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Hoy continúa la audiencia de acusación contra los diez empresarios señalados por la Fiscalía de desfalcar a la petrolera por más de 80 millones de dólares.

En el corto tiempo que lleva Margarita Cabello como cabeza de la Procuraduría, parece seguir el mismo patrón clientelista de uno de sus antecesores y exjefe, Alejandro Ordóñez. La procuradora ha contratado familiares y presuntas fichas de políticos, clanes, antiguos magistrados y funcionarios del gobierno. La alianza periodística Cambio-Cuestión Pública encontró 21 casos de estos. Este límite es importante porque es un sitio de paso obligado hacia los países del sur que para muchos migrantes ofrecen mejores condiciones de vida que Colombia. 

A 2021 El Balmoral, el proyecto urbanístico Uribe en Montería (Córdoba), había producido $14.924 millones en ventas de lotes que lo componen. En la lista de compradores está un amigo del exparamilitar Salvatore Mancuso; y Ricardo Uribe, empresario cercano a José Guillermo ‘El Ñeñe’ Hernández y a los Char, clan que aspira a la presidencia en 2022. Pese a que Álvaro Uribe dijo que pagaría a Diego Cadena con un lote en una urbanización de Lina Moreno, posiblemente el Balmoral, esto no se ha efectuado.

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.

Los bancos pagan alrededor de tres millones de pesos por cada consulta a la Registraduría Nacional para la autenticación de personas, un servicio que hacen terceros certificados y contratados para esto. Algunos son los mismos que están detrás de los contratos electorales, cuestionados por alteración de votaciones.

Cómo los bancos, entre ellos Serfinanza, del clan Char, quedaron autorizados vía Congreso para acceder a los datos biométricos de los colombianos