La Paz Total salvada por la campana
Hasta la fecha son 3 las mesas de diálogo formalmente instaladas que hacen parte de la ambiciosa propuesta con la que el mandatario aspira a que cesen los conflictos armados en el país.
(05/08/2023)
El jueves 3 de agosto comenzó el esperado Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal acordado entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tendrá un margen inicial de 180 días, lo que le dará un respiro al país hasta el 29 de enero del 2024. Dicho anuncio le cayó como anillo al dedo al presidente cuatro días antes de cerrar el primer año de gobierno.
El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda dijo para Cuestión Pública que este acuerdo “tiene implicaciones significativas para las comunidades”. Rueda destacó que “otro logro importante de este proceso es el acompañamiento internacional, con un grupo de apoyo, países garantes y acompañantes, que lo refuerza dentro y fuera del país”.
Más allá del reciente anuncio, que posibilitará la evolución del conflicto con ese grupo hasta el otro año, la apuesta de Gustavo Petro por la Paz Total tiene opiniones encontradas en las sumas y las restas al terminar el primer año de gobierno.
Para el Alto Comisionado Rueda, la Paz Total “es inédita y ambiciosa”. Algo en lo que está de acuerdo el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda: “es inaceptable plantear una política menos ambiciosa que esa”.
Es que la cola del conflicto armado es enorme en el país. Rueda señaló que cuando comenzó este gobierno heredaron “un país con, por lo menos, 6 conflictos armados internos —según el CICR—”, por lo que el gobierno espera en este mandato lograr “condiciones para un país con reducciones significativas de las violencias y condiciones básicas para la justicia social”.
En opinión del senador Cepeda, delegado del equipo del gobierno en la mesa de negociación con el ELN, dicha política ayudó, entre otras cosas, a disminuir la cifra de líderes sociales y firmantes de los acuerdos con las Farc asesinados, pero no ha frenado hechos como el desplazamiento forzado de reincorporados en el departamento del Meta.
En contraste con este avance, el informe trimestral de la ONU señaló este punto como preocupante. “Desde la firma del Acuerdo Final, 327 excombatientes han sido asesinados (incluidas 11 mujeres), 93 han sido víctimas de intentos de homicidio (incluidas 6 mujeres) y 27 han sido dados por desaparecidos (todos hombres). En el período sobre el que se informa hubo 11 asesinatos de excombatientes, incluido un feminicidio presuntamente cometido por la pareja de la excombatiente”.
Para la ONU, las medidas de protección para los reincorporados también va en aumento. “(…) las solicitudes de protección de emergencia han aumentado considerablemente (de 144 en 2021 a 150 en lo que va de año), lo que supone una presión adicional para la implementación oportuna de las medidas de protección ya aprobadas”.
“Necesitará un poco más de método, tanto jurídica como socialmente, alrededor de estas conversaciones”: Cristina Nicholls, referente a la Paz Total.
Cristina Nicholls, abogada especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, consideró que apuesta por La Paz Total si bien es ambiciosa, no ve este aspecto como una cualidad. Para ella la propuesta “necesitará un poco más de método, tanto jurídica como socialmente, alrededor de estas conversaciones”, es decir, le faltaría un poco “más de estructura”.
Para esta analista, un buen ejemplo de unas negociaciones de paz con estructura, son las que se realizaron entre el Gobierno Santos y las Farc, “fueron meticulosas y metódicas”, agregó la jurista. Aunque Nicholls reconoce que es una apuesta política del gobierno nacional que busca “pacificar los territorios, abriendo varios espacios de conversación con todos los actores armados, que tienen actividades criminales en el país”.
La opinión de Nicholls la compartió Juan Manuel Torres, de la Fundación Paz y Reconciliación, quien dijo que abarcar tanto con la Paz Total sí ha sido un error, “por generar muchas expectativas”.
Es que en el discurso del primer año el mandatario le apostó a negociaciones más ágiles con impactos inmediatos. Pero al llegar el 7 de agosto de 2023 tales propósitos resultaron fríos frente al fenómeno de la violencia en Colombia.
Uno de los ambiciosos anuncios del Gobierno Petro relacionado con el cumplimiento La Paz Total fue la anunciada compra de tres millones de hectáreas a los ganaderos por intermedio de Fedegan, comunicado en octubre de 2022.
Pero un informe de Valora Analitik de mayo de 2023, señaló que la Agencia Nacional de Tierras les informó que hasta el 5 de mayo, el número de predios ofrecido por Fedegan se desglosan así:
“El total de predios es de 1.133, equivalentes a 431.992 hectáreas de tierra repartidas en 245.142 polígonos de tierra. En el Caribe hay 444 predios, en Magdalena Medio 55 y en el resto del país, 634.”
Pero según José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán, ellos han entregado “más de 500.000 hectáreas que están a disposición de la ANT”. En todo caso, si ese fuese el ritmo anual no habría cómo llegar a los tres millones de hectáreas que anunció Petro.
ELN
Se trata de una negociación que se detuvo en el gobierno anterior de Iván Duque y se descongeló cuando arrancó el periodo del presidente Gustavo Petro. No obstante, con algunos tropiezos. Entre ellos, un falso anuncio igual a este del cese al fuego bilateral, el cual fue informado por el presidente Petro los primeros días de enero, en su cuenta de twitter y que fue desmentido por la misma organización guerrillera. Lo que trajo un gran papelón en su momento, además de desconfianza.
Esta es una de las negociaciones en la que el Gobierno ve el vaso medio lleno en el balance anual. El Comisionado Rueda hizo para Cuestión Pública su propio escáner.
“En unos pocos meses logramos reactivar una mesa de diálogos que estuvo suspendida durante el Gobierno pasado. El primer paso fue discutir, actualizar e institucionalizar la agenda de la Mesa de Diálogos, que quedó plasmada en el Acuerdo de México. Siguiente, las delegaciones de paz abordaron los temas de la participación y el cese al fuego bilateral, puntos que desembocaron los Acuerdos de Cuba. El último avance fue la concreción, por un lado, de la ruta para el diseño de la participación en el proceso de paz, que estará a cargo del Comité Nacional de Participación, y también de los protocolos para el Cese Bilateral Nacional y Temporal, y su respectivo Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que integra un elemento local de monitoreo inédito hasta el momento”.
Es que esta es, hasta ahora, la negociación más avanzada desde que el pasado 7 de agosto arrancó la política de la Paz Total del actual gobierno. A la fecha tiene una agenda de seis puntos, un cese de confrontaciones pactado, y un Comité Nacional de Participación de la sociedad civil. Lo que no es poco. Pero falta mucho trecho.
La Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la presencia y/o accionar del ELN a través de 148 alertas tempranas entre los años 2017 y 2022.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, el ELN hasta diciembre de 2022, hacía presencia en 212 municipios y 22 departamentos del país, entre ellos Norte de Santander, Arauca, Chocó y Cauca.
Para el Alto Comisionado de Paz del Gobierno de Gustavo Petro, el balance de los diálogos con el ELN es positivo porque la mesa con ese grupo “pasa por un buen momento” y avanza “para lograr una aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en protocolos que signifique protección a los derechos de los civiles, a la libre asociación, al libre movimiento, al libre pensamiento y asociación”. Así lo afirmó el funcionario, en respuesta a un cuestionario enviado por Cuestión Pública sobre este tema.
Por su parte, el senador Cepeda le aseguró a este medio que el proceso buscará “sellar acuerdos sobre los tres primeros puntos de la mesa”, es decir: 1) La participación de la sociedad en la construcción de la paz, 2) Democracia para la paz y 3) Transformaciones para la paz”.
Para otras voces críticas como la de Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, “se ha hecho evidente que este gobierno no parece tener un plan complejo o específico para el ELN”. Para Guzmán, “obedece a un afán del gobierno por mostrar resultados, ligado a un interés político electoral, y el ELN no tiene ni los mismos tiempos ni las mismas presiones” que tiene el Ejecutivo. Guzmán añadió que la torpeza política del Ejército de Liberación Nacional [ELN], evidenciada en un ataque o atentado a la fuerza pública en un momento difícil de la negociación, podría ser un traspiés al éxito del cese bilateral al fuego.
De todas formas, este no fue un semestre fácil. En plenas negociaciones para el cese bilateral del fuego, el ELN activó una carga explosiva el 26 de mayo en Tibú (Norte de Santander) en el que murieron dos policías, en marzo de este año ese mismo grupo asesinó a 9 soldados en El Carmen, en ese mismo departamento.
En Buenaventura navega la esperanza
Este es el segundo proceso de negociación que el gobierno reconoce formalmente instalado.
Para Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en el principal puerto marítimo del país hay tres conflictos armados y por lo tanto sí se podría condensar de forma territorial la denominada Paz Total, esto porque para Torres en Buenaventura están “todos los tipos de negociación y todos los actores”.
Estos son:
- Entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN.
- Entre la columna Jaime Martínez (Estado Mayor Central-Farc), y la Segunda Marquetalia aliada con el ELN.
- Entre Shottas y Espartanos.
Según este analista, en Buenaventura se necesita fortalecer este laboratorio con una especie de alto comisionado regional, para poder abarcar todos esos frentes armados en ese distrito especial.
Si bien hubo acuerdos entre las bandas criminales que se disputan los territorios, y estos pactos han disminuido los homicidios, no hay que olvidar que el pasado 6 de julio el ministro de la Defensa Iván Velásquez en su visita a Buenaventura fue claro en afirmar que “Los pactos entre bandas son pactos entre bandas, la fuerza pública no hace pactos con grupos criminales”.
Lo que generó clima de controversia en la opinión, porque el propio gobierno sostiene otra cosa. De hecho, le preguntamos al Alto Comisionado por el tema y confirmó la búsqueda de la paz con grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo: “actualmente seguimos en una fase de acercamiento y construcción de confianza con las AGC”. Y si hay búsqueda de acuerdos con grupos criminales, ¿por qué no pensar en acuerdos que fortalezcan el tejido social en Buenaventura?
Bandas criminales de Medellín
Este es el tercer proceso de negociación formalmente instalado, según el gobierno.
Un informe de El País, fechado el 2 de junio de este año, reportó que el Alto Comisionado de Paz instaló ese viernes la mesa de diálogo socio jurídico con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
Este proceso de diálogo involucraría, según cifras oficiales, a unas 14 mil personas pertenecientes a 400 bandas criminales de la capital antioqueña, y donde solo se tratarán temas de desarme, desmovilización y reincorporación, pues el marco jurídico de esta mesa de negociación, según algunos de los líderes de estos grupos armados aún no existe.
“El proceso de diálogo con el EMC-FARC hoy llega a un punto clave, en el que se establecerá lo que hemos denominado una “pre-mesa”, que tiene la función de acotar los temas de una eventual agenda para la mesa de conversaciones”: Danilo Rueda
Estado Mayor Central-FARC
Frente a este intento de solución política negociada, el Alto Comisionado Danilo Rueda, le dijo a Cuestión Pública que “El proceso de diálogo con el Estado Mayor de las disidencias de las FARC hoy llega a un punto clave, en el que se establecerá lo que hemos denominado una “pre-mesa”, que tiene la función de acotar los temas de una eventual agenda para la mesa de conversaciones de paz con ese grupo”.
El pasado 9 de julio varios medios de comunicación informaron del acuerdo para instalar la mesa de diálogo entre el gobierno y esta organización al margen de la ley, integrada por nuevos hombres y mujeres en armas, todos disidentes del proceso de paz de La Habana. El jefe de la delegación del Gobierno Petro en este proceso será Camilo González Posso, antiguo director de Indepaz.
Con este grupo emergente se decretó un Cese al Fuego Bilateral y Temporal, de carácter nacional, desde el 1 de enero de 2023 al 21 de mayo, fecha en la que el gobierno terminó de manera unilateral lo pactado a raíz del asesinato de cuatro menores de edad en el Putumayo.
Este proceso “tiene muchos logros que el país no necesariamente conoce, como varias gestiones humanitarias, por ejemplo, que han salvado la vida de firmantes de paz de las antiguas FARC y líderes sociales”.
AGC
Con las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, Rueda le dijo a Cuestión Pública que el gobierno persiste en los acercamientos y que este proceso “tiene muchos logros que el país no necesariamente conoce, como varias gestiones humanitarias, por ejemplo, que han salvado la vida de firmantes de paz de las antiguas FARC y líderes sociales”.
Como ya se contó, el Alto Comisionado confirmó que están “en una fase de acercamiento y construcción de confianza con las AGC”. Pero hasta ahora nada concreto.
¿Qué es la Paz Total?
Es una de las leyes vertebrales del Gobierno de Gustavo Petro. El 4 de noviembre de 2022 el presidente sancionó la modificación y prórroga de la Ley 418 de la Paz Total, la cual, según el gobierno “define la política de Estado, preservando y garantizando la seguridad humana, a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia”.
Esa normativa le otorga facultades al Presidente, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno, para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales del país.
Según el Gobierno Petro, esta ley permitiría:
- Establecer regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales.
- Gestar Regiones de Paz con comisionados en sitios específicos de Colombia, que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar.
- Cumplir con los acuerdos de paz con las Farc, firmados en el Teatro Colón de Bogotá, firmados el 24 de noviembre de 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos.
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Asuntos pendientes: Según Caracol Radio, el próximo 22 de agosto, la sala plena de la Corte Constitucional programó la audiencia para estudiar las demandas que todavía no se han examinado en contra de la Ley de Paz Total. Fue la procuradora Margarita Cabello quien le solicitó al alto tribunal tumbar esta iniciativa, por considerarla inconstitucional.
Escritura y reportería: José Marulanda Vélez
Fact check: Sergio Retavisca
Edición: Diana Salinas y Hugo Mario Cárdenas
Edición Legal: Camilo Vallejo Giraldo
Audiencias: Laura Sofía Polanco y Natalia Gómez
Diseño: Juan Felipe Ramírez Claro
Webmaster: Paola Téllez
