EscarbaBajo

Las presiones han sobresalido en el #CasoEnriqueVives. El empresario fue acusado de la muerte de 6 jóvenes en Sta. Marta al conducir en aparente estado de embriaguez. Te contamos de otras posibles irregularidades, su padre (ha incidido en el caso), su clan y sus negocios

Cuestión Pública revela tres facturas del contrato celebrado entre Odebrecht y Marketmedios, firma publicitaria de la familia de Roberto Prieto, gerente de campaña de Juan Manuel Santos. La primera se dio en vísperas de las elecciones presidenciales de 2010. El negocio activó las alarmas de la revisora fiscal de la constructora brasileña.

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.

Aunque el senador y excandidato presidencial es quien está acusado por posibles actos de corrupción por los que deberá responder ante la Corte Suprema, las pruebas y los testimonios de algunos testigos claves en el caso Vitalogic comprometen también al tercer hijo de Rodolfo Hernández, quien firmó un acuerdo autenticado para asegurarse una comisión que se ganaría si lograba que la Alcaldía de su papá adjudicara el millonario contrato de las basuras a sus clientes. Hasta ahora, Luis Carlos Hernández ha logrado zafarse de la justicia.

#HiloMicoCensura Está en trámite en el Senado un proyecto de ley de la bancada del @PartidoMIRA que, de pasar como está, castigaría con cárcel a caricaturistas y a quienes realicen montajes con caras, por ejemplo de políticos. El proyecto apenas inicia su curso.

Pedro* huyó a EE. UU. tras ser declarado objetivo militar por las Águilas Negras, por haber participado en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En este relato, le contó a Cuestión Pública lo que sufrió en los centros de detención para migrantes y cómo hoy se vive una cacería de brujas para deportar extranjeros, hasta por su color de piel.

La jefa de la cartera del Ministerio del Interior de Colombia y su esposo están relacionados con entidades de salud que en el 2017 generaron $19 mil millones en ventas; alrededor hay cientos de millones de pesos en contratos y convenios públicos, financiamiento a campañas electorales y la aprobación de políticas que favorecen a las entidades con las que tienen conexión. Todo esto deja en evidencia cómo se entrelazan, en su carrera, la actividad pública y el interés privado.

La elección de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador sumió en un conflicto interno a este pueblo indígena, uno de los más representativos de Colombia. En la disputa figuran el Ministerio del Interior y la familia de la concejala de Bogotá Ati Quigua Izquierdo, junto a intereses económicos en la EPS indígena más grande de la Sierra Nevada de Santa Marta. La pugna se agudiza y tiende a la violencia.

El llamamiento a juicio de nueve personas de una importante familia del pacífico colombiano —incluidos políticos, exfuncionarios públicos, periodistas y empresarios portuarios— pone al descubierto un presunto lavado de dinero a través de la compra y venta de acciones en uno de los principales puertos de comercio exterior de Colombia.

Cuestión Pública y Qurium encontraron que, a través de una aplicación móvil, funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Pereira registraron listas de ciudadanos “referidos” para votar a favor del candidato Carlos Maya por el Partido Liberal, para las elecciones territoriales del 27 de octubre. Todo esto a raíz de las denuncias de Luis Carlos Rúa, un ciudadano que tuvo que usar la aplicación presionado por la alcaldía de Pereira y que nos pasó el dato.