Derechos Humanos

Al menos 85 personas, entre comerciantes y cobradores gota gota reclutados por oficinas de cobro, siguen detenidos en las cárceles de ese país. Enfermos, golpeados, y sin contacto con sus abogados y familias, están atrapados en el colapsado sistema judicial salvadoreño.

Llegaron a El Salvador reclutados por oficinas de préstamos gota gota y se esfumaron dentro del sistema penitenciario tras ser capturados en el régimen de Nayib Bukele desde 2022. Hasta ahora ninguno ha sido condenado. El gobierno de ese país no los deporta.

Contra la orden de un juez, la Fiscalía salvadoreña mantiene en prisión a tres jóvenes capturados bajo el régimen de excepción impuesto por el gobierno de ese país. Se trataría de una maniobra de la justicia para respaldar las cifras de seguridad del presidente, que busca la reelección.

El periodista Pablo Navarrete presentó su libro sobre la masacre en el corregimiento de Ituango, Antioquia, durante el periodo como gobernador de Álvaro Uribe Vélez. Un relato en el que hablan víctimas y sobrevivientes, que se publicó en el mismo año en que el expresidente fue señalado por el exparamilitar Salvatore Mancuso —ante la JEP— como presunto partícipe de los hechos.

Por medio de un contrato con el Ejército para instruir en derechos humanos a uniformados, este abogado les dijo que con el acuerdo de paz las antiguas FARC no se convirtieron en un partido político, sino que siguen siendo un brazo armado. “Mientras unos están en el Congreso, otros están matando colombianos”, les enseñó este catedrático. Desde el partido Comunes (antes FARC) consideran que Vargas les puso una lápida en la espalda. Múltiples voces no comprenden cómo un excopartidario del paramilitar Ernesto Báez y de un neonazi instruye DDHH en el Ejército.

Cuestión Pública consultó a la periodista Claudia Julieta Duque sobre la actuación de la fuerza pública el pasado 19 de mayo, en Cali, cuando los habitantes del sector Calipso denunciaron por redes sociales que el almacén Éxito habría sido usado como un centro de tortura por parte de la Policía. Para la publicación de esta tribuna, su respuesta a este medio recibió un tratamiento de edición de estilo y se agregaron algunos datos de contexto.

Después de la lista de los bienes incendiados, afectados, averiados de la Policía Nacional en el que hace un recuento de esa noche de protestas furiosas, el equipo de Cuestión Pública partió a reconstruir los hechos de lo que pareció una masacre. Fuimos tras las voces de los testigos de la muerte de cinco de los fallecidos, incluido Javier Ordóñez. 

El pasado 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia determinó medida de aseguramiento para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La decisión está inmersa en el auto 52240, ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, que puedes leer y descargar aquí.