Negocios, corridos y coca

Jota y Wylton crearon la empresa de eventos musicales JW Producciones, con $300 millones, casi dos meses después de la captura de Rodri. Como Camilo Madrigal, de la película Encanto, cuyo don mágico era cambiar de aspecto en cualquier momento, Wylton asumió la forma de empresario musical. El 11 de octubre de 2021 quedaron registrados como socios fundadores junto a Richard Armando Reyes Escobar ante la Cámara de Comercio de Ipiales. Este municipio nariñense está ubicado a solo cuatro kilómetros de la frontera con Ecuador y a casi siete kilómetros por carretera del vecino Pupiales, donde está el fortín electoral de su primo*.

Un año antes de aquel trámite, el entonces presidente Iván Duque anunció que el Ejército había destruido un megalaboratorio en la vereda Trazaval, en Samaniego, Nariño, que producía cinco toneladas de cocaína al mes y financiaba la compañía Jaime Toño Obando, de la guerrilla del ELN. El complejo fue avaluado en 7000 millones de pesos, según el mismo Ejército. La Fiscalía, que venía siguiendo a la organización de Jota en paralelo a esa operación, encontró que el lugar le pertenecía a Richard Reyes, conocido como el Gordo, a quien, de acuerdo con las interceptaciones de la misma entidad, lo ubicaría en esa misma zona. Para las autoridades colombianas, Reyes está identificado como el dueño de los laboratorios de cocaína de la estructura criminal en la zona rural de ese municipio, ubicado a dos horas de Ipiales, vía terrestre.

Consultado por este medio, Wylton Belalcázar reconoció su cercanía con Reyes: «Al señor Richard Reyes lo conocí en razón a que conformamos una empresa dedicada al cultivo y exportación de aguacate HAS […] esta es nuestra relación de manera exclusiva, de carácter eminentemente comercial [sic]». 

Samaniego, Pupiales e Ipiales conforman, junto a otros diecisiete municipios, incluido Tumaco, el famoso corredor del sur de Nariño en la hacienda Colombia. Por esta ruta se trafican drogas, armas y personas, con la frecuencia con la que transitan los vehículos por la vía Panamericana, como lo ha consignado la Comisión de la Verdad. En esta estratégica geografía, con salida al océano Pacífico, coexisten diversos grupos armados, participantes de lo que parece un reality show que, al cabo de un tiempo, acaban conociéndose y malviviendo: ELN, disidencias de las extintas FARC, reductos del paramilitarismo y carteles locales y extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.

La investigación preliminar de la Fiscalía halló que la estructura de Jota controla la cadena de producción y logística, que va desde la elaboración de la cocaína hasta la maquilación, el transporte y el pago de insumos e impuestos al ELN. Así lo identificaron los investigadores, mediante interceptaciones a integrantes de ese grupo, a las que tuvo acceso Cuestión Pública.

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· Extracto de una conversación entre Wylton y Rodrigo

11 de junio de 2021
10:00 a. m.

[Rodrigo]: aló…
[Wylton]: quiubo, mijo, cómo me le ha ido, qué ha hecho. Hágame un favor: qué sabores de los otros refrescos [marquillas de cocaína] que tiene.
[Rodrigo]: a ver, según tengo de varios [marquilla].
[Wylton]: no, de los que le llevaron en los Turbos.
[Rodrigo]: ah, esos son «Felinos» [marquilla].
[Wylton]: tigres colorados, ¿no?
[Rodrigo]: sí.
[Wylton]: cuántos son…
[Rodrigo]: los rojos son trescientos setenta y nueve (379).
[Wylton]: ya que le iba a decir quinientos sesenta y seis virus.
[Rodrigo]: sí, 566 virus… [sic].

Síntesis de la comunicación: Wylton y Rodrigo hablan de las marquillas de la cocaína, donde hablan de felinos y covid (virus)... [sic].

Fuente: interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación.
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En el esquema de la organización criminal que diseñó la Fiscalía, Euler Rolando Belalcázar figura como el encargado de la logística. Sin embargo, le dijo a Cuestión Pública que es agricultor y ganadero: «[…] no tengo ningún tipo de antecedente penal ni contravencional, no tengo alias […] no pertenezco a ninguna organización delincuencial relacionada con cocaína».

Según la Fiscalía, otros integrantes son Jairo Luis Cepeda Jurado, a quien la entidad ubica como el que transporta alijos de cocaína producidos en los laboratorios clandestinos de la organización. Él «fue mi compañero de trabajo en el Banco Agrario», le respondió Belalcázar a este medio, y Rosa Helena Lucero, de quien dijo: «Es mi paisana y nos conocemos desde la niñez; nuestra relación es de amistad». Pero ella es señalada por la Fiscalía de llevar la contabilidad de la estructura y de comprar los tiquetes aéreos para Jota y Wylton.

La Fiscalía también ha rastreado sus encuentros con socios extranjeros para comerciar narcóticos: Wylton es «con quien [alias Jota] viaja constantemente a reuniones al puerto de Guayaquil [principal puerto de Ecuador], Panamá, República Dominicana […] y Cartagena, Barranquilla y Cali, donde se reúnen con enlaces internacionales de otras organizaciones de drogas con la fachada de ser empresarios».

«Los viajes se han realizado por motivos laborales relacionados con la actividad comercial de JW Producciones SAS para la cotización y contratación de los artistas», le explicó Belalcázar a este medio.

Dos años después de creada esta empresa musical, Jota se convirtió en el único accionista de la estación de servicio Servicentro Avenida, en Ipiales. Entre 2022 y 2023, ambas celebraron cuatro contratos públicos por un total de $601 millones. Desde el pasado junio, la bomba abastece de combustible al Terminal de Transportes de Ipiales. La gasolina es, además, un ingrediente clave en la primera fase de producción de la cocaína: por cada kilo de pasta de coca se necesitan unos 284 litros del líquido.

El gerente de la terminal que firmó ese contrato con Jota es John Eduardo Rosero Cabrera, imputado en agosto de 2020 por la Fiscalía, por tráfico de migrantes y concierto para delinquir como integrante de otra organización criminal. Pero en la contrastación, Rosero le dijo a Cuestión Pública que «la última actuación dentro del proceso fue elevar la solicitud de preclusión», después de aportar pruebas a las autoridades.

Agregó que no conoce a John Rodríguez: «Toda la comunicación entablada para la suscripción del contrato se realizó mediante correo electrónico» con dicha empresa, «por ser una de las estaciones aledañas a la terminal», luego de que el anterior proveedor se retirara, dijo el gerente. «Por otra parte, aportaron certificados de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios, tanto del representante legal como de la empresa, los cuales fueron verificados sin que se encontrara ninguna irregularidad», afirmó.

Con JW Producciones también maquinaron un negocio redondo: la compañía, que organiza conciertos, tiene en su baraja a reconocidos cantantes de música popular como Paola Jara y Jhonny Rivera. Para emular los populares corridos mexicanos, Rivera le dedicó uno a su amigo Johnn Rodríguez Ayala y exaltó su gusto por los caballos, su origen humilde y sus «triunfos», coronados junto a su primo Wylton Belalcázar, quien sostuvo ante este medio que el artista grabó esa canción «en un gesto de gratitud».

Además, esta última empresa fue contratada por la Alcaldía de Leyva, Nariño, en la edición 2023 del Carnaval de Negros y Blancos. Su alcalde, Hermes Sánchez, le contestó a Cuestión Pública que, una vez evaluado el sector, se verificó «la idoneidad» de JW Producciones, ya que «cuenta con un largo trayecto en el departamento relacionado con show en vivo», aunque fue creada en 2021. Agregó que se cumplió con la verificación de antecedentes de rigor y que «no es mi deber indagar la vida personal y privada de los contratistas, especialmente cuando son hechos que a la luz pública se desconocen». La empresa también prestó servicios artísticos en la Alcaldía de Iles, Nariño, el año pasado.

Y me pregunto qué será lo que tú tienes

«Hagamos las cosas bien»: es el eslogan de Wylton Belalcázar para los comicios regionales de 2023. En sus eventos de campaña se presentan desfiles y espectáculos, como muestra el candidato en redes sociales. Esto lo corroboraron dos fuentes del mundo político de la región que, por motivos de seguridad, se mantienen bajo reserva. Prueba de los recursos que está inyectando a su candidatura se ve en los carteles publicitarios que cuelgan en cada esquina de Pupiales. Una fórmula ganadora para un candidato que, además de una aparente chequera en blanco, tiene la maquinaria tradicional de su lado.

Auspiciado por Jota y su empresa Arrayanes Group, Wylton abonó el camino de su imagen en diciembre de 2021, con la entrega de regalos a niños en Ipiales. Mediante conciertos organizados por JW Producciones ha conquistado a políticos locales, tal y como Mario Guzmán, de Encanto, lo hizo con la familia Madrigal. En enero de 2022 llevó al cantante dominicano Sergio Vargas a Ipiales, con invitación del alcalde Luis Fernando Villota.

«Es una pelea de tigre con burro amarrado», sentenció otra fuente, que pidió ser citada bajo reserva por seguridad. La batalla electoral en Nariño es violenta, desigual y arrecia a puertas de las elecciones. El pasado 6 de agosto fue asesinado uno de los escoltas de Amílkar Pantoja, candidato a la Alcaldía de Ipiales. «Es una competencia desleal, no solamente por los orígenes del dinero […] a nosotros nos rompen los afiches, a mí me robaron en la sede, pero todos estos sucesos buscan alejarlos del tema político [como si no tuvieran nada que ver con las elecciones]», le dijo Pantoja a Cuestión Pública.

Consultados por este medio el pasado 29 y 30 de agosto, ni el personero de Ipiales, José Manuel Revelo, ni su homólogo en Pupiales, Jairo Efraín Cepeda, habían sido notificados sobre hechos de violencia electoral. «Se vive prácticamente en paz; no hemos recibido denuncias que puedan alterar el funcionamiento de la elección», dijo el último. Sin embargo, un informe de la Misión de Observación Electoral, publicado el 27 de junio de 2023, mostró que el período preelectoral de este año ha sido el más violento en la historia reciente, «siendo Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca los territorios más afectados».

Este medio corroboró con fuentes en el departamento que quienes le abrieron las puertas del Partido Conservador a Belalcázar fueron el representante Juan Daniel Peñuela Calvache y la excongresista Myriam Paredes. Ambos le dijeron a este medio que desconocen información que lo vincule con el crimen organizado. En lo que difieren es en el tiempo en que llevan tratándolo.

«Lo conozco de vista y trato desde hace más de veinte años […]. Ha demostrado ser una persona honesta, sencilla, trabajadora, solidaria, responsable y respetuosa de los demás […] los avales son la expresión de la voluntad del Directorio Nacional Conservador y son emitidos previa verificación rigurosa de requisitos y ausencia de antecedentes penales, fiscales o disciplinarios en cada caso en concreto»: Myriam Paredes

«Sí, soy amigo; lo conozco de vista y trato hace aproximadamente cuatro años, cuando aspiré en 2019 a la Asamblea del departamento de Nariño por el Partido Conservador y él tenía el aval en su momento a la Alcaldía en el municipio de Pupiales, Nariño»: Juan Daniel Peñuela.

En 2019, Belalcázar inscribió por primera vez su candidatura a la Alcaldía de Pupiales, pero se quemó. Para entonces hizo campaña junto a Peñuela y Damir Bravo, candidato a la Gobernación de Nariño. En su respuesta a Cuestión Pública, Belalcázar relató: «En las dos ocasiones en las cuales he aspirado a la Alcaldía Municipal de Pupiales, el aval me ha sido otorgado por el Partido Conservador, cumpliendo con el conducto regular y los requisitos previstos». Agregó que su relación con Paredes y Peñuela es «de carácter político».

Según su hoja de vida ha sido agricultor y administrador de empresas, con diplomado en Prevención en Lavado de Activos, entre otros. Parece un chiste, pero no lo es. Su nombre aparece junto al de su primo Johnn Rodríguez en un expediente de la Fiscalía desde julio de 2017. El proceso, al que se le ha ido sumando evidencia en los últimos cinco años, sigue en indagación preliminar, le confirmó a este medio el ente acusador. Esta etapa es previa a la apertura de investigación formal y a la imputación de cargos y no notifica a quienes están siendo investigados aún.

Belalcázar dijo que desconocía que estuviera vinculado a investigaciones relacionadas con el crimen organizado. No obstante, las autoridades lo siguen tan de cerca que hasta le tienen detectadas las veces que ha llamado a Mireya, la adivinadora de su estructura criminal, cuando tiene problemas. En cambio, para bendecir su candidatura en público acude a un sacerdote católico, como se ve en sus redes sociales.

«Los grupos criminales que gozan de un control más estable en la zona pueden financiar campañas o incluso definir quién es el candidato. Entonces, cuando ya controlan el mercado ilegal, pasan al poder político», le explicó a Cuestión Pública Felipe Botero, director de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado en Colombia.

—Y ¿para qué sirve controlar el poder político?
—Para disminuir la presión sobre sus operaciones. Si tengo la Alcaldía puedo hacer que la Policía me persiga menos y gasto menos defendiéndome. También para acceder a los presupuestos públicos que permiten controlar rentas legales, como para lavar dinero, como hacían los paramilitares. Es que el actor armado no solo exporta cocaína —resaltó Botero.

Wylton Belalcázar aún no ha llegado al poder, pero se codea con él. El proceso contra su hermano Rodri por la incautación de cocaína en una finca en la que trabajaba como mayordomo precluyó el 6 de junio de 2022. Esto quiere decir que se cerró sin ir a juicio, porque el ente acusador no encontró pruebas. «No tengo conocimiento a quién pertenezca esa sustancia ni cómo llegó allá, pero sí sé que esa finca es de propiedad del actual alcalde del municipio de Pupiales, Ricardo Benavides Ayala», le respondió el candidato a Cuestión Pública, aunque en la matrícula inmobiliaria figura como propietario mayoritario Bayardo Benavides Narváez, tío del mandatario.

Su candidatura no tambalea, así las autoridades le pisen los talones. Pareciera que, como a Pablo Escobar, a Wylton Belalcázar el poder le atrae y sabe cómo podría beneficiarlo, en un país cuyo mayor desencanto ha sido repetirse a sí mismo mediante matrimonios entre la política y el narcotráfico.

Para el momento de esta publicación, Johnn Rodríguez, Richard Reyes, la Administración de Iles, Jhonny Rivera y Anival Belalcázar no adjuntaron su versión. De hacerlo, anexaremos sus respuestas.

*Las distancias se tomaron a partir del recorrido por carretera que calcula Google Maps y no con la herramienta de medición que las calcula en línea recta.

De tales contratos, que costaron cerca de 1000 millones de pesos, nadie quiere hablar, como de Bruno, el personaje de la película Encanto, de Disney. Sobre todo ahora, cuando varios de esos exfuncionarios que contrataron con Edgardo Sánchez Arcos, alias el Inge, aspiran a ser reelegidos como alcaldes o concejales en sus municipios, este 29 de octubre.

Es el caso puntual de Filandia, Quindío, un municipio pequeño, fresco y colorido, ubicado en lo alto de la Cordillera Occidental, hasta donde llegó el Inge, en julio de 2019, para firmar un contrato con el alcalde José Roberto Murillo por más de $116 millones, para ejecutar programas de mejoramiento de la red vial de su municipio y la reposición de redes de alcantarillado.

Murillo, quien recorre hoy las calles de Filandia como el más firme aspirante a ocupar de nuevo la Alcaldía, inscrito por el movimiento ciudadano Filandia, nuestra razón de ser o estar, se sorprendió al escuchar que firmó un contrato con Sánchez Arcos y aseguró desconocer cómo llegó el Inge a su municipio. «A esos contratos se presentan diez o quince personas y se la gana el que haga la mejor oferta, la más económica, pero uno no tiene contacto con ellos».

Pero no solo llegó a los municipios. El Inge, investigado por la Fiscalía, es señalado, en documentos reservados, como el cerebro de una organización que controlaba laboratorios de producción de cocaína en Barbacoas (Nariño), Caloto (Cauca) y la zona alta de Jamundí (Valle) y también contrató con la Seccional de Sanidad de la Policía del Valle, el reclusorio de mujeres de Pereira o la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, bajo la batuta de la Gobernación del Valle del Cauca.

Incluso, por esas cosas absurdas que ocurren en la hacienda Colombia, versión desencanto, mientras Colombia y Estados Unidos intentaban demostrar que el Inge «enviaba sustancias a través de lanchas rápidas, las cuales saldrían cargadas desde Buenaventura, Valle del Cauca, con dirección a Panamá y Costa Rica», él ejecutaba recursos del municipio de Toribío, dentro de los programas con cooperación internacional de Usaid, por medio de la empresa SA Inversiones & Construcciones SAS.

Fue a finales de 2019 cuando Alcibiades Escué Musicué, entonces alcalde de Toribío (Cauca), uno de los municipios del país más afectados por los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados, le encargó al Inge la compraventa de insumos para las Escuelas de Campo Agropecuarias, Ecas, y el mejoramiento de praderas para actividades ganaderas. Un proyecto de más de $105 millones y que formaba parte del programa de alianzas comerciales de Usaid.

«¿Quién firmó eso? Dígame, ¿en qué período? Porque no creo que haya sido en mi gobierno», preguntó Escué Miscué a este medio, al ser consultado al respecto. Pero tras recibir copia del contrato avalado con su propia firma, dijo que haría las consultas con quienes estuvieron con él en la oficina jurídica cuatro años atrás.

«En su momento, el señor Edgardo Sánchez no tenía antecedentes ni inhabilidades para contratar con el municipio de Toribío, lo cual se puede constatar en los documentos suministrados y verificados el 17 de junio de 2019. Por lo cual es de precisar que somos una entidad pública netamente administrativa; para ello, el Estado tiene sus instrumentos, por lo cual nuestra obligación solo fue la de verificar la información en las herramientas que nos ofrece el Estado», respondió dos semanas después el exalcalde Escué.

Germán Vicente García Martínez es candidato por el Partido Conservador al Concejo de Tuluá, en el centro del Valle, un municipio azotado por la violencia política. Tampoco tiene muy presente a ‘El Inge’, pero cuando estuvo como alcalde encargado en el gobierno pasado, con Gustavo Vélez como mandatario y quien también repite candidatura, firmó con él un contrato por más de $132 millones para la compra de insumos agropecuarios para fortalecer el programa Desarrollo y transformación del campo como generador de sostenibilidad, paz y equidad.

Luego de hacer las consultas aseguró que «fue un contrato a finales de 2018; un proceso de selección abreviada mediante subasta inversa». Explicó que se seleccionó el que tenía menor valor y todos debían presentar experiencia en ese campo, al menos, un contrato similar a las condiciones del que se iba a ejecutar.

«Por ser subasta, cualquier persona podría participar y lo hicieron como persona jurídica. Ya hablé con la directora de Desarrollo Institucional y me explicó que, en ese caso, se revisan antecedentes de la empresa y no de sus miembros», dijo el ahora candidato al Concejo.

El poder del Inge quedó evidenciado en el informe de la operación conjunta entre Colombia y Estados Unidos, en el que se detalla, entre otras cosas, que entre enero de 2020 y enero de 2021, Sánchez Arcos adelantó negociaciones con traficantes internacionales en un centro comercial en Palmira y otro en Medellín, que tenía una «oficina de cobro» en Cali, al mando de alias Cao, un presunto informante dentro de la Fiscalía y que en Buenaventura contaba con una red que incluía autoridades aduaneras y de Policía.

Más de criminal que de empresario

El Inge, quien en realidad no es ingeniero, sino tecnólogo en obras civiles, de acuerdo con el certificado emitido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), tiene más trayectoria en los estrados judiciales que en la contratación estatal.

Los antecedentes penales de Sánchez Arcos, de quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que también «estaría produciendo 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína para algunos integrantes del Clan del Golfo», arrojan que fue capturado el 22 de julio de 2004 y sentenciado por el Juzgado 2 Penal Especializado de Cali a seis años y cuatro meses de prisión por violación a la Ley 30 de 1986, delitos de estupefacientes. Recobró su libertad en julio de 2009.

El presidente de la Agencia Nacional de Contratación, Jesús Marino Ospina, consideró que quienes contrataron con una persona condenada por un delito como narcotráfico pueden afrontar serios problemas. «No entiendo cómo una Cámara de Comercio inscribe una persona de estas en el Registro Único de Proponentes (RUP) con semejante prontuario. Lo otro es que hayan presentado información falsa, pero igual es responsabilidad de la entidad verificar esos documentos», explicó Ospina.

Cuestión Pública analizó el RUP, un procedimiento obligado que, se supone, debieron hacer quienes contrataron con Sánchez Arcos, pero parece una burla. La dirección que figura, de Jamundí (Valle), es falsa: este medio se desplazó hasta el lugar y lo confirmó. Además, sostuvo que su empresa estaba ubicada en el barrio Jamundí, que tampoco existe, y entregó unos números errados de teléfono en los que nadie podría ubicarlo.

Más sospechoso aún: solo en 2019 el Inge inscribió su empresa SA Inversiones & Construcciones SAS en el Registro Único de Proponentes y, para demostrar su capacidad económica ante la Cámara de Comercio de Cali, certificó haber ejecutado diez contratos por 5469 salarios mínimos mensuales, más de $6340 millones a valores de hoy, todos con una persona natural de nombre Lisímaco Vallejo Agudelo.

Uno de los últimos contratos que firmó el Inge, incluso después de que se iniciaran las operaciones encubiertas para desmantelar su red criminal, que también enviaba droga adherida a los cascos de los buques o contenedores que salían hacia los puertos de Amberes (Bélgica), Rotterdam (Países Bajos) y Valencia (España), fue con Juan José Orozco Valencia, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la Administración actual del municipio de Envigado, Antioquia, con fecha del 15 de mayo de 2020.

Nadie sabe cómo llegó el Inge a Antioquia. Pero al consultarle al alcalde de Envigado, Braulio Espinoza Márquez, elegido por la coalición Aquí Sumamos Todos, producto de la unión de líderes de Cambio Radical y los partidos Conservador y Liberal, respondió por intermedio de su oficina jurídica que el contrato se otorgó por selección abreviada mediante subasta inversa, en la que los contratistas ofertan hasta llegar al valor mínimo por el que harían la obra. «La persona con quien se tenía enlace era la señora Andrea de las Lajas Angulo, representante legal suplente y ella era quien firmaba la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales».

Además de ser la representante legal suplente de SA Inversiones & Construcciones SAS, la empresa del Inge, la abogada Andrea de las Lajas Angulo, quien también era su cónyuge, ha sido contratista de 1) la Alcaldía de Buenaventura, y 2) la Contraloría Distrital de esa ciudad.

El primero es de enero de 2018 y tiene como objetivo prestar apoyo a la oficina jurídica de la Alcaldía de Buenaventura, el mismo municipio por el que su esposo sacaba la droga hacia Estados Unidos y Europa. Ese contrato fue firmado con el entonces alcalde Eliécer Arboleda, del grupo político de Dilian Francisca Toro, y quien renunció al cargo luego de ser capturado y procesado por hechos de corrupción. Es el mismo sector que avala ahora la aspiración de Ligia del Carmen Córdoba, quien, desde el Concejo Distrital, apoyó a Arboleda y fue su directora de Cultura, de acuerdo con fuentes de la ciudad portuaria.

El otro contrato de Andrea de las Lajas es de junio de 2021, para ser la asesora del contralor distrital y apoyar el proceso de participación ciudadana.

Centro de operaciones

Pocos municipios en Colombia ofrecen tantas ventajas a las organizaciones criminales como Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. No en vano la lucha a muerte que han sostenido en los últimos años los actores armados por el control de ese territorio limítrofe con el Cauca y que ofrece un corredor natural hacia el océano Pacífico: un conector del narcotráfico con el mundo.

Es justo ese municipio el que es considerado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el centro de operaciones de la organización criminal que lidera alias el Inge. La empresa de Sánchez Arcos registra dos contratos firmados en 2018 con la entonces alcaldesa encargada Lina Vega y otro en 2019 con el alcalde Édgar Yandy, quien estuvo de nuevo como candidato para ocupar el primer cargo del municipio y declinó a última hora.

El contrato con la alcaldesa encargada Lina Vega se firmó en diciembre de 2017 para que el Inge hiciera la adecuación del alumbrado navideño en el parque de los Siete Ríos. Se trata de un contrato firmado por más de $30 millones y para ser ejecutado en el municipio que, según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se había convertido en su centro de operaciones de acopio de droga.

En el período atípico del alcalde Édgar Yandy, en septiembre de 2018, quien estuvo de nuevo inscrito como candidato del Movimiento MAIS para gobernar la tierra de la bebida con hielo raspao, llamada cholao, recibió un nuevo contrato por $34 956 702 para el mantenimiento de vías veredales en el sector de Pueblo Nuevo.

Como consta en los informes en los que Estados Unidos le solicitó cooperación judicial a la Fiscalía, toda la droga que se produce en los laboratorios del Inge, en Nariño, Cauca y Valle, es recibida por un familiar de Sánchez Arcos, para luego ser despachada hacia Buenaventura o la costa norte del país, donde tenía nexos con Juan José Valencia, alias Falcon o Andrea, la mano derecha de Otoniel.

También es en Jamundí donde el Inge, afirma el mismo documento judicial, tiene buena parte de sus propiedades, algunas de ellas, en poder de testaferros. Entre esas, el informe detalla una vivienda en el exclusivo sector de La Morada, donde habita un socio suyo, y una discoteca que funcionó bajo el nombre de 90 Grados.

Cuestión Pública visitó el lugar en el que funcionaba la discoteca 90 Grados, en el centro de la ciudad de Jamundí, pero el establecimiento dejó de funcionar hace algún tiempo. No obstante, en realidad, el local estaba rentado a nombre del exfutbolista y campeón de Copa Libertadores de América con el Once Caldas, Jhon Viáfara, quien fue extraditado en enero de 2020 a los Estados Unidos por narcotráfico. Justo cuando se inició el proceso contra el Inge.

Esa no es la única coincidencia entre el Inge y el futbolista. Tanto en el caso de Viáfara como en el de Sánchez Arcos, las autoridades estadounidenses hacen una relación directa con el Clan del Golfo y, en especial, con alias Andrea o Falcon, quien trabajaba con el sobrino de alias Otoniel. Asimismo, Viáfara fue condenado en una corte de Texas por mover cargamentos de cocaína en lanchas rápidas y semisumergibles desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica, entre 2008 y 2018.

Tras varios días intentando ubicar al Inge en los números de teléfono que aparecen en los contratos fue imposible comunicarse con él o con su esposa. Sin embargo, una consulta en la base de datos del Registro de la población privada de la libertad y bajo custodia del Inpec, entidad con la que también contrató en 2016, permitió establecer que Sánchez Arcos se encuentra recluido en la cárcel Villa Hermosa de Cali.

En el expediente judicial al que pudo acceder Cuestión Pública consta que el Inge, el contratista que los políticos —ahora candidatos— condenaron al olvido, fue capturado el pasado 12 de agosto, por delitos relacionados con tráfico de armas y tráfico de droga, y que un juez lo envió a prisión once días después.