(16/05/2022)

En el corto tiempo que lleva Margarita Cabello como cabeza de la Procuraduría, parece seguir el mismo patrón clientelista de uno de sus antecesores y exjefe, Alejandro Ordóñez. La procuradora ha contratado familiares y presuntas fichas de políticos, clanes, antiguos magistrados y funcionarios del gobierno. La alianza periodística Cambio-Cuestión Pública encontró 21 casos de estos.

En su discurso de posesión, el 16 de enero de 2021, la hoy procuradora Margarita Cabello  aseguró que la entidad ejercería su “función preventiva de forma técnica e independiente”. Pero esta alianza halló conexiones políticas de al menos 21 personas en la entidad. De estas, 5 tienen sus raíces laborales en el antecesor de Cabello, y hoy embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, acusado de perseguir políticamente a sus adversarios ideológicos.

Cortes de Cabello

En la planta de la Procuraduría hay familiares de magistrados y exmagistrados. 

Empecemos con Álvaro Ricardo Escobar Gil, designado el 2 de marzo de 2021 como procurador judicial delegado ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) en la Procuraduría de Cabello. Se trata del hermano de Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado (2001-2009) de la Corte Constitucional condenado a cuatro años de prisión por tráfico de influencias en el caso Fidupetrol, el mismo que en el que actuó ilegalmente Jorge Pretelt.

En junio de 2019, Álvaro Escobar celebró un contrato con el Ministerio de Justicia por $55.371.914. Para entonces Margarita Cabello dirigía esa cartera. 

El hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz Monsalvo, también ha tenido familiares cercanos en el Ministerio Público, como reveló Noticias Uno. Primero, su hermana Carolina Quiroz Monsalvo ha sido procuradora judicial II. Segundo, su cuñado Wilson Geovany Ramírez, esposo de su hermana, es asesor grado 24. Y tercero, su cuñada Anny Lorena Váquiro, esposa de su hermano Anibal Quiroz Monsalvo, es asesora grado 25.

De acuerdo con Noticias Uno, todos los nombramientos fueron ejecutados después de que Aroldo Quiroz fuera investido con la presidencia de la Corte. Además, su familia es cercana a la Casa Gnecco, como lo dijo el noticiero.

Ahora vamos con la señora Martha Ligia Patrón López, esposa del exmagistrado Jorge Pretelt Chaljub. De acuerdo con los registros de la Procuraduría y el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), es asesora grado 24 en el área de Asuntos Civiles y Laborales en la administración Cabello. Patrón está en la entidad desde 2002, de acuerdo con su hoja de vida ante la Función Pública.

Su esposo, el reconocido exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, fue condenado en diciembre de 2020 a seis años y seis meses de prisión por haber exigido $500 millones para fallar a favor de Fidupetrol en una tutela. Para ese momento, la señora Patrón todavía estaba en la Procuraduría, de acuerdo con el Sigep. El proceso contra Pretelt se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia a espera de un fallo de casación. Ella misma fue investigada junto con Pretelt por presunto desplazamiento de campesinos para después comprar sus tierras, pero la Fiscalía archivó el caso en 2017.

Cercanía al Gobierno y el uribismo

Vamos con Ángela Andrea Chacón Belalcázar. Fue designada por el exprocurador Ordóñez como procuradora judicial penal de Valledupar entre febrero y agosto de 2015. Desde el 13 de abril de 2021, Cabello la nombró como procuradora judicial II delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, es la esposa de Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), funcionario del Gobierno Duque.

Como director de la UNP, Campo Martínez debe, entre otras cosas, garantizar la seguridad de los incorporados de las FARC y acogidos al proceso de paz. El 6 de abril de 2022, casi un año después del nombramiento de Ángela Chacón en la Procuraduría, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP abrió un incidente de desacato contra su esposo por no proporcionar medidas de protección a un excombatiente.

Chacón Belalcázar ya había trabajado para la Defensoría del Pueblo de Carlos Negrett, que el pasado 5 de abril se adhirió a la campaña de Federico Gutiérrez a la presidencia. Además, la Fiscalía de Francisco Barbosa la nombró directora de personal en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos el 17 de febrero de 2020, como dio a conocer la periodista Claudia Julieta Duque.

Chacón Belalcázar ha celebrado cuatro contratos durante el mandato Duque: tres con la Defensoría del Pueblo, en 2018 y 2020, por $145.020.000, y uno con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en 2019, por $72.800.000.

De hecho, el de la Defensoría de 2020 fue terminado de forma anticipada el 21 de abril de 2021; es decir, una semana después de que fuera nombrada en el Ministerio Público Delegada ante la JEP.

Una segunda ficha del uribismo en la Procuraduría la reveló Cecilia Orozco. Una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María Fernanda Cabal fue nombrada por Margarita Cabello como procuradora judicial II delegada ante la JEP en febrero de 2021. Se trata de Laura Virginia Benedetti, quien se desempeñó como asesora de Cabal entre 2016 y febrero de 2021, mes en el que ingresó a la Procuraduría.

Las fichas de clanes políticos

En la Procuraduría de Cabello también hay espacio para los aliados de los clanes políticos del país. Tres personas que han sido contratadas por el ente de control serían fichas políticas de los clanes Gnecco y Char de la costa, según pudimos constatar con una fuente en Procuraduría que pidió que protegiéramos su identidad.

Los alfiles de los Gnecco incluyen al senador José Alfredo Gnecco Zuleta y al gobernador del Cesar ​​Luis Alberto Monsalvo Gnecco (en detención domiciliaria). María Lourdes Hernández Mindiola, que figura en los registros de la entidad como procuradora delegada en Moralidad Pública en abril de 2021, sería la “cuota” de ese clan, según la fuente. Esa misma fuente también afirmó que Hernández Mindiola es cercana a la procuradora Cabello y que, de hecho, “es la dueña y señora del piso 25 [de la entidad]”. En el piso 25 están el despacho de Cabello, el del viceprocurador y la Secretaría Privada. Hoy María Lourdes Hernández Mindiola es jefa de gabinete de Cabello.

Noticias Uno reveló que Hernández Mindiola habría sido nombrada como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura después de haber fallado a favor de Jorge Pretelt y ser “amiga íntima de su representante legal”. Además, fue la procuradora que conoció las diligencias sobre el caso de la “Ñeñe Política”, el escándalo que involucró presuntos aportes del narcotraficante Ñeñe Hernández a la campaña Duque Presidente en 2018.

Finalmente, Hernández Mindiola también conoció el proceso que se seguía en la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe, y en su calidad de representante del Ministerio Público pidió el levantamiento de la medida de detención domiciliaria que pesó en contra del exmandatario en 2020.

Por otro lado, están los Char, salpicados por presunta compra de votos por las revelaciones de la exsenadora condenada Aida Merlano Rebolledo. De acuerdo con la fuente, tanto Erika Escaff Vergara -quien hizo parte del Equipo Administrativo de Empalme de Cabello- como Analorena Habib Cañizalez, quien fue su primera secretaria general, hicieron parte de las “cuotas” de ese clan. A Habib Cañizalez la Procuraduría le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en el estudio, diseño y mantenimiento de tres aeropuertos mientras era directora financiera de la Aerocivil, en contratos que alcanzaron los $16.000 millones. Por lo anterior, la procuradora Cabello solicitó a Habib Cañizalez su renuncia el 20 de enero, el mismo día en que la segunda tomó posesión, como publicó W Radio.

Por su parte, Escaff Vergara, asesora del Ministerio Público desde 2022, fue destituida en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Barranquilla en 2020 por irregularidades en la construcción de una urbanización en Soledad mientras era secretaria general de la Alcaldía de Joao Herrera, un declarado charista. Ahora es asesora de la misma entidad que la sancionó por un contrato de $80 millones que firmó en 2022 en el marco de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Los recursos del convenio fueron transferidos por la Procuraduría, según reveló La W.

Esta alianza periodística también encontró que la Procuraduría ha contratado personas que han trabajado o aportado dinero a campañas de al menos 6 congresistas. Entre estos, Jose David Name Cardozo, Nora García, María Fernanda Cabal, Roy Barreras, Iván Darío Agudelo y Guillermo García Realpe. Vea el detalle en la herramienta de consulta al final del texto.

Las presuntas fichas de políticos y funcionarios en la Procuraduría de Cabello las completa Janny Jadith Jalal Espitia, designada en 2021 como procuradora judicial con Funciones de Coordinación de Intervención para la JEP. Jalal fue directora de Fiscalías en la entidad dirigida entonces por el fiscal Mario Iguarán Arana (2005-2009). Iguarán fue salpicado en el testimonio que entregó ante la JEP Benito Osorio, exdirigente del Fondo Nacional Ganadero, ya que su elección como fiscal general habría sido posible gracias al apoyo de paramilitares. 

‘Cabello is the new Ordoñez’

Ahora hablemos de las presuntas fichas de Alejandro Ordóñez en la administración de Cabello y de la cercanía entre ellos. Resulta que Cabello fue procuradora delegada de la Sala Disciplinaria entre 2009 y 2012, es decir, durante la administración de Ordóñez.

Sigamos con Diana Margarita Ojeda Visbal, cuya cercanía con el exprocurador confirmó una fuente que pidió no ser citada por temor a represalias. Es hermana de Pedro de Jesús Ojeda y Roberto Mariano Ojeda. El primero es uno de los mejores amigos del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, así como uno de los propietarios de lotes en el Balmoral, un conjunto residencial desarrollado por la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a orillas del distrito de riego público de Mocarí. Por su parte, el segundo hermano, Roberto Ojeda, fue señalado de colaborar con paramilitares.

Diana Margarita Ojeda fue procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social durante la administración Ordóñez y se pensionó durante la misma. No obstante, Cabello la reintegró a la nómina de la Procuraduría y hoy es procuradora delegada de Salud, Protección Social y Trabajo (a corte de abril de 2021).

Ojeda Visbal fue directora del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon) entre 2004 y 2008. En 2007 fue arrestada por desacato, ya que no cumplió con el pago de una indemnización de pensión que una tutela había ordenado. Además, la Contraloría abrió una investigación en su contra como presunta responsable fiscal ante Fonprecon, la entidad que dirigió. El ente de control archivó la diligencia en 2021, cuando Ojeda Visbal era funcionaria de la Procuraduría.

Continuemos con Carmenza Carreño Gómez, asesora de la Secretaría General de la Procuraduría, quien fue nombrada jefa de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) mientras Ordóñez era procurador. La Silla Vacía ya había publicado su nombramiento. Carreño Gómez es hermana de María Eugenia Carreño Gómez, exprocuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública durante la administración de Ordóñez. Tanto Ordóñez como María Eugenia Carreño comparten su fe en la doctrina religiosa de ultraderecha San Pío X que aún realiza sus misas en latín (más conocida como lefebvrismo).

Como reveló Daniel Coronell en una columna en Semana, Ordóñez cambió el manual de contratación de la entidad para poder nombrar a Carmenza Carreño Gómez en el cargo, ya que su profesión (contaduría) no era compatible con la exigida (administración de empresas).

El cuadro de la herencia “Ordoñista” lo completan dos exfuncionarios, según nos reseñó una fuente que mantenemos bajo reserva.

El primer caso es el de María Consuelo Cruz Mesa, quien fue procuradora delegada para la Moralidad Pública en la administración Ordóñez. Ahora, en el periodo Cabello, se ha desempeñado como procuradora primera delegada para la Contratación Estatal. En esa calidad, negó la recusación que la Red Nacional de Veedurías presentó contra Margarita Cabello, su jefa, para conocer el proceso de Centros Poblados. La hoy procuradora Cabello fue recusada porque, presuntamente, tendría una relación de cercanía con Karen Abudinen Abuchaibe, entonces cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Además, Cruz Mesa fue una de las procuradoras que cerró el caso de la congresista Jennifer Arias por plagio. La entidad declaró que perdió competencia sobre el ‘caso Jennifer Arias’ porque los hechos prescribieron.

No es todo. En diciembre de 2017, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra Cruz Mesa porque, presuntamente, habría recibido dinero para absolver a 26 concejales de Cartagena por irregularidades en la elección del Contralor de la ciudad. Hoy no hay actuaciones en su contra, según los registros de la entidad.

El segundo es el caso de Julián García Wren, quien fue el jefe de prensa de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez entre 2009 y 2016. Desde septiembre de 2021, García Wren se convirtió en el jefe de prensa de Cabello, como él mismo consignó en su perfil de LinkedIn.

1.208 cargos nuevos para la Procuraduría

El decreto expedido por el presidente Duque el 24 de diciembre de 2021 le dio facultades a la procuradura Margarita Cabello para sumar 1.208 cargos más a su planta. 

El decreto respondía al cumplimiento del fallo que la CIDH emitió contra Colombia el 8 de julio de 2020 por la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Sin embargo, la CIDH explicó en noviembre de 2021, en referencia a la supervisión de la sentencia, que en palabras sencillas, la entidad no debía tener la facultad para destituir funcionarios elegidos por voto popular, ya que para eso están los jueces. La procuradora Cabello señaló que la ampliación de la nómina se debía a que su entidad tenía más de 75.000 procesos activos, de los cuales, según ella, 12.000 estaban próximos a prescribir.

Asonal Judicial, el sindicato de trabajadores del sistema judicial, le pidió al Secretario General de la Procuraduría en un comunicado del 11 de enero de 2021 que entregara los nuevos cargos por meritocracia. “Es la única manera que tenemos para que cualquier funcionario de la PGN pueda mejorar su movilidad laboral sin tener que acudir a un padrino político o sindical. Hoy en día, si algún compañero de la PGN no tiene un padrino político o sindical, no tiene ninguna posibilidad de acceder a un cargo (…)”. 

No obstante, parece que el escenario meritocrático es poco probable. Por un lado, porque los concursos para llenar las plazas pueden tardar años y, mientras tanto, se hacen nombramientos en provisionalidad. Es decir, sin un concurso de selección. Por otro lado, porque parte de los cargos que el decreto creó (como jefes de oficina y procuradores provinciales) son de libre nombramiento y remoción. Lo que es lo mismo: son escogidos a discreción por la procuradora Cabello, de acuerdo con la fuente que nos habló bao reserva. Aunque la Ley de Garantías no ha permitido que la ampliación de la nómina se lleve a cabo, ¿cuáles serán los criterios de la procuradora Cabello para escoger a sus nuevos funcionarios? 

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