Aunque hoy en día son pocos los colombianos que saben la influencia que tuvo el conocimiento geográfico en la evolución de los imperios y las naciones, en parte, debido por la ausencia de asignaturas como geografía e historia en las aulas de clase, a nivel Estatal las entidades públicas no se pueden dar este lujo de desconocer el entorno y su relación con el territorio, puesto que genera una infinidad de repercusiones negativas en los ciudadanos. Los datos afirman que la realidad es dramática, aun más cuando este tema sigue sin tener mucho apego por parte de los funcionarios públicos y lo ven como algo extraño, distante y sin importancia en la administración del territorio.
Para entrar en contexto, el común de los ciudadanos desconoce la diferencia entre centro poblado, cabecera municipal y municipio o el hecho que desconozcan que Bogotá técnicamente no sea la capital del departamento de Cundinamarca. Ahora, a nivel institucional estas lagunas de desinformación son igual o más grandes que la jurisdicción de cada institución.
Un ejemplo claro es la información geográfica a nivel catastral, siendo el instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los catastro descentralizados de Bogotá, Medellín, Cali, Antioquia y Barranquilla sus responsables. En este aspecto se concluye que al sumar los esfuerzos de todas las instituciones hoy en día el 63,9% de la información geográfica catastral a nivel nacional esta desactualizada y el 28,5% simplemente no existe dicha información, es decir, menos del 8,0% del territorio nacional está al día, pero inclusive este pequeño porcentaje presenta problemas embarazosos como la ausencia de estándares, información poco detallada de los predios, información imprecisa de los linderos y poca o nula interoperabilidad con otros sistemas de información como la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Estos datos tienen una implicación directa en los ciudadanos de a pie, básicamente el 59% de los predios rurales presenta inseguridad jurídica debido a la informalidad de la tenencia ya que no se sabe si son propietarios u ocupantes de los predios.
Otra situación inaudita es el estado actual de la cartografía básica (identificación de rasgos naturales y topográficos de la superficie terrestre) a nivel nacional, dado que por norma y estándares, se requiere la cartografía a nivel urbano con muy buen nivel de detalle, que en términos técnicos se define como escala 1:2000 mientras que a nivel rural la cartografía básica requeridaes con menor detalle, estandarizada y técnicamente definida como escala 1:25000.
La realidad es contundente, a nivel urbano con el estándar definido solo se tiene el 52,0% de la información geográfica, pero está se encuentra desactualizada, en algunos casos por décadas, mientras que el restante 48,0%, casi la mitad de los municipios de Colombia, el Estado colombiano simplemente no sabe que hay en esos territorios porque no existe esta información. A nivel rural, los datos son más preocupantes ya que solo se tiene información a ese nivel de detalle en el 29,0% de la superficie del territorio nacional, obviamente desactualizada, ahora, en el restante 71,0% se tiene un desconocimiento completo en relación al estándar definido, números inauditos para cualquier país en pleno siglo XXI.
Esto implica grandes consecuencias para todos los ciudadanos, uno de los principales es que aumenta considerablemente el gasto de los municipios, ya que las alcaldías requieren hacer un esfuerzo adicional para levantar dicha información geográfica para la implementación de cualquier proyecto de infraestructura, calculando esta ineficiencia en el erario en más de $90.000 millones de pesos adicionales solo entre el periodo 2012 a 2015.
Ahora, cuando se habla de cartografía temática (identificación de elementos tangibles e intangibles), estos mismos problemas de actualización, cobertura o aplicación de estándares técnicos se identifican en mayor o menor medida en otras instituciones como el Servicio Geológico Colombiano con la generación de información geológica, la Agencia Nacional de Tierras con la información geográfica de los predios baldíos, la información geográfica de los esquemas o planes de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios del país, así como la información geográfica de vías y carreteras definidas por el Instituto Nacional de Vías.
En conclusión, se requiere una política de Estado que permita en un tiempo moderado corregir todos estos problemas, además que todas las entidades públicas que generen información geográfica se ajusten a los estándares definidos y se integre toda esta información en un sistema o sistemas que permita su interoperabilidad y actualización constantemente, sino, seguiremos sufriendo por décadas las consecuencias que todos conocemos por el difícil acceso a la tierra por parte de los campesinos y la falta de protección y control de los recursos naturales.
Si desea tener más información al respecto, se recomienda el CONPES 3859 aprobado en junio de 2016 el cual define la política para la adopción y puesta en marcha de un catastro multipropósito rural-urbano y el CONPES 3951 de noviembre de 2018 donde aprueba la solicitud de un crédito externo por US$150 millones de dólares para su financiación parcial.
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