Los casos de matoneo escolar entran y salen de la agenda de los medios de comunicación. Es de esas realidades constantes, que trascienden tiempos y generaciones, pero que solo de vez en vez se asoman en la agenda de noticias. Cuando el escándalo invita o cuando alguien vuelve a hablar y rompe las cadenas de silencio.

No son pocas las veces que se analiza el matoneo desde cómo lo cubren los medios. ¿Si le dan el suficiente despliegue? ¿Qué lenguaje usan? ¿Cómo protegen los derechos de las niñas y los niños implicados? Pero los casos que conocimos esta semana nos han llevado a girar el enfoque para atender a la transparencia que tienen que asumir los colegios ante estas situaciones. Por haber menores de por medio, ¿toda la información debe permanecer reservada? ¿Cómo damos una discusión pública a un tema que compete a los distintos entornos de familia, colegio y sociedad, si no contamos con la información de interés a la mano?

Conocimos el caso de matoneo en el colegio Granadino de Manizales. Este dejó ver que no existe en los colegios privados una actitud favorable a cierto nivel de escrutinio. En su lugar, muestran un afán por impedir cualquier acceso a la información, por disuadir la circulación de publicaciones y por extender los derechos de los y las menores hasta el punto de reservar cualquier tipo de dato que sí es de interés para la comunidad.

En su primer comunicado, el colegio Granadino hizo referencia a la información que comenzó a circular. “Hacemos un llamado a la mesura y a la prudencia frente al manejo mediático”. Aunque no entregaba detalles, advertía que algunas publicaciones no eran veraces o estaban vulnerando derechos de los menores. Ya un grupo de padres y madres del colegio venían reclamando en un comunicado propio. En este decían: “Los comunicados recibidos a la fecha son ambiguos y generan confusión, siendo nuestra percepción que prevalece el interés de salvaguardar la imagen de la institución sobre el bien común”.

Un segundo comunicado del colegio, de este viernes 6 de mayo, dejó ver ya una explicación sobre por qué no entregar más detalles. Dijeron que su actuar (quizás con su información ambigua y confusa, en palabras de los padres y madres) se basa en la protección de la integridad de su comunidad estudiantil. Hicieron la salvedad de que este tipo de casos tienen normas que garantizan los derechos de los involucrados, dando a entender que la reserva se encuentra justificada. También advirtieron que su colaboración se ha hecho solo con las autoridades competentes.

Esto parte de una premisa cierta y muy fuerte. Que existen unos derechos de los menores implicados en los hechos, que incluso deben garantizar de manera más estricta que a cualquier otra persona adulta. Así lo dice el artículo 44 de la Constitución: los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Sin embargo, el colegio no puede renunciar a hacer un análisis con el que pueda concluir que hay asuntos que sí deben ser conocidos por los distintos niveles de familias, colegio y sociedad. Los derechos de los menores pueden ser protegidos con una divulgación de información cuidadosa y detallada de aquello que no los pone en riesgo. No hacerlo, sería invocar de manera abusiva los derechos de los niños y niñas para un fin distinto a su protección.

Alguna pista puede estar en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014. Para empezar, deja claro que un colegio privado también está obligado a entregar información en la medida en que está prestando un servicio público de educación. También muestra cómo, cuando hay reserva, se deben construir documentos con la información parcial que sí es divulgable.

Finalmente, la ley ayuda a ver que cuando se niega una información por una causal de reserva, la institución debe tener claro si existe una ley que admita esa reserva y en qué terminos lo hace. También explicar muy bien cómo se busca proteger los derechos de los y las menores con esa decisión de no divulgar. Y, más importante, exponer las razones por las cuales al entregar esa información se causaría un daño presente, probable y específico; en otras palabras, se requiere una razón más profunda al solo hecho de asumir que el daño es general y abstracto.

Dar información detallada sobre la ruta activada en términos del manual de convivencia. Dar datos sobre el estado del proceso sancionatorio no solo de los menores sino de profesores o directivos implicados. Transparentar los mecanismos para gestionar posibles conflictos de interés en las instancias de decisión. Informar sobre los planes de prevención que se han tenido y sobre el cumplimiento al Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Son elementos, por decir algunos, que son susceptibles de ser informados sin dañar derechos de los niños y niñas.

Unos días antes de este caso en Manizales, Mariajosé Quiceno, madre de un estudiante que sufrió matoneo en el colegio Helvetia de Bogotá, escribió su testimonio en Los Danieles. “Padres, colegios y autoridades deberían elevar esta discusión a la agenda nacional. Solo quien lo vive, o mejor dicho quien lo sufre, sabe que las rutas de protección en los colegios no funcionan, que los padres no contamos con las herramientas para identificar a tiempo si nuestro hijo está siendo acosado y que incluso la ley es difusa”.

Acierta en que el matoneo debe trascender de lo privado a lo público para encontrarle respuesta. Hace pensar en cómo las luchas de género lograron romper los muros domésticos cuando hicieron entender que la violencia intrafamiliar no eran solo trapos sucios para lavar en casa. Ahora bien, que el matoneo se convierta en una conversación de agenda nacional exige que los colegios vayan encontrando vías para que, aún protegiendo los derechos de los y las estudiantes, rompan en parte sus pactos de privacidad. Porque no hay conversación posible sin información.