad», afirmó.
Con JW Producciones también maquinaron un negocio redondo: la compañía, que organiza conciertos, tiene en su baraja a reconocidos cantantes de música popular como Paola Jara y Jhonny Rivera. Para emular los populares corridos mexicanos, Rivera le dedicó uno a su amigo Johnn Rodríguez Ayala y exaltó su gusto por los caballos, su origen humilde y sus «triunfos», coronados junto a su primo Wylton Belalcázar, quien sostuvo ante este medio que el artista grabó esa canción «en un gesto de gratitud».
Además, esta última empresa fue contratada por la Alcaldía de Leyva, Nariño, en la edición 2023 del Carnaval de Negros y Blancos . Su alcalde, Hermes Sánchez, le contestó a Cuestión Pública que, una vez evaluado el sector, se verificó «la idoneidad» de JW Producciones, ya que «cuenta con un largo trayecto en el departamento relacionado con show en vivo», aunque fue creada en 2021. Agregó que se cumplió con la verificación de antecedentes de rigor y que «no es mi deber indagar la vida personal y privada de los contratistas, especialmente cuando son hechos que a la luz pública se desconocen». La empresa también prestó servicios artísticos en la Alcaldía de Iles, Nariño, el año pasado.
Y me pregunto qué será lo que tú tienes
«Hagamos las cosas bien»: ese es el eslogan de Wylton Belalcázar para los comicios regionales de 2023. En sus eventos de campaña se presentan desfiles y espectáculos, como muestra el candidato en redes sociales. Esto lo corroboraron dos fuentes del mundo político de la región que, por motivos de seguridad, se mantienen bajo reserva. Prueba de los recursos que está inyectando a su candidatura se ve en los carteles publicitarios que cuelgan en cada esquina de Pupiales. Una fórmula ganadora para un candidato que, además de una aparente chequera en blanco, tiene la maquinaria tradicional de su lado.
Auspiciado por Jota y su empresa Arrayanes Group, Wylton abonó el camino de su imagen en diciembre de 2021, con la entrega de regalos a niños en Ipiales. Mediante conciertos organizados por JW Producciones ha conquistado a políticos locales, tal y como Mario Guzmán, de Encanto, lo hizo con la familia Madrigal. En enero de 2022 llevó al cantante dominicano Sergio Vargas a Ipiales, con invitación del alcalde Luis Fernando Villota.
«Es una pelea de tigre con burro amarrado», sentenció otra fuente, que pidió ser citada bajo reserva por seguridad. La batalla electoral en Nariño es violenta, desigual y arrecia a puertas de las elecciones. El pasado 6 de agosto fue asesinado uno de los escoltas de Amílkar Pantoja, candidato a la Alcaldía de Ipiales. «Es una competencia desleal, no solamente por los orígenes del dinero […] a nosotros nos rompen los afiches, a mí me robaron en la sede, pero todos estos sucesos buscan alejarlos del tema político [como si no tuvieran nada que ver con las elecciones]», le dijo Pantoja a Cuestión Pública.
Consultados por este medio el pasado 29 y 30 de agosto, ni el personero de Ipiales, José Manuel Revelo, ni su homólogo en Pupiales, Jairo Efraín Cepeda, habían sido notificados sobre hechos de violencia electoral. «Se vive prácticamente en paz; no hemos recibido denuncias que puedan alterar el funcionamiento de la elección», dijo el último. Sin embargo, un informe de la Misión de Observación Electoral, publicado el 27 de junio de 2023, mostró que el período preelectoral de este año ha sido el más violento en la historia reciente, «siendo Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca los territorios más afectados».
Este medio corroboró con fuentes en el departamento que quienes le abrieron las puertas del Partido Conservador a Belalcázar fueron el representante Juan Daniel Peñuela Calvache y la excongresista Myriam Paredes. Ambos le dijeron a este medio que desconocen información que lo vincule con el crimen organizado. En lo que difieren es en el tiempo en que llevan tratándolo.
«Lo conozco de vista y trato desde hace más de veinte años […]. Ha demostrado ser una persona honesta, sencilla, trabajadora, solidaria, responsable y respetuosa de los demás […] los avales son la expresión de la voluntad del Directorio Nacional Conservador y son emitidos previa verificación rigurosa de requisitos y ausencia de antecedentes penales, fiscales o disciplinarios en cada caso en concreto»: Myriam Paredes.
«Sí, soy amigo; lo conozco de vista y trato hace aproximadamente cuatro años, cuando aspiré en 2019 a la Asamblea del departamento de Nariño por el Partido Conservador y él tenía el aval en su momento a la Alcaldía en el municipio de Pupiales, Nariño»: Juan Daniel Peñuela.
En 2019, Belalcázar inscribió por primera vez su candidatura a la Alcaldía de Pupiales, pero se quemó. Para entonces hizo campaña junto a Peñuela y Damir Bravo, candidato a la Gobernación de Nariño. En su respuesta a Cuestión Pública, Belalcázar relató: «En las dos ocasiones en las cuales he aspirado a la Alcaldía Municipal de Pupiales, el aval me ha sido otorgado por el Partido Conservador, cumpliendo con el conducto regular y los requisitos previstos». Agregó que su relación con Paredes y Peñuela es «de carácter político».
Según su hoja de vida ha sido agricultor y administrador de empresas, con diplomado en Prevención en Lavado de Activos, entre otros. Parece un chiste, pero no lo es. Su nombre aparece junto al de su primo Johnn Rodríguez en un expediente de la Fiscalía desde julio de 2017. El proceso, al que se le ha ido sumando evidencia en los últimos cinco años, sigue en indagación preliminar, le confirmó a este medio el ente acusador. Esta etapa es previa a la apertura de investigación formal y a la imputación de cargos y no notifica a quienes están siendo investigados aún.
Belalcázar dijo que desconocía que estuviera vinculado a investigaciones relacionadas con el crimen organizado. No obstante, las autoridades lo siguen tan de cerca que hasta le tienen detectadas las veces que ha llamado a Mireya, la adivinadora de su estructura criminal, cuando tiene problemas. En cambio, para bendecir su candidatura en público acude a un sacerdote católico, como se ve en sus redes sociales.
«Los grupos criminales que gozan de un control más estable en la zona pueden financiar campañas o incluso definir quién es el candidato. Entonces, cuando ya controlan el mercado ilegal, pasan al poder político», le explicó a Cuestión Pública Felipe Botero, director de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado en Colombia.
—Y ¿para qué sirve controlar el poder político?
—Para disminuir la presión sobre sus operaciones. Si tengo la Alcaldía puedo hacer que la Policía me persiga menos y gasto menos defendiéndome. También para acceder a los presupuestos públicos que permiten controlar rentas legales, como para lavar dinero, como hacían los paramilitares. Es que el actor armado no solo exporta cocaína —resaltó Botero.
Wylton Belalcázar aún no ha llegado al poder, pero se codea con él. El proceso contra su hermano Rodri por la incautación de cocaína en una finca en la que trabajaba como mayordomo precluyó el 6 de junio de 2022. Esto quiere decir que se cerró sin ir a juicio, porque el ente acusador no encontró pruebas. «No tengo conocimiento a quién pertenezca esa sustancia ni cómo llegó allá, pero sí sé que esa finca es de propiedad del actual alcalde del municipio de Pupiales, Ricardo Benavides Ayala», le respondió el candidato a Cuestión Pública, aunque en la matrícula inmobiliaria figura como propietario mayoritario Bayardo Benavides Narváez, tío del mandatario.
Su candidatura no tambalea, así las autoridades le pisen los talones. Pareciera que, como a Pablo Escobar, a Wylton Belalcázar el poder le atrae y sabe cómo podría beneficiarlo, en un país cuyo mayor desencanto ha sido repetirse a sí mismo mediante matrimonios entre la política y el narcotráfico.
Para el momento de esta publicación, Johnn Rodríguez, Richard Reyes, la Administración de Iles, Jhonny Rivera y Anival Belalcázar no adjuntaron su versión. De hacerlo, anexaremos sus respuestas.
*Las distancias se tomaron a partir del recorrido por carretera que calcula Google Maps y no con la herramienta de medición que las calcula en línea recta.
