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La llegada de la abogada uribista Claudia Ortiz al cargo es inminente. Cuestión Pública revela un presunto conflicto de interés que enfrentaría la nueva presidenta de la ADR, quien fue miembro directivo del Centro Democrático. Una vez posesionada, Ortiz tendría que defender el distrito de riego y drenaje Mocarí, propiedad de la ADR, que estaría siendo perjudicado por la construcción de un condominio en Montería, Córdoba en un predio de la familia del expresidente Uribe, el jefe natural del partido al que pertenece Ortiz.
Cuestión Pública reveló en marzo la investigación llamada Californication, en la que se investigaron los conflictos agropecuarios del predio California, de 76 hectáreas, ubicado en Montería, Córdoba. En este terreno, de propiedad de la exprimera dama Lina Moreno de Uribe, se desarrolla el conjunto campestre Balmoral, que deja ver un negocio de al menos $14 mil millones.
El problema es que la Alcaldía de Montería y la Curaduría Urbana Segunda permitieron, a través de decisiones, al parecer irregulares, la construcción del lujoso conjunto campestre en un terreno de uso agropecuario y beneficiario del Distrito de riego y drenaje Mocarí, al que la Nación le ha invertido más de $5 mil millones en los últimos 10 años. Ni el cambio del uso del suelo, ni la obra estaban avaladas completamente por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. Es decir, el predio California perdió su vocación de suelo agropecuario, para ser urbano y construir el Balmoral. Las obras podrían afectar, por ende, al distrito de riego y drenaje que bordea a este predio. Así, el Balmoral vende por lotes lo que hasta hace poco fue el predio California beneficiado con recursos destinados al distrito Mocarí, que el gobierno Uribe rehabilitó por $3.297 millones entre 2008 y 2010, a través de un decreto que firmó el propio exmandatario.
Mocarí es fundamental para irrigar o recolectar aguas para la productividad agropecuaria de los predios de Montería, entre los que están 480 hectáreas que pertenecen a Uribe y su familia, quien para ese entonces era presidente. “Estamos hablando del distrito de riego más importante del país. Tiene un área de influencia en seis municipios del departamento de Córdoba. Su mayor influencia es en Montería”, confirmó a este medio Juan Manuel Londoño, vicepresidente de la ADR.
Las decisiones de la actual Alcaldía de Marcos Pineda al parecer no tuvieron en cuenta las posibles afectaciones del Balmoral sobre Mocarí. Marcos Pineda fue director de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio del Interior en gobierno de Álvaro Uribe, entre los años 2002 y 2007.
El conflicto del conjunto Balmoral se hizo evidente, en un documento precontractual de 2017, que la promotora Nuestro Medellin SAS ofrece a sus clientes, en el que asegura que “las aguas lluvias se manejarán en la sección de la vía con un canal-cuneta hasta los lagos de amortiguación desde donde se verterá al sistema de drenaje del distrito Mocarí”. Es decir, acepta que las aguas lluvias del Balmoral terminarán en el distrito Mocarí.
La ADR tiene esta papa caliente en sus manos y, ahora, la nueva presidenta Claudia Ortiz deberá determinar si esta u otras obras podría causar afectaciones. En caso de ser así, Ortiz deberá pedir la destrucción del Balmoral, según la diligencia que procede en el Código de Policía.
Así se lo dijo Marcela Morales, la directora de la oficina jurídica de la entidad rural a Cuestión Pública: “Si en efecto, no cumplen los requerimientos técnicos, el resultado de esa acción policiva va a ser la destrucción de las obras. Esa es la sanción que se impone cuando hay una perturbación de la propiedad por parte de un tercero”.
En conversaciones con un hijo del expresidente Uribe, en marzo de este año, dijo a Cuestión Pública: “nos preocupa mucho (…) tú tienes que entender una cosa. Unos somos la familia dueña del predio. Otros son los promotores”. Además, dijo que todo estaba en regla gracias al Decreto 3600 de 2007, relativo al ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas. Aún así, Cuestión Pública destaca que el mismo decreto protege el uso agropecuario de predios como California. El decreto fue hecho en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en su segundo mandato.
A raíz de las revelaciones de Cuestión Pública, y una visita de la ADR al Balmoral, en junio de 2018 la entidad rural abrió una investigación sobre las presuntas afectaciones del Balmoral sobre el distrito Mocarí. “Se hizo una visita y nos ponen en conocimiento a la Oficina Jurídica que al parecer el proyecto Balmoral, una construcción que se está adelantando puede estar afectando uno de los canales del distrito [Mocarí]”, dijo Morales, directora de la Jurídica a este medio.
Una papa caliente
Cuestión Pública conoció el memorando del 14 de junio en el que la jefe de la Oficina Jurídica, la señora Morales, solicita pruebas al Vicepresidente de Integración Productivo, Juan Manuel Londoño Jaramillo para «pronunciarse sobre la situación que se presenta en el Distrito de Adecuación de Tierras Montería – Mocarí, respecto a unas obras del proyecto de vivienda Balmoral Conjunto Campestre y que afectan uno de los canales del mencionado distrito».
El memorando continúa, “se advierte que el proyecto en mención, ha iniciado la ejecución de una serie de obras, sin autorización de la Agencia de Desarrollo Rural”. Hoy la Oficina Jurídica espera la documentación para evaluar si inicia acciones legales: los permisos de la Secretaría de Planeación de Montería que autorizaron las obras y la pavimentación de «dos kilómetros de carreteable y los 19 descoles». Y la «definición de viabilidad técnica del estudio hidráulico”.
La historia del distrito Mocarí y el predio California, donde está El Balmoral, se remonta al segundo mandato de Uribe (2006-2010). En 2005 Uribe nombró a Andrés Felipe Arias como ministro de Agricultura. Antes de que Arias fuera condenado por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado a favor de terceros por los subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS), los dos autorizaron en 2008 que salieran $3.297 millones de la Nación para la rehabilitación del distrito Mocarí, vía decreto presidencial.
➤Lee «Californication» la investigación de Cuestión Pública sobre el condominio «El Balmoral»
Claudia Ortiz y los requisitos para posesionarse
El manual de funciones de la ADR requiere que su presidente tenga «Postgrado en la modalidad de maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo» y «72 meses de experiencia profesional relacionada». Ortiz no tiene maestría y su superior, el ministro de Agricultura Andrés Valencia, reconoció que no tiene la experiencia. «Realmente no hay una experiencia en temas rurales, eso es cierto. Hay que reconocerlo. Eso no quiere decir que no sea una candidata idónea», dijo Valencia en BluRadio el 3 de octubre.
La propia ADR consultó a la Función Pública los requisitos para ocupar la presidencia de la entidad. En oficio del 21 de septiembre, Función Pública confirmó que se requiere un posgrado y experiencia profesional relacionada. “Para el desempeño del empleo de Presidente […] de la Agencia de Desarrollo Rural, se deben aplicar los requisitos consagrados en […] Decreto 1083 de 2013, esto es título profesional en una disciplina académica, título de posgrado en cualquier modalidad y experiencia profesional relacionada”, respondió la Función Pública.
El presidente Duque y los Ortiz Rodríguez
El diario El Espectador reportó que Ortiz lideró movilizaciones en Tunja durante la pasada campaña presidencial de Duque y que sería cercana al senador uribista Ciro Ramírez. El Espectador también informó que su hermano, Juan Carlos Ortiz Rodríguez, manejó la imagen de la campaña presidencial de Iván Duque. Cuestión Pública halló que es un exitoso publicista que ha ocupado altos cargos en multinacionales como DDB y Leo Burnett, donde fue jefe para Norteamérica. Está casado con la diseñadora Catalina Diez Mejía, hija del fallecido fundador de Codiscos, Alfredo Diez Montoya, cuyo grupo tenía acciones en Bancolombia. Catalina Diez aparece relacionada a cuatro sociedades offshore en Bermudas, de acuerdo a la base de datos de los Paradise Papers del Consorcio Internacional de periodistas (ICIJ, por su sigla en inglés).
