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De los 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves que otorgó Álvaro Uribe como director de la Aerocivil (1980-1982), se suman nuevos nombres vinculados al narcotráfico. Esta segunda entrega revela cómo los negocios de estos personajes conducen a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente, y con Lucía Gaviria Jaramillo, mamá de la modelo Natalia París.

En estas redes de blanqueo participan “empresarios” que financian las licencias, presentan inventarios de madera ficticios y la transportan irregularmente de la mano de funcionarios de la Policía y Codechocó. Solo entre 2018 y 2021 se perdieron 31.000 hectáreas de selva en el departamento.

Entre 2013 y 2014, una empresa vinculada al hermano de Alex Saab compró dos exclusivos apartamentos en Barranquilla, por $2.400 millones. Los inmuebles fueron vendidos por separado por dos familias empresarias, los Tcherassi-Janna y los Janna-David. Aunque ambos matrimonios hoy se encuentran enfrentados por acusaciones mutuas de soborno y fraude, Cuestión Pública encontró que los une este entramado inmobiliario. La élite de la arenosa tuvo mucho más que ver con Saab de lo que aparenta.

Entre 1980 y 1982, Álvaro Uribe, entonces director de la Aerocivil, otorgó 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves a cientos de personas y empresas. Entre ellos, a 8 vinculadas con el narcotráfico, como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”, y Julio Roberto Silva, un esmeraldero también relacionado con el tráfico de drogas. Para entonces, ya se conocían las actividades ilícitas de varios de ellos.

Socorro Oliveros -esposa del candidato presidencial- compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al millón de dólares ($3.765 millones a hoy) en la Florida, Estados Unidos, mientras Hernández era alcalde. La primera transacción se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de una comisión si el consorcio Vitalogic obtenía el contrato de las basuras en Bucaramanga. En 2018, tras el escándalo de esa licitación, Oliveros y su hijo compraron otro inmueble en ese estado por 202.000 dólares ($763 millones actuales).

Cuestión Pública libera las cifras oficiales sobre los procesos judiciales en contra de civiles durante el paro y los datos sobre la impunidad en este y el estallido del 9 de septiembre de 2020. En el segundo aniversario de la masacre del 9S, ningún miembro de la Policía sindicado por la muerte de 7 de los 14 civiles asesinados ha sido condenado. Solo el uniformado vinculado al asesinato de Javier Ordoñez, la noche anterior, recibió una pena de 20 años de cárcel. Más de un año después del paro nacional, solo hay 23 integrantes de la fuerza pública sentenciados por hechos de violencia y represión durante esta manifestación, pese a las 4.269 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública le puso la lupa a los reportes que los candidatos presidenciales han presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Encontramos gastos no reportados, presupuestos excedidos y movimientos no sustentados.

Cuestión Pública sigue revelando los palancazos en las ‘ías’. La Procuraduría de Margarita Cabello no es la única entidad con este fenómeno. Algo similar parece ocurrir en la Registraduría de Alexander Vega. Ad portas de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública revela al menos ocho funcionarias y contratistas de esa entidad relacionadas con gobernadores, magistrados, el contralor general, exalcaldes y excandidatos presidenciales.

Cuestión Pública revela que 1 de cada 3 aportantes que registró el hoy aspirante a la Casa de Nariño en las elecciones regionales de 2015 fue nombrado en cargos públicos o celebró contratos durante su administración. Varios han sido cercanos al Gobierno de Iván Duque. Aunque no recibió contratos, también lo apoyó Protección S.A., la administradora del fondo de pensiones privado que ha invertido en la Ruta del Sol 3 e Interbolsa, como revelamos en Sabemos lo Que Hiciste con Nuestro Ahorro Pensional. Le aportó al hoy candidato presidencial $25 millones para aterrizar en la Alcaldía de Medellín en 2016.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.