Negocios con el Estado y con los narcos
El clan que pasó de traficar cocaína a ser megacontratista en Antioquia
Una compañía de la familia Correa Arroyave, que nació en el auge del narcotráfico en Colombia, ha celebrado contratos por $185 mil millones, otorgados por los gobiernos de Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Luis Pérez, candidatos presidenciales, entre otros. Esta es la historia de varios hermanos acusados de batir récord de distribución de cocaína, que fueron fugitivos de la justicia gringa y se convirtieron en megacontratistas.
Por: El
Escarbabajo de
Cuestión Pública
En la serie de televisión ‘Escobar, el patrón del mal’ apareció de manera fugaz un personaje que parece secundario en la historia de la mafia en Colombia: Pablo Correa. Su nombre real era Ramiro Arturo Correa Arroyave. Aunque fue asesinado en julio de 1986 a manos de su socio Pablo Escobar, la fortuna que obtuvieron él y al menos tres de sus hermanos no habría sido igual de efímera que su aparición en la novela.
La familia sobrevivió a su muerte, a la guerra frontal que Escobar le declaró a Pablo correa, y otro de los hermanos, a las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos en su contra. Su emporio se consolidó en el mundo empresarial con cuatro compañías que nacieron entre 1980 y 1982, en el clímax de las carreras criminales de algunos de los hermanos Correa: Inversiones RCA, Concretos y Asfaltos S.A. (Conasfaltos), Comercial RCA e Inversiones El Gómez, todas dedicadas a la construcción y la explotación agrícola y ganadera. Los activos con los que iniciaron esas cuatro compañías fueron de $506 millones, lo que equivale a casi $37.600 millones de 2021.
Todas fueron creadas por Pablo Correa y su familia, a excepción de Comercial RCA, constituida en asocio con la empresa Agroganadera Limitada, propiedad del clan Ochoa Vasquéz (esta compañía era representada por su gerente, Jesús Valderrama Vásquez, hombre de confianza de los Ochoa).
La más notable de ellas es Concretos y Asfaltos S.A. (Conasfaltos), que ha celebrado 67 contratos con varias administraciones de Antioquia en los últimos 14 años por alrededor de $185 mil millones. Entre ellas, la de Luis Alfredo Ramos y los hoy aspirantes a la presidencia Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Luis Pérez.
Conasfaltos es la joya de la corona de la familia Correa Arroyave. La compañía fue fundada por Ramiro Arturo, alias ‘Pablo Correa’, y sus hermanos Rigoberto y José Miguel en 1982. Para entonces los dos primeros ya enviaban cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos en representación del Cartel de Medellín, de acuerdo con un artículo de The Washington Post y un expediente de la justicia estadounidense.
Para el año de su constitución, Conasfaltos tenía unos activos por $351 millones, una cifra que equivaldría a $32 mil millones al cambio de la moneda en 2021. Esto contrasta con el recuerdo de una familia que acudía a la solidaridad de sus vecinos para obtener los uniformes escolares de sus hijos, según dijeron a Cuestión Pública fuentes que conocieron a los Correa Arroyave desde sus inicios en los años 70 en Copacabana, Antioquia.
El periodista Fabio Castillo reveló en su libro ‘Los Jinetes de la Cocaína’ que Conasfaltos contrataba con el Estado desde mediados de los años 80. También develó que era común que los narcos lavaran el dinero proveniente de la droga a través de la construcción.
Tras 34 años de la publicación periodística que denunciaba a algunos de los hermanos Correa Arroyave como parte de la mafia antioqueña, Cuestión Pública encontró 67 contratos, adjudicados entre 2007 y 2021, que fueron celebrados entre Conasfaltos y entidades estatales. De esos, 5 fueron otorgados a consorcios o uniones temporales integrados por la empresa, según registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop I).
Varios políticos que hoy hacen parte de la contienda electoral a la presidencia de Colombia celebraron contratos con Conasfaltos:
– Sergio Fajardo: En 2007, mientras fungía como alcalde de Medellín, firmó un proceso por un monto cercano a los $1.700 millones. Como gobernador, en 2013, adjudicó otro por $1.702 millones. Ambos tras una licitación pública.
– Luis Pérez Gutiérrez: En 2018, como gobernador, celebró un contrato de alrededor de $6.577 millones tras licitación pública.
– Federico Gutiérrez: Como alcalde de Medellín, en 2019, contrató $3.148 millones con la compañía de los Correa Arroyave, después de surtir el proceso por subasta.
En respuestas enviadas a Cuestión Pública, los candidatos negaron haber tenido injerencia en las adjudicaciones de los contratos y también cualquier vínculo con la familia Correa Arroyave.
Cuatro contratos, que suman $37 mil millones, fueron adjudicados también por la gobernación de Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) tras licitación pública. Ramos fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2021 por sus nexos con paramilitares en Antioquia.
Los tentáculos de la constructora también alcanzaron las administraciones locales de Aníbal Gaviria (2004-2007 o 2012-2015) y Alonso Salazar (2008-2011), y se extendieron por las alcaldías municipales antioqueñas de Copacabana, Bello, Envigado, Carmen de Viboral, Rionegro, Sabaneta y La Ceja.
Conasfaltos se volvió tan grande que para 2011 la Revista Semana reveló que un pequeño grupo de personas naturales y jurídicas se quedaba con el 70% de la contratación pública en Antioquia. Entre estas estaba la constructora de los Correa Arroyave.
Pero no todos los proyectos que ejecutó llegaron a buen puerto. En 2020, Metroplús (empresa de transporte público de Medellín) terminó el contrato de una obra que presentaba retrasos en la capital antioqueña, la cual estaba a cargo de un consorcio integrado por Conasfaltos y Construcciones y Dragados del Sureste. La obra debía terminar en febrero de 2019, pero para agosto de ese año presentaba un avance solo del 55,9%, como reportó El Colombiano.
La constructora no ha sido la única empresa familiar que ha contratado con entidades públicas. Cuestión Pública encontró contratos de la compañía CI Doña Paula S.A. con la seccional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bello, Antioquia.
La clave del éxito empresarial de los hermanos Correa Arroyave ha sido mantener siempre un bajo perfil, nos aseguraron dos fuentes que hablaron bajo reserva por temor a represalias. Pero detrás de personalidades como Pablo Correa queda siempre un rastro y varios herederos.
La génesis oscura
Pablo Correa tuvo una vertiginosa carrera como narcotraficante. Fue el jefe de la banda ‘Los Pablos’, en la cual Pablo Escobar dio algunos de sus primeros pasos delictivos, de acuerdo con la investigación ‘La mano del narcotráfico en el fútbol colombiano’.
“Cada vez que uno hacía decomisos, que en ese tiempo (los años 80) eran de uno o dos kilos, decían que ahí estaban metidos Los Pablos y que los que mandaban en Medellín eran ellos”, le dijo en entrevista a Cuestión Pública el general Luis Ernesto Gilibert, quien combatió al Cartel de Medellín.
Los Pablos recibían la pasta de coca de Bolivia de un socio llamado Jorge Roca-Suarez, alias Techo e’ Paja, para convertirla en clorhidrato de cocaína. Pablo y Juan Rigoberto Correa, su hermano, se encargaban de enviarla a Estados Unidos en asocio con Escobar y el Clan Ochoa, según expedientes judiciales de ese país.
De los 13 hermanos Correa Arroyave, Pablo y Juan Rigoberto no serían los únicos vinculados al narcotráfico. Carlos, conocido como Caliche, también fue mencionado en el capítulo que el periodista Fabio Castillo le dedicó a la mafia en Antioquia. En Copacabana, donde pasaron parte de su infancia y juventud, lo recuerdan con claridad por sus excentricidades tras el repentino boom económico que vivieron los Correa.
Eso empezó a notarse con la compra de muchas casas en el casco urbano. Caliche ordenaba pintar su fachada de blanco con azul claro en la parte inferior. Según relataron a Cuestión Pública varias personas del pueblo, empezaron a aparecer motos y carros lujosos; los pobladores recuerdan las caballerizas de El Cónsul II, uno de los criaderos de caballos más renombrados de la época, construidas por Caliche. Aseguraron, además, que una vez adquirió una gran casa esquinera solamente para exhibir banderas de muchos países, simulando unos juegos olímpicos.
Otro hermano, Cruz Alberto Correa, conocido en Copacabana como ‘Tocayo’ por llevar el mismo nombre de su padre, fue mencionado por personas del pueblo como alguien al que le gustaba ostentar el repentino poder económico que adquirieron. “Si no hubiese sido por Caliche y Tocayo yo creo que no nos hubiéramos dado cuenta de que los Correa andaban en ese tipo de negocios”, nos dijo una persona del pueblo que habló bajo condición de anonimato.
Un emporio con dos caras
Las avionetas con cocaína enviadas por Pablo Correa, Escobar y los Ochoa Vásquez llegaban con éxito a Estados Unidos a inicios de los ochenta. Los laboratorios como Tranquilandia producían al máximo nivel. En paralelo, la influencia de Pablo Correa se extendía en otros escenarios de la vida antioqueña.
El periodista Fabio Castillo señaló que el capo fue accionista mayoritario del Deportivo Independiente Medellín (DIM), equipo que no nos contestó una solicitud de información sobre sus dueños y accionistas entre 1980 y 1990. Además, según el periodista, la Ganadería Horizontes, de propiedad de Pablo Correa, fue un lugar de reunión del grupo criminal llamado Muerte a Secuestradores (MAS fundado por narcotraficantes para frenar los secuestros contra sus familiares, que para mediados de los 80 estaban perpetrando las guerrillas. Según la investigación de Castillo, la finca contaba “con un helipuerto, circuito cerrado de televisión y guardias personales en la cantidad que se requiera”.
Incluso, el exalcalde de Medellín y periodista Alonso Salazar señaló que Correa trabajó con Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más poderosas de la historia.
Con la ayuda de Escobar, Pablo Correa mandó a matar a un homónimo para así confundir a la Administración de Control de Drogas (DEA) y que lo dejara de perseguir, según el libro ‘La Parábola de Pablo’ de Alonso Salazar. Pero en julio de 1986, Correa fue asesinado por diferencias con Pablo Escobar, según el periodista Castillo.
Cinco días antes de su asesinato, Pablo Correa vendió sus acciones en las cuatro compañías que fundó con su familia a la Promotora de Inversiones y Construcciones LTDA, empresa propiedad de la familia Ochoa Vásquez, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín. Esto gracias a un poder que Pablo Correa le había otorgado en julio de 1984 a Jesús Valderrama Vásquez, hombre de los Ochoa.
El thriller judicial
Sin saber que ya estaba muerto, ese mismo julio de 1986 un juez federal de Harrisburg, Pensilvania, acusó a Ramiro Arturo (alias Pablo) y también a su hermano Juan Rigoberto Correa Arroyave (alias ‘Bobby’ o ‘Cocaine Cowboy’) de importar hacia Estados Unidos más de 10 toneladas de cocaína. “La cantidad más grande de cocaína llevada a Estados Unidos por una sola organización” hasta ese momento, según declaraciones del entonces fiscal general de ese país, Edwin Meese III, recogidas por la prensa estadounidense.
Según la Corte del Distrito Medio de Pensilvania, alias Pablo Correa dirigía las operaciones de tráfico de narcóticos hacia ese país en representación del Cartel de Medellín, dirigido, según el documento, por Jorge Ochoa Vásquez.
Mientras Correa dirigía las operaciones desde Colombia, su hermano Rigoberto supervisaba en Estados Unidos la llegada de los aviones cargados de cocaína, de acuerdo con la revista estadounidense Executive Intelligence Review (EIR). En mayo de 1988, sin haber logrado su captura, la justicia le dio estatus de fugitivo a Juan Rigoberto Correa, quien un año después fue catalogado como el jefe de transporte de narcóticos del Cartel de Medellín en una investigación presentada ante el congreso estadounidense.
La acusación contra Pablo Correa estuvo vigente hasta 2004 cuando Irwin Lichter, abogado federal de Estados Unidos, le pidió a la corte del Distrito Medio de Pensilvania ponerle fin, ya que el narco había muerto hacía casi 20 años. Finalmente, fue cerrada en 2005.
Cuestión Pública entrevistó a Lichter, quien afirmó que no conoció al narco ni a sus familiares. El abogado señaló que lo contactó telefónicamente una mujer que, aparentemente, era la viuda. Según él, la mujer le contó que para acceder a la herencia de algunas propiedades en Colombia, la acusación contra alias Pablo tenía que cerrarse. “Me enfoqué en probar que el señor Correa había fallecido y que, según la jurisprudencia estadounidense, su muerte era causal para terminar la acusación”, explicó Lichter.
A finales de los años 90, la viuda de Pablo Correa intentó retirar 15 millones de dólares de un banco suizo, pero a pedido de la justicia norteamericana, el gobierno de Suiza decidió congelar y confiscar esos fondos provenientes del tráfico internacional de drogas.
En paralelo, el caso de Juan Rigoberto Correa seguía vivo y este continuaba siendo fugitivo. En 2012, 26 años después de la acusación, la Corte del Distrito Medio de Pensilvania determinó cerrar su caso. Los motivos de esta decisión son desconocidos.
Con Juan Rigoberto en el radar de la justicia estadounidense desde 1986, su hermano José Miguel asumió el mando en las principales compañías familiares.
El invisible
José Miguel Correa Arroyave fue el que mejor comprendió los beneficios del anonimato. Con la salida de los Ochoa de las empresas de la familia, la muerte de Pablo y sin la presencia de Rigoberto Correa, se convirtió en uno de los principales accionistas de la mayoría de las compañías, según los expedientes que reposan en la Cámara de Comercio de Medellín.
Pero sus vínculos con narcos no murieron con su hermano Pablo. En 1987, José Miguel adquirió (junto a su empresa Inversiones Crear Correa Arroyave y Cia y quien sería su primo Rubén Muñoz Arroyave), 12 propiedades en Antioquia, que juntas, comprenden aproximadamente 804 hectáreas en Arboletes (Urabá antioqueño). Una de las fincas, La Soledad, fue adquirida a Inversiones Escobar LTDA, de acuerdo con el certificado de Tradición y Libertad de la propiedad. Esta compañía tenía como socio fundador al narcotraficante Gustavo Escobar Fernández, socio de Pablo Escobar y financiador de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL).
Un segundo socio era su hermano Jesús Emilio Escobar, alias el Ñoño, señalado de ser su testaferro. Un año después, en 1988, Gustavo Escobar fue asesinado en Bogotá por orden de Carlos Castaño, en una vendetta.
A esos negocios de tierras se suma la cercanía familiar con personajes que hacían parte de la mafia. Cuestión Pública rastreó la conexión entre José Miguel Correa y Diego Aristizábal Mejía, testaferro del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias ‘El Arquitecto’, investigación que puedes leer como ‘La sociedad secreta: la empresa que tuvo José Obdulio Gaviria y testaferro de narco’.
Otro caso llamativo fue el de una transacción inmobiliaria entre las compañías CIU Colombia S.A. y Conasfaltos en 1997, según el Certificado de Tradición y Libertad de la propiedad. Ambas permutaron una bodega de dos niveles y 1232 metros cuadrados ubicada en Rionegro, Antioquia. CIU Colombia S.A. fue constituida por Margarita Cardona de Úsuga, esposa del narcotraficante Juan Gabriel Úsuga Noreña, a nombre propio y de sus hijos, con un poder que el mafioso le dio. La transacción tuvo valor de $750 millones.
Medio billón
Los Correa Arroyave tienen 11 compañías activas en Antioquia, de las al menos 26 que han registrado en las últimas cuatro décadas ante las Cámaras de Comercio de Antioquia. Sus negocios se han diversificado tanto que van desde la minería, la panadería y la construcción hasta los servicios financieros y la contratación de obras públicas.
Según documentos consignados ante la Cámara de Comercio de Medellín, los activos de Conasfaltos para 2020 ascendían a $335 mil millones.
El poder de los Correa no declinó tras la muerte de Ramiro Arturo, alias Pablo, sino que se transformó, como su fortuna. Los activos más actualizados de diez de sus empresas familiares, algunas administradas por las nuevas generaciones, suman medio billón de pesos.
En Copacabana las personas que conocieron de cerca sus negocios en los 80 se negaron a ser entrevistadas. «Este pueblo es Villa Silencio, acá hay que quedarse callado o se sale amenazado», nos dijo una de ellas.
Al momento de esta publicación, ni José Miguel ni Juan Rigoberto Correa Arroyave contestaron nuestras preguntas. De ser enviadas las adjuntaremos a la investigación.
José Miguel también hizo negocios con los Uribe Vélez. Una finca en Copacabana unió a las dos familias. Haz clic aquí para leer el siguiente capítulo.
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