(13/12/2021)

Los USD 155 millones que la Philip Morris (PMI) gira a la Federación Nacional de Departamentos (FND) desde 2009 no cuentan con control estatal distinto al de la propia FND. Esto pese a que el dinero proviene de un acuerdo que se dio después de una demanda de Colombia a PMI por presunta evasión de impuestos de los colombianos. En este matrimonio, PMI también se beneficia con el lobby de la FND en el Congreso en contra del aumento del impuesto al tabaco.

Por: El Escarbabajo

Si pudiéramos describir la relación entre la Federación Nacional de Departamentos y la Philip Morris la figura adecuada sería la de un matrimonio sólido y feliz. Pero los departamentos y la tabacalera no siempre gozaron de las mieles del amor.

En 2001, Colombia demandó en Estados Unidos a las compañías Philip Morris International, empresa tabacalera líder en el mundo y British American Tobacco, la segunda más grande, por presunto lavado de activos y evasión de impuestos, de acuerdo con la publicación de El Tiempo del 5 de mayo de 2015. Según la demanda, estas dos compañías supuestamente incentivaban el contrabando de cigarrillos a través de Aruba y Curazao para evadir el pago de impuestos en Colombia. La periodista María Teresa Ronderos, la Revista Semana y el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelaron estos hechos en el país y el mundo.

Tras un pleito que duró más de un lustro, en 2009 la Philip Morris y el país suscribieron un acuerdo de inversión y cooperación. Bajo esta figura la tabacalera se comprometió a pagar 155 millones de dólares a la FND, entidad que recoge los impuestos al tabaco y los licores en los 32 departamentos de Colombia, en un plazo de 20 años. Esto equivale a $584 mil millones bajo la tasa cambiaria del 16 de noviembre de 2021. Este monto supera el presupuesto del Ministerio de Ciencia en 2021. El dinero también se destina al Programa Anticontrabando que dirige la FND, que busca combatir el contrabando de cigarrillos. 

Una vez sellado el pacto, la relación entre la FND y la PMI se convertiría en una de mutua dependencia, como explicaremos.

¿De dónde sale el dinero de la FND? ¿Es supervisado?

La FND no solo maneja el acuerdo con PMI, sino que es la encargada de administrar el Fondo Cuenta, que recolecta los impuestos al consumo de licores, tabaco y cigarrillos importados; y el tributo a las ventas de refajos, sifones, mezclas y cervezas. De su manejo, la Federación rinde cuentas a la Contraloría. 

A corte de septiembre de 2020, este Fondo manejaba un presupuesto de $1,9 billones que dejó al menos $39 mil millones de cuota de administración a la FND, de acuerdo con el estado financiero de la entidad en 2020. 

A la FND también le entra dinero por donaciones y por la prestación de servicios como asesorías a los departamentos, de acuerdo con un exfuncionario que habló bajo reserva por temor a represalias. Sin embargo, en la página web de la FND, solo hay registros de la ejecución presupuestal del Fondo Cuenta. Además, la Federación no especifica en sus estatutos o página web qué tipo de servicios presta pues se declara “sujeto no obligado”, es decir, que no está comprometido a cumplir la ley de transparencia y acceso a la información. En otras palabras, no tiene que entregar información. 

Consultamos a un funcionario de la Contraloría, entidad que audita el Fondo Cuenta de la Federación, para entender cómo funciona el presupuesto que maneja. 

“La FND es un híbrido complejo. La Contraloría no audita las cuentas de gastos de la Federación. El dinero de Philip Morris y las prestaciones de servicios son de origen privado. Sin embargo, el dinero que se le entrega a la Federación por la administración del Fondo Cuenta es, prácticamente, un pago de honorarios. No es plata privada, desde mi concepto jurídico”, aseguró el funcionario que pidió reserva por seguridad. 

La entidad, además, parece renuente al único control que se le hace: el de la Contraloría. Según nos dijo Germán González Bedoya, revisor fiscal de la FND en 2014, la Federación demandó al ente de vigilancia por “la tarifa cobrada por el control fiscal de los recursos del Fondo Cuenta, alegando que las facultades de dicho control fiscal no eran competencia de la Contraloría General sino de las contralorías departamentales, municipales y del Distrito Capital”. Esto ocurrió en septiembre de 2018. 

«Que haya algún tipo de acuerdo financiero contractual de apoyo mutuo evidentemente genera una presión sobre lo público», dijo el representante David Racero refiriéndose al acuerdo que sostienen la FND y la Philip Morris International.

Es decir, que los gobernadores quieren que esa plata la vigilen las contralorías con quienes tienen cercanía política, como evidenció la investigación periodística Tras la pista de las contralorías de Consejo de Redacción.

La FND perdió la batalla ante el Consejo de Estado, donde fueron negadas sus pretensiones. El Fondo Cuenta sigue siendo auditado cada año por la Contraloría General, que dirige Carlos Felipe Córdoba, antiguo director ejecutivo de la propia FND y del programa Anticontrabando financiado por PMI. A través de Rossana Payares, encargada de la Oficina de comunicaciones y publicaciones de la Contraloría, consultamos al contralor Felipe Córdoba sobre la vigilancia estatal que tiene la Federación. A pesar de varios cuestionarios e insistencias, no obtuvimos respuesta. 

La mínima vigilancia al acuerdo con PMI

Germán González Bedoya, revisor fiscal de la FND en 2014, nos confirmó que el acuerdo entre la entidad y la tabacalera PMI es una fuente de financiación privada, por lo que no cuenta con vigilancia estatal externa. 

Presuntamente solo hasta el 26 de marzo de 2019, una década después de firmado el acuerdo con PMI y después de un escándalo de corrupción, se estableció que se debían realizar auditorías anuales por parte de la propia FND, ni siquiera de otra entidad. Sin embargo, estos documentos no son de libre acceso en su página web. En 2020 se realizó una de estas auditorías. El contratista fue Miguel Abuchar Alemán, a quien se le pagaron $56 millones. Abuchar fue contratado durante la dirección del hoy defensor del Pueblo Carlos Camargo. Antes había sido secretario de Planeación de Montería en la Alcaldía de Marcos Pineda, cuñado de Camargo.

Todo parece indicar que el millonario convenio con PMI permanece vigilado a nivel estatal únicamente por la misma FND. 

PMI le contestó a este medio que los montos de financiación de cada línea de acción del acuerdo «contemplan mecanismos de auditoría interna y externa». Sin embargo, no detalló el nombre de la compañía que realiza esa vigilancia externa al dinero. 

El lobby de la FND en el Congreso

En agosto de 2019, bajo el mandato del entonces director ejecutivo Carlos Camargo, la FND hizo lobby en el Congreso para hundir el proyecto de ley 166 de 2019 que buscaba aumentar el impuesto al consumo de tabaco de $2.430 a $6.000 por cajetilla. Esto fue revelado por Cuestión Pública en agosto de 2020.

El proyecto se cayó por iniciativa del médico y representante a la Cámara conservador Armando Zabaraín, que recibió el respaldo de congresistas de su partido, el de la U, Centro Democrático y el Liberal. 

Durante el debate en el Congreso, la entonces subdirectora de la FND, Edna Rangel, dijo en su intervención que la entidad podría enfrentar “posibles conflictos de interés”, ya que desde 2009 recibe financiación de la tabacalera líder en el mundo: la Philip Morris. Pero eso no impidió que Rangel se manifestara en contra del proyecto. Lo hizo usando un estudio de la encuestadora Invamer y la ANDI que dice que el contrabando de cigarrillos en Colombia aumentó para 2018 y 2019. Le sirvió a los congresistas para decir que los impuestos generan mayor contrabando.

La FND también manifestó su oposición contra el proyecto en un concepto enviado a la representante Katherine Miranda. La entidad además habría llamado a congresistas para que votaran en contra del proyecto, según nos dijeron fuentes del Congreso.

Invamer firmó dos contratos en octubre y noviembre de 2016 con la FND por un total de $730.592.508, con dineros del acuerdo con PMI. Tenían como objeto realizar la medición periódica de la incidencia del contrabando de cigarrillos y licor. Los contratos fueron renovados en 2019 y 2020 por $511.243.200 y $674.841.024, respectivamente. En los estudios, Invamer no dice quien los financió.

El representante David Racero por la Coalición Lista de la Decencia votó negativamente a la proposición de Zabaraín.  Racero nos dijo que en ese proyecto de ley hubo una fuerte presión por parte de quienes se oponían a aumentar el impuesto al cigarrillo, pues aseguraban que si se gravaban más, se incrementaría el contrabando, algo que el congresista calificó de absurdo.

“Si fuera así, ningún sector de la economía se podría formalizar porque siempre se generaría ilegalidad”, sentenció. 

En los debates del proyecto de ley 166 de 2019, varios expertos, entre ellos Blanca Llorente, economista y directora científica de la Fundación Anáas, afirmaron que los estudios financiados por las tabacaleras mostraban cifras infladas sobre el incremento del contrabando y que parecía ser una campaña para inculcar miedo al incremento de impuestos. 

“Los estudios científicos están encontrando que el contrabando de cigarrillos no es tan alto como la industria revela. En el caso de Colombia, en la medición que hicimos antes y después de la medida de impuestos, encontramos que mientras la industria hablaba de un 13% de penetración del contrabando, nosotros encontrábamos el 3.5%. Al siguiente año, 9 meses después del primer aumento del impuesto, 18% era la cifra que ponía a circular la industria, en nuestro estudio encontramos el 6.4%”, señaló Llorente en un debate legislativo en 2020, sin desestimar la gravedad del comercio ilegal de tabaco en el país ni tampoco el efecto del impuesto a la hora de reducir el número de fumadores. 

Para el congresista de la oposición David Racero, la caída del proyecto tuvo intereses empresariales y políticos claros. “Si se subía el impuesto solamente un sector se iba a ver perjudicado: las tabacaleras, las multinacionales. Pero aquí, las instituciones débiles y funcionarios serviles prefieren hacerles el favor a las grandes empresas. No están en función de la gente”, dijo.

Para Racero “que haya algún tipo de acuerdo financiero contractual de apoyo mutuo evidentemente genera una presión sobre lo público”, refiriéndose al acuerdo que sostienen la FND y la Philip Morris International. 

El 9 de diciembre de 2021, a través de su filial colombiana, Coltabaco, PMI le respondió a Cuestión Pública que “no ha sugerido o influenciado la adopción de una postura determinada frente a ningún proyecto de ley”, negando de tajo cualquier atisbo de lobby en favor de la industria. 

Sin embargo, especialistas también concuerdan con que el acuerdo con PMI abre la puerta a la influencia de la industria tabacalera. “Esta conducta (de PMI) va en contra de las iniciativas que firmó Colombia en el Convenio Marco para Control de Tabaco de la OMS, donde la injerencia de la industria del tabaco no debe estar en ningún nivel», nos dijo Juan Miguel Gallego, profesor de la Universidad del Rosario. En este convenio se recomienda que al elaborar y aplicar políticas de salud públicas relacionadas con el control del tabaco se debe evitar la “impresión de alianzas o cooperaciones” de entidades públicas con la industria tabacalera. 

El informe del Índice Mundial de Interferencia de la Industria Tabacalera de 2020 enfatizó en la constante injerencia de las tabacaleras en Colombia en el diseño de políticas públicas de salud, como quedó registrado en el debate del proyecto de ley 166. Colombia quedó de 68 entre 80 países con mayor interferencia de las tabacaleras.

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