autoinversiones

En un contexto de rentabilidad negativa de los fondos de pensiones y millonarias ganancias para las AFP, existe un descontento de los afiliados en Perú, Chile y Colombia hacia el actual sistema privado de administración de pensiones. El año pasado las personas en edad más cercana a jubilarse obtuvieron las mayores pérdidas. La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Cuestión Pública identificó que en este mismo periodo, las AFP de Perú y Colombia destinaron alrededor de USD 9.000 millones para financiar a empresas vinculadas a los grupos económicos de estas como Credicorp (Prima AFP), Scotiabank (Profuturo), GEA (Protección), Grupo Aval (Porvenir) y Grupo Skandia (Skandia). Aunque con algunas variaciones, en los tres países diversos actores políticos ya plantean una reforma del sistema previsional.

Con sus declaraciones, Petro puso a hablar al país de pensiones. Las AFP y un ejército de influenciadores afirmaron que era falso que los fondos tenían plata en Odebrecht y en el puente Chirajara. Lógico, ellos se agarran de detalles, nimiedades y tecnicismos para defender el negocio. Pero no se esperaban que la propia Corficolombiana, en un documento de venta de acciones en 2018, confirmara el alto riesgo de inversión por cuenta de sus empresas filiales (Episol y Coviandes) inmersas en los escándalos de corrupción de Odebrecht y la caída del puente de Chirajara respectivamente. Yo te aseguro que no son cuentos de por ahí, tu dinero con Corficolombiana pasó por allí.

Cuestión Pública encontró dinero de los ahorros pensionales de los colombianos invertido en proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua, la Triple A, Interbolsa, Pacific Rubiales y Serfinanza. Estas transacciones fueron hechas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), controladas por dos de los grupos económicos más grandes del país, el Grupo AVAL y el GEA, que en febrero 2021 tenían autoinversiones por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos económicos. Una práctica prohibida, pero posteriormente desregularizada en los Gobiernos Santos y Duque.