Las dragas
que desangran
el Chocó

Una operación de minería habría sido iniciada por dos estadounidenses de origen iraní a través de dos compañías colombianas en 2011. Algunos integrantes de estas sociedades explotaron oro ilegalmente en Río Quito y Medio San Juan, Chocó. La actuación de la justicia no se compara con la destrucción ecológica y la tragedia humana ocasionada.

Hace unos 20 años, en el municipio de Río Quito se extendía una enorme y definida serpiente de color oro cuyo cauce atravesaba una parte de la verde y tupida selva chocoana, una de las regiones más biodiversas del mundo. Imágenes satelitales evocan su antigua majestuosidad. Pero las incesantes actividades de minería ilegal desarrolladas por organizaciones criminales sin títulos mineros ni licencias ambientales, la devastaron.

Del río Quito, principal afluente del Atrato -que surca el 60 % del Chocó y es el más caudaloso del país-, ya no queda sino un cauce deforme, contaminado por el mercurio con el que extraen el oro. También sobresalen islotes que se forman con la tierra que arrojan las dragas. Alrededor se extienden hectáreas enteras con los restos del bosque devorado por estas máquinas.

El aumento del precio internacional del oro, que registró una de sus cotizaciones más altas en 2011 con 1.889 dólares por onza, alimentó la avaricia de organizaciones criminales que pusieron sus ojos en ese departamento rico en piedras preciosas. Quizás ese fue el caso de varios extranjeros entre los que no sobresalían brasileños como de costumbre. Los brasileños predominan como operadores de las dragas desde 2001 en la cuenca del Río San Juan y Río Quito, según nos confirmó Herlin Mosquera, alcalde de este último municipio. En cambio, esta operación minera habría sido iniciada por dos estadounidenses de origen iraní: Hassan Jalali Bidgoli y Amir Mohit-Kermani.

El paraíso que
la minería ilegal
está sepultando

Erbin Velásquez Mosquera, ingeniero ambiental, tiene vívidos recuerdos del daño causado por una red de minería ilegal, conformada por al menos una persona relacionada (Moisés Ortiz) con una empresa de Jalali. En junio de 2013, cuando Velásquez trabajaba como contratista de la autoridad ambiental del Chocó, Codechocó, realizó una inspección de control en la comunidad de Paimadó, en Río Quito. Allí, Velásquez se topó con dos dragas identificadas con el nombre de Vencol, una de las empresas de la red criminal, integrada por unas 11 personas y al menos otras tres compañías. La empresa Vencol Mineral S.A.S había sido fundada por Moisés Ortiz en marzo de 2013.

“El primer impacto fue ver que habían desviado el cauce del río. Le abrieron una brecha para donde necesitaban el agua. Lo secaban, lo inundaban según su conveniencia. Los árboles habían sido deforestados, estaban talando sin permisos de aprovechamiento. Vimos grasa en el agua, manchas. Los dragones operando, succionando la tierra, dejando la tierra lavada en montículos, ya sin sustrato. Las retroexcavadoras se abren paso, cortan los árboles, dejan la zona libre a las dragas para que se coman todo lo talado. Pasarán miles de años para que vuelva a restaurarse (el ecosistema)”,

sentenció Velásquez.

Ángela Salazar Ríos, abogada especialista en temas de minería y exasesora legal de la empresa Talbras -relacionada con Jalali-, reconoció a esta alianza que la minería ilegal fluvial ocasiona un “daño irreversible” al medio ambiente. También dijo que genera un “desplazamiento masivo de fauna”. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) nos confirmó que ninguna persona o empresa de esta red contó con permisos para extraer minerales, es decir, que la operación de la red era ilegal.

En su estudio anual sobre la calidad del agua del departamento, Codechocó halló que en 2017, cuando esta red de minería ilegal seguía activa, el índice de contaminación era alto en al menos ocho de los nueve puntos de Río Quito. La calidad del río fue calificada entre media y mala.

Esta actividad está acabando con los ecosistemas de los municipios de Río Quito y el Medio San Juan. Ese mismo año, la deforestación en Chocó era superior a las 13.000 hectáreas . Esto equivale a desaparecer casi tres veces la superficie de las islas de San Andrés y Providencia.

En Colombia, de las 98.000 hectáreas dedicadas a la extracción de oro, el 66 % se usan para la minería ilegal, según un informe de la ONU de 2019. En el Chocó, la situación es más dramática. El departamento ocupa el segundo lugar en producción de oro en el país, pero el 90% se hace de manera ilegal, de acuerdo con Giovanni Ramírez, que trabajó en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. En 2017, la Contraloría encontró que en el Chocó existían 377 entables mineros, 220 dragas y solo se habían otorgado cuatro títulos mineros. Además, el ente de control le llamó la atención a Codechocó por ejercer un “débil control ambiental”.

En este departamento, los problemas relacionados con la explotación ilícita se basan en la minería mecanizada. Es decir, en el uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras y dragas de succión.

Una vez la draga extrae la tierra, esta se lava y se adhiere el mercurio para separar el oro de otros materiales. Esta fusión forma una amalgama y produce una mezcla blanda que se calienta para que el metal se evapore, dejando solo el oro. El procedimiento pone en peligro a quienes respiran los gases tóxicos que se escapan. El mercurio se vierte al río y contamina sus aguas. El combustible y grasas que las dragas necesitan para su funcionamiento también terminan en el río. Según el último Estudio Nacional del Agua publicado en 2018, para 2016 se estimó un vertimiento de 186 toneladas de mercurio a suelos y afluentes hídricos en Colombia, frente a las 200 que reveló el Estudio Nacional del Agua en 2014.

Jaime, que toda la vida se ha dedicado a la minería artesanal en Río Quito, nos relató los problemas de salud que ha tenido a raíz de la contaminación con este metal pesado:

"Muchas cosas han resultado en mi cuerpo, me iba a morir", dijo. "Estuve en Bogotá, en Medellín, asustado porque tenía problemas del corazón, en el cerebro, me duele todo el cuerpo, se me encogen las piernas del dolor. Tengo problemas graves", continuó.

No se trata de un caso aislado. Según la sentencia de 2016 de la Corte Constitucional que declaró al río Atrato sujeto de derechos a raíz de la minería ilegal, en las comunidades indígenas de Quiparadó (pueblo Wounan) y Juinduur (pueblo Emberá), que habitan en la subregión del bajo Atrato (Riosucio), se constató la muerte de tres menores de edad y la intoxicación de 64 más por ingerir agua contaminada durante 2013. Un año después, el defensor del Pueblo reportó la muerte de 34 niños por razones similares en la comunidad indígena Embera-Katío, ubicada en la cuenca del río Andágueda -afluente del Atrato-, a unos 36 kilómetros de Río Quito. En este último municipio ya estaban operando las dragas de la red criminal que investigamos, de acuerdo con el expediente judicial.

En 2016 el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad de Córdoba (UC), desarrollaron un estudio con 1.096 personas de 11 municipios de Chocó, tras esta sentencia. Encontraron que el tiempo promedio de uso de mercurio en la población escogida fue de 4 años y el de exposición en sus labores fue de 18 años.

El 47,3 % (519) fueron definidas como personas intoxicadas con mercurio, según los parámetros establecidos por el INS, para identificar estos casos.

Un año después, un reporte de la Secretaría de Salud Municipal de Quibdó al que tuvo acceso esta alianza, señaló que en 2017 se registraron cinco casos de intoxicación por metales pesados como el mercurio, en el que se destacaba el de un niño de un año. Un segundo reporte de la misma entidad detalla que entre 2020 y 2021 se registraron seis personas con intoxicación por metales pesados. Se trata de cinco mujeres y un hombre de entre 39 y 68 años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , el mercurio puede ser tóxico para el cerebro, los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y pulmones, riñones y ojos.

Este químico también afecta la salud de los peces. Un estudio de 2017 de la Universidad de Cartagena encontró que en zonas mineras, algunas especies de peces del Chocó como el bagre sapo, la doncella, el quícharo, el barbudo y el veringo, superan tres veces los límites permitidos de concentración de mercurio, como reveló el medio Baudó AP en 2018. Por eso en el departamento se le conoce como el 'pescao envenenao', principalmente al bocachico.

Debido a la contaminación generada por este metal y a los riesgos que representa para la salud, en julio de 2018 entró en vigencia la prohibición total del uso del mercurio en la minería en Colombia. La medida fue aplaudida, pero en la práctica no ha hecho la diferencia, ni siquiera en las operaciones judiciales para acabar con la minería ilegal. Tanto las importaciones de mercurio como su llegada a las dragas siguen intactas, según un draguero.

“No conozco ningún procedimiento realizado por la fuerza pública que haya decomisado mercurio”,

expresó en una entrevista Harry Escobar, subdirector de Codechocó.

De las más de 10.000 investigaciones registradas en el sistema de información de la Fiscalía colombiana por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, entre enero del 2000 y enero de 2021, solo 461 reportaron una sentencia condenatoria, un 4,5 %. Además, para la minería ilegal, según una fuente judicial conocedora del caso y que pidió reserva, en Colombia no se suele dar más de ocho años de prisión a pesar de que el daño al medio ambiente y las comunidades sea irreversible.

Jorge Perdomo, ex vicefiscal general, explicó que

"la baja tasa de condenas por este tipo de delitos se debe -en una parte- a la ausencia de medios técnicos por parte del ente acusador para investigar. Los delitos asociados a la minería ilegal requieren un conocimiento e instrumentos especiales, lo que hace que su investigación tenga un mayor grado de complejidad; para lo cual el Estado no está totalmente preparado".

El fallo para proteger al río Atrato, sus afluentes y comunidades tampoco cambió el curso de la minería ilegal en el Chocó. El alcalde de Río Quito, Mosquera, cree que desde la sentencia de la Corte el daño sigue intacto. “A nosotros nos preocupa porque, pasados casi cuatro años, la minería ilegal sigue como si nada”. Harry Escobar, subdirector de Codechocó, cree lo mismo:

“Se requiere voluntad también de otros sectores del Estado, porque todos somos el Estado colombiano. No estamos rehusando a nuestras funciones como autoridad ambiental, pero consideramos que esto sobrepasa la capacidad de toda la institución”.

Una vez el oro se extrae puede ser legalizado a través de múltiples métodos. Tanto un joyero de Quibdó como un draguero de Río Quito que hablaron con el equipo periodístico de esta alianza durante su reportería en Chocó y pidieron no ser citados por seguridad, señalaron de manera independiente una de las varias formas: las personas realizan filas en las compraventas de oro ubicadas cerca de la Catedral San Francisco de Asís en Quibdó, capital de Chocó. Allí, con falsas afiliaciones al registro nacional de barequeros (mineros artesanales) supuestamente venden pequeñas cantidades de oro, mientras las compraventas reciben tras bambalinas muchos más gramos entregados por emisarios de las mafias. Las transacciones invisibles quedan legalizadas con las compras a los supuestos barequeros.

Otro sistema, descrito en el medio económico Portafolio, en junio de 2016, es legalizar el mineral bajo títulos mineros que se les han asignado a comunidades afro o indígenas que sí cuentan con permiso para vender oro, aun cuando no tienen licencia ambiental. El medio señala que estas comunidades “alquilan esas solicitudes (...) para legitimar esa producción”.

Una vez el oro es legalizado bajo cualquiera de estas modalidades, las compraventas lo funden en lingotes y lo venden a comercializadoras en Bogotá y especialmente en Medellín, la capital de exportación de oro colombiano. El draguero y el joyero señalaron que es normal que el oro salga en lingotes en vuelos de Satena de Quibdó hacia Medellín.

Las empresas luego lo exportan -de manera informal la mayoría de veces- principalmente a Estados Unidos, Suiza y Canadá, según el informe “Investigando los flujos ilícitos en el sector del oro para mayor transparencia”, publicado en febrero de 2021, en el que participó Cedetrabajo. Transportarlo fuera del país no resulta una gran hazaña.

“El oro es muy fácil sacarlo, una persona puede llevar unas cadenas, un reloj, unos anillos de oro, y lleva 100, 200 millones de pesos, no tiene que reportarlo porque en teoría no es mercancía que se está exportando”,

señaló el economista Mario Valencia, autor del reporte desde Cedetrabajo, durante una entrevista con Cuestión Pública.

Desde 2021, en Colombia rige una ley que busca distribuir las regalías de manera equitativa entre las regiones, pero que también otorga un porcentaje mayor en los recursos a los departamentos productores de hidrocarburos y minerales. Pero no todo lo que brilla es oro. Según el alcalde de Río Quito, a pesar de esta nueva ley las cosas no cambian para el Chocó.

"Nos están explotando dos veces",

exclamó Mosquera, al equipo de Cuestión Pública. Mosquera explicó que las regalías que recibe el municipio por la extracción de estos minerales son ridículas, ya que los recursos no están declarados a nombre de Chocó, sino de otros departamentos, como si hubieran sido extraídos de esos lugares.

“Dejan el problema ambiental y se llevan las regalías cuando deben declararlas (si fueran minas legales) en el lugar donde hacen la explotación para que haya al menos una compensación producto de esta extracción del mineral”,

concluyó Mosquera.

En Chocó, la minería de barequeo o con batea tiene más de quinientos años de historia. Las poblaciones afro esclavizadas por los españoles compraban su libertad con el oro que extraían trabajando en las minas y ríos del departamento. Hoy, los mineros artesanales siguen utilizando las bateas (un recipiente circular de madera o metal) para encontrar oro. La diferencia es que ahora se ven obligados a recabar en los restos que botan las dragas.

“Esas máquinas terminaron con todo. Sales en busca de [oro] y no encuentras nada. Eso ha traído muchos problemas”,

dijo el minero Jaime, una tarde mientras hablaba con los periodistas frente a su casa.

Según expertos consultados, la minería ilegal llegó aproximadamente en 2001 con los brasileños cuando en su país los empezaron a perseguir por afectar los ecosistemas fluviales. Desde esa época, en Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, han contado con la complicidad de grupos armados al margen de la ley que se lucraron de ello. Ya son 20 años de explotación a la comunidad, la selva y los ríos chocoanos.

Al momento en el que publicamos esta historia el bombeo de las dragas en el Chocó sigue. Se escucha incluso cuando la gente va a dormir, así la máquina esté a quince minutos en lancha, como si hubiera una fábrica industrial en plena selva chocoana.