(03/12/2019)

Reportaje por: Emiliano Pérez y Cuestión Pública*

Aunque algunos vehículos siguieron circulando por las grandes arterias de la ciudad, una vez iniciada la medida, las calles se vaciaron pronto y los habitantes de la capital se resguardaron en sus inmuebles y conjuntos residenciales, custodiados por vecinos armados con palos y cuchillos para evitar posibles saqueos.

Desde las 8 de la noche, la paranoia se apoderó de la urbe. Al igual que sucedió en Cali el día anterior, videos y audios de presuntos robos se replicaron en grupos de Whatsapps.

Pero el miedo no llegó solo. Un decreto del Ministerio del Interior relacionado con el paro nacional convocado por trabajadores, estudiantes, indígenas y partidos de oposición permitió iniciar un toque de queda en ambas ciudades.

Primero en el sur de la ciudad, luego en el occidente y el norte, las alertas constantes en redes sociales llevaron a la formación de grupos de vigilancia improvisados en los barrios. Con un denominador común: el de acusar a los venezolanos de ser los responsables de los robos y saqueos. 

Desde San Cristóbal en el Norte hasta Patio Bonito en el suroccidente de la ciudad, vecinos entrevistados por Cuestión Pública culparon a los migrantes del país vecino, lo mismo que en Twitter, Whatsapp o Facebook, donde se multiplicaron las denuncias de ese tipo.

Armado con un bastón improvisado y rodeado de vecinos vestidos con camisetas blancas para identificarse, en un antiguo barrio de invasión legalizado con el tiempo en San Cristóbal Norte, Santiago Palacios venció el sueño de la noche a punto de café.

«Acá estamos prácticamente cuidando nuestra zona porque venía gente venezolana a robar», denunció, antes de reconocer que no vio en persona a los presuntos saqueadores. 

En su celular, al igual que en los de los residentes de los demás conjuntos, circularon audios y videos culpando a los venezolanos de los desmanes que se dieron en medio de un toque de queda que no se vivía en la ciudad desde finales de los setenta.

Mostró fotos de hombres, supuestamente de esa nacionalidad, ensangrentados, golpeados por la turba.  

En las cadenas de mensajes se repitió como un mantra: la mayoría de los agresores provenían del país vecino de donde han migrado 4,6 millones de personas -unos 1,4 de ellos a Colombia- a causa de una grave crisis económica y humanitaria.

“El éxodo más grande en la historia reciente de la región”, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)

En ninguna de las cinco alertas conocidas de primera por Cuestión Pública sobre presuntos asaltos a conjuntos residenciales en Bogotá se confirmó un robo. En cada uno de los casos, los denunciantes aseguraron que el accionar de los vecinos impidió que se llevaran a cabo los saqueos.

Antes de que iniciara el paro que convocó a cerca de un millón de estudiantes, indígenas y trabajadores -según sus organizadores, más de 200.000 según el gobierno- contra las políticas económicas y de seguridad de la administración actual, Migración Colombia, entidad adscrita a la Cancillería, expulsó a 24 venezolanos acusados de querer provocar disturbios en las marchas.

Comunicado de Migración Colombia en grupo de WhatsApp de periodistas

Entre líneas, en diferentes entrevistas, el director de la entidad, Christian Krüger, dio a entender que los expulsados podían mantener relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, del que el gobierno de Duque es un feroz opositor.

“Hay un interés de Venezuela no solo de afectar el orden en nuestro país sino de otros de la región para distraer la atención sobre lo que sucede en ese país frente a las violaciones de derechos humanos. Es claro que hay intención por parte de la dictadura de Maduro para afectar a nuestro país y seguir con su cometido en el suyo», dijo a la emisora radial La FM.

En todo el continente, donde revueltas sociales con motivos muy distintos estallaron en Ecuador, Bolivia y Chile, los venezolanos han sido señalados de ser parte de las manifestaciones.

Para el politólogo experto en populismos Álvaro Forero, en Colombia como en el resto del mundo existe una «crisis en ciernes muy profunda, que es la de la inmigración». 

Aunque de momento “nadie ha tomado esa bandera” del rechazo a los migrantes, en parte porque la recepción de venezolanos fue parte de la agenda de la derecha colombiana opuesta a Maduro.

Sin embargo, existe un riesgo latente de que alguien la coja, ya que “cualquier líder populista que la tome inmediatamente va a tomar control sobre la política porque es un tema suficientemente grande para ser decisivo a la hora de votar”, agregó.

Durante el toque de queda decretado por Peñalosa para controlar los disturbios que ocurrieron el viernes en algunas partes de Bogotá, donde se vandalizaron estaciones de transporte público, buses y un supermercardo que quedó grabado en video, una ola de pánico se apoderó de los conjuntos residenciales de la capital.

En algunos barrios, tanto en el norte, donde se concentra la riqueza, como en el sur, más pobre, decenas de vecinos armados con palos de hockey e incluso machetes salieron a vigilar las calles en escenas que parecían sacadas directamente de la película La Purga. 

Para ser un país en donde las autodefensas formadas para combatir guerrillas de izquierda generaron un fenómeno de paramilitarismo condenado por la Justicia, la ciudadanía no dudó en organizarse para defenderse a punta de palos.

«Maten a esos malparidos, ¡son los que se paran en el caño de Patio Bonito! (…) ¡deberían lincharlos, no arrestarlos, pero igual les agradecemos por su labor, no crea que no!», dijo una vecina de un barrio pobre del sur, visiblemente emocionada, a los policías que vinieron a controlar la situación en su sector.

«Como ustedes pueden observar están apoyando el trabajo de la Policía Nacional», respondió con una ligera inclinación de cabeza el general que lideraba la patrulla nocturna, señalando a las familias enteras equipadas de cuchillos de cocina y fierros hechizos.

Al día siguiente, sin embargo, las autoridades se esforzaron en enfatizar que la “casi totalidad” de las alertas nocturnas respondieron a falsas alarmas, provocadas en ocasiones por vecinos asustados por los constantes mensajes, videos y audios que circularon en Whatsapp, así como por los constantes sonidos de alarmas, la histeria colectiva, e incluso algunos tiros al aire que se apoderó de la ciudad.

Prudentemente, las autoridades evitaron relacionar a los manifestantes del jueves o a los extranjeros con el complot para «crear terror en la ciudad» denunciado por Peñalosa, quien aún no ha precisado la identidad de los supuestos complotistas.

A pesar de eso, Jesús Martín, un migrante venezolano que vende comida de su país en el centro de la capital, admite que ha sentido crecer cierta tensión hacia su nacionalidad en estos días. 

«La xenofobia está presente y por la imagen que tienen hacia los venezolanos podrían arremeter contra cualquiera», aseguró, antes de agregar que «sería bueno que el trabajo reflejara que no todos los venezolanos son malos».

De 331 personas capturadas en Bogotá y Cali esos días, solamente 29 son de origen venezolana.

Los disturbios del viernes fueron valorados en 40.000 millones de pesos por Peñalosa en rueda de prensa, el día siguiente.

En los sectores más acomodados, las protestas se resolvieron en su mayoría pacíficamente, e incluso en ocasiones, como sucedió frente a la casa del presidente, se vieron vecinos abrazando a los policías.

Pero en los cinturones de pobreza, donde llegó buena parte de la migración pobre proveniente de Venezuela, un país que en algún momento acogió a más de 5 millones de colombianos, una ola de pánico generalizada fue suficiente para que estallaran manifestaciones violentas. Se multiplicaron los ataques a estaciones de transporte público, los enfrentamientos con la policía y al menos un saqueo televisado. 

En resonancia, entre la población de barrios de clase media o baja situada cerca de sectores deprimidos, se hizo más evidente el brote de una xenofobia latente en toda la ciudad.

No fue casualidad que el toque de queda iniciara en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, antes de ampliarse al resto de la urbe excepcionalmente patrullada por policías y militares.

En esas zonas que lideran desde hace años el ranking de las zonas más violentas y densamente pobladas habitan unas 2,4 millones de personas y han llegado numerosos venezolanos.

Al interior o en la periferia de esos barrios, los vecinos de conjuntos residenciales fueron los que más filmaron audios y videos de presuntos robos y movimientos de masa donde se vieron más que nada vecinos armados correr hacia las rejas de sus conjuntos. 

En la revisión de los videos que hizo CP no se pudo observar ningún robo directamente grabado. Una cinta en donde se vio un camión de policías dejar a un grupo de personas armadas con palos cerca de una zona habitacional causó revuelo, aunque el director de la policía, el general Oscar Atehortúa declaró luego que se trataba de una ayuda ofrecida por la institución a vecinos armados para acercarlos a su hogar.

 

Eso lleva al analista del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, a señalar que el fenómeno de xenofobia que se vislumbra cada vez con más fuerza en el país está mezclado con otro de aporofobia (rechazo el pobre) menos evidente.

Una amalgama comprensible en la medida en que la «población colombiana (siente que la venezolana) desplaza las demandas sociales de la misma población receptora» y que en los casos de violencia urbana, el acento vuelve más distinguible y recordable al agresor,  agregó.

De momento no se conoce ningún informe oficial sobre el impacto de la migración venezolana – que suma más de 300 mil personas sólo en Bogotá – en materia de inseguridad.

Como en «cualquier proceso migratorio, además de ciudadanos que buscan oportunidades de trabajo e ingresos legales en Colombia, que son la gran mayoría, también llegan grupos de delincuentes que actuaban en Venezuela», advirtió por su lado al respecto la ONG Fundación Paz y Reconciliación (PARES), en un informe sobre la inseguridad en Bogotá.

Finalmente, el lugar en donde fue más clara la violencia de viernes fue en el barrio de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, una zona conocida por sus zonas de prostitución y venta de drogas al menudeo.

Allí, decenas de encapuchados atacaron una estación de transporte público, saquearon al menos un comercio e intentaron linchar a un policía al que tiraron de su motocicleta en un acto que quedó grabado en video.

De noche, con sus piedras arrancadas, barricadas humeantes y tiendas saqueadas, el lugar parecía una zona de guerra, custodiada por militares fuertemente armados que controlaban bruscamente a los transeúntes.

Complacidos, los vigilantes de un almacén saqueado en la tarde agradecían la presencia de los soldados que «se ven con más respeto (…) que hacia la policía», dijo uno a la prensa.

Mientras que en voz baja, algunos de los más jóvenes militares presentes culpaban a los extranjeros. 

Los robos, hurtos y peleas fueron culpa «más que todo (de los) venezolanos», declaró un cabo de 19 años bajo condición de anonimato.

Detrás de ellos pasaron dos parejas jóvenes en llanto. Atravesaron el cerco de militares bajo sus imprecaciones, explicando claramente que el hermano de uno de ellos acababa de ser asesinado por un venezolano en una refriega.

«La re mala para esos venecos», dijo el hombre. «Mátenlo o nos matan a nosotros», espetó a los soldados su pareja, una joven mestiza de cabello negro y ojos rasgados, mientras se alejaban en la noche.

Luego de los disturbios, lunes por la mañana, Migración Colombia expulsó 59 venezolanos acusados de participar en hechos violentos, a los que condujo en avión hasta Puerto Inírida, en el Guainía.

Ante las protestas de vecinos que no querían recibirlos en su suelo, el avión de la Fuerza Aérea tuvo que ser redirigido hacia la población de Puerto Carreño en el Vichada. Desde allí los llevaron a una trocha ilegal para cruzar en barca hacia San Fernando de Atabapo, según registró el periódico El Espectador.

Incluyendo los 24 expulsados antes de que iniciara el paro, sumaron al menos 83 los que sacaron del país en días recientes.

«No vamos a tolerar, es que un grupo de desadaptados venga a afectar la seguridad de nuestras ciudades, generando, de paso, brotes de xenofobia, con estas acciones, ya que dañan el nombre de aquellos venezolanos (que) vienen trabajando por un mejor país», dijo Krüeger en rueda de prensa.

Pero el envío resultó incompleto. El día anterior, el organismo que dirige había anunciado que serían 60 los que serían expulsados del país e inadmitidos por diez años.

La medida de expulsión en contra de Miguel Ángel Calderón Quintero, esposo de una colombiana y padre de una menor, capturado por grabar un video, fue frenado por la actuación de un colectivo de abogados que interpuso una tutela contra ese acto.

El juez encargado de resolver el asunto consideró que hubo motivos suficientes para detener su expulsión mientras se evaluaba si se violó su debido proceso y se puso en riesgo la unión familiar que creó en Colombia.

Los litigantes pidieron pruebas de la actuación ilícita para evitar que el acto administrativo discrecional, basado únicamente en informes de inteligencia policiacos que nunca son revelados y que indica solamente que una persona atentó contra la seguridad nacional sin precisar mayores detalles, afecte a inocentes.

«Cada persona debería conocerlo (el informe de inteligencia) para poder controvertir, porque que digan de uno que afecta la seguridad nacional y sin saber por qué, eso es muy delicado, ¿uno como se defiende contra eso?», alegó al respecto Carolina Moreno, directora de la clínica jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes, precisando que hablaba a título personal.

La especialista en litigio de Los Andes, Ana Bejarano, aseguró por su parte que en esos casos se dio una “violación al debido proceso” de personas de bajos recursos a la que no se les permitió hablar con sus familiares durante la detención.

“Muchos venezolanos los cogieron incluso entrando a sus casas” no en protestas, afirmó, asegurando conocer “por lo menos tres o cuatro casos” de personas “que no habían cogido alterando el orden público”. 

Por eso motivo, Bejarano aseguró que el colectivo de abogados al que pertenece junto con Moreno preparará demandas a instaurar ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado contra el proceso al que consideran opaco de expulsión de extranjeros por parte de Migración Colombia.

En un comunicado del 30 de noviembre, las Naciones Unidas condenaron “el incremento de la xenofobia contra la población venezolana en Colombia (…) en el marco de la actual coyuntura” y llamaron al Estado a garantizar la coexistencias de las diferentes comunidades en su suelo así como al respecto de los derechos de todas las personas. 

*La investigación que estamos realizando con Mutante sobre las noches de pánico del #21N y el #22N en Cali y Bogotá respectivamente, sigue en preparación. Te la compartiremos tan pronto esté lista.