Una mafia
devastó la selva
en Chocó

Durante siete años, una red de minería ilegal explotó oro en ese departamento. Dos estadounidenses de origen iraní representados por la firma de Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, habrían iniciado actividades mineras ilegales, según tres fuentes. Hassan Jalali y Amir Mohit-Kermani tienen abierta una indagación preliminar. Algunos integrantes de la red fueron sentenciados, pero salieron libres bajo supervisión.

Ambos han sido mencionados en un caso judicial de minería ilegal. Este arrancó con las “actividades mineras que iniciaron Hassan Jalali Bidgoli (...) y Amir Mohit-Kermani” en Colombia, según un expediente judicial contra una red de minería ilegal. De acuerdo con el documento, las actividades se llevaron a cabo a través de dos sociedades constituidas en 2011 en Medellín y Quibdó: Tala Internacional Trading S.A.S y Talbras S.A.S.

En la versión de Jalali y Mohit-Kermani, entregada a través de su abogado David Nunez, ellos nunca comercializaron “un solo gramo de oro”. Dicen que “en 2010 (...) le prestaron (dinero) a Carlos Marulanda”, un colombiano que tenía la intención de “comprar oro en Colombia e importarlo a Estados Unidos para venderlo”. Jalali conoció a Juan Carlos Marulanda como uno de sus subcontratistas de albañilería en el negocio de la construcción en Estados Unidos. Para 2010, Marulanda trabajaba en la compraventa de oro con Josecarlo Souffront, un venezolano radicado en Colombia desde 2009. Las versiones de Souffront y Marulanda son distintas a la de Jalali y Mohit-Kermani.

Souffront dijo que al menos hasta 2011, compraba y vendía pequeñas cantidades de oro para revenderlas en Miami con una ganancia, hasta que un brasileño le ofreció la oportunidad de comprar una draga en sociedad. Señaló que fue en ese momento cuando Marulanda le habló de Jalali y Mohit-Kermani. Marulanda señaló que a Jalali le llamó la atención el negocio porque en ese tiempo la construcción se había venido al piso. Agregó que cuando se ve que algo tan pequeño tiene tanto valor la gente se ilusiona. Lo llamó la “fiebre del oro”.

Marulanda le dijo a Souffront que había unos socios en Estados Unidos que querían invertir dinero en el oro y le presentó a Jalali y Mohit-Kermani alrededor de febrero de 2011, según reconocieron tanto él como Souffront.

En la carta de respuesta a las preguntas de esta alianza periodística, el abogado Nunez señaló que pasaron seis meses y Marulanda no les devolvió el préstamo a sus clientes. Aseguraron que este finalmente les pagó con la mitad de la propiedad de unos equipos de minería que compró sin su consentimiento. Supuestamente, el otro 50 % era de otro socio -no identificado por el abogado Nunez- que buscaría “todas las licencias adecuadas para que el equipo pudiera utilizarse legalmente”. Marulanda afirmó que nunca hubo tal préstamo. Tanto él como Souffront dijeron que se trató de una inversión para comprar una draga, que según este último, buscó oro en el río La Miel en Puerto Triunfo (Antioquia), pero sin éxito.

Souffront y Marulanda nos aseguraron que Jalali y Mohit-Kermani invirtieron 100.000 dólares en total para esa draga. Los dos primeros también dieron dinero. El quinto socio sería un brasileño, Flavio Pereira, un experto técnico en minería, según Souffront. De acuerdo con este último y Marulanda, las cosas empezaron a cambiar. Ambos señalaron que los hombres de Miami usaron a Souffront para aprender sobre el negocio del oro y luego trataron de sacarlo.

“Ellos hacían
cosas ilegales”

Jalali y Mohit-Kermani señalaron en su carta de respuesta a esta alianza, que para recuperar “sus pérdidas” decidieron crear la Comercializadora Tala International Mineral Trading S.A.S, mencionada por la Fiscalía. Explicaron que luego se encontraron con el socio (no identificado) en la calle, “lo confrontaron” y él los acompañó a una “oficina con la señora Ángela Salazar, abogada colombiana que se presentó como experta en leyes de la minería”. Tiempo después, ese socio les vendió su parte en la propiedad del equipo de minería a Jalali y Mohit-Kermani, quienes quedaron como únicos dueños.

Expresaron que Salazar les dijo que “obtendría todas las licencias para que pudieran explotar legalmente oro en Colombia”. Y según ellos, “la contrataron para crear la empresa Talbras S.A.S, (también mencionada por la Fiscalía), que utilizaría los equipos mineros de su propiedad y del socio para extraer oro en Colombia”.

“Ellos me contrataron para que les ayudara en todo lo que tenía que ver con lo jurídico de Talbras”, respondió Salazar.

La abogada dijo que Talbras fue constituida por trabajadores de Hassan en diciembre de 2011: Diego Tamayo y Gustavo Bermúdez, el primero, operador de dragas, y el segundo, auxiliar administrativo respectivamente. Según ella, “para ganar tiempo sacando papeles de Jalali y Mohit-Kermani”. “Empezamos a tener discusiones”, continuó Salazar.

“Cada vez que yo les presentaba sitios donde ya había título minero y licencia ambiental, no les interesaba.
Empezamos a notar que ellos hacían cosas ilegales”.

La abogada explicó que “cada vez que tenían un problema, cambiaban de empresa como cambiar de ropa”. En una última respuesta a esta alianza, el abogado de Jalali y Mohit-Kermani, David Nunez, reiteró que el relato de Salazar "es completamente impreciso. Nada de eso es cierto. Mis clientes NUNCA se dedicaron a la actividad minera en Colombia".

Salazar recordó que “los iraníes” trajeron a Moisés Ortiz. Señaló que todo empeoró para ella cuando llegó él. Jalali y Mohit-Kermani señalaron que querían a alguien de confianza para gerenciar su proyecto en Colombia. “El Sr. Ortiz, primo de la suegra de Jalali, fue, por tanto, encargado, y los señores Jalali y Mohit-Kermani se convirtieron en propietarios pasivos”, señaló el abogado estadounidense Nunez en la carta. También mencionó que Ortiz “sorprendió robando (a Salazar) en la empresa y la despidió. Como represalia, la Sra. Salazar denunció falsamente a las autoridades colombianas violaciones laborales que más tarde se demostró que eran infundadas”.

Salazar dice que todo es falso porque como abogada ella ni siquiera tenía acceso “a la caja menor”. “Cuando Moisés llegó, nada que me pagaban”. Dijo que decidió renunciar. “Ahí les coloqué la demanda laboral. Eso fue lo peor que hice”. La contraparte negó violaciones laborales y ganó la demanda, decisión que Salazar atribuyó a un giro inesperado y repentino en la actitud del juez.

La relación entre Ortiz y Salazar terminó de la peor manera. Según ella, tras la demanda contra Talbras, Ortiz empezó a decir en el corregimiento de la Y, en el municipio de la Unión Panamericana (Chocó) que

“yo (Ángela) era la informante del Ejército y que por mi culpa era que se hacían los operativos (contra la minería). Cosa que es completamente falsa. Me echó a la guerrilla, a los paramilitares”.

Según Souffront, los iraníes trasladaron la draga en la que invirtieron desde La Miel, Puerto Triunfo (Antioquia) al Chocó.
La abogada Salazar reiteró lo que escuchamos múltiples veces. Que “en el Chocó todo el mundo paga vacuna (para poder hacer minería), no es que quiera, es que toca. O paga, o lo secuestran o lo matan”.

Todos los grupos llevan su tajada, incluida la fuerza pública, explicó un draguero que pidió omitir su nombre por seguridad. “Un 8 % (de las ganancias del oro) va para los paracos. (Además), van uno o dos policías o soldados a la draga (y dicen): ‘bueno, venimos por la parte de nosotros’. Cada draguero sabe que saca de su bolso $20 o $30 millones (entre 5.507 y 8.261 dólares) y se los entrega”, contó. A cambio miembros de la fuerza pública les avisan con antelación sobre los operativos contra la minería. Según sus cálculos, una draga deja hasta $400 millones al mes.

“Desde una óptica criminológica, el comercio de minerales preciosos ha tomado un realce importante como medio de subsistencia económica de las organizaciones delincuenciales. Esto se debe a múltiples factores; entre ellos destaca la facilidad de transportar el producto, la existencia de un mercado lícito que -en algunas ocasiones- se entremezcla con la ilegalidad y hace casi imposible su rastro y la abundante demanda de minerales que hay en países desarrollados. Esto hace que la minería ilegal se convierta en una fuente de financiación más rentable que el mismo narcotráfico”,

explicó Jorge Perdomo, ex vicefiscal general.

Y como el oro sigue emergiendo de los ríos del Chocó, los paras siguen mandando. Así lo constató este equipo periodístico. En diciembre de 2020, el equipo navegaba del municipio Río Quito a Quibdó -en un trayecto de una hora y media en lancha por el río Atrato- entre 15 dragas en operación, cuando una lancha con dos hombres a bordo les cerró el paso. Detuvieron la embarcación en un montículo de tierra donde aguardaban tres jóvenes vestidos con botas de caucho, sudaderas impermeables y cachuchas negras. Preguntaron a los reporteros quiénes eran. Tras escuchar una versión improvisada, dieron la orden de dejarlos seguir. Según confirmó la comunidad, eran paramilitares.

Como se dijo antes, Moisés Ortiz estuvo al frente del proyecto de Jalali y Mohit-Kermani, según la carta de su abogado Nunez. Meses antes de la disolución de Talbras, Ortiz creó Vencol Mineral S.A.S en abril de 2013 para prestar servicios de explotación minera. En junio de 2013, la organización tenía al menos dos dragas y cuatro retroexcavadoras en Río Quito, a 30 kilómetros de Quibdó, según una inspección de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.

El 12 de septiembre de 2014, Codechocó le abrió un proceso sancionatorio a Ortiz por realizar actividades mineras con el entable Vencol sin contar con licencia ambiental. El 23 de diciembre de 2020, la entidad decidió archivar el proceso porque no pudo encontrar su cédula. Codechocó lo puso en estos términos: "Para poder declarar a un infractor responsable (...) se le debe tener plenamente identificado e individualizado". Cuestión Pública halló su nombre y número de cédula en bases de datos públicas como el Registro Único Empresarial (RUES).

Jalali y Mohit-Kermani negaron tener cualquier afiliación con Vencol. Pero reconocieron que su participación “en el proyecto se limitó a proporcionar el equipo de minería que utilizaría Vencol en la ejecución de su contrato con la asociación minera local”. Y dijeron “no tener conocimiento de que (Moisés) Ortiz utilizó el equipo para hacer minería de oro de manera ilegal”.

En 2017 Codechocó responsabilizó a Victorino Parado, representante de la mina Vencol Mineral S.A.S. vinculada a esta red. Lo multó por la comisión de infracciones ambientales por $427 millones, sanción que no había cancelado para abril de 2021 según Codechocó. La entidad ambiental ha tenido funcionarios acusados de soborno.

En el expediente judicial no se aclara en qué año la red llevó su operación de Río Quito hacia el corregimiento de San Miguel, al sur del Chocó. Pero sí se explicó que una vez allí, creó una nueva empresa, Dragados San Miguel S.A.S. También señala que allí Moisés Ortiz “consiguió relacionar a la organización” con Walter Cordero, que manejaba el Taller Industrial Cristian Camilo en Istmina, donde “se fabricaban parte de las dragas”. En 2017, la fuerza pública incautó tres dragas a la organización.

La impunidad

Ortiz, Cordero, Anthony Camargo, Lainer Arboleda y José Germán Arboleda, integrantes de la organización, fueron sentenciados el 30 de agosto de 2019 a cuatro años de prisión y una multa de $11.939.979.285. Ninguno fue a la cárcel. La multa sigue vigente, de acuerdo con un documento de la Procuraduría. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó les concedió la suspensión condicional de la pena bajo supervisión durante ese tiempo pagando $4.140.580. Antes de la sentencia, en marzo de 2019, una jueza le dio permiso a Anthony Camargo para trabajar como soldador de lunes a sábado en el taller de propiedad de Cordero, también condenado.

Cuatro meses después de la condena, el abogado Harlan Lozano le pidió a un juzgado de Quibdó un permiso de viaje de turismo para sus representados Camargo y Ortiz con el fin de ir a Noja, Cantabria (España). Esta petición, que en principio no fue rechazada por el juzgado, terminó siendo retirada por Camargo, que no explicó si ese viaje sería pagado con su sueldo de soldador o con otros dineros.

“Me da lástima ver que hay casos como este en el que solo capturan a los peones y los líderes quedan sanos”, dijo una autoridad judicial cercana al caso. “Esto es la motivación y forma de trabajar de la Fiscalía (...). Y hasta donde sé, el fiscal no lo intentó, se quedó con sus capturas y dejó el otro tema (el de los iraníes)”, agregó otra fuente que conoce el proceso. Edgardo Pacheco, fiscal del caso, dijo en llamada a esta alianza que ha hecho su trabajo conforme a la ley y que sus superiores están informados sobre todo su trabajo en este caso.

En el registro de propiedades de Miami Dade de la Florida, Estados Unidos, Jalali, su esposa Viviana Vargas y su red de compañías acumulaban 12 propiedades al menos hasta abril de 2021, cuando esta alianza realizó la consulta. Los bienes valían 22 millones de dólares (unos $80.000 millones de pesos). Hassan también ha tenido dos predios con valor de 7,7 millones de dólares ($28 mil millones), comprados por su empresa Sahel Corp, donde está situado el hotel Ocean Five en Miami.

En la dirección de uno de los inmuebles también hay una empresa homónima a una de sus sociedades en Colombia: Tala International Mineral Trading Llc. Mohit-Kermani, por su parte, adquirió una casa en Miami en 2004 avaluada en 7,1 millones de dólares (unos $25.000 millones).

Jalali ha estado vinculado a al menos 43 compañías en la Florida, de acuerdo con Sunbiz, el registro de empresas de ese estado. Su presencia empresarial se ha extendido también a paraísos fiscales como Bahamas y Panamá.

Jalali y Mohit-Kermani disfrutan cómodamente de sus lujos. Los autos, las propiedades y su vida en Miami brillan frente al contraste del empobrecido Chocó.

OCCRP se comunicó con Cristino Parra Mosquera defensor de Moisés Ortiz. Indicó que solo nos respondería en sus oficinas en Chocó. Por temas de seguridad, la alianza no accedió. (Vea aquí la respuesta en inglés de Jalali y Mohit-Kermani).

*OCCRP reportó para la investigación. Kevin Hall y Antonio Delgado reportaron para McClatchy y El Nuevo Herald, respectivamente. El reportero de seguridad nacional de la Oficina de McClatchy en Washington, Michael Wilner, y la investigadora de The Miami Herald, Monika Leal, contribuyeron a este informe.