El horror a plena vista
(31/10/2026)
Por: María Navarro.
Hay delitos que ocurren a escondidas y hay delitos que, de alguna manera, hemos aprendido a esconder nosotros. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes pertenece a esa segunda categoría. No porque nadie sepa que existe, sino porque resulta más cómodo imaginar que sucede lejos, en lugares oscuros de internet, entre delincuentes anónimos, en algún rincón de la red al que una persona normal jamás llegaría. Aunque es una fantasía bastante tranquilizadora. También es falsa.
Eso fue lo primero que descubrí al investigar qué tan difícil era llegar hasta estas redes. No hacía falta atravesar los supuestos sótanos secretos de internet ni convertirse en especialista en informática. Parte de estos contenidos, contactos y comunidades podía encontrarse en plataformas de uso cotidiano, utilizando palabras disfrazadas, códigos y mecanismos bastante simples para esquivar la moderación. Lo que imaginábamos escondido estaba, en ocasiones, a la vista. Y quizá esa sea la parte más difícil de digerir, que el horror no siempre necesita esconderse demasiado cuando sabe que quienes deberían encontrarlo van detrás con bastante retraso.
Las redes que encontramos funcionaban con una lógica casi empresarial. Una cuenta conduce a otra. Un espacio lleva a otro. Un grupo desaparece y poco después aparece uno nuevo. Un enlace es eliminado y otro ocupa su lugar. Algunas personas intentan captar usuarios, otras ofrecen material, otras cobran, otras amenazan. Y en medio de toda esa circulación hay algo que parece perderse deliberadamente, que detrás de cada archivo no hay un archivo, sino un niño. Parece una obviedad, pero quizá haga falta repetirla porque una de las formas más eficaces de deshumanizar a una víctima es convertirla en contenido.
Internet ha hecho algo particularmente perverso con esta violencia, la volvió reproducible. Un abuso puede ocurrir una vez, pero la imagen del abuso puede circular durante años. Una víctima puede haber salido de aquella situación y, sin embargo, aquello que le hicieron puede continuar pasando de una pantalla a otra. Se puede borrar una publicación, cerrar una cuenta, eliminar un enlace. Lo que no se puede hacer con la misma facilidad es borrar la circulación que ya ocurrió. La tecnología es extraordinariamente eficiente para multiplicar el daño y bastante menos eficiente para impedirlo.
Y aquí aparece Colombia. Un país que no puede decir que carece de leyes para enfrentar el problema. Existen normas que castigan la producción, distribución, comercialización, posesión y transmisión de material de explotación sexual de menores. En 2025 se aprobó además una ley destinada específicamente a promover entornos digitales seguros para niños y adolescentes, con obligaciones para el Estado, las familias y las empresas, y con la creación prevista de un sistema integral de monitoreo para detectar y prevenir riesgos como la explotación sexual en línea. Es decir, normas hay. Lo que la realidad obliga a preguntarnos es otra cosa, ¿qué tan rápido consiguen esas normas alcanzar un delito que cambia de forma cada vez que alguien intenta cerrarle una puerta?
Porque ahí está uno de los vacíos que más deberían preocuparnos. No necesariamente la ausencia absoluta de una norma, sino la distancia entre lo que la norma dice y lo que ocurre en la pantalla. El Congreso puede aprobar una ley, el Gobierno puede reglamentarla y las plataformas pueden anunciar mecanismos de protección. Pero mientras todos esos procesos ocurren, quienes producen, distribuyen o buscan este material pueden trasladarse a otro espacio, cambiar una palabra, crear otra cuenta o reconstruir una comunidad. El delito no necesita esperar una reglamentación. La burocracia sí.
Hay algo casi absurdo en esa desigualdad de velocidades. Una plataforma puede tardar segundos en recomendarle a una persona un video porque sabe qué le interesa, qué mira, cuánto tiempo permanece frente a la pantalla y qué probablemente verá después. Sin embargo, cuando se trata de detectar que detrás de una cuenta puede existir explotación sexual infantil, la respuesta parece necesitar denuncias, reportes, investigaciones, solicitudes de información y procedimientos que pueden atravesar distintas instituciones. La tecnología corre. La justicia camina.
Y entonces solemos hacer lo más sencillo, trasladar la responsabilidad a las familias. Hay que vigilar a los niños, decimos. Hay que revisarles el teléfono. Hay que enseñarles los peligros de internet. Hay que hablar con ellos. Todo eso es necesario, pero también es insuficiente. Porque resulta bastante cómodo pedirle a una madre o a un padre que controle cada rincón de internet mientras las empresas que construyeron esos espacios disponen de tecnologías capaces de conocer hasta nuestros hábitos de consumo más insignificantes. ¿De verdad la protección de un niño puede depender solamente de que su padre sepa qué aplicación está utilizando esa semana?
Los niños no construyeron estas plataformas. Tampoco diseñaron sus sistemas de recomendación, sus mecanismos de mensajería, sus herramientas de anonimato ni sus formas de moderación. Son los adultos quienes construimos este internet y quienes establecemos las reglas bajo las cuales funciona. Por eso resulta extraño que cada vez que aparece un nuevo riesgo digital la primera respuesta sea decirle al menor que tenga cuidado. Como si el niño fuera el responsable de sobrevivir en un territorio diseñado por adultos.
Lo más grave es que la explotación sexual infantil no existe solamente porque haya personas dispuestas a producirla. Existe porque hay personas dispuestas a consumirla. Hay una demanda. Hay dinero. Hay intercambio. Hay personas que pagan, personas que distribuyen, personas que buscan y personas que intentan conseguir nuevas víctimas. La pantalla permite que toda esa cadena pueda organizarse sin que sus integrantes tengan que encontrarse físicamente. Y esa distancia produce una ilusión particularmente peligrosa, la sensación de que lo que ocurre detrás de una pantalla no tiene una víctima delante.
Sí la tiene.
Tiene una cara, aunque no la veamos. Tiene miedo, aunque no lo escuchemos. Tiene una familia, aunque no sepamos su nombre. Tiene una vida que continúa después de que alguien descarga, comparte o vende aquello que nunca debió convertirse en mercancía.
Quizá por eso resulta tan preocupante la manera en que estos comportamientos terminan normalizándose dentro de determinados espacios digitales. Primero se inventan palabras para no decir lo que realmente se está buscando. Después aparecen categorías para organizar aquello que no debería poder organizarse. Finalmente, el lenguaje consigue que una agresión parezca un producto. Y cuando la violencia empieza a parecer un producto, todo lo demás se vuelve más sencillo, ponerle precio, intercambiarla, almacenarla, venderla.
Ese es uno de los efectos más perversos de la pantalla, puede convertir una tragedia humana en un archivo sin rostro.
Por eso la discusión no puede limitarse a si una plataforma eliminó o no una publicación. Esa es una parte del problema, pero no todo el problema. La pregunta debería ser qué ocurre después. Qué pasa con quienes distribuyeron el contenido. Qué ocurre con quienes lo compraron. Cómo se identifica a quienes lo producen. Cómo se protege a las víctimas. Cómo se comparte información entre las instituciones. Cómo se actúa cuando las personas involucradas están en diferentes países. Cómo se persigue una red que puede cambiar de plataforma antes de que una investigación termine de identificarla.
Ahí es donde la discusión sobre los vacíos judiciales y digitales se vuelve realmente importante. No basta con tener un delito escrito en un código penal si la infraestructura del delito se transforma más rápido que la capacidad institucional para investigarlo. No basta con cerrar una cuenta si detrás de ella existen diez más. No basta con retirar un contenido si ya fue replicado. No basta con decir que hay mecanismos de denuncia si la víctima o su familia no saben dónde acudir o qué sucederá después de hacerlo.
Y tampoco basta con que cada nueva tragedia produzca una nueva promesa de regulación.
Colombia ha legislado. Ha creado obligaciones. Ha intentado fortalecer la protección digital de los menores. El problema es que una ley, por sí sola, no vigila una pantalla a las tres de la mañana. Una ley no identifica automáticamente a quien utiliza una identidad falsa para acercarse a un menor. Una ley no impide que un archivo vuelva a aparecer después de haber sido eliminado. Una ley tampoco consigue, por sí sola, que todas las instituciones trabajen con la misma información y a la misma velocidad.
Ese es el verdadero desafío, conseguir que la protección exista antes de la víctima y no únicamente después de ella.
Porque hasta ahora parece que tenemos una maquinaria diseñada para reaccionar. Alguien denuncia, entonces investigamos. Alguien descubre, entonces retiramos. Alguien es víctima, entonces buscamos al responsable. Y quizá deberíamos empezar a preguntarnos por qué aceptamos como normal que la protección llegue después del daño.
Mi investigación no descubrió todo. Ni siquiera estuvo cerca. Descubrió una pequeña muestra de un fenómeno que parece mucho más grande, una serie de puertas que conducían a otras puertas. Y eso debería ser suficiente para entender que el problema no desaparece cuando desaparece una cuenta. El problema existe mientras haya demanda, mientras haya personas dispuestas a pagar, mientras existan espacios que puedan utilizarse para captar víctimas y mientras la respuesta institucional llegue después de que el delito ya cambió de lugar.
Lo verdaderamente preocupante, entonces, no es que existan rincones oscuros en internet. Eso casi sería lo esperable. Lo preocupante es que algunos de esos rincones puedan abrirse en lugares que usamos todos los días y que, aun cuando son descubiertos, vuelvan a aparecer bajo otra forma.
Nos gusta decir que los niños son el futuro. Es una frase bonita, de esas que funcionan bien en discursos y campañas. Pero un niño no necesita ser el futuro para merecer protección. Necesita estar protegido ahora. En este momento. En la pantalla que tiene delante. En el teléfono que lleva en el bolsillo. En la plataforma que le promete entretenimiento. En el mensaje que recibe de alguien que no conoce.
Y ahí es donde la pregunta deja de ser tecnológica y se vuelve política, judicial y moral, si sabemos que estas redes existen, si sabemos cómo se desplazan y si sabemos que las víctimas son menores, ¿por qué seguimos llegando después?
Porque ese es el punto en el que esta historia deja de hablar solamente de internet y empieza a hablar de nosotros.
De un país que puede tener leyes y, aun así, tener víctimas. De plataformas que pueden tener reglas y, aun así, tener agujeros. De instituciones que pueden investigar y, aun así, llegar tarde. Y de una sociedad que dice proteger a los niños mientras todavía parece estar aprendiendo a protegerlos del mundo que nosotros mismos construimos para ellos.
El delito corre más rápido que la justicia. La pregunta, entonces, no debería ser si podemos alcanzarlo algún día. Debería ser por qué seguimos permitiéndole tanta ventaja.
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