¿Liquidar o aniquilar? Los miedos en el Ministerio de Igualdad con el pastor John Milton Rodríguez como liquidador

El desmantelamiento del Ministerio de Igualdad y Equidad dejó de ser un trámite administrativo ordenado por la Corte Constitucional para convertirse en un ejemplo más de la “batalla” cultural de este gobierno.

En lo que va del año, Caribe Afirmativo ha documentado 42 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia. En medio de ese panorama, políticas y programas que estaban bajo la responsabilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad enfrentan la incertidumbre de la liquidación de la entidad.

Entre ellos está la Resolución 00816 de 2026, que implementó medidas de emergencia, inmediatas y de entrega única para proteger a personas LGBTIQ+ en riesgo inminente de homicidio por prejuicio. Ahora, que la liquidación del Ministerio quedó en manos de John Milton Rodríguez ¿Qué va a pasar por estas políticas que protegen a las minorías? 

La decisión del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella de nombrar como liquidador único a John Milton Rodríguez González, exsenador de la República y pastor fundador de la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones, encendió las alarmas, sobre el futuro de diferentes proyectos y derechos de la comunidad.

“John Milton Rodríguez ha sido uno de los políticos que en Colombia más ha usado escenarios políticos, como el Senado, para perseguir los derechos LGBTQ+. Que llegue a liquidar el Ministerio que se encargaba de los asuntos LGBT nos genera mucha sospecha”, afirmó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

Las preocupaciones también están relacionadas con que en la iglesia fundada por Rodríguez, anteriormente llamada Misión Paz a las Naciones y hoy conocida como Misión Paz, se habrían realizado “terapias de conversión”, prácticas que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona para hacerla heterosexual o cisgénero, según una investigación publicada por El País.

Estas prácticas han sido calificadas por Naciones Unidas como formas de tortura.

En uno de los testimonios publicados por El País, Andrés cuenta que en 2014, cuando tenía 12 años, fue sometido a una terapia de conversión en la iglesia fundada por quien hoy es el liquidador del Ministerio de Igualdad. Según su relato, cerca de seis hombres lo agarraron de las extremidades mientras le apretaban el estómago y repetían una oración: “Te liberamos. Eres libre de todo demonio y homosexualismo. Renuncia al pecado que no te deja vivir para alabar a Dios”.

El nombramiento de Rodríguez no implica únicamente administrar el cierre de una entidad. Bajo la Ley 1105 de 2006, que regula los procesos de liquidación de entidades públicas en Colombia, el liquidador asume la representación legal de la institución y, por tanto, la responsabilidad sobre la guarda y administración de sus bienes, expedientes y documentos.

Según explicó un abogado experto, la posibilidad de que John Milton tenga acceso a la información del ministerio existe, “porque él asume el rol del representante legal y él es el responsable de todo”.

Esto deja expuesta información de diferentes programas, herramientas como RuTrans e información de más de tres años, que el Ministerio de la Igualdad recopiló en el territorio nacional para vincular a hombres y mujeres trans a ofertas de educación, empleo y subsidios productivos. 

Como resultado, la entidad construyó una base de datos robusta que detalla historias de vida, nivel de escolaridad y, lo más preocupante, las direcciones de domicilio de miles de personas trans en las regiones más golpeadas por la violencia armada y los prejuicios.

Esto genera preocupación  ya que estos datos “se pueden usar para esos perfilamientos, ya sea que se den perfilamientos y ataques directos desde el Gobierno nacional, así como en convivencia o en aquiescencia de grupos no estatales”, señaló Ale Gómez, coordinadora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT).

¿Demolición de los derechos?

La gran inquietud para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, sobre el nombramiento de John Milton Rodríguez parece no tener como fin una transición administrativa ordenada a otras dependencias, sino la demolición sistemática de los derechos conquistados por la comunidad diversa en la última década. 

Un ejemplo es el CONPES 4147, la primera política de Estado en Colombia diseñada para garantizar los derechos y el acceso a una ciudadanía plena de la población LGBTIQ+ entre 2025 y 2035. Para su implementación se recomendó una inversión estatal de $258.900 millones para 161 acciones transversales.

Aunque 49 entidades nacionales son corresponsables de su ejecución, según Castañeda, entre el 60 % y el 70 % de las tareas de implementación y de los recursos estaban concentrados en el Ministerio de Igualdad.

La preocupación es que, durante la liquidación encabezada por Rodríguez, “no se trasladen competencias y que todas esas políticas queden en el limbo jurídico porque finalmente si no se trasladan esas competencias terminan su implementación”, señalo Ale Gómez

Una contratista del Ministerio de Igualdad, que pidió reservar su identidad “por temor a perfilamientos del Gobierno”, advierte que aún no se han expedido los decretos para reestructurar el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidades que deberán asumir sus funciones y políticas públicas. “Al no haber reestructuración, todos estos temas quedan en el limbo y puede haber un retroceso muy significativo”, señaló.

Existe una preocupación conjunta entre las personas consultadas por Cuestión Pública y es el futuro de la Línea Salvia. Esta herramienta, vital para el registro, monitoreo y acompañamiento de casos de violencias basadas en género, también con enfoque en personas trans y no binarias, ha sido catalogada por el activismo como una de las medidas con mayor impacto tangible en los territorios. 

Su destino, hoy sumido en la incertidumbre tras el desmantelamiento del Ministerio de Igualdad, representa un riesgo crítico para la protección de esta población.

Si bien, la Corte Constitucional ordenó el desmantelamiento del Ministerio de Igualdad y Equidad, esto no  debería significar liquidar sus políticas. John Milton Rodríguez tendrá en sus manos parte de esa transición.

Y su trayectoria y posición frente a los derechos de las personas LGBTIQ+, deja entrever lo que ocurrirá con estas políticas de prevención y protección de las personas de la comunidad. Porque el Ministerio puede desaparecer. La población que debe proteger, no.

Cuestión Pública intentó contactar a John Milton Rodríguez a través de la oficina de comunicaciones del Ministerio, pero fuimos remitidos al área de prensa de la Presidencia de la República. Enviamos un cuestionario sobre lo mencionado. Una vez recibamos sus respuestas, serán incluidas en esta publicación.