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De al menos 10 ejecutivos del Grupo Aval que conocieron o participaron de los sobornos junto a Odebrecht en la adjudicación del Tramo 2 de la Ruta del Sol, solo uno fue condenado: José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana. Pero las consecuencias legales no han acabado para el conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Por: Cuestión Pública
A mediados de 2009, Luiz Bueno, director de Odebrecht en Colombia, visitó a José Elías Melo en su oficina personal. A puerta cerrada pactaron el pago de 6,5 millones de dólares a Gabriel García Morales, el entonces viceministro de Transporte, para asegurar la adjudicación del billonario contrato del tramo 2 de la Ruta del Sol en el que Odebrecht y el Grupo Aval eran socios.
Melo cerró la reunión con una petición a Bueno: tratar el tema de forma exclusiva con él y no con Alberto Mariño, entonces integrante del Comité Directivo del Consorcio.
Así las cosas, Melo sería el encargado de informar a Luis Carlos Sarmiento Junior, presidente del Grupo Aval, de la ‘mordidita’ a García Morales vinculada con esta mega obra. Esta escena relatada por Bueno a las autoridades colombianas en 2019 fue incluida en la Resolución 82510 de la Superintendencia de Industria y Comercio un año después.
Los directivos del Grupo Aval y su entonces abogado, Néstor Humberto Martínez, ignoraron las alertas emitidas por el controller de proyecto Jorge Enrique Pizano, como reveló Cuestión Pública. Pizano murió en su finca en Subachoque el 8 de noviembre de 2018 por una falla cardiaca, según dictaminó Medicina Legal, pero alcanzó a enviar al FBI una serie de correos e informes de los pagos irregulares.
Contrario a lo que el Grupo Aval señaló en un comunicado ese mismo año desestimando su responsabilidad, el caso en su contra está más vivo que nunca.
El Departamento de Justicia y la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos lo investiga por su participación en este entramado. Según CAMBIO, en 2021 el conglomerado admitió ante la SEC— que investiga a las empresas que cotizan en bolsa de ese país— que su imagen podría verse afectada por las consecuencias legales que se podrían derivar de esas pesquisas.
La alianza Cuestión Pública y Transparencia por Colombia reconstruye la participación de al menos 10 altos directivos del Grupo Aval y el alcance de la justicia colombiana en el caso de corrupción más grande de la historia reciente del país.
Entre mayo y octubre de 2009 Luiz Bueno y Gabriel García Morales se reunieron en varias ocasiones en un apartamento de la calle 94 en Bogotá.
El pago de coimas no era el único tema sobre la mesa. También pactaron que el viceministro de Transporte diera asesorías a Consol— el consorcio que crearon Odebrecht y el Grupo Aval— para construir el tramo 2 de la Ruta del Sol que unía la ruta Puerto Salgar, Cundinamarca con San Roque, Antioquia.
A través del contrato de concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, el Ministerio de Transporte, en cabeza de Andrés Uriel Gallego, le adjudicó a Consol la jugosa obra por $2.094.286.000.000. En aquel entonces el jefe de Gallego era el presidente Álvaro Uribe Vélez.
El consorcio constructor de la Ruta del Sol 2 estaba conformado por las siguientes empresas: Odebrecht (62.01%), CSS Constructores SA (4%) y Estudios y Proyectos del Sol S.A. Episol S.A. (del Grupo Aval) (33%).
Estas mismas compañías crearon la Concesionaria Ruta del Sol para tramitar los sobornos que se desembolsaron por partes a lo largo del proyecto a través de contratos fachada. Ya con la Ruta del Sol ejecutándose y con el entramado de sobornos en marcha, Odebrecht contrató en 2012 al exsenador liberal Otto Nicolás Bula para que hiciera lobby en favor de Consol para quedarse con la construcción del trayecto Ocaña – Gamarra.
Y así fue. Bula contactó a los entonces senadores Bernardo Miguel Elías Vidal (Partido de la U) y Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical) para que influenciaran a miembros del Comité de Estabilidad Jurídica y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta obra debía adjudicarse por licitación como un proyecto aparte, pero fue entregada a Consol por $3.177.592.551, a través de un otrosí (adición) al contrato de la Ruta del Sol 2 que ya venían ejecutando.
Según Luiz Bueno, las dos ‘mordiditas’ de la Ruta del Sol 2 —es decir, el pago al viceministro García por quedarse con el primer contrato y a Bula por el otrosí— fueron pagadas en conjunto con Corficolombiana, empresa del Grupo Aval y propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo.
De acuerdo con las declaraciones de Luiz Bueno que fueron retomadas por la SIC en 2020, de los socios de Consol, Gustavo Ramírez, vicepresidente de Banca de Inversiones de Corficolombiana, y José Elías Melo, presidente de la empresa, conocían de la coima dada a Gabriel García: “Acordamos dividir (con Melo) tales costos durante el desarrollo del proyecto”.
En la corfirueda de pagos, Melo solo fue uno de los engranajes entre los hombres clave de Grupo Aval y Odebrecht que autorizaron el pago de sobornos a funcionarios públicos y lobbistas, tal como lo reconstruyó Cuestión Pública en 2018 a partir de los testimonios de la investigación que llevó la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
En la base del organigrama se encontraba Mauricio Millán Drews, gerente de Administración Contractual del consorcio y director de Proyectos de Episol. Millán se encargaba de firmar los contratos de los servicios que necesitaba el Consorcio Ruta del Sol para la ejecución de la obra. También aprobaba los pagos a los subcontratistas. Algunos de estos eran sobornos camuflados en contratos fachada, como el del viceministro Gabriel García. Las responsabilidades las compartía con Manuel Ricardo Cabral Ximenes, directivo de Odebrecht.
Según el testimonio de Cabral, el mecanismo de pagos irregulares debía contar con dos autorizaciones: la de Cabral (que representaba a Odebrecht) y la de Millán (con previa autorización de Melo), por parte de Episol. Una vez se contaba con ambos avales, se realizaba el desembolso.
Construido por Cuestión Pública a raíz de la información contenida en la resolución 67837 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Según su versión ante la SIC y la Fiscalía, Cabral era quien manejaba los sobornos en el interior del Consorcio.
Mauricio Millán también aseguró que advirtió a Corficolombiana de movimientos sospechosos y consultó a Melo, pero “este le manifestó que no debía preocuparse, que eran gastos operacionales, por concepto de consultorías; lo que le causó aún más sospechas porque no existían los estudios técnicos al respecto”.
A la par de Millán, otro ejecutivo se encargaba de firmar los contratos y efectuar los pagos: Javier Germán Mejía, director de nuevos negocios de Episol y gerente contractual y miembro de la junta directiva de Consol.
Los pagos también debían ir con la autorización de Alberto Mariño Samper que, según Cabral, era el hombre de confianza de Luis Carlos Sarmiento –sin precisar si se trataba del padre o del hijo–. Afirmación que Melo corroboró al negar ante la SIC su cercanía con Millán:
En septiembre de 2018, a través de la Resolución 67837, la SIC formuló pliego de cargos por “pago de soborno” a la Concesionaria Ruta Del Sol, a Corficolombiana, al viceministro de Transporte Gabriel García, José Elías Melo, Luiz Bueno, Manuel Ricardo Cabral y a tres directivos más de Odebrecht. Dos meses después, a través de un comunicado de prensa, Corficolombiana rechazó “cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht habría efectuado pagos de soborno para obtener los mencionados contratos”.
En diciembre de ese mismo año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca multó por $800 mil millones a Gabriel García, José Elías Melo, Otto Bula, Luiz Bueno, Luiz Mameri, Eduardo Da Rocha y a la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por Odebrecht y Episol. Esto, por violar “la moralidad administrativa”; es decir, por incurrir en hechos de corrupción para obtener el proyecto.
En julio de 2023 el Consejo de Estado emitió fallo de segunda instancia revocando esa multa al ser ocho veces mayor a los $109 mil millones que Odebrecht propuso pagar a cambio de la inmunidad en los procesos penales contra sus directivos. Si bien el Estado se negó a la propuesta, los exdirectivos de Odebrecht Luiz Bueno Junior, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha Soares apelaron el fallo.
El alto tribunal estudió la acción popular del exprocurador Alejandro Carrillo fallada por el Tribunal de Cundinamarca en 2018. El Consejo de Estado determinó que si bien existieron violaciones administrativas por parte de los demandados como la libre competencia y la defensa del patrimonio público, el Tribunal no era la entidad competente para emitir la sanción. Con el fallo, también tumbó la inhabilidad de la constructora para contratar con el Estado.
Para 2020, la SIC solo archivó la investigación contra dos ejecutivos de Odebrecht: Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía brasileña. En teoría, siguen en firme las pesquisas contra Sarmiento junior y los demás directivos del Grupo AVAL.
Por otra parte, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema archivó el 11 de marzo de 2021 una investigación preliminar contra Sarmiento Junior, al determinar que no había méritos para indagar si participó en el entramado de sobornos.
De acuerdo con esto, en siete años —desde la conformación del Consorcio hasta el estallido del escándalo en 2016— Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez no se enteró de los movimientos realizados desde Corficolombiana y Odebrecht, aunque al menos diez de sus ejecutivos (a través del Grupo Aval, Corficolombiana y Episol) estaban enterados del entramado de corrupción y testimonios de directivos de Odebrecht destacan que las coimas le habrían sido reportadas a él a través de Melo.
Al parecer, tampoco se enteraron de los reportes del controller Jorge Pizano, en los que denunció pagos irregulares y contratos fachada por parte de Corficolombiana que sumaron 34 millones de dólares para 2016.
Al consultar al Grupo Aval sobre su vinculación y la de sus ejecutivos en el pago de sobornos y maniobras ilícitas para obtener la adjudicación del Tramo 2 de la Ruta del Sol y sus adiciones, a lo que respondió que “repudia toda forma de corrupción. La postura de Grupo Aval y/o de sus filiales frente a acusaciones relacionadas con el Tramo 2 del Proyecto Ruta del Sol ha sido presentada en las correspondientes instancias judiciales o administrativas en las cuales se ha aportado el material probatorio que la soporta”.
Pizano fue nombrado controller por Corficolombiana en agosto de 2010. Debía auditar, vigilar los dineros del Consorcio Ruta del Sol (Consol) y verificar que los pagos cumplieran con los estándares internacionales antilavado de dinero y antiterrorismo –Sarlaft–.
Construido por Cuestión Pública a raíz de la información contenida en la resolución 67837 de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
En 2018, Cuestión Pública halló que Pizano denunció, en sus informes de 2013 a 2015, pagos irregulares o “especiales” por $69.953 millones de pesos (34 millones de dólares de esa época) que correspondían a “contratos de papel”. Es decir, más de tres veces lo reportado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que estimaba el pago de sobornos en Colombia por 11 millones de dólares: 6,5 millones para García Morales y 4,5 millones para el excongresista y lobista Otto Bula.
De acuerdo con los correos del controller, Pizano notificó las anomalías en los pagos de Corficolombiana a Ricardo Lopes Vieira y Eder Ferracuti, directivos de Odebrecht en Consol; y en Corficolombiana a José Elías Melo, Gustavo Ramírez, vicepresidente de Banca de Inversiones, y a Álvaro Miguel Oeding, abogado de la empresa.
El auditor murió el 8 de noviembre de 2018 por una falla cardiaca, según Medicina Legal. Previo a su muerte, el controller temía por su integridad y entregó a Noticias Uno una serie de audios que demuestran que desde mediados de 2015 Néstor Humberto Martínez sabía de los contratos de papel, las coimas y los pagos irregulares de Consol.
Crédito: Noticias Uno – Emisión 12 de noviembre de 2018.
El fiscal general (2016-2019) era la ficha que faltaba en el rompecabezas de ejecutivos del Grupo Aval, pues figuró como abogado de Corficolombiana entre septiembre de 2015 y marzo de 2016. De acuerdo con una conversación entre Martínez y Pizano del 26 de agosto de 2015, uno de los Sarmiento sabía de los pagos irregulares de Corficolombiana, sin aclarar si se trató del padre o del hijo.
Martínez le aseguró al controller que dentro de la empresa se adelantaba una investigación por sus denuncias y continuó:
Un año después, el 1 de agosto de 2016, Martínez asumió su cargo como Fiscal General de la Nación. Desde allí, se declaró impedido en junio de 2018 ante la Corte Suprema para llevar a cabo la investigación de los contratos denunciados por Pizano por haber sido abogado del grupo Aval.
En respuesta a Cuestión Pública, Néstor Humberto Martínez, señaló que mantiene un vínculo con Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo. “Es una relación de vieja data. Sarmiento y mi padre, Humberto Martínez Salcedo, fueron compañeros desde el bachillerato, en el Colegio Mayor de San Bartolomé”.
Frente a las denuncias de obstrucción de las investigaciones del caso en la Fiscalía se defendió: “nunca tuve el expediente de Odebrecht a mi cargo y en los 3 casos en que el mismo llegó a mi Despacho, por razones de procedimiento que implicaban intervención del Fiscal General, me declaré impedido y la Corte Suprema así lo acepto. En el caso Odebrecht la investigación corrió a cargo de cerca de 15 fiscales autónomos e independientes”.
A Martínez le abrieron una investigación preliminar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en diciembre de ese mismo año por la posible incidencia de su anterior cargo como abogado del Aval en sus labores como fiscal general. El expediente fue archivado en agosto de 2021.
El pago de coimas no fue la única maniobra irregular usada por los socios Odebrecht y el Grupo Aval. Estas compañías habrían pactado un acuerdo de no competencia con Odinsa –empresa de concesiones del Grupo Argos–, para que esta última solo fuera por el Tramo 3 de la Ruta del Sol y les dejara el tramo 2 a ellos.
Según un correo entre José Elías Melo y Gustavo Antonio Ramírez, directivos del grupo AVAL, aquello se habría acordado en una reunión con Luiz Bueno y Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana. Así quedó registrado en la Resolución 67837 de 2018 de la SIC.
Una tercera maniobra fue el presunto aprovechamiento de un conflicto de interés. Diego Solano Saravia, entonces vicepresidente de Planeación Corporativa de Grupo AVAL, participó activamente en la propuesta de Consol para quedarse con la obra del tramo 2 de la Ruta del Sol. Su esposa, María Victoria Guarín, era parte del equipo elegido por la Corporación Financiera Internacional (IFC) que asesoró al Gobierno colombiano para la estructuración de esa licitación.
La respuesta de la IFC ante la acusación de conflicto de intereses fue que Guarín no tenía un “rol gerencial o de dirección” y no era la encargada de tomar decisiones sobre el proyecto. Sin embargo, en 2018, la SIC profirió pliego de cargos por “aprovechamiento de conflicto de intereses” al Grupo Aval, Episol y Corficolombiana, así como a la pareja de esposos, a Luis C. Sarmiento Gutiérrez, Alejandro Sánchez, José Elías Melo y Gustavo Ramírez. Dos años después, esta investigación fue archivada a favor de las empresas, pues la SIC “concluyó que la facultad sancionatoria caducó en el año 2014”.
Solano Saravia le dijo a Cuestión Pública que “la SIC nunca debió haber abierto esa investigación. Tengo la certeza de no haber estado incurso en ningún conflicto de interés y mucho menos un aprovechamiento derivado de mi relación conyugal”.
A partir de 2017 se abrieron al menos 18 líneas de investigación por el escándalo Odebrecht en Colombia. Cuestión Pública consultó a un experto que conoció de cerca el caso y que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.
Hasta diciembre de 2022, por el escándalo de la Ruta del Sol 2, la justicia colombiana había condenado o sancionado, a al menos 13 personas: cinco funcionarios públicos, seis empresarios, un directivo del Grupo Aval y otro de Odebrecht.
Algunos de los empresarios condenados son Andrés Salazar Ferrolos y los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, quienes prestaron sus compañías para mover los dineros de Odebrecht en el pago de sobornos a través de cuentas en el exterior. Los excongresistas Antonio Guerra (2022) y Bernardo Elías (2018 y 2021) fueron condenados a 13 y 14 años respectivamente por tráfico de influencias y concierto para delinquir.
Guerra busca apelar la sentencia y al “Ñoño” Elías le fue concedida una rebaja de su condena por colaborar con la justicia en el caso Odebrecht. El pasado 7 de julio de 2023, el Juzgado Primero de Penas de Sincelejo le otorgó la libertad condicional al cumplir la mayoría de la pena y pagar una caución de $5.800.000, según consta en la decisión tomada por el juzgado.
El exsenador Otto Bulla, condenado por la Fiscalía en 2020 a 5 años y medio de cárcel, quedó libreen mayo de este año por decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Zipaquirá, al cumplir con su condena por su colaboración como testigo del caso. El exviceministro de Transporte Gabriel García también fue condenado en 2017 a cinco años de cárcel por los sobornos aceptados para la concesión del Tramo 2 de la mega obra y obtuvo su libertad el 15 de diciembre de 2020 al cumplir la mayor parte de su condena.
El 28 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio interpuso multas por $295 mil millones a la constructora brasileña junto con sus directivos— y a Episol, compañía del Grupo Aval, por “violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato Ruta del Sol tramo 2”. La multa se dividió así:
De once ejecutivos del Grupo Aval solo fue condenado José Elías Melo, quien desde 2019 paga una pena de 11 años y siete meses en la Picota de Bogotá, además de recibir una inhabilidad de 159 meses y una multa de 174 salarios mínimos. Actualmente, la decisión del juez 14 Penal del Circuito de Conocimiento está siendo apelada por su defensa.
Siete de los principales directivos de ese conglomerado salpicados en el escándalo de la Ruta del Sol 2 continúan vinculados al grupo de Sarmiento o a sus filiales, según le dijo a Cuestión Pública Jorge Adrián Rincón Plata, vicepresidente jurídico del Grupo Aval.