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Rastreamos los partidos cuyos avales dieron vida política a candidatos que promueven desinformación sobre la pandemia como Esteban Ramírez. También identificamos a congresistas que han propiciado información imprecisa sobre la vacunación. Estamos hablando del Partido Conservador y Colombia Justa Libres. Investigación de Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en la colaboración periodística transfronteriza Mentiras Contagiosas, que reúne a diez medios latinoamericanos.

Con los mismos métodos que las “Big Tobacco” ‒las grandes empresas tabacaleras‒ emplearon en todo el mundo en décadas recientes, China Tobacco está usando la publicidad, la inversión y los proyectos sociales para influir en los gobiernos y en los consumidores, mientras inundan los mercados en países en donde los cigarrillos no pueden venderse legalmente.

Pese a que la Philip Morris (PMI) le dijo a Cuestión Pública que no financia la política colombiana, este medio encontró que en el marco del convenio por 155 millones de dólares que tiene con la Federación Nacional de Departamentos, esta entidad pública ha contratado a un hermano, esposas, una cuñada y presuntas cuotas de congresistas y gobernadores. Hay 27 contratos que suman $1.850 millones a 15 personas con vínculos políticos. Hasta el hacker Sepúlveda resultó contratado. En paralelo, un ejecutivo de PMI hizo 25 visitas al Congreso, una al despacho del otrora senador Iván Duque.

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por $45.684.261.058 para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar unas 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares cada una*.

Los USD 155 millones que la Philip Morris (PMI) gira a la Federación Nacional de Departamentos (FND) desde 2009 no cuentan con control estatal distinto al de la propia FND. Esto pese a que el dinero proviene de un acuerdo que se dio después de una demanda de Colombia a PMI por presunta evasión de impuestos de los colombianos. En este matrimonio, PMI también se beneficia con el lobby de la FND en el Congreso en contra del aumento del impuesto al tabaco.

En su declaración juramentada de bienes y rentas, Omar Andrés Camacho Morales aseguró no tener ninguna participación en sociedad, corporación o asociación alguna.

Desde el despacho de la entonces vicefiscal Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, se habría creado una unidad paralela que actuaba bajo sus indicaciones, pero sin notificaciones judiciales para investigar a personalidades o asuntos incómodos para la Fiscalía de Francisco Barbosa.

En un reporte elaborado antes de morir, un agente encubierto descubrió que el tercero de una red que había infiltrado en Valle del Cauca era “el temido” Francisco Martínez Ardila, alias "Pacho Malo", un alto funcionario de la Fiscalía. Sin embargo, el alias ubicado en la cúspide de la pirámide criminal pasó desapercibido.

“Iván Márquez anunció que se rearman”. Es el despertar y una alerta. Un rumor que ya venía creciendo en redes sociales, círculos políticos y periodísticos, que meses atrás se había prefigurado en las charlas y entrevistas a dos comandantes de los grupos armados que se desprendieron del Acuerdo de paz, que se firmó con las FARC en 2016. Cuatro horas después una fuente reservada confirmó la noticia. Son un solo grupo el de Gentil Duarte e Iván Márquez. Se confirma, entonces, una noticia que empecé a escribir hace varios meses y que decido publicar.

Alcaldías pagaron para que se perfilara a ciudadanos y medios en redes sociales como parte de una estrategia de asesoría de comunicaciones. Todo a través de millonarios contratos con la consultora del estratega Luis David Duque.