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Hoy hablaremos con ella sobre la situación en derechos humanos, y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

El Senado aprobó en cuarto debate el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio de los menores de edad, iniciativa liderada por las congresistas Jennifer Pedraza y Alexandra Vásquez.

Bajo la excusa de detectar noticias falsas en las protestas de 2021, el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje, recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la Policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia.

Más de 1.000 personas fueron capturadas desde las elecciones del 28 de julio. Manifestantes, líderes sociales, periodistas y cualquiera que cuestione la reelección del presidente Nicolás Maduro se convierte en un objetivo de la policía y de los temibles colectivos de civiles que le sirven de brazo armado al gobierno.

Ser mujer en Colombia cuesta la vida. En Cuestión Pública hacemos un seguimiento a los feminicidios que siguen ocurriendo en el país, así como a temas vitales para las mujeres.

Documentos filtrados de la Fiscalía muestran que sus embarcaciones, las siglas de sus contenedores y los muelles de llegada de estas compañías en Europa son mencionados por criminales para hablar en clave sobre envíos y rutas de cocaína

En la mañana del lunes 29 de enero, la defensa de John Poulos, acusado de feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, interrogó a la teniente Brigitte Rodríguez sobre la legalidad del proceso de traslado del estadounidense desde Panamá hasta Colombia. Buscaba confirmar si se cumplió cabalmente con lo establecido por la ley.

Al menos 85 personas, entre comerciantes y cobradores gota gota reclutados por oficinas de cobro, siguen detenidos en las cárceles de ese país. Enfermos, golpeados, y sin contacto con sus abogados y familias, están atrapados en el colapsado sistema judicial salvadoreño.

Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.

Con la resolución 0762, el fiscal general ordenó quitarle dos investigaciones al fiscal 51, entre esas, la de Valle del Cauca en la que apareció el narco “Pacho Malo”, quien sería el director del CTI de Buenaventura. En su lugar, se las asignó a la Fiscal 52 de Cauca que ha sido pareja de un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, entidad que investiga a Mancera.