(13/12/2021)

La Federación Nacional de Departamentos (FND), que administra los impuestos departamentales del licor y el tabaco por $1,9 billones (2020), ha sido fortín de cuestionados políticos en la última década. Por su dirección ejecutiva han pasado el defensor del Pueblo Carlos Camargo, el contralor general Carlos F. Córdoba y el investigado exgobernador de Santander, Didier Tavera. Cuestión Pública recopiló los escándalos y presuntos conflictos de interés en la entidad.

Por: El Escarbabajo

El cordobés Carlos Camargo se convirtió en director ejecutivo de la FND en septiembre de 2018, cargo al que aterrizó con la venia del presidente Iván Duque, según un alto exfuncionario de la Federación que habló bajo reserva con Cuestión Pública. Tanto en la FND como en la Defensoría del Pueblo, Camargo ha resultado implicado en escándalos sin que el Gobierno los haya condenado enérgicamente.

A Camargo lo antecedía un acontecimiento importante: como magistrado del Consejo Nacional Electoral, en 2017, archivó una investigación contra Óscar Iván Zuluaga por el caso Odebrecht. Con su ponencia, Duque también se vio beneficiado, ya que en 2014 viajó a Brasil con el entonces candidato presidencial Zuluaga a un encuentro con ejecutivos de la constructora brasileña, quienes se comprometieron a pagar la asesoría del estratega político Duda Mendonça para la campaña presidencial.

Con esa ‘jugadita’, Camargo habría hecho puntos para dirigir la FND, según contó el alto exfuncionario de la Federación. Recordemos que Camargo y Duque se graduaron de la misma universidad: la Sergio Arboleda.

A la vez que ostentaba el cargo de director ejecutivo de la FND, en julio de 2019, Camargo se encontraba entre los candidatos preseleccionados para ser registrador nacional. Durante el proceso estalló un escándalo: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, denunció que Camargo otorgó contratos a socios y familiares de magistrados del Consejo de Estado y Consejo Nacional Electoral, que votan en la elección del cargo de registrador. En agosto de 2019, Camargo desistió de su aspiración. 

Un año después, dejó la Federación en medio de varios escándalos: uno de ellos, el uso de la tarjeta corporativa de la entidad en gastos extras de alrededor de $8 millones en un viaje a España en julio de 2019. El viaje a España tuvo como fin «analizar el funcionamiento de las regiones autónomas» y costó $238 millones, de acuerdo con el medio Corrupción al Día. Los entonces gobernadores Dilian Francisca Toro (Valle), Óscar Campo (Cauca) y Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico), acompañaron a Camargo.

Camargo le dijo a El Tiempo que como no tenía una tarjeta personal usó la de la FND. Explicó que solo se trató de un “préstamo” que no superó los $5 millones y que después reintegró. 

Además, la periodista Catherine Juvinao y Semana, revelaron compras que Camargo realizó en Bogotá y otras ciudades entre mayo y junio del mismo año con la tarjeta corporativa de la FND, entre los cuales estaban $1,2 millones en la tienda Salvatore Ferragamo, $689 mil en Tous y $300 mil en Tommy Hilfiger.

​​Cuestión Pública envió un derecho de petición el 11 de noviembre de 2020 a la FND y al mismo Camargo solicitando pruebas de que en efecto sí devolvió el dinero de todos estos gastos. La entidad contestó dos semanas después negando la petición, al no considerarla  “de interés público”. El defensor no ha respondido. 

Los cuestionamientos lo siguieron a la Defensoría del Pueblo, cargo al que llegó en agosto de 2020. Durante el paro nacional de 2021, su gestión fue criticada por una débil defensa de los derechos humanos frente a las desapariciones y asesinatos de manifestantes en los que la fuerza pública se vio involucrada. También se le ha señalado por presuntos nombramientos de cuotas políticas y contratos a dedo en la entidad, como reveló W Radio.

Su elección en esta posición tampoco pasó desapercibida. Camargo obtuvo el apoyo de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y de la U en la Cámara de Representantes, pese a que no habría cumplido con los 15 años de experiencia necesarios para el puesto, según una investigación de Cuestión Pública de agosto de 2020. De hecho, su elección enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado a raíz de las revelaciones de Cuestión Pública. El mismo Consejo de Estado cuyos magistrados se habrían visto beneficiados con nombramientos en la FND dirigida por Camargo, según Ariel Ávila.

Camargo no fue el único que pasó de la Federación a la Defensoría. También lo hizo Nelson Vives Calle, su secretario privado y primo del capturado empresario Enrique Vives. Nelson Vives confirmó a este medio que sí fue contratado en la Federación de 2018 a 2020. Dentro de sus funciones estaba el dar “apoyo, asesoría y consultoría al despacho del director ejecutivo”, que en su momento fue Carlos Camargo. 

Carlos Felipe Córdoba: ¿juez y parte de las mieles de la Federación?

Los cuestionamientos en la FND no han sido un asunto solo de la administración de Carlos Camargo. Córdoba, que dirige la Contraloría, entidad que audita el Fondo Cuenta -una bolsa manejada por la FND con $1,9 billones del impuesto al tabaco y al licor-, fue director ejecutivo de la entidad antes de Camargo.

Córdoba tuvo un paso fugaz por la dirección ejecutiva en marzo de 2018 en reemplazo de Plinio Olano, entonces capturado e investigado por el escándalo de Odebrecht. Sin embargo, era un viejo conocido de la FND, pues ya había sido contratista y director del Programa Anticontrabando, línea del Acuerdo con Philip Morris, en 2013, 2014, 2015 y 2018. Esos contratos sumaron alrededor de $381 millones.

Antes de llegar a la FND, Córdoba había trabajado como contralor delegado en septiembre de 2010 y vicecontralor en mayo de 2012. El risaraldense ha dado saltos entre las dos entidades: la que vigila el Fondo Cuenta, es decir la Contraloría y la que lo administra, la FND. 

Sandra Morelli, que fue jefe de Córdoba en la Contraloría, le dijo a Semana que este estaba inhabilitado de forma ética para ser contralor por haber sido director de la Federación cinco meses antes, ya que desde la FND tenía una relación estrecha con los gobernadores y no estaría bien que ahora él fuera quien les hiciera control fiscal. Pese a esto, el Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que Córdoba no estaba inhabilitado y fue elegido contralor general en agosto de 2018.

Todo se queda en familia 

Córdoba parece un camaleón. Comenzó su vida política en las juventudes uribistas en 2002. Según La Silla Vacía, también participó en la campaña de Juan Manuel Santos en 2010. Además, es visto con buenos ojos por los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U, de quienes recibió apoyo en su candidatura para contralor, según Noticias Uno. Al Partido Conservador lo une la familia, pues su esposa Marcela Yepes es hija del exsenador Ómar Yepes, presidente de este partido. Es decir, los mismos partidos que han respaldado también a Carlos Camargo.

Quedémonos un momento con Marcela Yepes. Ella ocupó el cargo de directora ejecutiva de la Fiscalía de Francisco Barbosa hasta julio de 2020. A su vez Walfa Téllez, esposa de Barbosa, ha sido la mano derecha de Córdoba desde que era subdirectora en la FND y luego como contralora delegada de Medio Ambiente.

Cuestión Pública y Noticias Uno dieron a conocer los detalles de un viaje a San Andrés que realizaron el fiscal Barbosa y el contralor Córdoba con sus familias el puente del 29 de junio de 2020, en el que se hospedaron en un hotel del conglomerado de Carlos Londoño, militante del Partido Conservador que es cercano al presidente Iván Duque.

También La Silla Vacía reveló que Córdoba obtuvo la ampliación de 709 cargos nuevos en la Contraloría por medio de un decreto de marzo de 2020 del presidente Duque. Según el medio, Córdoba tiene línea directa con el presidente Duque y María Paula Correa, jefe de gabinete. Ya con decreto en mano, aseguró La Silla, realizó contratos cuestionados: 105 para vínculos políticos, 37 para amigos o colegas de anteriores trabajos y 3 para personas relacionadas con su esposa.

Sandra Morelli, contralora general de la Nación de 2010 a 2014, nos explicó que la FND “es una organización atípica que no debería tener recursos públicos” y que es “absurdo” que maneje un presupuesto billonario sin que sea destinado a gastos prioritarios del Estado: “eso no (lo usan) para hacer obras ni prestar servicios fundamentales”

Cuestión Pública adicionalmente reveló en junio de 2020 que la senadora conservadora Nora María García Burgos -suegra del defensor del Pueblo, Carlos Camargo- hizo parte de la comisión accidental del Senado que escogió a los candidatos a contralor general, entre ellos, a Córdoba. Un año después, la Contraloría archivó un proceso de responsabilidad fiscal contra Marcos Pineda, hijo de García Burgos.

Los escándalos, ¿indispensables para manejar la Dirección Ejecutiva de la FND?

En agosto de 2020, el exgobernador de Santander, Didier Tavera, llegó en reemplazo de Carlos Camargo y quedó a la cabeza de la dirección ejecutiva de la Federación hasta ahora. 

La vida política del santandereano ha estado rodeada de serios cuestionamientos. Tavera es aliado político del senador liberal Miguel Ángel Pinto, pero su relación trasciende lo político, ya que el exgobernador es sobrino de Claudia López Rodríguez, esposa del senador Pinto. Además, es hijo de Ernesto Tavera, narcotraficante del Cartel de la Costa asesinado en el 2000.

En 2016, logró llegar a la Gobernación con el aval del Partido Liberal. Durante su administración fue investigado y enfrentó detención domiciliaria por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En 2019 terminó su periodo privado de la libertad. 

Esta investigación no impidió que Tavera ocupara uno de los altos cargos en la FND, porque lo que realmente importa es que quien salga elegido cuente con conexiones en la Presidencia para que las gobernaciones se vean beneficiadas, según nos explicó un exalto funcionario de la entidad que nos habló bajo reserva.

¿Pública o privada?: Las contradicciones de la FND

Durante esta investigación nos preguntamos cuál es la causa de que en la FND aniden cuestionados dirigentes, y la respuesta la encontramos en cómo se concibió esta entidad. 

La FND surgió en 1994 para representar a los departamentos como respuesta al centralismo que imperaba en Colombia. Pero se creó como una entidad pública de segundo grado, es decir, que se rige por las normas del derecho privado y cuenta con autonomía administrativa a pesar de su carácter público. 

En palabras sencillas, la FND es pública para celebrar con otras entidades contratos y convenios interadministrativos, que, según un exalto funcionario de la FND, se adjudicarían a dedo, evitando un proceso de licitaciones y adjudicando dineros públicos. Sin embargo, saca a relucir su naturaleza privada cuando se trata de recibir solicitudes de acceso a la información que cualquier entidad pública entregaría.

Cuestión Pública envió derechos de petición a la Federación para consultar los gastos de la entidad en 2018. También para saber el listado de agendamiento de visitas a la oficina del director ejecutivo de la entidad entre 2018 y 2019. Ambos fueron negados: primero porque la FND dijo que “no cumple funciones públicas, su finalidad es sin ánimo de lucro y todos sus actos se rigen por el derecho privado” y segundo porque la información que pedíamos “no era de interés público”.

¿Por qué esto es problemático?

La FND maneja recursos billonarios: el Fondo Cuenta y la financiación de la Philip Morris (155 millones de dólares). Así, la entidad que maneja más de $1,9 billones no entrega información en derechos de petición.

Esta opacidad abre grandes interrogantes: si la FND “no cumple con funciones públicas”, por qué es la encargada de administrar este presupuesto que bien podrían cubrir lo que costarán las elecciones presidenciales y legislativas de 2022. 

¿Por qué una entidad aparentemente pública, pero de naturaleza privada, maneja los impuestos departamentales del tabaco y licor, además de los millonarios recursos de un convenio con una tabacalera? Sandra Morelli, contralora general de la Nación de 2010 a 2014, nos explicó que la FND “es una organización atípica que no debería tener recursos públicos” y que es “absurdo” que maneje un presupuesto billonario sin que sea destinado a gastos prioritarios del Estado: “eso no (lo usan) para hacer obras ni prestar servicios fundamentales”. 

#BonusTrack: El abanico de personajes cuestionados que anidó en la Federación 

Los escándalos con políticos cuestionables en la entidad se vienen gestando desde hace una década. Aquí le presentamos a más directores ejecutivos de la FND y su historial. 

No se pierda las publicaciones de las presuntas ‘jugaditas’ de la Federación con plata de la Philip Morris. Aunque la multinacional dice no financiar la política ni campañas electorales en Colombia, todo parece indicar que el dinero que da a la Federación termina en posibles cuotas políticas y contratos cuestionados.

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