Parte 2: Un clan

plutócrata y el

banco del hombre

más poderoso de

Colombia con

acceso a los datos

biométricos de los

colombianos
Los bancos pagan alrededor de tres millones
de pesos por cada consulta a la Registraduría
Nacional para la autenticación de personas,
un servicio que hacen terceros certificados
y contratados para esto. Algunos son los
mismos que están detrás de los contratos
electorales, cuestionados por alteración
de votaciones.

(30/07/2020)

El clan Char está en el podio de la empresa privada y la arena política. Para 2018, Cambio Radical, el partido de los Char, obtuvo en la costa Atlántica 901.291 votos. Lograron 10 congresistas aliados para el periodo 2018-2022.

Sus empresas más fuertes son: Supertiendas y Droguerías Olímpica, Serfinansa, Sonovista Publicidad y Portales Urbanos. En el 2019, alcanzaron $6 billones en ventas, según el ranking de la revista Dinero. La plutocracia consiste en eso: en la preponderancia que los ricos ejercen sobre el Estado.

En el 2018 saltó entre las investigaciones periodísticas de Cuestión Pública el contrato 080 de 2016 del Fondo Rotatorio de la Registraduría con Serfinansa, la empresa financiera de los Char que en febrero del 2019 logró ser banco, momento en el que cambiaron a Serfinanza, con z.

En el informe de gestión de 2018, los Char reconocieron implícitamente el presunto conflicto de interés cuando lo dejaron consignado en el documento así: “Uno de los principales logros en materia de la lucha contra el fraude fue la implementación de la biometría dactilar a través de la herramienta la cual cuenta con interfax (sic) directa a la base de datos de la Registraduria (sic) Nacional del Estado Civil (RENEC).” 

Así los Char, a través de su banco Serfinanza y el voto al proyecto de ley en el 2015 de Arturo Char en el Congreso (ver investigación parte 1), lograron consultar en la base de datos de la Registraduría la identificación de personas en 1.542.228 casos durante 2017, 2018 y 2019, según las cifras presentadas por la entidad pública a este medio. 

Del 2017 al 2018, las consultas de Serfinanza aumentaron en un 100%: en el 2017 realizaron 138.866 y en el 2018, año electoral, alcanzaron las 289.406 consultas. No fueron los únicos en duplicar o multiplicarlas. Pero, del grupo de bancos que consulta las bases de datos de la Registraduría, son los únicos que tienen entre sus accionistas a un clan político que, entre otros, ha posicionado a un alcalde y a un presidente del Senado.

 

No hay claridad en las cifras presentadas por parte de la Registraduría y la empresa de los Char para qué tipo de productos financieros fueron usadas esas consultas y cuántas de esas les ayudaron a evitar fraudes de autenticación en Serfinanza. 

Por parte de Serfinanza, solo hay datos como estos: “Al cierre de diciembre de 2019 alcanzamos 775.367 Tarjetas de Crédito Olímpica vigentes con un incremento anual del 8.0% lo que nos permitió pasar de la octava a la séptima posición entre las entidades financieras que emiten tarjetas de crédito en Colombia”, como consta en el informe de gestión 2019. 

Pero los Char no son los únicos favorecidos ni los primeros. De acuerdo a los documentos entregados por la Registraduría a través de un pleito jurídico por el acceso a la información, este medio pudo saber que Asobancaria, el gremio del sector financiero en Colombia, accedió a la consulta de datos en la entidad pública en mayo de 2016, junto con otros 13 bancos, tras la promulgación de la Ley 1753. 

Consultado por este y otros temas, el congresista Char nunca quiso atender la consulta de Cuestión Pública. 

Accesos a la base de datos de la Registraduría

¿Cómo lo hacen? A través de contratos públicos celebrados con el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional, en el que las entidades financieras interesadas pagan por acceder y consultar esa base de datos. La entidad también entregó esa información, pero les llaman “convenios”. 

Cuando un ciudadano llega a un banco a solicitar un crédito, una tarjeta de crédito o un servicio crediticio a una entidad financiera, esta le solicita sus huellas dactilares y demás datos que autentican con las bases de datos de la Registraduría a través de computadoras y máquinas detectoras de huellas y códigos de cédulas (documento único de identificación colombiana). 

El acceso también incluye unas cláusulas de consentimiento de datos personales, que es el que debe consultarse con los usuarios por ley, en el que el banco debe asegurarse que los solicitantes estén de acuerdo con dicho acceso. Lo que no está claro por ley es si un usuario se niega a que el banco consulte su autenticidad de datos personales con la Registraduría ¿qué pasaría?, ¿se le negaría el servicio?

Es ese consentimiento el que le permite a los bancos llegar hasta el cotejo de autenticidad con la Registraduría. 

Las entidades financieras acceden a la consulta de la base de datos de la Registraduría a través de lo que ellos han llamado un “aliado tecnológico”, que puede provenir de las propias empresas o de la entidad pública. Además, estos deben acreditar una serie de normas de calidad ISO. 

En últimas, los “Aliados tecnológicos” son una firma certificada en tecnología que pasa una serie de pruebas ante la entidad pública para lograr operar ante los bancos y así mediar el acceso. Esa intermediación, se supone, es la que garantizaría un acceso cuidadoso de los datos y no directo.

 “Quedamos tranquilas cuando supimos cuál era el protocolo de la Registraduría. Pero era un negocio realmente para quienes podían hacer esa intermediación”, dijo Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos en tecnología y privacidad en la Fundación Karisma.

En efecto, los “Aliados tecnológicos” le cobran a la Registraduría por esta intermediación y son contratos similares a los que celebra la entidad para operar las elecciones populares.

También son servicios auditados por la Registraduría Nacional, cuyos resultados son de carácter reservado para la ciudadanía. Cuestión Pública solicitó acceso a estos datos numéricos y estadísticos (sin incluir datos privados como nombres o números de cédula) durante un año, a través de una tutela que ganó, pero fue imposible obtener los resultados de las auditorías realizadas y acceder a los datos pormenorizados.

Las consultas se hacen a través de “convenios”, según la información que la entidad pública sí entregó a este medio. No obstante, en la base de datos de contratos públicos Secop consta que se celebraron bajo la modalidad de “Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)”. En el documento oficial también dice: “Contrato de prestación de servicios 080 de 2016”. Al menos así es en el caso de Serfinanza.

El primer “convenio” fue celebrado en diciembre de 2016 y puesto en vigencia en enero de 2017. En este caso Serfinanza le pagó $105 millones (unos 30 mil dólares, precio dólar de 2016) a la Registraduría para acceder a las consultas de los datos biométricos de los colombianos.

Por ese contrato también se sabe que una sola consulta le cuesta a Serfinanza $3 millones, más o menos 740 dólares.  

Los otros beneficiados

En Colombia los bancos son financiadores de campañas políticas, legislativas y presidenciales. Por caso: varios de los bancos del banquero más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento, también acceden a la base de datos biométrica a través de consultas. 


En el 2018, año de elecciones presidenciales y legislativas, la consulta a la base de datos de la Registraduría por parte de los bancos de Sarmiento también se multiplicaron. Por ejemplo, según información que entregó la Registraduría a este medio, el Banco de Bogotá pasó de tener 303 consultas en el 2017 a 200.965 en 2018, bajo el contrato 071 de 2018. En el 2019, realizó 1.322.469 consultas.

En 2018, las empresas del banquero financiaron el 58,75% de la campaña del actual presidente Iván Duque, según indicó Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de Presidencia en el periódico El Espectador


Lo que terminó por llamar la atención de Cuestión Pública fue que el primer contrato (No. 080 del 2016) de Serfinanza con el Fondo Rotativo de la Registraduría se renovó el 5 de marzo de 2018, seis días antes de celebrarse las elecciones al Congreso y a tres meses de las elecciones presidenciales. 

El país tiene ley de garantías. Esto significa que cuatro meses antes de las elecciones presidenciales ninguna entidad del Estado puede celebrar contratos. ¿Por qué la Registraduría sí lo pudo hacer con Serfinanza a pocos días de las elecciones? Porque se trató de una prórroga al primer contrato de 2016 y la ley de garantías no opera cuando se trata de prórrogas. 

Es decir, la empresa de un clan político, Serfinanza, tiene acceso a consultar la base de datos biométrica y alfanumérica de los colombianos en plenas elecciones porque no hay ley que lo prohiba. 

Los Char lo saben y mueven sus fichas con las reglas del juego. En el caso de las elecciones legislativas, por ejemplo, ningún congresista en Colombia puede celebrar contratos con entidades públicas a seis meses de las elecciones, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución Política de Colombia. Pero la norma aplica solo cuando la firma o el nombre del congresista aparece en los contratos. ¿Y si es accionista, como lo es Char, del banco de su familia?

Es posible que esta sea la razón por la que desde 2010, los negocios del clan Char celebraron contratos públicos sin ningún problema por más de 90 mil millones, de acuerdo con la información contenida en el sistema de contratación nacional Secop y plasmada en la investigación realizada por Cuestión Pública en 2018. 

¿Podría la empresa Serfinanza, de la cual el senador Arturo Char es accionista, contratar con la Registraduría? El abogado Ramiro Bejarano opina que sí, “porque él no está en calidad de presidente de la compañía y no tiene responsabilidades administrativas en la Registraduría. Claro que éticamente huele mal esto, tiene sabor de favoritismo y clientelismo”.

Como los casos son de estudio específico, otros abogados a los que consultamos prefieren que sean las autoridades nacionales las que determinen si hay o no falta disciplinaria, ética o legal.

En total, el contrato de Serfinanza con la Registraduría está renovado en tres ocasiones hasta la fecha. Este clan político y empresarial no tiene denuncias ante el Consejo de Estado ni ante la Corte Suprema de Justicia por posibles conflictos de interés. 

Algunos aliados tecnológicos de los bancos son los mismos que operan las elecciones

La empresa Thomas Greg (inmersa en Securid SAS y la Unión Temporal UT SIE 2018) y el Grupo ASD SAS están contratados para procesamiento electrónico de datos electorales, es decir, preconteo de votos dentro del proceso electoral. Y, en simultáneo, tienen acceso a la base de datos de la Registraduría para la consulta biométrica de los bancos como Serfinanza, porque actúan como “aliados tecnológicos” para la autenticación. 

La inscripción de cédulas y las huellas usadas para elecciones en Barranquilla y otros lugares del Atlántico en los que se implementó la biometría (desde 2011) podrían correr un riesgo importante. De hecho, esos mismos contratistas ya han estado en problemas por malos manejos del software que proveen a la Registraduría en elecciones.

–¿Pero saben si esos datos les sirven a ciertos bancos en materia electoral?

– No, no tenemos cómo saberlo–, dijo Carolina Botero, directora de Karisma a este medio.

En las elecciones legislativas de 2014-2018 “entraron por lo menos 1.208 veces entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana en los días siguientes a las elecciones en donde pudieron alterar la votación de alguna mesa de votación. En más de 60.000 ocasiones se modificó el resultado de algún candidato o partido”, estas irregularidades están descritas por la prensa, basadas en fallo del Consejo de Estado en que le devuelve tres curules al Partido Mira. Esto se supo tras una denuncia del mismo partido político, que pidió revisar los procesos electorales.

Las empresas detrás de esas anomalías con cara de fraude eran: el Grupo ASD SAS y Thomas Greg. Inmersas en la misma Unión Temporal que volvió a contratar la Registraduría para las elecciones del 2018. Pese a los señalamientos judiciales del Consejo de Estado, ambas siguen figurando como aliados tecnológicos de los bancos en la Registraduría, según la información entregada por la entidad a este medio.

Y las consultas biométricas de Serfinanza, como ya se explicó, pasaron de ser 138.866 en el 2017 a 289.406 en el 2018, pleno año electoral. Bajo esas elecciones el congresista-accionista de esa empresa logró ser el quinto senador más votado de Colombia. Todo según cifras entregadas por la Registraduría a este medio. 

–Esos procesos deberían estar revisados por una entidad diferente, que le haga contrapeso al manejo de los datos de los colombianos–, dijo Armando Novoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que se encarga de promulgar a los candidatos elegidos por voto popular.

Consultado Hipólito Palencia, director de Corrupción al día, un portal que denuncia la corrupción en Barranquilla, la costa Atlántica y Caribe, dijo que hay un secreto a voces en Barranquilla y es que “las elecciones se ganan en la inscripción de cédulas”. 

–Es una hipótesis, pero mira: ¿qué tal que ellos estuvieran haciendo el proceso de autenticación de cédulas en el momento que la Registraduría abre ese proceso para inscribirlas en elecciones? Lo podrían hacer pasar como autenticación de cédulas para sus bancos. Sería, en ese caso, un uso indebido.

Según el contrato firmado entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría y Serfinanza, la multa por incumplir las obligaciones contractuales es del valor del 1%. Es decir, de los $105 millones que vale el contrato con Serfinanza, la multa por copiar información, almacenarla y usarla indebidamente sería de menos de $1 millón de pesos.

Lee  la primera entrega del especial #ConLosCharNadaEsPrivado

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