(27/05/2020)

A pesar de esta diferencia y de que ya hay más de 60 mil consumidores del dispositivo calentador de tabaco Iqos, de la Philip Morris Colombia – Coltabaco, decisiones del Ministerio de Hacienda y del Congreso le han permitido no tributar impuesto al tabaco por sus ventas. Hoy día solo pagan impuestos por los heets, las unidades de tabaco consumidas con los Iqos. El reciente hundimiento de un proyecto de ley para aumentar el impuesto al tabaco dejó clara la influencia del lobby a favor de la industria tabacalera por parte de la Federación de Departamentos y de los gremios.

No hay datos públicos y abiertos sobre los ingresos de Philip Morris – Coltabaco por cuenta de la venta de Iqos desde su llegada al país en 2017. Según Philip Morris, en Colombia hay 60 mil consumidores de Iqos. Es probable que se hayan vendido el mismo número de dispositivos en nuestro territorio. Es decir que Colombia no recaudó impuesto al tabaco en esas ventas por cuenta de lo que desde algunos sectores de la sociedad civil ven como un vacío legal. Los Iqos son los dispositivos electrónicos de la Philip Morris International (Pmi) que suministran tabaco calentado a través de los heets. Estos son unidades de tabaco en forma y apariencia de cigarrillo que contienen tabaco y otros componentes, diseñados para ser consumidos exclusivamente en los dispositivos Iqos.

Los Iqos no pagan impuestos al tabaco en Colombia, a diferencia de los heets, que sí tributan con base en un concepto del Ministerio de Hacienda de febrero de 2018, respaldado por el Ministerio de Salud. En el concepto del Ministerio de Hacienda se argumenta la razón de tasar los heets, pero se ignora al dispositivo Iqos y si debe pagar impuesto al tabaco.

CP estableció que uno de los Iqos más económicos disponibles en el sitio web oficial es el modelo Iqos 2.4 Plus Kit Navy, que tiene un precio de venta de $200.000. Si hubieran 60,000 de esos dispositivos en el país, estaríamos hablando de ventas por $12.000.000.000 aproximadamente. En Colombia, los productos de tabaco tienen un impuesto al consumo de tabaco mixto (es decir, una mezcla de impuesto ad valorem y específico). El ad valorem es del 10 % de precio, mientras que el específico quedó en $2.430 para este año por cada cajetilla de 20 cigarrillos o unidades de tabaco. Los heets son las unidades de tabaco que parecen cigarrillos que se consumen en los Iqos. Nuestros cálculos arrojaron que los heets pagan en promedio un 46 % de su precio en tributos tabacaleros. 

Si hoy existiera en Colombia un impuesto al tabaco a los dispositivos Iqos con las mismas condiciones y se hubieran vendido 60 mil unidades, se habrían recolectado impuestos por más de $5.520.000.000. Sin embargo, la cifra puede ser mucho más alta, pues algunos modelos como el Iqos 3 son  más caros.

Son dineros que hubieran inyectado al sistema de salud, en un país en el que el “consumo de tabaco, (…) cobra la vida de 88 personas por día y de 32.120 al año”, según el Ministerio de Salud. En un país en el que hay tres millones de fumadores. Se estima que cada 20 minutos muere un colombiano por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco. Así que estos recursos hubieran podido servir para cubrir parte de “los costos (del consumo de tabaco) a la economía (y el sistema de salud) del país por $17 billones en 2017, lo que equivale al 1,8 % del Producto Interno Bruto (Pib)”, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (Oms) difundido por el Ministerio de Salud.

Hace contados días el país tuvo la oportunidad de cambiar esa situación, pero la perdió. El lunes 18 de mayo, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes hundió el proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto al tabaco y tasar como productos de tabaco a los Iqos. El proyecto fue hundido en su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Este buscaba aumentar el recaudo para cubrir el déficit que hoy enfrenta el sistema de salud y reducir el consumo. El experimento ya había funcionado en Colombia con la Ley 1335 de 2009 y la reforma tributaria de 2016, que han duplicado el recaudo de impuestos al tabaco y han reducido el tabaquismo en el país, según el MinSalud.

Por 19 votos contra doce, el proyecto se cayó. Primó la ponencia negativa del representante Armando Zabaraín, del Partido Conservador, que paradójicamente es médico. Así se distribuyeron por partidos los votos en contra del proyecto: cinco votos por parte del Centro Democrático, cinco por parte de Cambio Radical, cuatro del Partido Conservador, tres del Partido de la U y dos del Partido Liberal. El Centro Democrático, pese a ser el partido del Gobierno, votó mayoritariamente en contra de esta iniciativa, que contaba con el respaldo del Ministerio de Salud, una entidad que ha tenido una constante estrategia para el control de tabaco. 

No es la primera vez que se presenta fuego amigo del uribismo con relación a las políticas de tabaco. Según fuentes del Congreso, en una sesión de diciembre de 2019 en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Comercio se opuso a las posiciones del Ministerio de Salud, que apoya el proyecto de ley 174 de 2018 del senador José David Name. La iniciativa busca regular los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y los vapeadores, en aras de reducir enfermedades relacionadas a su consumo y proteger de su uso a los menores de edad.

Tras la caída del proyecto, de acuerdo con voces expertas en control de tabaco, el país tiene un vacío legal que permite que el Iqos de la Philip Morris – Coltabaco no pague impuestos tabacaleros. “Idealmente, el sistema Iqos debe pagar impuestos y tener advertencias sanitarias. El Iqos solo existe para eso, para consumir los heets, productos de tabaco. Hay un problema técnico legal, ya que debe haber tributación de todo el sistema de Iqos, no solo de los heets. Eso requiere un cambio de la manera como se definen los productos que son objeto del tributo”, dijo a este medio Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas.

Pero esto no solo pasa en Colombia. En los once países examinados por la investigación periodística internacional liderada por Occrp, entre estos Guatemala, Reino Unido, Italia, Rumania y Ucrania, Philip Morris sigue una estrategia clave de publicidad y ventas: separar el dispositivo electrónico Iqos de las unidades de tabaco (heets) que se insertan en su interior. Esta maniobra le abrió al fabricante un nuevo universo de posibilidades publicitarias y de venta, que habían sido bloqueados por el tratado antitabaco y las leyes nacionales. En numerosos países, el dispositivo electrónico no es gravado como un producto ligado al tabaco y hay, en gran medida, un limbo normativo, en el que tampoco es necesario venderlo como tal.

El Ministerio de Hacienda se ha ausentado recientemente de la discusión sobre los impuestos al tabaco. En los debates sobre el proyecto de ley 166 de la Cámara de Representantes, cuyos autores son los congresistas Juan Luis Castro, Katherine Miranda, David Racero, entre otros, el Ministerio no emitió un concepto, ni asistió a las discusiones, afirmaron fuentes del Congreso a Cuestión Pública

Hasta donde tiene conocimiento este medio de comunicación, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño no se ha declarado impedido frente a temas que afecten a su exempleador Philip Morris – Coltabaco, para el que trabajó entre 2009 y 2010 como gerente de asuntos de gobierno de acuerdo a la Función Pública. El Ministerio de Hacienda no respondió nuestra solicitud de información respecto a si Londoño necesitaba declararse impedido.

Este medio además encontró que a pesar de la entrada de Iqos y sus heets al país en marzo de 2017, solo hasta inicios de 2018 se anunció que se les cobrarían impuestos a los segundos. Es decir que en 2017, los heets no habrían pagado impuestos al tabaco, pues el Ministerio de Hacienda solo emitió su concepto para tasarlos hasta febrero de 2018. Tampoco habrían pagado IVA. Según El Tiempo, un concepto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no los clasificó «como cigarrillos y los eximió del IVA y de los impuestos al consumo que fueron aprobados en la reforma tributaria del 2016 como parte de la lucha contra el tabaco». Cuestión Pública tuvo acceso a la resolución 2463 de abril de 2016 que responde a la solicitud de Coltabaco de marzo del mismo año para la clasificación arancelaria de los heets. Las clasificaciones arancelarias consisten en categorizar las mercancías mediante códigos con fines tributarios y otros tipos de usos por parte de las autoridades aduaneras. La Dian los clasificó como tabaco reconstituido y elaborado. La resolución, fechada casi un año antes del lanzamiento de Iqos en el país, también revela que Coltabaco no solicitó en esa diligencia la clasificación arancelaria del Iqos, solo de los heets.

En su respuesta a CP, Pmi parece estar inconforme con la tasa tributaria que hoy se le cobra a los heets y cuenta que le hizo una propuesta al Gobierno en 2016 para obtener una “tarifa adecuada”. También dicen que ellos decidieron pagar la tarifa más alta del impuesto al tabaco al consumo para los heets. Esa tarifa la pone el MinHacienda, en conjunto con la Dian y el MinSalud.

Y dejan claro que buscan una tarifa diferenciada para los heets por el supuesto “perfil de riesgo reducido y menor externalidad negativa sobre la salud, en comparación con los cigarrillos”, declaraciones que no cuentan con evidencia científica aceptada por el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud.

En el marco de una investigación periodística internacional liderada por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), Cuestión Pública investigó el hundimiento del proyecto de ley 166. Encontró una red de conexiones de poder relacionadas a los gremios, las tabacaleras y estudios que fueron fundamentales en la caída.

El proyecto, que fue inicialmente concebido por el senador Juan Luis Castro del Partido Alianza Verde, buscaba desincentivar el consumo el tabaco. El objetivo era generar «recaudo alto, destinación específica para las finanzas del sistema de salud y un ahorro a futuro de pacientes por concepto de enfermedades respiratorias», dijo Castro a CP. Incluso, en esta pandemia del Covid-19, el senador le propuso al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla acoger las propuestas en un decreto ley con el fin de obtener ingresos frescos para enfrentar la crisis y desincentivar el tabaquismo. Ninguna de las dos iniciativas prosperó. 

Plata de bolsillo 

En la caída del proyecto también fue clave el papel de la Federación Nacional de Departamentos, una entidad pública que agrupa a los departamentos y sus gobernadores. Esta se manifestó en contra del aumento en impuestos al tabaco, con el argumento de que este incrementa el contrabando. En Colombia, los departamentos son los que reciben el recaudo de impuestos al tabaco. Los asignan al sistema de salud de sus regiones, al deporte y una parte es de libre destinación.

Además, en plena discusión, la Federación reconoció un posible conflicto de interés, ya que tienen un convenio por 200 millones de dólares de financiación por veinte años con la Philip Morris – Coltabaco.

Hay gato encerrado cuando los mayores beneficiados del impuesto al tabaco, los departamentos, se oponen a un aumento del tributo. Y el gato es la industria, la cual mantiene relaciones con los departamentos… En las discusiones en el Congreso, la posición de la Federación de Departamentos coincidió con los intereses de la industria, con una intervención el pasado 18 de mayo en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y en una concepto enviado a la representante Katherine Miranda en la que se opuso de manera abierta al proyecto de ley de Juan Luis Castro, que buscaba aumentar el tributo al tabaco y tasar a los Iqos. Además, este medio también tuvo conocimiento que desde la Federación estuvieron llamando a los congresistas para que votaran en contra del proyecto de ley, según nos dijeron fuentes del Congreso.

Además, en plena discusión, la Federación reconoció un posible conflicto de interés, ya que tienen un convenio por 200 millones de dólares de financiación por veinte años con la Philip Morris – Coltabaco. “La Federación ha emitido un concepto (en contra del proyecto de ley). Pero quiero antes explicar el rol que ocupa la Federación Nacional de Departamentos dentro del programa anticontrabando a nivel nacional. En su calidad de receptora y ejecutora de unos recursos provenientes de un acuerdo de inversión y cooperación que se celebró en 2009 entre (la República de) Colombia, los 32 departamentos, Bogotá y la tabacalera Philip Morris. Es importante que tengan en cuenta el rol que la Federación (Nacional de Departamentos) está desempeñando, para un posible, o sea para evitar, posibles conflictos de interés”, reconoció la subdirectora de la Federación, Edna Patricia Rangel, en la sesión virtual del 18 de mayo de la Comisión Tercera de la Cámara.

Luego, en contra de la evidencia del Ministerio de Salud de reducción de consumo de tabaco de 12,9 a 7 % entre 2010 y 2017, Rangel aseguró que “no existen a la fecha estudios que demuestren que el mayor aumento en la carga impositiva genere una disminución en el consumo de tabaco».

El mencionado convenio de la Federación y Pmi tiene como fin combatir el contrabando de cigarrillos. Surgió después de un arreglo entre Colombia y la Philip Morris que puso fin a una demanda en Estados Unidos que nuestro país interpuso contra la tabacalera por un escándalo de contrabando que puso en aprietos a la multinacional y al gobierno de Ernesto Samper. De acuerdo a Dinero, “en el 2000, British American Tobacco (BAT) y Philip Morris (Pmi) fueron demandadas por el gobierno colombiano por auspiciar el contrabando, al abastecer desde Aruba y Panamá a los comerciantes ilegales. El pleito se concilió y las multinacionales convinieron ayudar a reducir el comercio ilegal”. Varios de los nombres mencionados en aquel escándalo también aparecían en el Proceso 8.000, el caso de infiltración de dineros del Cartel de Cali en la campaña del presidente por el Partido Liberal Ernesto Samper en 1994. En el convenio, Pmi ejecuta entrenamientos y otros roles de liderazgo alrededor de la lucha contra el contrabando.

“Idealmente, el sistema Iqos debe pagar impuestos y tener advertencias sanitarias. El Iqos solo existe para eso, para consumir los heets, productos de tabaco. Hay un problema técnico legal, ya que debe haber tributación de todo el sistema de Iqos, no solo de los heets. Eso requiere un cambio de la manera como se definen los productos que son objeto del tributo”, dijo a este medio Blanca Llorente, directora de investigación de la Fundación Anáas.

La manera en la que Federación y los políticos han administrado los recursos del convenio ha generado denuncias. Según La FM, la Federación gastó $17 mil millones en un software anticontrabando “que no funciona”. Gastos que se dieron en el periodo del exministro y excongresista liberal Amylkar Acosta. Tras el escándalo, el convenio fue suspendido, pero posteriormente fue reiniciado. Pmi aseguró a CP desconocer si hay decisiones finales tomadas por las autoridades respecto a este caso. Según nos dijo Blanca Llorente de la Fundación Anáas, «la Federación Nacional de Departamentos es una especie de Frankenstein. No fue creada por ninguna ley, ni por ningún acto administrativo. Fue creada por los departamentos en una cumbre. Es un gremio, es lo que llaman una entidad pública de segundo grado. En ese sentido, no es sujeto de la vigilancia de la Procuraduría, de la Contraloría, de los entes de control, vigilancia e inspección pública. La Federación no tiene vigilancia”. Y agregó: “Pero la requiere, su tarea de administrar los recursos públicos amerita esta vigilancia. Hay un limbo que no asegura transparencia y es caldo de cultivo para la corrupción».

Cuestión Pública encontró que las cuotas de dos senadores liberales se beneficiaron del convenio. Víctor Andrés Tovar Trujillo, exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (Utl) del senador liberal Rodrigo Villalba, tuvo un contrato con la Federación por $45 millones en 2015 para «prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico en materia de lucha contra el delito del contrabando de cigarrillos en el marco del convenio COLTABACO-PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A.». Rodrigo Villalba hace parte de la Comisión Tercera de Senado que regula los temas tributarios, órgano al que el proyecto de ley hundido no alcanzó a llegar. Amylkar Acosta era director de la Federación cuando Tovar recibió el contrato.

El senador Villalba nos aseguró que no tenía conocimiento de que Víctor Tovar fuera contratista de la Federación para el convenio con Pmi. También dijo: «No he ejercido ningún tipo de influencia para la vinculación de Víctor Andres Tovar a la Federacion de Departamentos y menos al convenio que ud menciona», antes de agregar que Tovar no trabaja en su Utl desde octubre de 2018.

Después, cuando el director de la Federación era Plinio Olano, excongresista del Partido de la U y exliberal que fue investigado y absuelto por el caso Odebrecht, Natalie Millán Otero, la esposa del senador liberal Horacio José Serpa, hijo del samperista homónimo, tuvo un contrato con la Federación por $24 millones desde junio de 2017 para para prestar apoyo a la dirección del «Acuerdo Philip Morris y la Federación en la gestión administrativa y técnica». Estos hallazgos se dieron dentro de la investigación al patrimonio de los senadores Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, que será lanzada muy pronto. Serpa no participó en la votación del proyecto de ley que se hundió en la Comisión Tercera de la Cámara, pues él conforma la Comisión Sexta de Senado.

Serpa le aclaró a CP que el contrato de su esposa con la Federación fue firmado cuando él aún no era senador (sí era concejal de Bogotá). También que entre su esposa y Philip Morris “no existe, ni ha existido, vínculo contractual”. Y aseguró que como senador no se declaró impedido para debatir temas de la industria tabacalera porque según él, “al no existir vínculo jurídico alguno, ni anterior ni vigente, que relacionara a mi esposa con los intereses comerciales del sector tabacalero, no estaba en la obligación de declararme impedido”.

Pmi no comentó estos hallazgos de Cuestión Pública.

Hoy la Federación es dirigida por Carlos Camargo Assis, ex magistrado del Consejo Nacional, a donde llegó con apoyo del Partido Conservador y del Centro Democrático. Camargo realizó la ponencia de archivo a la investigación por el caso Odebrecht a la campaña presidencial del uribista Óscar Iván Zuluaga. Camargo es esposo de María Paulina Pineda García, la hija de la senadora Nora García Burgos y por lo tanto, cuñado del ex alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García. También es primo segundo del senador David Barguil Assis. Incluso en la cumbre de gobernadores en septiembre de 2018 en Mompox, el presidente Duque llamó “buen amigo” a Camargo, ya que estudiaron juntos. Este medio buscó conocer la versión de la Federación, pero al cierre de esta publicación no habían respondido nuestra solicitud de información.

Los gremios

Cuestión Pública confirmó que los congresistas que votaron en contra del proyecto de ley tenían como punta de lanza un estudio de la firma encuestadora y consultora Invamer, contratado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y que fue introducido en el debate legislativo por la Federación Nacional de Departamentos. Este estudio dice que el contrabando en Colombia aumentó para los años 2018 y 2019 y le sirvió a los congresistas para decir que los impuestos generan mayor contrabando. Según confirmó Cuestión Pública, la Philip Morris – Coltabaco es miembro de la Andi a través de su seccional Antioquia. La página de la Andi también hace recuento de un desayuno en mayo de 2015 para tratar el tema del contrabando al que asistió Coltabaco, entre otras empresas y entidades. 

Este medio también encontró que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) publicó en su página web sobre el proyecto de ley que buscaba aumentar el precio al tabaco. Este gremio recibió más de 68 mil dólares de la Philip Morris en 2018 para un proyecto de “apoyo a las personas desplazadas en el desarrollo de microfranquicias para facilitar su reintegración social”.

Asimismo, Cuestión Pública halló que, en 2010, el entonces presidente de Fenalco, el ex ministro de Defensa Guillermo Botero, en representación del gremio cuestionó las prohibiciones a la publicidad de productos de tabaco que hoy son ley, entre otras posiciones favorables a la industria. “Comparto también con la Andi la prohibición (de promocionar productos de tabaco) que está consagrada para los medios de comunicación. Nos parece que está bien que se restrinja para los menores y demás, pero condenar a que no exista ninguna manera ni de anunciar ni de promover los productos pues no deja de ser un asunto por demás grueso y complejo. (…) Lo mismo podría continuar con el tema de las vallas, que en la medida en que no estén dirigidos a menores simplemente es un problema recordatorio de marca”, aseguró en el Congreso en 2010.

En Concordia

Adicionalmente, funcionarios de alto nivel del gobierno nacional han tenido relaciones directas o cercanas con la industria tabacalera y sus grupos de interés. El propio presidente Duque asistió en Bogotá en 2019 a la Convención para las Américas de Concordia, patrocinada por Philip Morrris. Y la secretaria privada del presidente Duque, María Paula Correa, fue directora de compromiso estratégico y directora para América Latina de Concordia, organización de empresas privadas para generar alianzas inter-sectoriales con impacto social.

*Proyecto coordinado por Alessia Cerantola. Colaboraron en el reporteo de esta investigación Makoto Watanabe, Nanami Nakagawa, Robert Hongo, Mariko Tsuji, Shota Tomonaga, Annelise Giseburt (Waseda Chronicle, Japón), Anna Myroniuk (Kyiv Post, Ucrania); Andrei Ciurcanu (Rise Project, Rumania); Giulio Valesini, Laura Nesi, Elisa Bruno, (Report Rai 3, Italia); Matthew Chapman, (TBIJ, UK); David Ilieski Saska, (IRL, Macedonia) Lilia Saúl, (Aristegui Noticias, México), David Tarazona, (Cuestión Pública, Colombia), Paolina Albani, (Guatemala), Mariela Mejía, (República Dominicana).

*Crédito de ilustraciones: OCCRP.