¿Qué hay detrás del Libro de la Verdad?

(22/08/2026)

Un Gobierno que llegó prometiendo la “Patria Milagro” presentó su primer  informe anticorrupción en medio de la crisis del pasado terremoto de San José del Palmar de 7.4. Cuando por fin se pudo revisar el presunto libro, apenas una cuarta parte resultó verificable. El problema no es solo lo que el “Libro de la Verdad” afirma, sino cómo lo comunica: un documento diseñado para el titular y la foto antes que para la verificación. Solo el 54% de su contenido es verificable; el resto se reparte entre lo tendencioso (26%), lo que carece de pruebas (15%) y lo abiertamente engañoso (2%), buena parte construido con ayuda de inteligencia artificial. 

El 18 de agosto de 2026, en el búnker de la Fiscalía y en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el nuevo gobierno publicó el informe de empalme que no existió pero bautizado como El Libro de la Verdad. El vicepresidente lo entregó formalmente a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, lo posó ante las cámaras bajo el lema de buscar “la verdad sin maquillaje” y lo convirtió en el titular de los medios tradicionales. Sin embargo, el documento no está publicado para descarga, acceso o lectura en ningún dominio oficial del Estado colombiano.

Una búsqueda de la frase exacta «el libro de la verdad», restringida a los dominios gubernamentales mediante el operador, no devuelve el informe sino fragmentos de los discursos del presidente y del vicepresidente alojados en presidencia.gov.co, réplicas del boletín de prensa en portales como Telecafé y en la alcaldía de Santa Marta a través de Essmar, e incluso resultados sin relación con el tema, como una obra homónima catalogada en la Biblioteca Virtual del Instituto Nacional para Ciegos (INCI)  desde 2021. En ninguno de esos resultados oficiales aparece un enlace al PDF. El nuevo gobierno de la Espriella narró el libro, pero no lo puso a disposición del ciudadano en su propia infraestructura pública.

Búsqueda del libro no se encuentra en dominios públicos gov.co foto: Google

El acceso al documento —135 páginas— llegó por vía de un tercero. El periodista Melquisedec Torres lo subió a Google Drive y lo compartió en la red social X para su descarga libre, en una publicación que superó las 109 mil visualizaciones. Así, el acceso libre a la información del Estado, consagrado como derecho en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia, terminó dependiendo de la iniciativa de un reportero y no del Gobierno que presentó el informe bajo la palabra «verdad».

El análisis se construyó tomando cada mención o afirmación del Libro de la Verdad como una unidad de registro (82 casos en total), sometiéndola a verificación cruzada contra fuentes documentales y a un análisis semántico que evalúa cómo el texto formula cada denuncia —tono, contexto omitido, cargas valorativas— para detectar la huella digital de los generadores redacción asistida o amplificada por IA. Sobre esa base se definieron cuatro categorías operadas como un semáforo de fact-checking: verde (Verificado / Real Grave, 45 casos, 54,9%) para hechos con plata perdida, mala gestión o corrupción probada; amarillo (Tendencioso / Contexto Mutilado, 22 casos, 26,8%) para datos ciertos contados a medias para agravar la percepción; rojo (Engañoso / Tergiversado, 2 casos, 2,4%) para afirmaciones que tuercen la verdad o inventan maniobras inexistentes; y blanco/gris (Pendiente / En Indagación, 13 casos, 15,8%) para aseveraciones sin pruebas suficientes que quedan a criterio judicial.

El color, así, no es estético sino un veredicto: traduce el grado de respaldo probatorio de cada mención en una señal legible que permite medir qué proporción del relato se sostiene en hechos y qué proporción opera como propaganda.

La mecánica de la propaganda: ¿Cómo le venden este relato al país?

En la política colombiana es común que todo gobierno entrante hable de ‘la olla raspada’ para justificar futuros recortes, proyectos de ley o decretos con poderes extralimitados. Pero en este caso, la estrategia fue llevada a otro nivel a través de tres mecanismos clave:

La trampa del nombre (El Libro de la Verdad): bautizar un informe de empalme como ‘La Verdad’ es una técnica clásica de persuasión. Busca que la opinión pública asuma que cualquier persona que cuestione una sola cifra está ‘a favor de los corruptos’. Pero en democracia, la verdad judicial la dictan los jueces de la República tras un debido proceso, no un equipo de empalme de un presidente entrante. Sumado a utilizar conceptos evangélicos y religiosos como “dios”, “evangelio”.

El lenguaje mesiánico (Patria Milagro y Arca de Noé): el documento no habla como un reporte técnico de auditores; habla como una gesta bíblica. Llama a sus voluntarios el Arca de Noé, habla de reinstaurar la Nación y califica al nuevo mandato como la Patria Milagro. Incluso en el Capítulo 5 incluye valores cristianos como principios de gestión pública, borrando la separación constitucional entre religión y Estado.

La huella de la inteligencia artificial en el informe

Mediante el análisis de los metadatos del archivo, la información técnica que todo documento digital registra en su interior, reconstruyó las condiciones de creación del PDF que circula. El archivo, denominado Libro De La Verdad.pdf, pesa 6.7 MB y registra como fecha de creación y de modificación el mismo 18 de agosto de 2026, a las 04:24 de la madrugada. Fue producido en Adobe InDesign 21.5 sobre un sistema Macintosh y exportado con Adobe PDF Library 18.0.

Metadatos del archivo PDF compartido por el periodista Melquisedec en la red social X. Fuente: Adarsus

InDesign es la herramienta de maquetación editorial con la que se diseñan revistas y libros, no el software del que se exporta un reporte de auditoría. El metadato confirma, en el plano técnico, lo que la lectura del texto ya sugería: el documento es una pieza de comunicación política diseñada, no un informe pericial en bruto o análisis forense.

No es posible afirmar que este PDF sea idéntico al ejemplar físico que el presidente entregó a los organismos de control. Al no existir una copia oficial publicada por el Estado, no hay un documento de referencia contra el cual cotejar la versión que circula. Los metadatos acreditan que el archivo fue creado y editado ese día en un programa de diseño gráfico; no certifican su integridad ni su equivalencia con el original institucional. Lo único verificable con certeza es que el documento fue editado en Adobe. Su condición de versión oficial idéntica permanece sin comprobar, y es algo que solo el propio Gobierno podría despejar publicando su copia.

Aunque el gobierno afirmó que 1.300 voluntarios revisaron el Estado, la redacción de las 135 páginas muestra una dependencia masiva de inteligencia artificial (LLMs), admitida en las páginas 10 y 11 del propio texto. Nuestra estimación arroja que entre el 65% y el 70% del documento fue generado o suavizado por prompts:

• Textos de molde repetitivo: Los 59 casos del Capítulo II fueron estructurados con la misma plantilla automática: [Titular escandaloso] → [Párrafo de cifra] → [Tres viñetas explicativas] → [Párrafo de empatía ciudadana predecible: ‘El costo lo pagan 4.080 hogares indígenas y afrodescendientes de Vichada, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Chocó y Nariño, que esperan desde noviembre de 2025 semillas y herramientas que no llegan. Cada mes perdido es un ciclo de siembra menos ..’]  Caso 28 FONIGUALDAD.

Pérdida de rigor técnico: Todos los casos suenan parecidos, sin importar el tema. El Libro cierra cada uno con la misma fórmula:

• Petróleo: «Cada barril que no se produce es dinero que no entra.» (Caso 46, Minas y Energía, p. 57)
• Semillas indígenas: «Cada mes perdido es un ciclo de siembra menos.» (Caso 28, Inclusión Social, p. 46)
• Misma cadencia, temas distintos. Esa repetición borra la voz experta que cada sector necesitaría.

Queda así la contradicción de fondo: un informe que le exige al país saber qué pasó y rastrear cada peso hasta su destino final, no ofrece la trazabilidad mínima de su propio archivo.

Pasó con la plataforma de datos abiertos de la UNGRD, ahora con la corrupción que denuncia pero que no deja acceso. No hay acceso a la información.

Fuego a la corrupción real: los descalabros que sí ocurrieron

Para ser sensatos y justos con el país, la crítica a la propaganda no puede tapar la verdad: hay hechos donde hubo negligencia inexcusable, despilfarro y presunta corrupción comprobada por la Contraloría y la Fiscalía**. Contra estos casos debe haber mano dura y justicia implacable:

• El descalabro de Air-e y los créditos de FINDETER ($328.000 Millones): FINDETER le prestó $328.000 millones a Air-e cuando la empresa ya estaba en crisis financiera, con una cobertura de garantías limitada a unos $150.000 millones. Air-e pasó de un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a patrimonio negativo bajo la nueva administración, y hoy está en liquidación. Plata pública en riesgo inminente de perderse 
• Casi $1 billón pagado por tierras de la SAE sin escrituras (ANT): La Agencia Nacional de Tierras le giró $979.003 millones a la SAE por 537 predios para campesinos. La Contraloría General constató que solo 3 predios tenían escritura registrada a favor de la Nación. Se pagó casi el 100% de la plata antes de asegurar legalmente que las tierras fueran del Estado.
• La temporal LABORANDO S.A.S. en FONIGUALDAD ($140.910 Millones): FONIGUALDAD le entregó $140.910 millones a una empresa de servicios temporales para ‘personal en misión’ sin soportes de qué hacían esas personas, justo en año preelectoral y mientras el Ministerio de Igualdad era liquidado por la Corte. La Contraloría lo declaró en ‘Estado Crítico’.
• Caminos Comunitarios (Invías): Giros al 100% y 0% de avance físico: De 33.102 km de vías rurales prometidas, solo se avanzó en 4.087 km (12,35%). En Antioquia, la Contraloría detectó convenios con Juntas de Acción Comunal donde se giró el 100% de la plata y en el terreno la obra física estaba en cero.
• Hospital San Juan de Dios: Nómina de $343M mensuales sin pacientes: El Libro afirma que el hospital tenía 39 funcionarios y una nómina cercana a $343 millones mensuales, con un marco que proyectaba hasta 1.686 vinculaciones, en una institución que aún no presta servicios asistenciales (Caso 19) El Ministerio de Salud  respondió públicamente que la información «es falsa o carece de contexto»: de los 39 cargos, la mayoría son empleos administrativos para la etapa de reconstrucción institucional del hospital —planeación, contratación, gestión jurídica y financiera—, no personal asistencial; que el hospital cuenta con resolución de habilitación desde 2019; y que la nómina se ajustó al Decreto 1083 de 2015, eliminando la asignación temporal del gerente encargado.

El filtro de la mentira: lo que el libro exageró o manipuló

Así como hay que castigar la corrupción real, hay que desmontar las afirmaciones donde el informe le mintió al país, infló una cifra o convirtió un hecho técnico en un delito que nunca probó. En cada caso citamos primero lo que dice el libro, y luego el dato que lo desarma.

Los $7 billones de Educación: qué dice cada fuente. El Libro de la Verdad</i> afirma que el gobierno saliente adelantó actuaciones para comprometer cerca de $7 billones antes de finalizar el periodo, mediante la operación del Patrimonio Autónomo del FFIE “bajo un esquema distinto al existente y sin proceso competitivo de selección”, proceso que el propio documento reconoce “actualmente suspendido” (Caso 29, p. 46). Así mismo, la denuncia omite el contexto de política pública: el 16 de enero de 2026 el CONPES 4181 declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Espacios Educativos, con una programación de inversiones de $13,1 billones hasta 2036 respaldada en vigencias futuras.

Criminalizar la tenencia provisional de tierras. El libro presenta la entrega de predios con actas provisionales como una presunta estafa a los campesinos. La acusación desconoce cómo funciona el campo colombiano: ante el colapso histórico de Supernotariado y Registro, todos los gobiernos —sin excepción— entregan primero la posesión material para que el campesino siembre, mientras el título surte su trámite. El mismo documento admite que 206.273 hectáreas están «en entrega provisional», o sea, en proceso legal en curso, no perdidas. Convertir una etapa administrativa normal en fraude es tergiversación pura.

La caída petrolera atribuida solo a Petro. El libro sugiere que el desplome de la producción es responsabilidad exclusiva de la política de no firmar nuevos contratos. Esa política sí frenó la exploración, y es legítimo cuestionarla. Pero los informes de Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos demuestran que los campos gigantes del país —Cusiana, Cupiagua— vienen en declive natural desde hace varios años, dos gobiernos antes. Atribuir a una sola administración un agotamiento geológico de más de una década es reescribir la historia para que quepa en el relato.

El Libro escrito habla, con precisión técnica, de una «incertidumbre contable de $1,29 billones» por la cual la Contraloría no feneció la cuenta fiscal de la entidad —una salvedad de auditoría, un dato que falta cuadrar—. Pero en su discurso de entrega del Libro, el 19 de agosto de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella transformó esa misma cifra en $1,38 billones “de los que se perdió el rastro”. Cambió el número y cambió el idioma: uno pericial, otro propagandístico. Una incertidumbre contable no es dinero robado; es dinero cuya trazabilidad debe precisarse. Y que quien escribió la versión técnica sea el mismo que la infló al hablar hace del salto no un error, sino una decisión narrativa.

Los $856 mil millones «sin urgencia manifiesta»: otra vez, el documento dice una cosa y el discurso otra. El Libro escrito no denuncia que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) girara estos recursos «sin urgencia manifiesta» ni los presenta como prueba de dolo; con lenguaje técnico, habla de $856.289 millones «girados anticipadamente», con «ejecución proyectada hasta 2027» y una «trazabilidad que debe precisarse» (Caso 14). La expresión acusatoria “sin urgencia manifiesta” no aparece en ninguna página del documento: la pronunció el presidente De la Espriella en su discurso de entrega. Un giro anticipado con ejecución pendiente es un problema de gestión y control

Las “obras educativas comprometidas hasta 2036” como conspiración. El libro repite la fórmula del amarre presupuestal para el contrato de $1,69 billones del Plan Nacional de Formación Integral, sugiriendo que se hizo para maniatar al gobierno entrante. Comprometer vigencias futuras a diez años es criticable en términos de planeación —y así hay que debatirlo—, pero es una herramienta presupuestal legal y común para programas de largo aliento. El libro no prueba irregularidad: prueba, a lo sumo, una decisión de política con la que se puede estar en desacuerdo. La diferencia entre «esto no me gusta» y «esto es corrupción» es exactamente la diferencia que el informe borra.

Air-e: el alza de tarifas presentada como consecuencia del saqueo. El libro yuxtapone el aumento del 10,8% en las tarifas de los estratos 1 y 2 con las «numerosas evidencias de contrataciones irregulares», insinuando que una cosa causó la otra. Pero el alza tarifaria en el Caribe responde a la fórmula regulada por la CREG y a la crisis financiera estructural de la empresa, no directamente a los contratos cuestionados. Las contrataciones irregulares son un problema real y hay que investigarlas; la subida de la tarifa es otro fenómeno, con otra causa. Pegarlos en una sola frase es fabricar una relación causal que el documento no demuestra.

No es casualidad que estas exageraciones compartan una misma mecánica: tomar un dato cierto y estirarlo hasta que insinúa un crimen. Una salvedad contable se vuelve dinero robado; un trámite provisional se vuelve estafa; una tasa de interés global se vuelve capricho de un ministro; un declive geológico de doce años se vuelve culpa de un gobierno. Es, exactamente, lo que produce una máquina a la que se le pide una conclusión contundente sin darle los matices que solo aporta el trabajo humano. El “Libro de la Verdad” no miente en todo —por eso es eficaz—. Miente en el borde: en ese milímetro donde el hecho técnico se convierte en acusación, y donde la única prueba que queda es la redacción.

Listado y clasificación de los 82 casos del libro

A continuación se presenta el mapa completo de los 82 casos (59 del Capítulo Sectorial + 23 del Equipo Élite):

Fuentes documentales y enlaces verificables

Para que cualquier ciudadano o profesional pueda corroborar la información por su cuenta, dejamos los enlaces directos a las fuentes primarias:

• Contraloría General de la República (CGR): Auditorías oficiales, alertas fiscales e informes forenses 2024-2026.
• Procuraduría General de la Nación: Expedientes disciplinarios sobre FENOGE, Santurbán, UNGRD y Sentencia T-302.
• Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): Reportes oficiales de producción fiscalizada y reservas probadas de petróleo y gas.>
• CAMPETROL – Informes del Sector Petrolero: Estadísticas independientes de taladros, pozos exploratorios y actividad.
• Corte Constitucional – Sentencia T-302 de 2017: Fallo sobre el Estado de Cosas Inconstitucional en la niñez wayúu.
• Corte Constitucional – Sentencia T-361 de 2017: Orden de delimitación participativa del Páramo de Santurbán.
• Revista Cambio – Investigación Contratación La Guajira: Investigación sobre los 1.085 contratos directos del ICBF.
• La Silla Vacía – Fact-Checking de Transición: Chequeos independientes a las afirmaciones del empalme gubernamental.
• Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD): Resoluciones de intervención y liquidación de Air-e S.A.S. E.S.P.
• DNP – Repositorio de Documentos CONPES: Documentos CONPES 4176 (Colombia Mayor) y 4181 (Educación Superior).