Iván Duque

El llamamiento a juicio de nueve personas de una importante familia del pacífico colombiano —incluidos políticos, exfuncionarios públicos, periodistas y empresarios portuarios— pone al descubierto un presunto lavado de dinero a través de la compra y venta de acciones en uno de los principales puertos de comercio exterior de Colombia.

En 2019, el gobierno colombiano de Iván Duque lanzó la operación Artemisa. Buscaba detener la deforestación, pero apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública. Pese a que Artemisa costó más de 3400 millones de pesos (700 000 dólares) a Colombia, la deforestación no paró de crecer: de 158 894 hectáreas deforestadas en Colombia en 2019, se pasó a 174 103 en 2021. Duque también prometió recuperar la selva en los lugares de la operación, pero hasta el momento no hay tareas de restauración del bosque en esos sitios, según le confirmó Parques Nacionales a esta alianza.

El 28 de julio de 2022, 11 días antes de que Iván Duque dejara la presidencia, Beatriz Josefina Niño, subdirectora de Procesos Agrarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en un auto inusual decidió no resolver del todo el proceso de recuperación del predio El Laguito 2. El bien venía siendo ocupado por Agropecuaria El Ubérrimo, sociedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe. Cuestión Pública pone a disposición el auto.

El pasado 8 de agosto de 2022, a un día de su posesión, el gobierno de Gustavo Petro presentó una nueva reforma tributaria, con la que espera recaudar $25,9 billones. Aunque en redes sociales se hizo viral que la reforma era muy parecida a la presentada un año atrás por el gobierno Duque, la cual desencadenó en protestas durante varios meses y eventualmente la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, Cuestión Pública analizó ambos documentos y encontró que existen puntos en común pero son más las diferencias.

Ahora que recién termina el gobierno Duque, señalado de cooptar las ías, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio hallaron que la Procuraduría ha firmado convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que han servido para realizar contratos con la exviceprocuradora de Alejandro Ordóñez, a un exmagistrado del Consejo de Estado y a la empresa Du Brands.

Cuestión Pública tuvo acceso a nuevos apartes de la conversación revelada por Cambio donde María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, le dijo a un defensor de derechos humanos al servicio del personal militar que “Duque es un mamerto”. En esa misma charla se va lanza en ristre contra el actual comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, insulta a integrantes de su partido y agrega nuevos calificativos contra el presidente Iván Duque y su gobierno. La charla ocurrió el 10 de noviembre de 2021.

Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, organización que integra la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, analiza en entrevista el largo y espinoso camino que ha recorrido el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo en Colombia, debido a la oposición del Centro Democrático y otros partidos adscritos al Gobierno.

El gobierno Duque y el Congreso hicieron el daño definitivo a cualquier discusión sobre la reforma de la Ley de Garantías, Ley 996 de 2005. Si hace años existían críticas y propuestas para que las garantías electorales afectaran lo menos posible el funcionamiento del Estado, a esa discusión se le dio un portazo. Se zanjó el punto a la brava, de la peor manera, en el afán del partido de gobierno por entrar en carrera por esta presidencia y no en la pausa de pensar lo más conveniente para el país.

En 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) concedió a la filial colombiana de Gran Tierra Energy una licencia para buscar petróleo en Villagarzón, Putumayo. El Ministerio del Interior negó la presencia de comunidades indígenas hasta 2021, cuando reconoció la necesidad de consulta previa de un resguardo inga. Pero la alianza Cuestión Pública - Mongabay Latam encontró que el proyecto se realizaría en las entrañas de al menos seis resguardos más de este pueblo, ignorados en el proceso. Tras 10 años de inquebrantable resistencia en el país, los inga están a punto de escalar su caso a la Corte Interamericana de DD.HH.

El actual presidente del Senado tuvo en sus manos el gestionar la aprobación del acuerdo ambiental internacional que daba dientes para el acceso a la información, participación ciudadana y protección de líderes ambientales en Colombia. En su lugar, Juan Diego Gómez por acción u omisión facilitó que se hundiera su trámite en el Congreso. Meses atrás su esposa había sido designada, por el presidente Duque, como notaria interina de Apartadó, Antioquia.