(13/12/2021)

¿Cuotas de políticos en FedeDepartamentos con plata de Philip Morris?

Pese a que la Philip Morris (PMI) le dijo a Cuestión Pública que no financia la política colombiana, este medio encontró que en el marco del convenio por 155 millones de dólares que tiene con la Federación Nacional de Departamentos, esta entidad pública ha contratado a un hermano, esposas, una cuñada y presuntas cuotas de congresistas y gobernadores. Hay 27 contratos que suman $1.850 millones a 15 personas con vínculos políticos. Hasta el hacker Sepúlveda resultó contratado. En paralelo, un ejecutivo de PMI hizo 25 visitas al Congreso, una al despacho del otrora senador Iván Duque.

Por: El Escarbabajo

El contralor general, senadores activos, un exprocurador general y conocidos exgobernadores estarían vinculados a estos contratistas, que entre 2012 y 2021 celebraron 27 procesos en el marco del acuerdo entre la FND y la PMI. Esto para prestar apoyo jurídico en la lucha contra el contrabando de cigarrillos y licores, entre otros servicios.

Se trata de Carlos Felipe Córdoba, los senadores del Partido Liberal Roosvelt Rodríguez, Rodrigo Villalba, Horacio José Serpa y Mauricio Gómez Amín, el exprocurador Fernando Carrillo, el exprecandidato presidencial y exalto comisionado de Paz Miguel Ceballos, entre otros funcionarios y exfuncionarios.

Dentro de las conexiones políticas de los contratistas, los partidos que más sobresalen son el Liberal, la U, el Conservador y Cambio Radical. 

Los contratos analizados en esta investigación, hallados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP I, se han firmado en el marco del Acuerdo de Inversión y Cooperación, suscrito en 2009 entre la PMI y la Federación, en el cual se estableció que la tabacalera pagaría 155 millones de dólares a la FND en un periodo de 20 años. Este acuerdo se firmó después de la demanda que Colombia interpuso en 2001 en contra de la tabacalera por presunta evasión de impuestos, lavado de dinero e incentivo al contrabando.

A continuación les mostramos algunos de los contratistas más llamativos pagados con plata de la PMI y quienes serían sus conexiones políticas. Los demás estarán en una base de datos incluida en este artículo.

Familiares de senadores: la fuerza de trabajo de la FND

Los parientes de políticos han sobresalido en los contratos de la Federación. 

-Es el caso de Alberto Gómez Amín, hermano del senador liberal Mauricio Gómez Amín. Alberto Gómez firmó tres contratos entre 2019 y 2020 con la FND, que suman alrededor de $215 millones, los tres por contratación directa para el programa anticontrabando.

-También está el caso de Natalie Millán Otero, esposa del senador Horacio José Serpa. Millán fue contratada en 2017 por $24 millones para prestar apoyo administrativo a la dirección del acuerdo entre la Federación y la PMI. Serpa le dijo en 2020 al Indiscregram de este medio que “al no existir vínculo jurídico alguno, ni anterior ni vigente, que relacionara a mi esposa con los intereses comerciales del sector tabacalero, no estaba en la obligación de declararme impedido”. También fue enfático en resaltar a Cuestión Pública que entre su esposa y Philip Morris “no existe, ni ha existido, vínculo contractual”.

“Los gobernadores o senadores no pueden tener a sus más cercanos, esposas, gerentes de campaña o hijos en sus listas de trabajo, porque queda muy evidente. Entonces, los mandan a la Federación y luego la persona de la Federación manda a sus familiares a la gobernación”, dijo Ariel Ávila.

-Llama la atención la exalcaldesa de Yumbo (Valle) Alba Leticia Chaves Jiménez, cuñada del senador del Partido de la U, Roosvelt Rodríguez. Cháves ha suscrito cinco contratos entre 2016 y 2018 con la Federación, todos por contratación directa. Los contratos suman en total $229 millones. Uno de ellos fue en el marco del convenio con la Philip Morris. 

El senador Rodríguez afirmó al Indiscregram de CP que se enteró del contrato por medio de las preguntas de Cuestión Pública. Sabemos lo que hiciste reveló que en 2015 Cháves trabajó en la campaña de Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle. Su relación parece ser personal, pues estuvo en el cumpleaños de la entonces gobernadora del Valle. Y esto es relevante porque la Asamblea General de la FND está integrada por los gobernadores de turno.

A través de la cuenta de Facebook, Alba Chávez comparte fotografías en el cumpleaños de Dilian Francisca Toro.

Recordemos que Dilian Francisca Toro fue parte del combo de gobernadores que acompañaron al entonces director ejecutivo de la FND, Carlos Camargo, a un viaje a España. 

El senador Roosvelt Rodríguez ha sido parte del grupo de la exgobernadora Toro. Además, Cháves aportó a la campaña de Rodriguez para el Senado en 2018 y fue Secretaria de Hacienda del Valle del Cauca (2014).

-Otro caso curioso es el de Manuel Felipe Castaño, hijo del senador liberal Mario Castaño y contratista de la Federación. A pesar de que su contrato no está en Secop I ni II, pudimos verificar su paso por la entidad en su LinkedIn, donde registró como experiencia laboral un contrato como asesor de la entidad desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Cuestión Pública buscó a Manuel Castaño y nos confirmó que el perfil que encontramos en esa plataforma sí era suyo. Sin embargo, no se pronunció sobre los servicios que prestó y la fecha en la que entró a la entidad. No es claro si el contrato de Castaño hace parte del acuerdo con PMI.

Mario Castaño comparte a través de su cuenta de Facebook fotografías junto a Roberto Jaramillo en una concentración del partido MIRA.

Ariel Ávila, politólogo y periodista, explicó a Cuestión Pública que estos casos se deben a que “el director de la FND es elegido por los gobernadores y estos condicionan al director, por eso es que ahí se encuentra a familiares de políticos”.

Además, según Ávila, la entidad también sirve, entre otras cosas, para pagos de favores y trueques de cuotas entre políticos: “los gobernadores o senadores no pueden tener a sus más cercanos, esposas, gerentes de campaña o hijos en sus listas de trabajo, porque queda muy evidente. Entonces, los mandan a la Federación y luego la persona de la Federación manda a sus familiares a la gobernación”. 

También consultamos a un alto exfuncionario de la Federación que habló bajo reserva y de acuerdo con su versión, las contrataciones de la Federación están llenas de cuotas de gobernadores. “A los amigos del gobernador, obviamente, no los van a poner en la Gobernación, sino que le sacan un contrato en la Federación”, aseguró.

El hombre del contralor Córdoba y del senador Villalba

 

Víctor Andrés Tovar muestra su apoyo a Carlos Felipe Córdoba en la elección de contralor a través de Instagram.

Uno de los ejemplos que más ilustra nuestros hallazgos es el del contratista Victor Andrés Tovar Trujillo, hijo de la alcaldesa de Tarqui, Huila, Dora Liliana Trujillo y del exalcalde del mismo municipio, Victor Tovar. Tovar Trujillo ha sido cercano al contralor Felipe Córdoba, tanto que en su Instagram se puede apreciar su apoyo a la elección de Córdoba en la Contraloría.

En 2013, 2014 y 2015, Córdoba fue contratista de la FND, dirigiendo el Programa Anticontrabando (de cigarrillos y licores). Durante esos mismos años, Tovar también fue contratado en la entidad para dar apoyo jurídico en ese mismo programa y con una contratación directa en el marco del acuerdo con PMI por $45.500.000. Los cuatro contratos de Tovar con la entidad suman $133.569.234.

Tres años después, Córdoba fue designado director ejecutivo de la FND, entre marzo y agosto de 2018. Inmediatamente después de eso, pasó a ser contralor general. Tovar lo siguió. Entre noviembre de 2018 y enero de 2020, cuando Córdoba ya era contralor, Tovar suscribió 3 contratos con la Contraloría que suman $242.483.333, entre ellos, para ser asesor de la Vicecontraloría General. En enero de 2021, Tovar dejó su cargo como asesor de despacho de Córdoba y le dedicó un sentido mensaje a su amigo en Instagram.

Víctor Tovar comparte a través de Instagram una fotografía junto a Carlos Felipe Córdoba.

Las conexiones políticas de Tovar Trujillo no paran ahí. Cuestión Pública reveló en Sabemos lo que hiciste que en 2018, Tovar fue asesor en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Rodrigo Villalba. De acuerdo con un artículo del 4 de noviembre de 2018 de La Silla Vacía, Tovar Trujillo manejó tres de las campañas de Villalba al Congreso. Una fotografía del medio La Nación, en la que se les muestra juntos celebrando el cumpleaños del senador en 2017, junto a Beatriz Rocha, esposa de Tovar, demuestra su cercanía. Al respecto, Villalba nos aseguró que no tenía conocimiento de que Víctor Tovar haya sido contratista de la Federación para el convenio con PMI. También dijo: “no he ejercido ningún tipo de influencia para la vinculación de Víctor Andrés Tovar a la Federación de Departamentos y menos al convenio que usted menciona”.

De izquierda a derecha: Víctor Andrés Tovar, Rodrigo Villalba y Beatriz Rocha. Foto tomada de La Nación.

Tovar quiere seguir avanzando en la vida política, pero ya no tras bambalinas. Para las elecciones legislativas de 2022, será candidato a la Cámara de Representantes por el Huila.

Mira la base de datos al final del artículo para conocer más conexiones de Córdoba

Presuntas cuotas de gobernadores en la Federación

No solo encontramos contratistas con conexiones directas con senadores o el contralor general, sino también con los gobernadores.

Empecemos por Quindío. Una persona que sería cercana a Carlos Eduardo Osorio, exgobernador de esa región (2016-2019) también firmó contrato con la Federación. Se trata de Analdi Yesid Aguillón. Aguillón apoyó en 2015 la campaña de Osorio para la Gobernación del Quindío y suscribió cuatro contratos entre 2018 y 2020 con la FND que suman alrededor de $183 millones, todos por contratación directa. Para el convenio con Philip Morris, desempeñó tareas en procesos contractuales, en capacitaciones y eventos.

También encontramos casos de funcionarios que luego de trabajar en gobernaciones, pasaron a la FND. La Federación está compuesta por la Asamblea General de Gobernadores, integrada por la totalidad de mandatarios regionales y se encarga de la elección del director ejecutivo de la entidad y de su revisor fiscal. 

Veamos la situación de Plinio Alevio Pérez Mora, que en 2014 fue designado secretario de Hacienda por el entonces gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. Dos años después fue contratado como asesor del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la FND, en el marco del convenio con la PMI. Los dos contratos que celebró ese año con la entidad sumaron $80.266.667.

También está el caso de Eliana Margarita Cerón Guevara, que en enero de 2012 fue elegida por el entonces gobernador del Atlántico José Antonio Segebre, como directora del Instituto de Tránsito del Atlántico. Segebre ganó la Gobernación con el apoyo del senador Miguel Amín Escaf, la excongresista Karime Mota y de Laureano ‘el Gato’ Acuña. Estos dos últimos son cercanos al condenado exlegislador Eduardo Pulgar. En octubre de 2013, Cerón dejó el Instituto e ingresó al grupo de asesores de la administración de Segebre. De acuerdo con Función Pública, para enero de 2014 Cerón ya era contratista en la Federación y en 2017 firmó un contrato con la entidad en el marco del Acuerdo con la PMI, por $107.110.051.

José Antonio Segebre y Eliana Margarita Cerón en los recuadros rojos. Foto tomada de El Heraldo.

Todos los casos pueden ser visualizados en la base de datos que encuentran al final del texto. A continuación, veremos algunos casos relevantes.

Todos los caminos (políticos) llevan a la FND

En el tercer grupo les mostramos a contratistas bien conectados con personajes de la alta política a nivel nacional.

En 2015, Iván Botero Páramo suscribió un contrato por $87 millones con la Federación como representante legal de LÖSUNG SAS, una empresa que presta servicios a entidades públicas y privadas de desarrollo de estrategias de comunicación. Botero fue asesor del exprecandidato a la Presidencia y exalto comisionado para la Paz Miguel Ceballos Arevalo, cuando este último fue viceministro de Justicia desde 2009 en el Gobierno Uribe hasta agosto de 2010. Botero ocupó temporalmente el Viceministerio de Justicia en 2010 cuando Ceballos dejó el cargo. El representante de LÖSUNG también está relacionado con el senador Horacio José Serpa, con quien se le ve en una foto en Instagram junto con el exministro de las TIC David Luna.

De izquierda a derecha: Horacio José Serpa e Iván Botero Páramo en el recuadro rojo. Foto tomada del Instagram, de Iván Botero.

Sigamos con Iván Darío Gómez Lee. Cuando era dueño de la empresa IDGL SAS, esta fue contratada por $249 millones entre 2013 y 2015 para asesoría jurídica en el marco del convenio con PMI. Según El Tiempo, en 2019 Gómez Lee fue el candidato del exprocurador general Fernando Carrillo para la elección de magistrado de la Sección Tercera de la Sala Plena del Consejo de Estado. En enero de 2017, Carrillo nombró a Iván Gómez Lee como procurador delegado para la conciliación administrativa. 

Gómez Lee ha tenido varios cargos públicos: en febrero de 2016 fue elegido magistrado para la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De junio de 2009 a marzo de 2011 fue auditor general de la República. Entre 2007 y 2009, fue secretario de la Procuraduría, entre otros cargos públicos.

El contrato del hacker Sepúlveda

Cŕedito: Bloomberg.

En 2013, la Federación contrató a Andrés Sepúlveda, que en 2015 fue condenado por hackear a los negociadores del Acuerdo de Paz. 

El contrato otorgado por la Federación liderada entonces por Germán Chica fue por $60 millones y era para el Programa Anticontrabando “asesorando y estructurando el desarrollo tecnológico y de seguridad en relación con los procesos digitales que se desarrollan en la Federación Nacional de Departamentos y el Acuerdo Philip Morris”. 

Según Bloomberg, desde 2011 Sepúlveda ya realizaba hackeos y ataques cibernéticos de tinte político en varios países de América Latina.

PMI y los congresistas

Al margen de la financiación del acuerdo con la FND y sin una aparente relación con los departamentos, un ejecutivo de la tabacalera PMI visitó el despacho de políticos claves. Cuando era senador, el 14 de marzo de 2016, Iván Duque recibió en su oficina a Carlos Adolfo Guzmán Toro, vicepresidente de Philip Morris (PMI) hasta septiembre de 2020 de acuerdo con su LinkedIN, según la respuesta a un derecho de petición enviado por CP al Congreso.

El exsenador Richard Aguilar luego recibió una visita en el Congreso de Guzmán Toro. El 21 de enero de 2019 lo visitó, cuando según el Twitter del hoy capturado Aguilar, estaba trabajando en nuevos proyectos de ley durante el inicio del año.

Para 2019, Guzmán ya llevaba 25 visitas al Congreso. Algunas coinciden con las discusiones de la reforma tributaria de 2016, que aumentó el impuesto al tabaco y que ha sido parte del éxito en la reducción del número de fumadores en el país, según el Ministerio de Salud.

En noviembre de 2016, el senador uribista Fernando Araújo recibió 8 visitas de Guzmán en distintos días. Las visitas coincidieron con sus posiciones favorables a la industria tabacalera en Twitter y en contra de esa reforma tributaria.

“El impuesto del 1.500% a los cigarrillos sí genera contrabando. En 2010 con primera RT de Santos, que impuso este impuesto aumentó contrabando”, tuiteó Araújo el 17 de noviembre de 2016. Es decir, siete días después de recibir a Guzmán, quien lo visitó de nuevo el 22 de noviembre. “El CD votó NO al aumento excesivo del impuesto a los cigarrillos”, tuiteó en diciembre de 2016.

La respuesta de PMI

El 9 de diciembre de 2021, a través de su filial colombiana, Coltabaco, PMI le respondió a Cuestión Pública que “no ha sugerido o influenciado la adopción de una postura determinada frente a ningún proyecto de ley”, negando de tajo cualquier atisbo de lobby en favor de la industria. 

La tabacalera aseguró además, que “no ha financiado contrataciones de ninguna organización política” y que “no tiene ninguna relación con las personas mencionadas” como posibles conexiones políticas de los contratistas.

La compañía dijo que en caso de que esta investigación revelase “cualquier inconsistencia o acción que represente conductas jurídicamente reprochables debe y será puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes por parte de Coltabaco”.

En 2017 PMI suspendió el acuerdo temporalmente después de que la FM revelara inconsistencias en un contrato de $17.000 millones para software de seguridad durante la dirección de Amylkar Acosta. Esa vez la tabacalera pidió a las autoridades que se pronunciaran sobre los hechos. “No se tiene conocimiento por parte de la Compañía sobre decisiones finales tomadas en este sentido por parte de las autoridades competentes”, nos aseguró PMI en 2020.

El acuerdo fue reactivado en 2019 debido al supuesto incremento del contrabando de cigarrillos en Colombia. 

La tabacalera también señaló que “es potestad de la FND bajo sus criterios de idoneidad y probidad, (…) adelantar la ejecución de los proyectos (y contratos)” del acuerdo. Agregó que solo da aprobación en cuanto a la ejecución de proyectos “en aquellos casos específicos en que en consideración al monto de la inversión, (la FND) debe solicitar la aprobación expresa de Coltabaco”. Como no especificó el monto, no es claro para Cuestión Pública si alguna de las contrataciones que presentamos en esta investigación recibió previa aprobación de la compañía. 

Por su parte, la Federación no respondió nuestras preguntas específicas sobre las contrataciones de presuntas cuotas políticas, ni sobre nada referente al acuerdo que sostienen con la Philip Morris. Se limitaron a decir que el “régimen contractual de la FND corresponde al derecho privado (…) de ahí que (…) no hay lugar a la aplicación de la normatividad contractual de derecho público”. Agregaron que su misión es “velar por intereses de orden general (…) sin que haya lugar ni tenga cabida la participación ni la influencia de intereses particulares”. Así como en las negaciones a derechos de petición, a través de su jefe de prensa tampoco entregaron mayor información.

Para ver los otros casos de contratistas relacionados con políticos colombianos, explora la base de datos.

Conoce las respuestas de los investigados

Cuestión Pública envió cuestionarios a los mencionados en esta investigación. Consultamos sobre los vínculos entre contratistas y políticos y sus funciones específicas en la Federación. A la fecha de esta publicación, las siguientes personas no contestaron a nuestras preguntas: Víctor Andrés Tovar Trujillo, Andrés Sepúlveda, Felipe Muñoz Gómez, Carlos Eduardo Osorio, Humberto Vargas Durán, Raúl Delgado Guerrero, Jose Antonio Segebre Berardinell, Enrique Peñalosa, Eliana Margarita Cerón, Maria Fernanda Guevara Cadena, Iván Darío Gómez Lee, Iván Nicolás Botero, Plinio Alevio Pérez Mora, Marcos Daniel Pineda García y Alba Leticia Chaves Jiménez.

Tras semanas de investigación, no pudimos establecer contacto con las siguientes personas: Miguel Fernando Abuchar Alemán, Analdi Yesid Aguillón, Alberto Gómez Amín y Germán Chica.

Conoce en la siguiente tabla las respuestas recibidas de las demás personas nombradas en este artículo:

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