La guerra las prefiere niñas

Esta investigación revela las violencias de género que sufren niñas y jóvenes dentro de las estructuras de grupos armados y muestra un patrón silencioso en el reclutamiento a sus filas ilegales: las niñas menores de 13 años son reclutadas en mayor proporción que los niños de esa edad en el Cauca, el departamento con las cifras más altas en Colombia.

Paula fue captada por el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC con solo doce años. Vivía en Miranda, municipio ubicado al norte del Cauca, uno de los departamentos con más presencia indígena y, a su vez, de grupos armados ilegales de Colombia. Era marzo de 2022.

«Ella se había caracterizado por ser una niña de casa, de muy buen rendimiento académico. Y un día, de la noche a la mañana, desapareció. Cuando su mamá se dio cuenta, ya estaba dentro de una estructura armada», relató Diana Montilla, abogada que llevó su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo que desconocía su familia es que Paula había ingresado a las filas de esa disidencia enamorada de un joven que formaba parte del grupo. Varios de los muchachos que estudiaban con ella en la escuela integraban esa estructura armada, recuerda Montilla. 

En el Cauca, donde creció, los pueblos indígenas Nasa y Misak luchan casi a diario por mantener la soberanía de sus territorios. Allí las estructuras armadas que operan en diversas zonas del litoral pacífico intentan controlar las rutas del narcotráfico y la explotación minera de oro. 

Viajamos hasta ese departamento, ubicado al suroccidente del país, para conocer de primera mano este fenómeno y presenciar cómo la ausencia de las niñas a causa del reclutamiento afectaba a las familias, a la escuela y a la población.

Lo que encontramos al entrevistar a más de una decena de fuentes, incluyendo lideresas, madres buscadoras, funcionarios y expertos, y contrastar la información con cuatro bases de datos sobre reclutamiento del Ministerio de Defensa, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, es que la guerra está afectando de forma diferenciada a las niñas solo por el hecho de ser precisamente eso: niñas.

Si bien existe disparidad entre las cifras de las entidades, el hecho de que la guerra reclute forzadamente cada vez más niñas en el Cauca es una realidad que se observa en las tres bases de datos que analizamos desde 2021 hasta 2025, año en que se registra una caída.

Este fenómeno hallado en las estadísticas parece explicarse en que ellas cumplen múltiples roles dentro de las estructuras armadas, lo cual implica que sus cuerpos no solo sirven para la guerra.

Los datos también muestran claramente tres factores que influyeron de manera decisiva para que Paula, y las niñas y jóvenes reclutadas en ese departamento, fueran víctimas de los grupos armados: género, edad y etnia, condiciones naturales que ella no eligió, pero que los grupos armados sí utilizan a su favor.

Esto es lo que, bajo un enfoque de género, se llama impacto interseccional. Paula terminó siendo víctima del racismo y la pobreza, lo que hace que muchas de estas menores sean usadas y explotadas de manera diferenciada por los actores armados legales e ilegales. 

Grupos que, en pleno periodo de campaña presidencial en el que viajamos al Cauca, carnetizaron a los habitantes de municipios como Santander de Quilichao, donde nos esperaban lideresas y madres buscadoras. Quien no tenía esta insignia no podía entrar, lo que generó una barrera para ingresar al territorio. Había que pedir permiso a estas estructuras y era riesgoso.

Por seguridad de las fuentes y los periodistas, el encuentro se trasladó a Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca. Sin embargo, la cita la cortó de tajo un ataque con cilindro bomba en la vía Panamericana que comunica a ambas regiones. Nuestro equipo quedó a una curva de distancia del lugar impactado, que dejó 19 muertos y 30 heridos a manos de las disidencias de las FARC. 

En una zona donde la presencia del Estado es reducida, la reportería quedó limitada a Popayán, la capital del Cauca, donde al fin esta alianza pudo conversar con la abogada Sofía López, quien conoció a Paula y nos introdujo a su historia. 

Gracias a su relato, supimos que, una vez la niña entró a las filas de las disidencias, su destino pasó a ser irreversible, pues le había hecho el quite a las garras de la guerra dos veces: cuando se voló para ser atendida por una afección en el hígado y, posteriormente, al llegar a un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), adonde fue llevada tras haber sido recuperada. 

Sin embargo, no pudo eludir la muerte que la acechaba cuando se fugó de allí y regresó a las disidencias por vez final y mortal. A Paula le fallaron el ICBF, las autoridades y el Estado.

¿Quién sabe cuánto llegaría a medir a sus dieciocho años? Por las fotos recabadas en reportería, a sus doce no superaba el metro con cincuenta de altura. En una de ellas, se le veía aparentemente cuidando un cultivo de coca. Vestía un camuflado militar de manga larga con una sudadera negra. Sobre sus piernas reposaba adormecido lo que parecía ser un fusil AK-47. Su rostro cansado proyectaba media sonrisa terciada. Una imagen que contrastaba con las selfies tomadas junto a su mamá, donde su mirada dulce, sus rasgos finos y su amplia sonrisa parecían corroborar las descripciones de niña tierna de quienes la conocieron antes de irse a la guerra. 

Es que Paula —así como 867 niñas reclutadas en 2022, según datos de la Fiscalía— fue víctima de un flagelo que en Colombia, y en algunos países de la región, «tiene una configuración machista y es visible en el reclutamiento de niñas y niños».

El impacto por ser mujer en la guerra actúa diferente. «Con la promesa de las armas, motos y bajo el rol del combatiente (se atrae) a los muchachos. A las niñas con la promesa de enamoramiento y escape de la violencia doméstica», tal y como lo señaló Elizabeth Dickinson, subdirectora del International Crisis Group, durante el Seminario Crimen Organizado y Violencia contra las Mujeres de la Corporación Humanas, celebrado el 6 de diciembre de 2025 en Colombia.

Sobre Paula recayeron todas las discriminaciones posibles: la de ser mujer, niña e indígena, las tres que ella no eligió.

I. El reclutamiento 

La primera vez que Paula se fugó de la guerrilla fue en agosto de 2023, año y medio después de su reclutamiento. Así lo contó la abogada de derechos humanos Diana Montilla, a quien la menor contactó por primera vez en una zona rural de Nariño. «Ella me buscó porque estaba muy enferma. La traje al hospital en Pasto (Nariño) y estuvimos ahí todo el día. Yo tuve la posibilidad de recuperarla sin saber que ella era una niña reclutada».

Montilla cuenta que la Policía llegó al lugar debido a un reporte por reclutamiento que había hecho su mamá tras su desaparición. «Lo primero que hicieron fue decir que yo era guerrillera». Esa misma noche se la llevaron bajo custodia, pero Paula escapó y volvió a buscar a la abogada. 

«La niña no hablaba mucho. Lo único que me decía era “por favor, doctora, lléveme donde me encontró porque si usted no me lleva, el viejo me mata”», relató Diana. 

Convencida de no dejarla de nuevo en manos de la Policía, la defensora preparó una mesa con la gobernación y el ICBF para activar la ruta de recuperación de la menor. Por motivos de seguridad, no podía permanecer en Nariño porque el grupo podría buscarla, ni ser enviada al Cauca, pues su hermano, también menor de edad, había sido reclutado cuatro meses atrás en ese departamento. 

Así las cosas, el 25 de agosto de 2023, Paula fue enviada a un hogar sustituto del ICBF en Armenia, Quindío, donde permaneció cuatro meses hasta su nueva fuga. 

Lo que emerge de los datos 

En los últimos cinco años —de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la Nación—, los grupos armados reclutaron 229 niñas menores de 13 años en el Cauca. En ese mismo periodo solo se llevaron 86 niños. Es decir, por cada uno de ellos, reclutaron casi tres de ellas.

Sin embargo, al observar los datos, en el rango de 14 a 17 años, la proporción cambia. El 60 % de los jóvenes captados en el departamento resulta ser de varones.

De acuerdo con esta entidad, en el periodo analizado (2021-2025) se llevaron en total 1301 niñas y adolescentes a la guerra de las rutas por el narcotráfico y la minería ilegal frente a 1554 menores varones en ese departamento. 

Se trata de cifras que alarman, porque si bien es un fenómeno histórico que en Colombia había disminuido tras la firma del acuerdo de Paz con las FARC en 2016, volvió a crecer desde la pandemia: en 2020, dos años antes de que Paula fuera captada, el reclutamiento de estas menores en las filas de grupos criminales dio un salto a 118 casos frente a los 48 de 2017, año que le siguió a la desmovilización de esa guerrilla.

De acuerdo con estadísticas públicas sobre reclutamiento de niñas y adolescentes de la Fiscalía, la tendencia fue en aumento hasta alcanzar su pico en 2024 con 368, hasta el año pasado que cayó a 76. Sin embargo, estas cifras distan de las entregadas por esta misma institución a esta alianza vía derecho de petición, ya que el pico de niñas captadas, según esta información, se registró en 2022 con 867 y cayó en efecto en 2025 con 96 casos reportados. 

En Colombia no hay una base estadística unificada para analizar el reclutamiento armado, con lo cual hay disparidad en los tópicos y diferencias de años en los registros. 

Por ejemplo, entre 2021 y 2025 en Cauca, la Defensoría alertó sobre 900 menores de edad reclutados, una cifra mucho menor a los 3262 informados por la Fiscalía General. Pero al entrar al detalle, encontramos que en 2024, la Defensoría documentó 165 niñas reclutadas, frente a 154 de la Fiscalía. Es decir, pareciera que cada entidad maneja casos que la otra no.

Por las estadísticas de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, se puede inferir que el fenómeno dio el salto entre 2022 y 2024, periodo en el que las entidades reportaron 1149 y 297 casos de niñas reclutadas, respectivamente.

Un cambio que observamos entre ambas bases de datos es que en la de la Defensoría, las cifras muestran un aumento sostenido en el reclutamiento de niñas y jóvenes hasta casi equiparar al de los varones: empezó con un 11 % en 2021 y a 2025 ya representaban el 48.35 % de los reclutamientos. 

En cambio, en la Fiscalía parece reducirse: arrancó en el 41 % y descendió al 30 %, es decir, casi una de cada tres menores reclutadas es mujer. Aun así, en el mismo periodo, el número de víctimas de las que no se sabe su género cuadruplicó su porcentaje (del 8.9 al 35 %).

En otras palabras, el fenómeno podría no estar cambiando, sino que la entidad estaría fallando en documentarlo.

Ahora, si ampliamos el espectro a nivel nacional, en el último lustro encontramos que el 47 % de todo el grupo de niños, niñas y adolescentes captados eran indígenas como Paula, según los datos de la Defensoría. 

Esta cifra difiere mucho de la reportada por la Fiscalía para el mismo periodo, que documentó solo el 14 % como víctimas a menores de este grupo poblacional.

Para ambas entidades aplica la dificultad del subregistro de casos. Una de las razones aportadas por Leonardo González, director de Indepaz, es que «las familias no denuncian por miedo o por el control que ejercen los grupos armados».

El aumento en el reclutamiento de niñas encontrado en estas bases de datos se explica «porque estos grupos han ampliado los roles que les asignan a las niñas. Aquí hay una combinación con el machismo estructural que las hace más vulnerables. Esto no significa que los niños hayan dejado de ser víctimas, sino que las niñas están siendo incorporadas de manera creciente a esta estrategia de guerra y de control territorial», añadió González.

Esta investigación encontró que, en el marco del reclutamiento forzado, muchas de las menores son comercializadas con fines de explotación sexual. De este modo, en la práctica, este delito se cruza con el de trata de personas porque, en un primer momento, las niñas son vendidas como mercancía que se distribuye entre las distintas filas de los grupos armados, incluyendo a estructuras de crimen organizado que operan en el Cauca y otros departamentos (fenómeno que se contará más adelante). 

Es justo en esa intersección de comportamientos delictivos cuando los cuerpos y la virginidad de las niñas y jóvenes reclutadas adquieren un valor comercial dentro del mercado de la explotación sexual ilegal. Una especie de niña-soldado con un plus dentro del comercio del reclutamiento.

La relación entre una y otra no es nueva. Así lo señaló ONU Mujeres: «Las emergencias humanitarias en Colombia se exacerban, y son exacerbadas, por una variedad de formas de violencia basadas en género: violencia sexual, SVC, explotación sexual, a menudo relacionadas con el reclutamiento de niños».

Además del reclutamiento de Paula, conocimos el de Tamara. Una adolescente menor de 14 años que el pasado marzo fue reclutada y escapó del grupo armado precisamente para evitar ser abusada sexualmente.

La menor fue captada en Buenos Aires, Cauca, por un comandante guerrillero. De allí fue trasladada al corregimiento de Betulia en el vecino municipio de Suárez, donde opera el frente Jaime Martínez del EMC. Así se lo contó a esta alianza Emilse Jiménez, cofundadora de la Guardia Intercultural Humanitaria, que rescata niñas reclutadas por grupos ilegales, y que coordinó su recuperación. 

Tamara logró escapar, pero el grupo armado la recapturó y la llevó a la zona montañosa de Suárez, donde intentaron violarla de nuevo. Tras 22 días de cautiverio, mientras la trasladaban hacia El Naya, se dio a la fuga y se internó en el monte hasta lograr ser recuperada. El Naya es una remota región selvática y montañosa que conecta con el Valle del Cauca, donde el EMC tiene una «escuela del crimen» para entrenar menores de edad.

Su historia le pone rostro a una de las estadísticas del Ministerio de Defensa. Cuando miramos los datos de quienes se entregaron a las autoridades o escaparon de sus captores por haber sufrido delitos sexuales, cuatro de cada cinco son mujeres menores de edad. En el caso de los niños y jóvenes no se evidenció eso. La información proviene de una base de datos reservada de esta entidad con datos sobre personas recuperadas, movilizadas y sometidas a partir de 1998 hasta 2024.

Parte de estas vulnerabilidades fueron expuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 07, que investigó el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el conflicto armado entre 1996 y 2016.

El tribunal encontró que las niñas y adolescentes se enfrentaron a formas específicas de control y violencias de género dirigidas por su condición de mujeres. El patrón más claro fue el de las violencias reproductivas y el control sobre sus cuerpos, actos ejercidos mediante la imposición de métodos anticonceptivos y abortos forzados y castigos si se negaban a ser abusadas por hombres que ocupaban altos rangos.

II. Paula se fuga del ICBF 

Al ser acogida por el ICBF a finales de agosto de 2023, Paula fue recibida por una familia voluntaria adscrita al programa de restablecimiento de derechos para menores de edad reclutados en el marco del conflicto armado de la entidad. Un lugar que no correspondía a su mismo grupo étnico, según relató la defensora Diana Montilla. 

La abogada dijo que Paula fue estigmatizada y no recibió escolarización, motivo por el que fue reubicada en otra familia. Así quedó consignado en la solicitud que hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exponiendo el caso de la menor. En diciembre de ese año, según la defensora, Paula desapareció sin dejar rastro del segundo hogar sustituto al que la habían trasladado, luego de que en el primero la acusaran de robarse un labial. 

«La madre sustituta ni siquiera se preocupó por informarnos que había desaparecido. No a mí, pero tenía que contárselo a su mamá. Se lo informaron casi cinco días después», contó Montilla.

Cuestión Pública consultó al ICBF sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta.

Fuentes consultadas en terreno, como Montilla, la lideresa Emilse Jiménez y funcionarios de la Defensoría, coincidieron en que las niñas y jóvenes son usadas en al menos cuatro roles dentro de las filas de estos grupos: 

Para Dickinson, subdirectora del Crisis Group, organización experta en conflicto armado colombiano, tanto los niños como las niñas cumplen funciones de combatientes. Esto se debe a que en los frentes usan a los menores de edad como «carne de cañón», práctica usada para evitar operativos militares o confrontaciones directas con el Ejército, debido a que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe efectuar ataques a grupos armados cuando hay presencia de menores de edad. 

Por otro lado, las niñas desempeñan además roles en labores domésticas. Algunas van desde cocinar, limpiar, llevar a cabo acciones de cuidado y mantenimiento de los campamentos.

La servidumbre no es una práctica novedosa dentro de los grupos armados. Las extintas FARC confinaban a las menores a este tipo de actividades como castigo cuando se negaban a tener relaciones sexuales con los comandantes. Se trataba de un mecanismo para doblegar la voluntad de las niñas y jóvenes. 

Así está consignado en el auto 05 de la Justicia Especial para la Paz, que expone las violencias de género sufridas exclusivamente por niñas y adolescentes reclutadas por la entonces guerrilla entre 1996 y 2016. 

Otro de los roles que las niñas y adolescentes cumplen dentro de las estructuras es el de reclutadoras. Son utilizadas como «señuelos» para convencer a otros menores de edad. Expertos de Save the Children explicaron que las hacen «enamorar» a los jóvenes para persuadirlos de entrar al grupo. 

Por su parte, Leonardo González, de Indepaz, agregó que en la red social TikTok sexualizan sus imágenes, mostrándolas en uniforme o en entornos de fiesta y lujo, para atraer a otros jóvenes con la promesa de dinero y poder.

En el informe RED-clutamiento 2.0, la JEP reveló que los reclutadores digitales también reproducen estereotipos de género: «En el caso de las mujeres, el contenido se centra en la expresión de la feminidad a través de la exaltación de la belleza física, la demostración del cuerpo; para los hombres, predominan las muestras de fuerza, capacidad económica, armamento».

Pero detrás de esa «estrategia de enamoramiento» hay coerción. Elizabeth Dickinson explicó que, dentro de estas estructuras, a las niñas se les impone una cuota de amigas que deben traer al grupo, como forma de cumplir órdenes y minimizar los abusos que sufren. 

El esquema funciona como una pirámide: en algunos casos, la única salida que les ofrecen es reemplazarse a sí mismas convenciendo a tres amigos de ocupar su lugar, como nos contó Dickinson.

De acuerdo con los investigadores de reclutamiento forzado consultados, las menores también llegan a ser empleadas en labores de inteligencia, para conseguir información en determinadas zonas o para llevar a cabo funciones logísticas para la organización. 

Por su parte, la abogada Diana Montilla hizo énfasis en que «independientemente de las condiciones en las que los niños, niñas y adolescentes acudan a estas estructuras, sigue siendo un reclutamiento forzado porque los grupos ilegales están actuando contra la voluntad y la incapacidad que tiene un menor de edad de tomar esas decisiones».

Sin embargo, expertos consultados han coincidido en que ellas pasan más fácilmente desapercibidas en entornos escolares, que se han convertido en centros estratégicos de captación de los grupos armados.

Sofía López, abogada que trabaja con lideresas y madres buscadoras, aseguró que han identificado que mujeres y jóvenes —ya adscritas a la nómina del grupo armado— les pagan salarios a otros menores de edad de entre nueve y doce años para que operen como informantes dentro de las instituciones donde estudian. Y en el caso de las niñas, como reclutadoras de otros menores. Los salarios ascenderían hasta 600 000 pesos (187 USD).

«A un adulto es más fácil identificarlo; tú dices: aquí hay un adulto, qué raro, entonces nos volcamos a cuidar al niño o a denunciar. Pero con otros niños solo dices: “Se porta mal” y no te fijas en todo este trabajo que está haciendo este niño (para reclutar a otros)», explicó una psicóloga que trabaja en instituciones educativas comunitarias del Cauca, cuyo nombre omitimos por seguridad.

Dos meses antes de escaparse del hogar sustituto del ICBF, en octubre de 2023, Paula le escribió una última carta a su mamá: «Yo y Ronald (hermano) somos una desgracia para la familia. Recuerda que para estudiar no pagan y por eso tomamos esa decisión de irnos para donde usted sabe […]. Nunca se olvide de mí».

La involución del contexto colombiano en consonancia con las estadísticas

El Crisis Group, que estudia el conflicto armado en Colombia, explicó que, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, se redujo el número de niños combatientes a su nivel más bajo en una década (poco más de 100); sin embargo, para 2024, hubo un repunte con más de 620 casos. 

Esta transformación se aceleró con la pandemia de COVID-19, ya que, según se explica en el informe, con la desmovilización de las FARC, las disidencias reemplazaron la ideología política por las «economías de guerra». 

Disidencias que se fragmentaron y se han fortalecido. El Ministerio de Defensa reconoció cuatro estructuras principales de las disidencias en el territorio: el Estado Mayor Central (EMC), que se llevó a Paula; el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF); la Segunda Marquetalia; y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. A 2025 contaban con un pie de fuerza de 5290 personas. 

En este escenario, las niñas pasaron a ser un eslabón lucrativo y estratégico en la reconfiguración del conflicto. «El grupo armado no solamente está combatiendo, también tiene otro tipo de economías ilegales en las que las mujeres son funcionales […], por ejemplo, la trata de personas», afirmó González.

Es así como la idea de explotarlas se juntó con la pobreza de la región.

III. En el reclutamiento «cada niña tiene un precio»

El machismo y las violencias patriarcales, aplicadas como fórmula de guerra por las extintas FARC y heredadas a las disidencias, convierten a las menores de edad en una población especialmente vulnerable: al ser reclutadas, ingresan a un circuito de explotación en el que se convierten en víctimas de esclavitud sexual.

De hecho, «las estructuras en el Pacífico están vendiendo sus niños y niñas a las demás estructuras del Estado Mayor Central que no tienen la misma capacidad de reclutamiento», nos explicó Dickinson.

Esto podría explicar por qué Paula, que fue reclutada en Miranda, Cauca, terminó como combatiente en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. 

Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo también lo corroboraron: «Cada niño tiene un valor. Si usted lo recluta y lo tiene en zona, tiene un precio. Si usted lo recluta y lo trae a Popayán, tiene otro precio», señaló una de las fuentes entrevistada.  

Los valores están tasados: «Estamos hablando de un millón a cinco millones de pesos (300 a 1500 USD), de acuerdo con una información que nos dieron que no hemos podido confirmar. Pero hay niños que cuestan eso más o menos, dependiendo de si es indígena, afro o campesino».

Y es por esa vía del «negocio» que la explotación sexual de niñas y la trata de personas aparecen latentes como dos flagelos cruzados con el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia por parte de grupos criminales. 

Así también lo reconoció en 2021 el informe La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado, realizado por Spotlight y el PNUD, que señaló que muchos casos de «trata de seres humanos para la explotación sexual» forman parte de los «nuevos escenarios» vinculados al crimen organizado.

IV. «Las vírgenes tienen un valor especial»

El precio de las menores también varía si se trata de niñas vírgenes, que pasan a ser propiedad de los comandantes, por quienes piden un precio especial o venden sus servicios «al mejor postor», según señaló un líder indígena del Catatumbo a Dickinson mientras investigaba el reclutamiento en esa región.  

Esto lo confirmó Sofía López, directora de la Corporación Justicia y Dignidad, quien ha  trabajado en la recuperación de menores de edad del reclutamiento forzado. Explicó que los grupos armados hallaron «otro negocio más allá de la guerra» al trasladar a las niñas mediante redes de trata de personas hacia zonas de bonanza económica, como regiones cocaleras y petroleras, para forzarlas a ejercer la prostitución. 

Tanto Eduin Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, como el concejal de Popayán Jhon Ortiz, señalaron que se ha identificado toda una «cadena económica perversa» de comercialización en la que diferentes actores (quienes captan a los menores, los hoteles a los que los trasladan y las empresas de transporte utilizadas para estos fines) ganan porcentajes de dinero por cada menor reclutada. 

Fuentes institucionales y en terreno nos señalaron que, en la práctica, en contextos de conflicto armado como en Colombia, el reclutamiento se cruza con el delito de trata de personas, cuya finalidad principal en Colombia es la explotación sexual.

De hecho, un informe de 2024 de la Embajada de Estados Unidos en Colombia subrayó que el año anterior, funcionarios de alto nivel del Gobierno colombiano reconocieron por primera vez que el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales era una forma de trata de personas. 

Sin embargo, consultada por esta alianza, la Fiscalía General explicó que la trata de personas no aplica en el delito de reclutamiento ilícito, sino que son tipologías distintas, y que si bien han identificado violencias de género y sexuales dentro del reclutamiento, estos son investigados como delitos conexos a menos que se acrediten ambas conductas de manera simultánea. En ese caso lo lleva un solo fiscal.  

Aunque en el papel el ente acusador no los investigue de manera conjunta, no significa que no sean fenómenos cruzados, como se expone en esta investigación. Lisa Cristina Gómez Camargo, defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, así lo confirmó. 

«Este cruce de factores lo que nos muestra es que las niñas y adolescentes efectivamente están enfrentando múltiples formas de victimización asociadas a violencias de género que están ocurriendo en el contexto del control territorial y de estas economías ilícitas». Sin embargo, señaló que, si bien se trata de dos delitos distintos, ambos pueden concurrir en un mismo proceso investigativo. 

De hecho, explicó que en la Ley 2608 del 27 de julio de 2026, que actualiza el delito de trata de personas, se incluyeron nuevas modalidades como el reclutamiento forzado de mayores de edad, porque el de menores ya está tipificado como reclutamiento ilícito.

V. Cuanto más niñas, más apetecidas 

La base de datos que pudimos recabar con acceso exclusivo pertenece al Ministerio de Defensa. No está abierta al público y, por tanto, se usó para analizar algunos detalles que sirven para ampliar otros factores de la investigación.

Allí emerge un patrón invisibilizado que corroboran las estadísticas de la Fiscalía General, al menos en el Cauca: los grupos armados en Colombia han preferido reclutar a las mujeres cuando aún son menores de edad y a los hombres después de los dieciocho años. 

¿Por qué se pudo ver este patrón en esta base de datos y no en las anteriores? Porque es la más completa a la que pudimos acceder (1998-2024).

Esta última estadística termina por darle fuerza a la preferencia de edad para la explotación sexual infantil en el marco del reclutamiento forzado.

El tema de la edad es un rasgo característico en la explotación sexual infantil. Aunque es otro contexto, así se vio en El explotador eres tú, una investigación realizada por Cuestión Pública, en la que estableció —con base en 2813 denuncias de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en los últimos 14 años en el departamento de Antioquia— que los presuntos explotadores sexuales denunciados buscaban niñas de catorce a diecisiete años en el 45,7 % de los casos, justo el rango de edad de Paula.

VI. Recuperar el cuerpo de Paula 

Dos años después de haber sido reclutada, el 8 de marzo de 2024, precisamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, su mamá recibió una llamada anónima en la que le avisaban que la adolescente indígena había muerto en Nariño, un departamento contiguo.

Según le informaron, falleció mientras lideraba una escuadra guerrillera del EMC que combatía al ELN, la última guerrilla activa de Colombia, que se unió a los diálogos de paz del gobierno de Gustavo Petro en 2022 y se retiró unilateralmente de la mesa dos años después.

La foto de su cuerpo acribillado y arrojado sobre una carretera destapada fue anexada como parte de su expediente. En la imagen se observaba a una niña con una altura, color de piel y cabello similares, pero con la mitad del rostro destruido por lo que parecía ser el impacto de un explosivo, lo que dificultó su reconocimiento.

Según la abogada Montilla, sus restos aparecieron en una vereda conocida como San José del Bijao, cerca de Santa Rosa, Cumbitara, en Nariño, departamento contiguo al Cauca. Debido a los enfrentamientos entre grupos armados, su cuerpo no se pudo recuperar de inmediato.

El 6 de abril de 2024, en Cali, Medicina Legal le tomó una muestra de ADN a su mamá, ya que no pudieron identificar a Paula por las huellas dactilares. Así se confirmó la irreversibilidad del destino de su hija. 

Ni la Gobernación de Nariño, ni las autoridades del Cauca, ni el ICBF, ni la Defensoría del Pueblo acompañaron a la madre de Paula en la recuperación de sus restos. Lo hizo la abogada Diana Montilla, quien solicitó a la CIDH una medida cautelar para salvaguardar su integridad y la de la familia de Paula, quienes eran amenazados por grupos armados. 

El 23 de mayo de 2024, la CIDH ordenó al Estado de Colombia proteger su vida cuando ya no tenía sentido, porque estaba muerta.

En Colombia, los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. En esta vía, en julio de 2026, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2590, que endurece las penas por reclutamiento con hasta 50 años de cárcel y adopta un protocolo para la prevención del reclutamiento en línea. Sin embargo, la impunidad alrededor de este delito es rampante.  

La Fiscalía General contestó, vía derecho de petición, que entre 2021 y 2026 solo realizó 219 capturas por este delito, y únicamente 16 personas fueron condenadas.

Eso significa que, por cada 14 capturados por reclutamiento ilícito, solo 1 recibió condena ejecutoriada. El 93 % de las detenciones no terminó en una sentencia. La entidad le respondió a esta alianza que «la investigación de este fenómeno enfrenta desafíos particulares asociados a la actuación de grupos armados organizados y otras estructuras criminales en territorios afectados por el conflicto armado interno, así como las dificultades de acceso a fuentes de información y a los riesgos que afrontan víctimas, testigos y comunidades en contextos de control territorial».

La Fiscalía General explicó que «con el propósito de fortalecer la respuesta institucional», creó el Grupo de Trabajo para la Investigación del Delito de Reclutamiento Ilícito y Delitos Conexos, que aplica estrategias de asociación de delitos como la trata de personas y análisis criminal para consolidar líneas de investigación e identificar a los responsables del delito.  

«Te amo» fue la última frase con la que Paula cerró la carta que le envió a su mamá antes de fugarse a la guerrilla por última vez. Su destino estaba trazado. «No se preocupe por mí, que yo voy a estar bien», fue la última ilusión que le escribió. 

Esta alianza consultó al ICBF para conocer su versión sobre lo ocurrido con Paula. De llegar, la adjuntaremos. Conoce las respuestas completas que las instituciones colombianas enviaron a esta alianza frente a los fallos y desafíos en la investigación de este fenómeno en Colombia. 

Los nombres de las adolescentes mencionados en el texto no corresponden a sus identidades reales; fueron cambiados para mantener su reserva por tratarse de menores de edad y por su seguridad y la de sus familias.

Esta publicación forma parte de Infancias capturadas, una investigación colaborativa sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado en Colombia y Ecuador, desarrollada por Cuestión Pública (Colombia), Vorágine (Colombia), GK (Ecuador) y Lupa Media (Ecuador), bajo la coordinación editorial de CONNECTAS, en el marco de Brave Media, una iniciativa global impulsada en Latinoamérica por BBC Media Action y SembraMedia.