Laureano Acuña, conocido en Barranquilla como ‘el Gato Volador’ y en La Guajira por negarse a la prueba de alcoholemia, es uno de los investigados en relación con la empresa criminal de compra de votos que integraba la exsenadora Aída Merlano Rebolledo. El 22 de octubre de 2019, cinco días antes de las elecciones regionales, Acuña Díaz hipotecó sus inmuebles por mil millones de pesos. Laureano Acuña administra su propio clan político: su exesposa, uno de sus primos, y dos de sus hermanos han ocupado cargos de elección popular en Atlántico desde 2008. Su hermano, Máximo Gregorio, fue contratista de la Alcaldía del ahijado político de Acuña, Rumenigge Monsalve Álvarez, en Malambo en 2020. María Elena Iglesias, la esposa de su primo Juan José Vergara y aportante de $12 millones a la campaña de Acuña en 2010, fue subsecretaria administrativa y financiera de la Secretaría de Educación Departamental en 2016, 2018 y 2019, en la gobernación de Eduardo Verano de la Rosa. Acuña Díaz, y su compañera financiaron sus campañas entre 2014 y 2019, por $1.070 millones con Banco Serfinanza, del grupo Char. Acuña no se declaró impedido para elegir a Arturo Char como presidente del Senado en 2020. Dos aportantes de Acuña en su campaña de 2010 estuvieron relacionados con Valorcon, empresa que conformó al consorcio Navelena junto a Odebrecht de Colombia y que suscribió 10 contratos por $210.197 millones. Navelena fue adjudicataria de un contrato por $1.3 billones para volver navegable el río Magdalena que fue cuestionado por corrupción y en su etapa de preconstrucción fue terminado de forma anticipada por incumplimiento a las obligaciones financieras.