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El 22 de abril de 2016, Rodolfo Hernández recibió en su apartamento en Bucaramanga al abogado Carlos Gutiérrez y a José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, representantes de la tecnología WastAway en Colombia. La reunión, según tiene documentado la Procuraduría, era el preludio para que el hoy exalcalde aprobara de antemano un megaproyecto para la recolección de basuras en la ciudad durante su administración.

La reunión, según Luis Andelfo Trujillo, uno de los testigos claves contra Rodolfo Hernández y quien podría haber recibido un porcentaje de las comisiones por el direccionamiento del contrato de recolección de basuras que iba a quedar en manos de Vitalogic, tuvo las siguientes premisas: “1. La Alcaldía no pone un peso. 2. El negocio es de ustedes, si el negocio fracasa los que pierden son ustedes, el capital es netamente privado. 3. La Alcaldía le arrienda el lote al valor de la lonja. 4. La Alcaldía vende la basura”. 

La cita fue todo un éxito, como se lo comentó el abogado Carlos Gutiérrez al testigo estrella, quien además confirmó el hecho con el propio hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos, uno de los que presuntamente se podría haber beneficiado con el negocio al recibir una comisión de éxito por $666.000 dólares.

Desde ese momento Rodolfo Hernández como alcalde, según el ente de control, habría entregado información privilegiada, la cual sería utilizada después por los representantes de la tecnología WastAway en Colombia para presentarse en la licitación de las basuras. 

Otra reunión en el Hotel Marriot de Bogotá el 24 de junio de 2016, apenas dos meses después, sería definitiva para el negocio. Los representantes de WastAway volvieron a buscar al entonces alcalde Rodolfo Hernández y según Luis Andelfo Trujillo, uno de los testigos clave, quien ayudó en la organización de dicho encuentro, fue ahí cuando Hernández le dio vía libre al negocio.

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Todo marchaba a la perfección y era el turno de la Alcaldía de Bucaramanga de hacer su parte. Lo primero era contratar por parte de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) un consultor para que diseñara el pliego de la licitación para el manejo de las basuras de la ciudad, un contrato por cerca de $570.000 millones. Para ello, según el fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez, Rodolfo Hernández, con puesto en la junta directiva de la EMAB, se habría movido en favor de Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, para que fuera él quien realizara la consultoría, como efectivamente sucedió de acuerdo con el contrato No. 096 del 28 de julio de 2016.

En el documento de 50 páginas, el ente investigador acusa a 7 personas incluyendo al hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández. También se relacionan más de 50 pruebas documentales, se cita 13 testigos y mencionan 11 declaraciones de los acusados ante la Fiscalía General de la Nación.

El fiscal Villamizar Suárez es claro en su acusación a Hernández: “su comportamiento lesionó, el bien jurídico protegido”. Según la entidad, Hernández “tenía la capacidad de comprender que interesarse indebidamente en el Contrato 096/16 era ilícito” concluyendo que era “consciente que ese comportamiento era contrario a derecho”.

Por su parte la Procuraduría, en el pliego de cargos, un documento de 57 páginas que Cuestión Pública conoce en su totalidad y hace público, le endilga a Hernández dos cargos, el primero “un presunto interés indebido en los procesos de selección E-EMAB-001-2016, EMAB – IP001-2017 y CD-EMAB-001-2017, al parecer, en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien obtendría un beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia” y en el segundo caso Rodolfo Hernández “presuntamente coaccionó a César Augusto Fontecha Rincón, director jurídico de la EMAB S.A. E.S.P., para que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic RSU en el proceso de contratación IP 001-EMAB – 2017, y así fuera habilitada la oferta, pese a que en el pliego de condiciones se exigía entregar una póliza de seguro. Una fianza no equivale a una póliza de seguro.

En el pliego de cargos que la Procuraduría le formuló al candidato en agosto de 2019, se señala “provisionalmente la presunta falta en el primer cargo por supuesto interés indebido en la celebración de contratos como gravísima a título de dolo” y en el caso del segundo cargo como grave a título de dolo “por presuntamente ejercer coacción a fin de que el entonces director jurídico de la EMAB procediera en el sentido que él quería”.

Rodolfo Hernández deberá responder por estos hechos ante la justicia. El próximo 21 de julio, cuando ya se sabrá quién será el próximo presidente, comenzará el juicio oral en su contra en el juzgado 10 penal del circuito de Bucaramanga, mientras que por su lado la Procuraduría aún estudia y analiza las pruebas en contra del exalcalde.