El pasado 21 de abril, Noticias Caracol divulgó una noticia errada en plena emisión del mediodía. En un principio, en lo que pareció ser un falso directo (una nota pregrabada que se hace pasar como si fuera en vivo), se dijo que el venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal había declarado en España que el régimen de Venezuela financió en algún momento a Gustavo Petro. A los minutos, después de recibir la aclaración de los abogados del candidato, el noticiero debió rectificar porque la noticia no era cierta. No había ocurrido ninguna audiencia ni ninguna declaración.

Es un momento electoral crispado y vuelve a vigilarse el trabajo imparcial de los medios de comunicación. Por eso, este termina siendo un hecho que debe llevarnos a pensar urgente cuál es el lugar y la respuesta de los errores y abusos al informar. 

Me recuerda a un chiste interno que suelen hacer los previsores de riesgos: “Viaje por nuestra aerolínea porque solo se nos cae 1 de cada 100 aviones”. ¿Viajarían por esa aerolínea? Puede que el chiste no cause risa, por viejo, por interno, por flojo, pero muestra muy claro lo absurdo que suenan ciertos oficios cuando se dan el lujo de tener márgenes de error. ¿Puede una aerolínea estar orgullosa porque se le cae solo un avión? Seguro no. Un avión caído ya es tragedia. Esto pone en evidencia que algunas actividades deben buscar dejar sus errores en cero, al menos como ideal, como hoja de ruta, así se sepa que tarde que temprano los errores no perdonan con su golpe de realidad. 

Es muy posible que en ese grupo de oficios se encuentre el periodismo. Como sus errores pueden causar daños graves, su actuar debe impulsarse desde parámetros que no admitan fácil el error y que faciliten reacciones responsables cuando aparezcan. No vamos a mentir. Así como los aviones se caen, los medios de comunicación son falibles. Nunca están exentos del error y pretender estarlo sería la primera mentira de quienes debemos mantenernos cerca a la verdad.

Ahora bien, también sería exagerado obligar al periodismo a que sea perfecto. Exigir que el periodismo no pueda tener nunca errores es exigir lo imposible. Castigar con severidad desproporcionada cualquiera de sus negligencias, llevaría a que la salida más fácil sea una: no hacer más periodismo. Ante la amenaza de cárcel por un error periodístico, o ante una sanción económica millonaria, los periodistas tendrían un incentivo bastante alto en dejar de investigar y publicar. ¿Para qué arriesgarse? Mejor dedicarse a otra cosa. Y al final tendríamos una sociedad sin daños generados por el mal periodismo, pero solo en razón de que no quedaría periodismo. El mundo ideal de quienes más detestan el escrutinio y la crítica: los políticos.

Por eso mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza el uso del derecho penal o de las sanciones económicas desproporcionadas como forma de responsabilizar a los periodistas que se equivocan (Se puede ver, por ejemplo, en la reciente sentencia del caso Palacio Urrutia y otros vs. Ecuador). También por eso organizaciones como El Veinte estuvieron promoviendo un proyecto de ley anti acoso judicial (Anti-SLAP, por sus siglas en inglés), de tal forma que los errores del periodismo se resolvieran sin acudir a las sanciones desproporcionadas. Proyecto que terminó engavetado.

Por Constitución, la vía ideal para resolver los errores al informar es la rectificación. No es fortuito que sea la solución que está explícita en el mismo artículo 20 que trata la libertad de expresión, después de hablarnos de la responsabilidad de los medios. La rectificación es proporcional, permite seguir haciendo más periodismo después del error y repara lo que al final debe ser más reparado: la información correcta para las audiencias.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha dicho que esta rectificación tiene unas reglas. Entre ellas, rectificar con el mismo despliegue que tuvo el error, ofrecer explicaciones para que la audiencia tenga claridad de lo ocurrido y ofrecer excusas públicas. 

Al principio, Caracol Noticias hizo solo la rectificación. Durante horas surgieron críticas válidas por su falta de explicación del error. Solo hasta un día después, el director del noticiero ofreció una versión más desarrollada de lo sucedido. Creería uno que cumplió con su responsabilidad de corregir, pero de manera bastante atropellada y criticable.

Mientras la rectificación recompone los derechos de los afectados, al volver las cosas a su lugar, las explicaciones y disculpas públicas cumplen una medida reparación diferente. Una que permite que las audiencias tengan derecho a saber las razones que afectaron su derecho a informarse. En un enfoque de derechos, es muy similar a lo que entendemos por el derecho a la verdad. Por eso ningún medio que cometa un error debe olvidar explicar.

Ahora bien, por esa vía de reparación nos queda pendiente algo: ¿Cómo garantizamos que no se repita? Esta parece ser una de las preguntas que son excusa para que la pelota pase realmente a los medios de comunicación, a las facultades de periodismo y a los periodistas. Una autorregulación con un ideal de no permitir ningún error.

En ese espacio deberíamos entrar a revisar con sinceridad cómo están las filtros de edición periodística, edición legal y fact-checking. Cómo están los métodos de trabajo con corresponsales y colaboradores. Cómo están las barreras entre los intereses comerciales e informativos de los medios privados. Cómo están las medidas para cerrarle el paso a discursos misóginos, xenófobos o racistas. Cómo están los protocolos de reacción ante las audiencias cuando nos equivocamos. Cómo están las sanciones disciplinarias internas a los responsables periodísticos. Ojalá lo hiciéramos juntos, evaluándonos entre pares, así tengamos que dejar a un lado lo que nos separa como sector mediático; contándonos las buenas experiencias, así tengamos que dejar a un lado la competencia.

De lo contrario, es posible que, rectificación tras rectificación, profundicemos esa idea de que los medios no nos hacemos mejores con los errores sino que solo nos tapamos con la misma cobija.