El gobierno Duque y el Congreso hicieron el daño definitivo a cualquier discusión sobre la reforma de la Ley de Garantías, Ley 996 de 2005. Si hace años existían críticas y propuestas para que las garantías electorales afectaran lo menos posible el funcionamiento del Estado, a esa discusión se le dio un portazo. Se zanjó el punto a la brava, de la peor manera, en el afán del partido de gobierno por entrar en carrera por esta presidencia y no en la pausa de pensar lo más conveniente para el país.

La Ley 2159 de 2021 (de presupuesto) introdujo una modificación al artículo 38 de la Ley de Garantías, con el impulso y la venia del gobierno. Con ella permitió celebrar convenios interadministrativos con gobiernos regionales durante el tiempo de esta campaña. Todo bajo el argumento de estar promoviendo la reactivación económica.

Para organizaciones como Transparencia por Colombia y la MOE esta modificación fue un error porque incrementó los riesgos de desvío de recursos públicos hacia fines electorales. Partían de un argumento claro. Que este tipo de convenios entre gobierno nacional y territoriales implican una discrecionalidad bastante alta, casi por fuera de los estándares y controles normales de la contratación pública. Y puesta en un entorno de politización termina por ser una puerta por la que pasa el dinero estatal hacia las campañas.

Este caso de convenios interadministrativos, discrecionalidad y recursos públicos hacia las campañas se puede ver en un caso. En cómo el Ministerio del Interior irrigó, durante estas elecciones, recursos del programa “Sacúdete al Parque” a diferentes municipios.

En Secop se encuentra, por ejemplo, que entre el 29 de enero y el 5 de mayo (día en el que la Corte Constitucional tumbó esta modificación), el Ministerio del Interior fue de las entidades nacionales que más convenios firmó con gobernaciones y municipios. De 16 contratos con estos actores regional, durante este periodo, 15 se hicieron con base en el programa “Sacúdete al parque”. Un total de 18.193 millones de pesos en convenios.

“Sacúdete al Parque”, pensado como estrategia de convivencia, es un programa que estuvo en el escándalo de corrupción que salpicó a un congresista en plena campaña, el caldense liberal Mario Castaño Pérez. Según la Fiscalía, este es la cabeza de una red de corrupción denominada Las Marionetas. En medio de las audiencias contra los implicados, se dijo que era un programa que facilitó el tráfico de convenios y devolución de favores con alcaldías, lo cual habría permitido el desvío de recursos hacia el grupo político del senador.

“No se afane, que eso no entra en Ley de Garantías”, se oye decir en uno de los audios interceptados a la hoy imputada Lorena Cañón. Sin pertenecer al Ministerio pero sí a la red de Las Marionetas, ella tranquilizaba a un alcalde liberal, Andrés Aristazábal, del municipio de Villamaría (Caldas). Un hecho que muestra que la decisión de remover el impedimento legal de hacer convenios en campaña tiende a ser favorable para una red corrupta como esta.

«El Grupo entrega a usted las siguientes sumas de dinero, o al menos le reporta los siguientes dividendos: (…) Por cada proyecto de Sacúdete al Parque, $100 millones». Así le dijo el fiscal a uno de los imputados durante la audiencia a los 9 implicados en la red Las Marionetas. Una afirmación que muestra que este sistema de convenios interadministrativos, en momento electoral, parece bastante frágil frente a la posible desviación de recursos hacia intereses indebidos de los partidos.

La Corte Constitucional tumbó este ataque contra la Ley de Garantías por dos razones de forma. Primero, que al ser un asunto electoral debía aprobarse como ley estatutaria y no se hizo. Segundo, que vulneró la unidad de materia porque fue introducida dentro de una reforma presupuestal. Ambas eran evidentes, lo que desde el principio mostró que el gobierno y el Congreso sabían a lo que jugaban y apostaron por el tiempo que tendrían de ventana mientras se las tumbaban.

Sin embargo, el máximo tribunal resaltó que estas violaciones de forma tenían un agravante de fondo: “la violación de la reserva de la ley estatutaria recayó en este caso sobre una medida que tiene por objeto garantizar la transparencia y el equilibrio electoral, esto es, la igualdad de todos los(as) candidatos(as) y organizaciones políticas, así como la libertad de quienes eligen, en un momento crucial para la democracia representativa”. Sumó que la reactivación económica y la generación de empleo no pueden pretenderse con la violación de principios básico del Estado Social de Derecho. 

Esto resalta que cualquier cambio a la Ley de Garantías debe ser fruto de un análisis más profundo y equilibrado. No solo la reivindicación de banderas económicas efectistas.

Hace unos años, algunos gremios y organizaciones estuvieron abiertos a pensar una revisión de la Ley de Garantías. Pensando en que después de más de 15 años de aplicación, se han recogido visiones que permiten pensar un equilibrio electoral que no afectara en desproporción algunos servicios básicos del Estado.

Incluso en 2019, Transparencia por Colombia escribía: “El debate sobre cómo generar mayor fluidez, transparencia y garantía en los recursos de la gestión pública a nivel nacional y local es bienvenido, pero no a costa de eliminar unas garantías y controles que tenemos sobre el financiamiento de campañas y protección de recursos públicos para actividades políticas”. 

Esa posibilidad ya no se ve tan clara en este 2022, después de la jugadita del gobierno Duque. Ya no genera confianza ninguna discusión de cambio en las garantías electorales, pues muestra que estamos conversando con partidos más interesados en los “Sacúdete al Parque” y en Las Marionetas.