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Ad portas de un juicio en Inglaterra contra la petrolera por afectaciones a comunidades en Putumayo tras un derrame en 2015, Cuestión Pública y Mongabay Latam recogen denuncias del pueblo indígena siona hacia la compañía por hechos similares. Este equipo periodístico encontró además tres convenios de la empresa con el Ejército para que le prestaran servicios de seguridad, mientras las comunidades denunciaban la falta de protección y vigilancia en la zona.

Bajo la excusa de detectar noticias falsas en las protestas de 2021, el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje, recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la Policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia.

Un objeto de arte. Un accesorio de moda. Un tratamiento médico. Un aparato científico de avanzada. E incluso, en tiempos de cuarentena por coronavirus, una cura al aburrimiento. Philip Morris International (PMI), una de las mayores tabacaleras del mundo, está promocionando su nuevo producto estrella, el IQOS, de todas las formas posibles. Menos como lo que realmente es: un dispositivo que suministra tabaco.

Pese a que la Philip Morris (PMI) le dijo a Cuestión Pública que no financia la política colombiana, este medio encontró que en el marco del convenio por 155 millones de dólares que tiene con la Federación Nacional de Departamentos, esta entidad pública ha contratado a un hermano, esposas, una cuñada y presuntas cuotas de congresistas y gobernadores. Hay 27 contratos que suman $1.850 millones a 15 personas con vínculos políticos. Hasta el hacker Sepúlveda resultó contratado. En paralelo, un ejecutivo de PMI hizo 25 visitas al Congreso, una al despacho del otrora senador Iván Duque.

Primero fue la llamada. «Mi general Rodolfo Palomino le tiene un mensaje», soltó el general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, entonces director de la Dijin. Era el 8 de febrero de 2014. Al otro lado de la línea, Sonia Velásquez, fiscal delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá.

En solo 16 días la Alcaldía de Soledad entregó 10 contratos directos que suman $6.697 millones para arrendar o prestar el servicio educativo en algunos colegios durante la pandemia. Detrás estarían aliados del alcalde Rodolfo Ucrós y su cuñado, el senador Eduardo Pulgar.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.

Durante el toque de queda en Bogotá, hubo desinformación en medios de comunicación, pánico en redes sociales y videos xenófobos que avivaron grupos de defensa vecinales.

En 2019, Susa era un pueblo inmerso en la desidia y la apatía, pues se acercaban las elecciones municipales y los candidatos a la Alcaldía hacían parte de lo que se consideraba para entonces la política tradicional, una cuestión que tenía inconformes a los susenses. Nadie esperaba que esto cambiaría con la llegada de una voz joven, nueva y femenina: la de Ximena Ballesteros, quien llegaba respaldada por su esposo, Gustavo Rodríguez, oriundo del Ecuador.