(08/10/2021)

“Me acusan de secuestro”

Un brigadista y estudiante universitario fue señalado por la Fiscalía General de la Nación de liderar un grupo criminal que el 27 de mayo, durante el Paro Nacional, retuvo a ocho integrantes de la Policía en el punto de bloqueo del sector ‘La Y’ en Palmira, Valle.

En la madrugada del 22 de julio el silencio del barrio El Sembrador, al suroriente de Palmira, sucumbió al estruendo causado por agentes del Gaula de la Policía: las puertas y ventanas de la casa de Christian Mallarino cedieron a los golpes de los uniformados. El objetivo, capturarlo. Aún adormilado y confundido, el joven de 25 años intentó vestirse pronto para acatar las órdenes de sus captores. Vio la angustia en el rostro de Argenis Chinchilla, su madre, y le pidió estar tranquila.

—Quédese tranquilita, mami. Y déjelos, que ellos están haciendo su trabajo—, dijo Christian a la mujer que se deshacía en llanto.

“La acción de los agentes fue excesiva, entraron arbitrariamente, rompieron la puerta de la casa. Mi hijo no opuso resistencia, pero cuando lo llevaron al patio lo maltrataron. Lo aventaron contra el piso y uno de los agentes le puso la bota en el cuello”, recordó Argenis en conversación con Cuestión Pública.

Cerca de las 5:18 a.m. y ubicado en el patio de su casa, Mallarino firmó un acta donde certificó que sus derechos fueron respetados durante el procedimiento de detención. El abogado Marcos Soriano dijo a este medio que su defendido le aseguró haber sido obligado a firmar el documento luego de que policías golpearon su cabeza contra el suelo. El reporte sobre los golpes recibidos quedó registrado en la valoración de Medicina Legal, horas después de la captura.

Esa madrugada, mientras se adelantaba el operativo en casa de Mallarino, en otros puntos del municipio agentes del Gaula de la Policía capturaron a Valentina Lozada, Kevin Perea, Víctor Hugo Osorio, Óscar Romero, Yeison Lozada y Yann Karlo Ávila, todos acusados de participar en el secuestro y tortura de ocho policías. Christian, ya en manos del Gaula, fue sindicado de liderar a los otros seis jóvenes detenidos en la comisión de esos delitos.

“Me acusan de secuestro. […] Nosotros estábamos haciendo una brigada de salud ese mismo día, […] estábamos llevando los almuerzos”, aseguró el joven en Medicina Legal tras ser capturado.

Imagen de Google Maps. En rojo, ‘La Y’. En amarillo, la zona bloqueada por manifestantes durante el Paro Nacional. En verde, la ubicación de la cámara que registró imágenes usadas en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Christian Mallarino.

Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2021 —56 días antes de las capturas—, cuando los siete jóvenes participaron en las manifestaciones del Paro Nacional. Según Argenis Chinchilla, madre de Christian Mallarino, ese día su hijo cumplió funciones como brigadista y miembro del personal de salud en el punto de bloqueo ‘La Y’, ubicado en la entrada occidental del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

Sobre las 4 p.m. de aquel jueves, una camioneta azul de placas DYY 262 intentó pasar por el bloqueo. Alarmados porque días antes habían sido atacados con armas de fuego desde un vehículo similar, los manifestantes negaron el paso, inspeccionaron la camioneta y encontraron una granada aturdidora. Los jóvenes interrogaron a los ocho pasajeros, quienes habrían confesado ser agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La Policía confirmó esa misma tarde que los detenidos eran miembros de la institución.

Luego de descubrir la granada, los manifestantes prendieron fuego al vehículo y decidieron retener a los ocho hombres que se movilizaban en él. Uno de ellos escapó, otro fue trasladado por brigadistas a la Clínica Santa Bárbara, malherido por los golpes recibidos. Los seis restantes fueron retenidos en el puesto de control de ‘La Y’ (construido con palos y bolsas plásticas) ubicado a 400 metros del punto de bloqueo. Así quedó registrado en la versión presentada por el ente acusador.

Según el relato unificado de los uniformados ante la Fiscalía, durante las seis horas que estuvieron bajo custodia de los manifestantes fueron blanco de golpes, agresiones con arma blanca, permanecieron amarrados, les rociaron orina y fueron amenazados de muerte. El abogado defensor aseguró que, en su declaración, ninguno de los policías señaló a Mallarino de participar en esos actos.

Si Duque cree que la gente se va a dejar matar, está muy equivocado. Va a generar una guerra civil dónde él va a salir quemado y a Uribe lo van a sacar del Ubérrimo por lacra pic.twitter.com/8EdGBHhAzT
— 🥑María de los Paros🐝🥟 (@MaDeLosGuardias) May 27, 2021

El mayor Andrés Felipe López, comandante operativo del Distrito de Policía de Palmira, llegó al punto de bloqueo alrededor de las 7 p.m. de ese 27 de mayo en compañía de William Andrey Espinosa, personero municipal. Allí negoció con los manifestantes y consiguió la entrega de los seis policías. Recibió al último de ellos cerca de las 9 p.m.

La audiencia múltiple

Marcos Soriano, integrante de la Primera Línea Jurídica y abogado de Christian Mallarino, dijo en entrevista con Cuestión Pública que conoció el caso a las 11 p.m. del 22 de julio. De inmediato se dirigió al Comando Sur de la Policía de Palmira, donde tenían detenidos a los siete jóvenes.

Al llegar, uniformados de la Policía no le permitieron hablar con Mallarino. Según Soriano, esto constituyó una violación a los derechos de su defendido porque, según el Código de Procedimiento Penal, los capturados tienen derecho a la asistencia inmediata de un abogado. Pudo hablar con él la mañana del 23 de julio, un día después de su detención y dos horas antes de la audiencia que terminó la noche del 24 de julio.

El abogado no tuvo tiempo de preparar su defensa pues recibió el expediente 12 minutos después de iniciada la diligencia judicial.

En medio de la audiencia, Soriano conoció que Mallarino es padre de familia y estudiante de cuarto semestre de Derecho en la Universidad Santiago de Cali; que a su nombre figuran dos negocios registrados ante la Cámara de Comercio de Palmira; y que durante de las manifestaciones en ‘La Y’ fungió como brigadista y coordinó al personal de salud e invitó públicamente a la manifestación pacífica.

En la audiencia múltiple del 23 y 24 de julio, el fiscal Diego Osorio presentó a Christian con el alias de ‘Mallarino’ y aseguró que el joven lideraba una organización delictiva llamada Primera Línea, siendo determinante en el secuestro y tortura de los ocho policías detenidos en el punto de bloqueo de ‘La Y’.

Ficha de Christian Mallarino presentada por el fiscal durante la audiencia.

Para sustentar la acusación contra Mallarino, la Fiscalía presentó cuatro videos que fueron captados por una cámara del Centro Comercial Llanogrande —aproximadamente a 250 metros del lugar donde los manifestantes detuvieron la camioneta el 27 de mayo—. En ellos se ve al imputado caminar junto a los policías y hablar con los jóvenes que los retuvieron. Soriano apuntó que, si bien Mallarino estuvo presente en el lugar de los hechos, ningún video muestra alguna agresión de su defendido hacia los agentes o que lideró una banda delincuencial. El defensor hizo hincapié en que uno de los videos captó cómo Mallarino intervino y separó a un encapuchado que golpeaba a uno de los detenidos.

El abogado Marcos Soriano aseguró que el brigadista, con apoyo de más integrantes del personal de salud, llevó hasta el Hospital Santa Bárbara al agente que quedó malherido tras ser golpeado por algunos manifestantes. Así lo probaría un video que Mallarino hizo en el centro de salud.

La segunda prueba presentada por la Fiscalía es una fotografía de miembros de la Primera Línea de ‘La Y’, en la que se ve a Christian en el centro. Para Soriano, el ente acusador buscó afirmar que Mallarino lideró el supuesto grupo criminal pero, insistió, con la imagen solo se probaría que el joven participó en las protestas.

La tercera prueba de la Fiscalía consta de dos actas de reconocimiento facial. Una firmada por el mayor Andrés Felipe López, quien acudió al campamento para negociar la libertad de los agentes detenidos, y otra firmada por María Camila Guerrero, una de las integrantes de la Primera Línea de ‘La Y’.

En la primera, el mayor López aseguró identificar a Mallarino como la persona que ayudó y sirvió como canal para negociar con los manifestantes la entrega de los policías retenidos. En la segunda, María Camila Guerrero certificó reconocer al detenido como un manifestante que ayudaba a conseguir comida y ropa para quienes lo necesitaban durante el Paro Nacional. Ambos testimonios, según el abogado defensor, contradicen la tesis de la Fiscalía sobre la responsabilidad de Christian Mallarino en los delitos por los cuales lo acusan.

La decisión de la jueza

Según explicó el abogado Marcos Soriano, para enviar a un acusado a la cárcel la Fiscalía debe demostrar que se cumple alguno de los tres fines consignados en el artículo 250 de la Constitución: “Asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”.

El fiscal aseguró que los bloqueos de la Primera Línea “desestabilizaron al municipio, al Valle del Cauca, […] si desestabilizan, pueden interferir en los testigos, en todas las entrevistas y en todas las personas que participaron”.

Tras conocer el concepto del fiscal Osorio, el abogado Juan Trujillo, integrante de la Primera Línea Jurídica, afirmó: “La Fiscalía se ha especializado en inflar imputaciones y construir la nebulosa idea de terrorismo en torno al manifestante”. Idea que, según Marcos Soriano, no cabe en el caso de Christian Mallarino en tanto su participación dentro de las protestas no iba en la vía de cometer los delitos que le atribuyó la Fiscalía.

Luz Omaira Díaz, jueza octava penal municipal con función de control de garantías de Palmira, le dio la razón al fiscal. “Si una situación de esas [la agresión a los hombres detenidos en el bloqueo] se hace [contra] la autoridad […] pues cualquier otra persona civil se encuentra aún más desvalida”, afirmó Díaz para sustentar que los imputados representan un peligro para la sociedad.

Para la jueza, el hecho de impedir el tránsito normal por la vía ‘La Y’ denigraba la dignidad humana de quien buscara pasar por allí, además dio crédito a los testimonios de los policías en los que aseguraron que había armas en el punto de bloqueo.

“Bajo ningún punto de vista se demuestra que el señor Mallarino estuviese manipulando arma de fuego o arma blanca con el fin de cometer esa conducta que a priori pretenden endilgarle [tortura]”, respondió el abogado defensor tras escuchar el concepto de la jueza.

Para Marcos Soriano, “la evidencia [presentada por la Fiscalía] da cuenta de que Christian Mallarino se encontraba caminando en inmediaciones [de los hechos], no participando de la conducta presuntamente ilegal”. Antes de finalizar la audiencia, el abogado defensor presentó una apelación a la decisión de la jueza Díaz de enviar a Mallarino a la cárcel. La solicitud aún no ha sido resuelta.

Cuestión Pública contactó por correo electrónico y WhatsApp a Diego Osorio Ángel, fiscal encargado de acusar a los siete manifestantes de ‘La Y’. Al cierre de edición de esta nota no obtuvimos respuesta.

Según la Primera Línea Jurídica, equipo del que Trujillo y Soriano hacen parte, tras las manifestaciones del Paro Nacional se han presentado en el país más de 80 casos de ‘falsos positivos judiciales’ cuyas víctimas han sido manifestantes y otras personas vinculadas a la protesta social.

El proceso contra Christian Mallarino reposa, desde el 24 de julio, en el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Palmira, Valle. El joven brigadista lleva más de dos meses detenido en el Centro de Reclusión San Isidro de Popayán a la espera del fallo de segunda instancia que podría devolverle la libertad. Mientras tanto, su defensa se prepara para el juicio en el que será condenado o absuelto.