Buanerges, “El Cuestionado”: La casa política en la Gobernación del Putumayo

Con contratos fueron beneficiados 3 de sus 7 donantes de campaña. Lo hizo a través de dos municipios cuyos alcaldes son sus aliados: Puerto Asís y Puerto Caicedo. Los valores de dichos negocios públicos ascienden a más de $1.458 millones. Al gobernador Buanerges lo rodean familiares y conexiones políticas también cuestionadas.

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El contrato de la discordia

Llevaba cuatro meses en el cargo, cuando la Contraloría General lo denunció por un sobrecosto de más del 60% en la compra de 10 ambulancias. Buanerges Rosero Peña había llegado a ser gobernador del Putumayo en enero de 2020, después de sacar 38.951 votos a pesar de que entonces ya era uno de los aspirantes más cuestionados.

El contrato firmado el 1 de abril de 2020, entre la Gobernación de Putumayo y la empresa Carrocería Innovas SAS, tenía un valor inicial de 3.460 millones de pesos. Al ser un supuesto direccionamiento a favor de un único proponente, se generó un sobrecosto de $1.064.626.310, según lo determinó la Fiscalía el 20 de octubre de 2020. Sobre todo porque la empresa no tenía los vehículos disponibles para cumplir el plazo del contrato y, aún así, recibió un anticipo del 50% del valor total.

Por tal motivo, en febrero de 2021 el ente investigador acusó al gobernador. Lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Por los mismos delitos fueron señalados:

• Jorge Alberto Molina Giraldo, secretario de Salud del Putumayo.
• Julián Mauricio Moreno Gómez, jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación.
• Gloria Fanny Chávez Cadena, jefa de oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios.
• Alexandra Benavides Gonzáles, jefa de las oficinas de Salud Pública del departamento.
• Rubén Darío Suárez Saavedra, representante legal de Carrocerías Innova SAS.

En noviembre de 2020, a 10 meses de iniciar su periodo, el gobernador fue enviado a detención preventiva en su lugar de residencia. Sin embargo, el magistrado en función de control de garantías, Dagoberto Hernández Peña, del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió dejarlo en libertad por vencimiento de términos, el 12 de agosto de 2021. 

Actualmente, a la par de que el proceso judicial contra Buanerges no se resuelve, las ambulancias adquiridas permanecen inutilizadas. El diputado Edison Yandun, asegura que “Hoy las ambulancias están sin habilitación por parte del Ministerio de Salud, ya que estas ambulancias medicalizadas fueron habilitadas solo para la emergencia”. En consecuencia, la millonaria inversión del departamento se encuentra congelada.

Este contrato fue lo que destapó una novela de aliados y de redes de poder que venía escribiéndose de tiempo atrás.

Donaciones por contratos

Buanerges conocía de cerca a Jorge Alberto Molina Giraldo, secretario de Salud del Putumayo, responsable de la adjudicación del contrato de las ambulancia. En 2019, Buanerges le encomendó la gerencia de su campaña y este le donó en especie $6 millones de pesos. Por lo que la designación de su cargo en la Secretaría de Salud Departamental viene de una afinidad de antes. 

Pero Molina no fue el único beneficiado. Jairo Walter Rodríguez Montilla, quien le donó $30 millones de pesos en especie, ha firmado 13 contratos con las alcaldías de Puerto Asís y Puerto Caicedo, por $1.399 millones de pesos, a través de la empresa Soluciones Civiles JM S.A.S. Dichos negocios públicos se celebraron entre 2020 y 2021, de acuerdo con el Sistema de Contratación Pública (Secop).  

Tanto Puerto Caicedo como Puerto Asís tienen en sus alcaldías a aliados de Buanerges. En la primera, el alcalde es Edgardo Figueroa, concuñado del gobernador, y en la segunda es José Fernando Castillo, quien llegó a la alcaldía con apoyo de Rosero Peña. 

Otra aportante que ha recibido contratos es María Luisa Soto Aranda, quien, luego de donar $6 millones en especie a la campaña del gobernador, firmó 7 contratos de suministro. Lo hizo entre 2020 y 2022, por un valor de $36.142.900 con dos instituciones educativas de Puerto Asís.

 Asimismo, Francisco Augusto Cardona Cuesta, quien donó en especie $30 millones a la campaña de Rosero. En marzo de 2022, la empresa que representa legalmente, Hoana S.A.S. Zomac, fue seleccionada por la Alcaldía de Puerto Asís, a través de un proceso de selección de mínima cuantía, para “Prestar el servicio de publicidad e impresión digital (…) para la divulgación de las actividades, programas y proyectos que adelanta la administración municipal Puerto Asís – Putumayo”. Dicho contrato se firmó  por un valor de $23.679.000 y tiene una duración de 9 meses desde la firma del acta de inicio.  

El poder: entre amigos y familia

Los cuestionamientos contra Buanerges Rosero no son solo por su administración del departamento del Putumayo. Cuando fue alcalde de Puerto Caicedo (2012 – 2015), según informó la Fundación Paz y Reconciliación, Rosero Peña intentó contratar a su cuñado John Pardo en el cargo de asesor de la alcaldía luego de que el abogado le aportara 30 millones  a su campaña en 2011. Como este tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató en su lugar a Horacio Pardo, su padre, el cual seguía recibiendo un sueldo aún después de fallecido, tal como lo denunció en 2019 el senador Ariel Ávila. 

Pero ahí no termina el asunto. De acuerdo con fuentes del representante a la cámara, Andrés Cancimance, el cuñado del gobernador, Jhon Pardo, es esposo de una de las hermanas de Buanerges. Es el mismo que fue detenido el 16 de noviembre de 2021, en Mocoa, porque tenía pendiente una orden de captura por el presunto feminicidio de Mónica Patricia Guerra Cajigás. Pardo le propinó “un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte”, el 15 de julio de 2013, según un documento de casación oral de la Procuraduría General de la Nación.

Otro vínculo que se le ha cuestionado a Buanerges es su cercanía con Edgardo Figueroa, su concuñado, quien milita en el Partido ASI y ahora funge como alcalde de Puerto Caicedo. Edgardo es el esposo de Liliana Sora Páez, hermana de Alexandra Sora Páez, esposa de Buanerges. Ambas se desempeñan como gestoras sociales del municipio de Puerto Caicedo y de la Gobernación, respectivamente. 

A Figueroa le dicen “el médico” porque es especialista en cirugía y prestó ese servicio en el frente 32 de las Farc, en Putumayo, cuando este era el fortín de dicha guerrilla en el sur de Colombia. El 14 de julio de 2015 fue capturado en Cimitarra, Santander, mientras transportaba 214 kilos de clorhidrato de cocaína en una ambulancia y fue condenado a 11 años de cárcel. Según explicó Semana, «Debido a los beneficios del proceso de paz, pudo presentarse a la JEP y no perdió sus derechos políticos. Eso le permitió aspirar a la alcaldía y ganar.”

Hizo campaña en 2019 apoyado en Buanerges Rosero. Este, a su vez, contó con el apoyo de Argenys Velásquez, exalcaldesa de Orito (Putumayo) y exrepresentante a la Cámara, investigada por el Cartel de la Toga. 

Otro que participó en las justas electorales de 2019 con el apoyo del Buanerges es Jose Fernando Castillo Ruíz. Es el actual alcalde de Puerto Asís, cuyo municipio está incluido en la lista de administraciones locales donde la Fiscalía ha adelantado acciones judiciales por presuntos hechos de corrupción. 

Retrasos en la justicia

Mientras el gobernador sigue el proceso judicial en libertad, surgen las incógnitas. Según explicó a este medio el Representante a la Cámara, Andrés Cancimance, “La respuesta que hace la Corte [Suprema de Justicia] a la solicitud de que explique por qué se ha demorado tanto en la citación [al juicio de Buanerges], pues simplemente fue que había congestión judicial y, prácticamente, el magistrado no había tenido tiempo para volver a convocar la audiencia”, dice.

Esto contrasta con cierta información que recibió el congresista cuando ocupaba el cargo de diputado en la asamblea departamental. Según le contó a este medio, un funcionario del Ministerio del Interior de la administración de Iván Duque le dijo en ese momento que “el gobernador estaba comprando a los magistrados con dinero” y que el proceso avanzaba rápido en ese momento porque el gobernador “no había encontrado al indicado para entregarle el dinero”. 

A pesar de que la información recibida no es nueva, Cancimance sugiere que esta tomó relevancia para él cuando el caso del gobernador pasó aproximadamente un año sin avances judiciales relevantes.

Consultamos al gobernador para conocer su opinión sobre el contenido de esta nota y a pesar de que dijo “Tengo mucho que decir sobre esta persecución a si (sic) mi nombre!!!”, no respondió ninguna de nuestras preguntas. 

La audiencia de juicio oral contra el Gobernador del Putumayo, que estaba programada para el 20 de septiembre de 2022, fue suspendida a las 11:45 a.m. aproximadamente. El juicio será retomado el martes 29 de noviembre entre las 2:30 y las 5 p.m.