Colombia: hijo de capo del cartel de Cali envuelto en tráfico de aletas de tiburón a Hong Kong
(09/11/2023)
Esta es la historia del mayor decomiso en este tipo realizado en territorio colombiano, donde un cargamento con más de 3400 aletas de tiburón, que pretendían ser traficadas a Hong Kong, fue interceptado en el aeropuerto de Bogotá. Por primera vez, este reportaje revela el propietario del contrabando: Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, gran jefe del cartel de Cali, la organización criminal que se enfrentó a Pablo Escobar, y llegó a ser una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del mundo.
Por Mongabay Latam, OCCRP y Armando Info.
La policía recibió una alerta de una empresa de transporte para que revisara unas cajas de cartón que iban a ser exportadas a Hong Kong, desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Era un miércoles de septiembre de 2021 y las autoridades colombianas estaban a punto de realizar el mayor decomiso de aletas de tiburón del que se tenga registro hasta ahora en ese país.
Habían pasado seis meses desde que Colombia prohibiera por completo la pesca y comercialización de tiburones, pero al abrir las cajas encontraron 3493 aletas de cinco especies de estos animales, todas amenazadas de extinción. Las aletas estaban procesadas y camufladas entre 117 kilos de vejigas natatorias, un órgano de los peces que les permite mantenerse a flote. Secado y procesado, ese producto, al igual que las aletas de tiburón, es vendido en el mercado asiático como una delicatessen.
En ese momento, las autoridades dieron a conocer algunos detalles. Por ejemplo, que se sacrificaron entre 900 y 1000 tiburones, que al parecer las vejigas también estaban siendo traficadas pues el exportador no contaba con permisos para su comercialización y un dato curioso: la carga provenía de Roldanillo, un municipio al interior del Valle del Cauca que está a más de tres horas por carretera de distancia del puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano.
¿Por qué las aletas llegaron desde un lugar tan alejado del océano? Pero, sobre todo, ¿qué empresas estaban detrás y a quién pertenecía el cargamento?
Durante nueve meses un equipo periodístico de Mongabay Latam, OCCRP y Armando Info examinó decenas de documentos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia para responder a estas preguntas. Los periodistas ingresaron y procesaron más de 40 pedidos de información enviados a diferentes organismos públicos, siguieron los pasos de los sospechosos en las redes sociales, viajaron a los diferentes puntos para reconstruir la ruta del cargamento ilegal y entrevistaron a más de 20 personas entre funcionarios, testigos, pescadores, científicos y expertos.
Los correos electrónicos y reportes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia provienen de una filtración de más de 13 millones de documentos a la que tuvo acceso esta alianza, junto con otros 40 medios de todo el mundo, dentro del proyecto “#NarcoFiles: el nuevo orden criminal” liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
El resultado es esta investigación que revela, por primera vez, que el enorme cargamento interceptado era de Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del fallecido capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, por lo que fue capturado hace tres semanas por orden judicial. Este trabajo, además, da cuenta de una nueva modalidad para traficar aletas y de la existencia de un lucrativo comercio ilegal de vejigas natatorias que provienen del lago Maracaibo, un área tomada por grupos armados ilegales que amenazan y aterrorizan a cientos de pescadores venezolanos.
Bogotá: la historia del decomiso
Los documentos de la fiscalía revelan que el 23 de agosto de 2021 salió el cargamento desde Maicao —una ciudad en el departamento de la Guajira, al norte de Colombia, cerca a la frontera con Venezuela— rumbo a Roldanillo, 1100 kilómetros al suroccidente. El paquete, que había sido enviado por el servicio de mensajería Servientrega, tenía como destinatario la empresa Comercializadora Fernapez S.A.S de propiedad de Fernando Rodríguez Mondragón, el hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido como El Ajedrecista, que murió en una cárcel en Carolina del Sur el año pasado.
El cargamento, que según los documentos de la fiscalía le pertenecía a Fernapez, permaneció tres semanas en Roldanillo y luego fue enviado a Bogotá. En este punto se suma a la historia el nombre de Luis Alberto Cardona Bonilla, el hombre que recogió la carga y que sería el encargado de despacharla hacia Hong Kong.
El plan, sin embargo, no salió como esperaban. La carga valorada en 30 000 dólares fue interceptada antes de salir del país.
Las aletas estaban procesadas, es decir, no solo estaban secas sino que se les había retirado la piel. Así es como se venden en las tiendas de Hong Kong, donde los consumidores asiáticos las compran para preparar una sopa conocida como yúchì tāng, que es símbolo de estatus, y que puede llegar a valer hasta 200 dólares en un restaurante. Para hacer este platillo, las aletas deben estar peladas lo que entraña un procedimiento complejo que implica la utilización de químicos y conocimientos específicos que sólo los chinos tienen, afirman distintos expertos entrevistados para este reportaje. Un mal procesamiento puede hacer que la aleta pierda su valor. Por esa razón, probablemente, no es usual encontrar en América Latina un cargamento de aletas procesadas.
“Esta es la primera vez que conocemos un caso en el que el procesamiento de aletas tuvo lugar en el país donde se capturaron los tiburones”, precisa la investigación que publicó el biólogo Diego Cardeñosa, luego de obtener los resultados de las 214 muestras moleculares que tomó de las aletas decomisadas para determinar las especies de tiburón a las que pertenecían.
Esta característica, más allá de ser una novedad en el tráfico de aletas, preocupa a los expertos, pues reconocen que podría complejizar la lucha contra el tráfico de animales silvestres. Según explica Cardeñosa, cuando una aleta es procesada pierde la forma y la coloración, entre otras características. Por lo mismo, “si empezamos a tener aletas peladas estamos en un problema porque se complica la identificación. Ya no se puede saber sin una prueba de ADN a qué especie de tiburón corresponde”, le comentó a este equipo periodístico Alicia Kuroiwa, directora de hábitats y especies amenazadas de Oceana Perú, una ONG que investiga, entre otros temas, el tráfico de tiburones en ese país.
De hecho, para Cardeñosa, lo más probable es que los traficantes estén comenzando a procesar las aletas antes de enviarlas justamente para evitar la detección. Además, el experto asegura que “los chinos son muy celosos con ese proceso” y que, “aunque todavía no hay suficiente evidencia, creemos que debe haber gente china viniendo a estos países a enseñarle a la gente a hacerlo”.
Pero no hay que perder de vista que ese valor agregado, además, implica mayores ganancias para una industria que se estima mueve 500 millones de dólares al año. Según lo relatado por Stanley Shea, director de Bloom Association, una ONG con sede en Hong Kong dedicada a la conservación de los océanos, el precio de un kilo de aletas puede variar dependiendo de tres factores: si tienen piel, si están procesadas y, una variable que define considerablemente la ganancia, de qué especie provienen. “Hemos visto especies listadas en CITES procesadas secas (sin piel) que van desde los 171 USD los 500 gramos hasta los 677 USD los 500 gramos”, cuenta. Sin embargo, lo que sí es seguro es que “el producto con piel es más barato, dado que el mercado minorista de Hong Kong se basa principalmente en aletas procesadas”.
Las pruebas moleculares realizadas a las aletas decomisadas en el aeropuerto de Bogotá arrojaron que el 60 % pertenecía a la especie Carcharhinus falciformis, comúnmente conocido como tiburón sedoso y que se encuentra en estado Vulnerable, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La segunda especie que más identificaron los científicos y que está en Peligro Crítico fue el tiburón martillo (Sphyrna lewini), seguido del tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), el tiburón toro (Carcharhinus leucas) y el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), todos incluidos en la lista de especies amenazadas de la UICN.
Todos estos tiburones, además, están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo internacional que busca asegurar que el comercio de especies silvestres no amenace su supervivencia. Por lo mismo, para exportar estos tiburones o sus partes, la empresa o persona natural requiere de permisos especiales. El cargamento que pretendía ser exportado a Hong Kong no sólo no contaba con dichos permisos, violando así el tratado internacional del cual Colombia hace parte, sino que nunca habría podido tenerlos porque en Colombia la pesca y la comercialización de tiburones y de sus partes está prohibida desde marzo de 2021.
Por otra parte, los más de 100 kilos de vejigas natatorias donde estaban camufladas las aletas tampoco contaban con la documentación necesaria. Al momento de la incautación, Luis Alberto Cardona Bonilla presentó un permiso vencido que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) le otorgó a Fernapez en 2019 para comercializar productos pesqueros. Y un detalle más, ese permiso sólo autorizaba la comercialización de productos pesqueros dentro del país, pero no permitía exportar y mucho menos aletas de tiburón.
Roldanillo: el almacén que funcionaba a puerta cerrada
Fernando Rodríguez Mondragón también es conocido como “el hijo del ajedrecista”, título del libro que él mismo escribió en 2007 y que cuenta desde adentro la historia del cartel de Cali.
Según los documentos de la fiscalía, entre 1993 y 2000 fue socio y miembro de la junta directiva de la Fundación para el Servicio del Ser Integral (Fundecali), una empresa que entre 2003 y 2014 fue incluida en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados del departamento del tesoro de EEUU. En 2002, la prensa colombiana reportó que la policía lo capturó tras encontrar heroína en su apartamento en el norte de Bogotá y por ello tuvo que enfrentar a la justicia. La fiscalía no compartió el expediente para confirmar el desenlace del proceso, pero en la página oficial de la rama judicial se registra que hubo una condena y que obtuvo su libertad en junio 2005 por suspensión condicional de la pena. Ante la pregunta, Rodríguez Mondragón le dijo a esta alianza periodística que todo fue “un montaje para poder poner [a] la familia en la palestra pública, puesto que en esa época el Sr. Gilberto Rodríguez había salido en libertad”.
Tras cumplir su condena, Rodríguez Mondragón se instaló en el municipio de Roldanillo, otrora uno de los centros de actividad del llamado Cartel del Norte del Valle, que se formó luego del declive del Cartel de Cali, donde abrió en 2017, en el barrio Los Llanitos, su empresa Fernapez dedicada, según los registros, al “comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos”.
Esta sería la primera pista para responder a una pregunta clave en la historia de este tráfico: ¿Por qué el cargamento fue hasta Roldanillo en lugar de viajar directamente desde Maicao a Bogotá, un viaje más corto?
De acuerdo con los testimonios reunidos y la información obtenida por transparencia, todo indica que el cargamento se detuvo en esta ciudad de montañas, a 178 kilómetros de Buenaventura —el principal puerto comercial de Colombia en la costa Pacífico, en el departamento de Valle del Cauca —, para cargar allí las aletas de tiburón.
“Uno sabía que trabajaban con pescado, pero lo que la gente dice es que no era para vender en Colombia sino para venderles a los chinos porque pagan más. Ahí trabajaban a puerta cerrada y solamente empacando”, dijo una mujer sobre el lugar en donde funcionó la Comercializadora Fernapez SAS, y del cual ella es vecina, mientras barría la calle frente a su casa en Roldanillo. Otros vecinos consultados coincidieron con ella y aseguraron que les llamaba la atención que en la empresa no había trabajadores colombianos sino dos chinos.
“El negocio estuvo funcionando allí unos años, pero ellos se fueron”, contó otro vecino del inmueble. Efectivamente, según la matrícula inmobiliaria, la casa que era de Fernando Rodríguez Mondragón fue vendida en noviembre del 2021. Es decir, tan pronto conoció sobre la incautación de las 3493 aletas de tiburón en el aeropuerto El Dorado, el hijo mayor del capo sacó todo lo que tenía en su empresa y vendió la casa por 68 millones de pesos colombianos (alrededor de US$17 000 dólares al cambio del momento). Así lo confirma el propio Rodríguez Mondragón, quien aseguró a esta alianza periodística que “la empresa quebró a raíz del problema”.
En la misma línea de lo que relatan los vecinos, el permiso de un año que la AUNAP le otorgó a Fernapez en abril 2019 —y que Cardona Bonilla le mostró a la policía el día del decomiso en el aeropuerto para intentar justificar el envío de la carga—, especifica que en esa dirección de Roldanillo la empresa tenía una bodega de almacenamiento de pescados, incluidos tiburones. Entre las especies que la AUNAP le había autorizado almacenar y comercializar, había tiburón trompa blanca (Carcharhinus velox), tiburón de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) y tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis). Cabe recordar que al momento del decomiso del cargamento, el permiso no solo estaba vencido sino que había caducado, considerando que había entrado en vigencia la nueva ley que prohíbe la comercialización de tiburones.
Aunque los vecinos consultados no tienen certeza de haber visto aletas de tiburón, lo que sí recuerdan es el olor fuerte y constante a productos de mar. “Eso era un olor a pescado pero rancio”, dicen, cosa que justamente es característica de las aletas tanto cuando están húmedas como cuando están en proceso de secado. De hecho, eso es lo que ha permitido en ciertos casos llevar a cabo operativos. Así ocurrió en abril de este año cuando la policía encontró en Tumaco, el segundo puerto de Colombia sobre el Pacífico, a unos 300 kilómetros por mar desde Buenaventura, un costal con 386 aletas sin secar que estaba siendo transportado por un camión de la empresa de transporte y mensajería Inter Rapidísimo. Las aletas viajaban camufladas entre un doble empaque plástico cubierto con abundante café molido para intentar evadir el olor. Sin embargo, “se dieron cuenta inmediatamente porque huele feo, muy fuerte”, contó uno de los especialistas que trabajó en la identificación de las especies tras el decomiso y que pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad.
Dos vecinos igualmente relataron que en la casa donde operaba Fernapez constantemente había presencia de policías. “Les preparaban comidita”, cuentan, y aseguran que en los días posteriores a que desocuparan la vivienda y vendieran todo, hubo operativos de policías enviados desde Cali porque al parecer no le tenían confianza a los uniformados que estaban prestando su servicio en Roldanillo y que, según relatan las fuentes consultadas, parecían muy cercanos a Fernando Rodríguez Mondragón.
Como parte de esta investigación, se solicitó a la policía las inspecciones realizadas en las dependencias de Fernapez, sin embargo la solicitud fue negada por tratarse de una información que “goza de reserva legal”.
Buenaventura: el punto neurálgico del comercio de tiburones
Relatan los vecinos de Fernapez que el pescado lo traían de Buenaventura, el puerto más cercano a Roldanillo a unas tres horas de camino en carro. Una información de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que obtuvo este equipo periodístico a partir de un derecho de petición, confirmó luego que efectivamente ese era el origen de las aletas decomisadas en el aeropuerto.
Lo anterior tiene sentido sobre todo porque Buenaventura, según las estadísticas oficiales, es el lugar en Colombia donde se trafica la mayor cantidad de tiburones. De acuerdo con datos de la Aunap, la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), la Armada y la Policía Nacional, de los 22 eventos en los que se decomisaron tiburones o aletas entre 2016 y 2020 en Colombia, al menos 14 ocurrieron en el Valle del Cauca y de estos, 11 fueron en Buenaventura.
Tras la prohibición de pescar y comercializar tiburón en marzo de 2021, la situación no cambió mucho. Cifras del Ministerio de Ambiente dan cuenta de al menos 23 decomisos de tiburones y aletas desde la entrada en vigencia de la ley hasta julio de 2023. En la mayoría de los casos los animales o sus partes provenían de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, y de Buenaventura.
Además, existen casos en que si bien el decomiso ocurrió en otras zonas del país, los responsables procedían de este puerto del Valle del Cauca. Por ejemplo, en abril de 2022, guardacostas de Bahía Solano, al norte de la costa pacífica colombiana, encontraron al inspeccionar una embarcación de nombre JD que procedía de Buenaventura dos neveras con 30 tiburones sin cabeza y sin cola. Lo mismo ocurrió en noviembre de ese mismo año cuando los guardacostas también de Bahía Solano encontraron en la embarcación Los Pescadores, 114 tiburones y 89 aletas. De hecho, las aletas interceptadas en Tumaco dentro de los sacos con café también provenían de Buenaventura.
Este equipo periodístico recorrió la plaza de mercado principal y la llamada galería de Pueblo Nuevo y confirmó que aún es posible adquirir, incluso a muy bajo precio, un tiburón tollo entero. Además, el aceite de estos animales se comercializa ante la vista de locales y visitantes.
Una fuente de la Armada Nacional reconoce que es casi imposible que las autoridades marítimas puedan ejercer control sobre la pesca de tiburón en Buenaventura y los puertos aledaños, porque “Buenaventura no tiene muelles formales. Aquí cualquier patio de casa que da al mar es un muelle y ahí están atracados los buques. La informalidad y la falta de control es mucha porque es demasiado amplio para acudir a controlar todos esos sitios”.
El comandante de la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), capitán Alberto Buelvas, reconoce que esa “es una de las grandes problemáticas”. Por eso, dice, “apuntamos siempre con los administradores de turno a tener un gran muelle de cabotaje único donde se mueva la carga, donde se mueva la pesca”.
Pero, además, científicos y ambientalistas advierten otro problema grave. Tras la publicación del decreto, el tiburón dejó de ser un recurso pesquero y, por lo tanto, ya no le corresponde a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) fiscalizarlo. “Salió la ley 281 a través de la cual el gobierno nacional declaró el tiburón como un recurso hidrobiológico, lo cual pasa a ser competencia del ministerio del medio ambiente. Nosotros como autoridad pesquera ya no tenemos competencia sobre ese tema”, dice Sandra Angulo, directora regional de la Aunap en Cali.
Es por eso que, según Angulo, cuando la AUNAP hace operativos de control y encuentran tiburones, “automáticamente lo que hacemos es informar a la autoridad competente, es decir, el ministerio de ambiente y ya ellos entran desde sus procedimientos a hacer todo el proceso de decomiso”. ¿Qué ha traído este cambio? Según Juan Manuel Díaz, director de la fundación MarViva que trabaja en beneficio de la conservación marina en Colombia, tras la declaratoria de la nueva ley “ya no hay registros de cuánto (tiburón) se captura” y toda la comercialización “se volvió algo muy oscuro”.
Esta alianza periodística buscó la versión del Ministerio de Ambiente, pero hasta la publicación de este reportaje no recibimos respuestas.
Un ingeniero pesquero residente de Buenaventura, que conoce sobre el manejo de las aletas de tiburón y que pidió mantener su identidad en reserva, asegura que “la gente seca las aletas encima de los bambúes, de la caña en esterillas de guadua, pero ya no son aletas grandes, sino pequeñas porque cada vez más se reduce el tamaño de la especie”, explica. El experto no descarta, además, que las aletas estén siendo trasladadas para ser secadas en otros municipios menos húmedos que Buenaventura, como Roldanillo.
Maicao: el origen de las vejigas
Según los registros de Servientrega, que son parte de las pruebas documentales de la fiscalía, el cargamento fue enviado desde Maicao hacia Roldanillo por Stevenson Bautista Moreno. Cuando la fiscalía solicitó información de esta persona a DataCrédito, la central de riesgo que recopila toda la información sobre el comportamiento de pago de las obligaciones de personas y empresas, la respuesta fue que ese nombre no coincidía con el número de identificación proporcionado. La identidad del primer eslabón de la cadena era, por lo tanto, un misterio.
Esta investigación periodística, sin embargo, logró identificar a través del análisis de redes sociales y de documentos de la registraduría obtenidos por transparencia, que la persona que envió el cargamento desde Maicao es efectivamente la que aparece en el registro de Servientrega solo que con diferencias sutiles en la ortografía. El nombre real es Stivinzon Bautista Moreno.
Su perfil de Facebook contiene fotografías y videos de 2018 y 2019 que muestran vejigas natatorias —también conocidas como buches de pescado— mientras son procesadas en una planta que, según la misma información hallada en sus redes sociales, está situada en un barrio de Maicao. Algunas fotografías también lo muestran a él posando con las vejigas, con armas, con fajos de billetes, además de diferentes alusiones con fotografías a famosos capos del narcotráfico como Pablo Escobar. Entre sus contactos hay numerosos perfiles de comerciantes de vejigas en países como Indonesia, Malasia, Corea del Sur, Pakistán, algunos de los cuales también comercializan aletas de tiburón y otros productos marinos apetecidos en el mercado asiático como los pepinos de mar.
La información proporcionada por la AUNAP permitió establecer también que ningún permiso para procesar vejigas natatorias se ha emitido hasta el momento en Maicao ni en ningún otro lugar del departamento de La Guajira. Esto indicaría que la planta donde Stivinzon Bautista Moreno procesaba los buches operaba de manera clandestina, sin embargo, en la AUNAP no existe ningún reporte al respecto.
Un detalle extraído de sus redes sociales aportó una pista más a esta historia. Se trata de una fotografía publicada en 2021 en la que se observa un cartel pegado en la pared del lugar donde Bautista Moreno posa con las vejigas y se lee Pesquera Kike. Esta empresa familiar, ubicada en el corazón del mercado de Maicao, es una de las pescaderías más antiguas y consolidadas de todo el municipio. Su dueño, Teobaldo Enrique De Moya Barcelo, aseguró no conocer a Bautista Moreno, aún cuando en una foto colgada en la pared de su negocio aparecen los dos y a pesar de que Stivinzon Bautista mantiene una estrecha y constante comunicación con diferentes miembros de la familia De Moya, según es posible ver en sus redes sociales.
Aunque hasta ahora no ha sido posible establecer quiénes fueron los proveedores de las vejigas que Stivinzon Bautista envió a Fernapez en Roldanillo, esta investigación sí pudo comprobar la existencia de un tráfico de buches de pescado desde el norte del lago Maracaibo hacia Maicao.
Viajamos a la zona norte del lago, en el estado venezolano de Zulia, donde se registra la mayor actividad pesquera. Allí, Isla de Toas, a tan solo 40 kilómetros de Maicao, es uno de los lugares más activos en torno a esta actividad y, de hecho, la mayoría de sus 12 000 habitantes se dedica a ella. Los buches de pescado, principalmente de corvinas, son el producto más vendido.
Los grupos criminales que operan armados con fusiles de alto calibre, conocidos como “piratas”, controlan las operaciones de distribución. Los pescadores sostienen que pueden recibir hasta 170 dólares por un kilo de buche, pero el dueño de una de las organizaciones pesqueras de Isla de Toas, que pidió mantener su nombre bajo reserva por razones de seguridad, comentó que para poder trabajar deben pagar a los grupos armados entre 50 y 100 dólares diarios por embarcación. Aún así, eso no los exime de la posibilidad de que los “piratas” rodeen la lancha pesquera y se lleven las corvinas más grandes con sus buches.
En esa dinámica criminal, donde además se cobra sobreprecio por todos los insumos —incluida la gasolina y el aceite de los motores— y se pagan extorsiones a los agentes de seguridad del Estado, aseguran los pescadores de la zona que por temor a represalias no quisieron ser identificados, las ganancias suelen ser mínimas para ellos. Algunos se han atrevido a vender los buches al margen de los grupos armados, pero la respuesta de éstos ha sido implacable. Los testimonios señalan que, como castigo y advertencia a la población, los piratas han desmembrado a pescadores y amarrado las partes de sus cuerpos a las lanchas.
Fuentes consultadas aseguran que los buches son finalmente comprados en el lugar por personas de origen asiático, pero también identificaron que parte del producto es enviado hacia Maicao. Para llegar hasta allá, dos son las posibles rutas. La primera parte desde San Rafael del Moján, que se encuentra a 30 kilómetros de la frontera con Colombia, y donde llegan las embarcaciones provenientes de las islas del norte del lago. La segunda sale desde San Carlos, al noroeste de la Isla de Toas, y continúa por un camino de arenas finas que conecta con Paraguaipoa. Desde ese punto hasta la línea fronteriza son solo 20 minutos de camino.
Cada una de las rutas tiene la posibilidad de desviarse en las trochas no asfaltadas de la porosa frontera colombo-venezolana que son controladas por grupos criminales. Así mismo, desde Paraguaipoa, en un recorrido de dos horas y media pasando por el poblado colombiano Flor de la Sabana, en la Guajira, el contrabando también puede llegar a Uribia, a unos 55 kilómetros al norte de Maicao.
Hasta el cierre de esta publicación, ni Stivinzon Bautista ni Teobaldo De Moya respondieron a las preguntas enviadas por esta alianza periodística.
Hong Kong: un destinatario frecuente
Ho’S Import & Export Limited es el nombre de la empresa que iba a recibir la carga en Hong Kong, según los documentos de la fiscalía.
De acuerdo con la información obtenida de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre las exportaciones de Rodríguez Mondragón, Ho’S Import & Export Limited es el principal comprador de Fernapez. De hecho, desde que el hijo del fallecido capo puso en marcha su exportadora y comenzó a hacer envíos al extranjero, el principal socio comercial siempre fue esa empresa que, según los registros oficiales, queda en un edificio industrial en Tuen Mun, una zona remota de Hong Kong. Al visitar el lugar, sin embargo, los periodistas no encontraron ninguna empresa con ese nombre.
En las últimas tres semanas de diciembre del 2018, Fernapez realizó sus primeras tres exportaciones por US$86 750. En 2019, las ventas se dispararon y de los tres procesos de exportación realizados en 2018 pasó a 24. Fueron casi 14 toneladas de vejigas y productos para la alimentación animal por un total de 816 mil dólares que se enviaron a Chan Man Kin, Sui Man Wholesale y Ho’S Import & Export Limited. Ese año, Fernapez también exportó a Canadá mangos, pitahayas y granadillas, pero en los dos años siguientes Rodríguez Mondragón concentró su negocio principalmente en las vejigas, el producto donde iban camufladas las aletas decomisadas en el aeropuerto de Bogotá. En 2020, las ventas alcanzaron los 550 mil dólares y en los primeros nueve meses de 2021, antes de que tuviera lugar el decomiso, la empresa alcanzó a exportar 495 mil dólares en vejigas.
Un dato importante es que todos los cargamentos fueron clasificados con un código arancelario que corresponde a vejigas de animales excepto las de pescado. Sin embargo, la descripción de la carga precisa que se trata de vejigas natatorias.
Según el ex director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, las agencias aduaneras son las encargadas de presentar los documentos de los exportadores y las que hacen la clasificación arancelaria. El problema, es que “Colombia no revisa la clasificación arancelaria del exportador. Ahí no hay gran vigilancia”, asegura Ortega, quien precisa que rotular una carga con un código que no corresponde al producto real “claramente es un delito, es falsedad de documentos públicos y es un delito grave”.
Por otro lado, puesto que el permiso que la Aunap le había otorgado a Fernapez había vencido en 2020 y que mientras estuvo vigente solo le permitió a la empresa comercializar al interior del país, es posible deducir que todas las exportaciones de vejigas natatorias fueron ilegales.
Rodríguez Mondragón, en un descargo que presentó a la AUNAP por la investigación administrativa que la entidad abrió en su contra y al que este equipo periodístico tuvo acceso, se defendió argumentando que la comercialización de buches es una actividad que “no requiere permiso de la AUNAP”. El motivo, dijo, es que las vejigas son “sobrantes cuyo otro destino posible es la incineración o depósito como basuras”. Lo mismo aseguró al ser consultado para esta investigación: “En Colombia la vejiga natatoria es un desecho del pescado”, sostuvo.
Sin embargo, el abogado de la dirección técnica de inspección y vigilancia de la AUNAP, Henry Gómez, asegura que “no se puede tener la concepción de que las vejigas natatorias son un residuo, un desecho”. La principal razón, explica, es que “representan un lucro económico, y esa es una de las condiciones que debe tener el recurso pesquero para ser considerado como tal”. Por lo mismo, para comercializar vejigas natatorias, es necesario contar con un permiso de la AUNAP, insistió.
Otro punto que llama la atención es que en 2020 y 2021, prácticamente todos los envíos de vejigas que hizo Fernapez fueron por un valor de 30 000 dólares, aún cuando existen diferencias considerables en el peso de los cargamentos. Por ejemplo, en 2021, de las 19 exportaciones realizadas, 11 pesaron 300 kilos y su valor fue de 30 000 dólares. Sin embargo, también hubo cargamentos de 117 kilos, de 125 kilos o incluso uno de 49 kilos en diciembre de 2020 y el monto siempre fue el mismo: 30 000 dólares. El cargamento que fue decomisado, por cierto, también estaba valorado en esa cantidad y pesaba 225 kilos. ¿Por qué tantos cargamentos con pesos distintos fueron valorizados siempre con la misma cantidad?
El empresario pesquero Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur, un recurso cuyo principal mercado es el asiático, no logra encontrarle sentido a esa diferencia. En los años que tiene de experiencia en el sector privado y en el público, como exministro de la Producción en Perú y viceministro de pesquería, nunca ha visto un producto pesquero o agrícola con esa fluctuación de precios en un período tan corto de tiempo. “Me suena a trampa, aunque no sé de quién”, dice Miranda y suma un ejemplo. “La harina de pescado pudo haber costado 300 dólares en el año 98 y hoy día cuesta 1600 dólares, pero eso cambió en 25 años, no en 25 días. No hay mercado que pueda fluctuar así con ese margen extraordinario de diferencia”, asegura.
Pero hay un detalle más. “Que los números sean cerrados es muy raro. Los números nunca son tan absolutos”, dice Ortega, quien sostiene que “es tan fácil hacer esas trampas en Colombia, que la gente ni se molesta en ocultarlas”.
En respuesta a estas dos dudas, Fernando Rodríguez Mondragón respondió que la diferencia está en que el valor de las vejigas varía según la especie de pescado. Por ejemplo, “la corvina es más cara que la merluza y la cachama”, dice.
¿Qué exportó realmente Rodríguez Mondragón en todos esos envíos? En el caso de las vejigas que fueron decomisadas en el aeropuerto, para el abogado de la AUNAP, Henry Gómez, “en realidad lo que venían era ocultando la exportación que se pretendía hacer de las aletas de tiburón”. ¿Cuántas veces fueron enviadas aletas de tiburón en cargamentos que iban rotulados como vejigas?
Según el ex director de la DIAN, “no hay mucho interés” del país en corroborar que las exportaciones correspondan efectivamente al producto declarado y “desafortunadamente, no hay colaboración y con China no hay ninguna. China hoy en día es el gran facilitador de lavado en el mundo, entonces el nivel de coordinación es cero”.
Alberto Lozano, ex director de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF), explica que “cuando un delincuente quiere exportar droga o quiere exportar aletas de tiburón no lo va a decir de frente; va de decir muchas mentiras y parte de las mentiras que va a decir son las financieras”. Para él, considerando que “el lavado de activos es ocultar el origen del pago”, en la operación de Fernapez, “si se comprueban los hechos, habría lavado de activos”.
De hecho, de acuerdo con la información fiscal a la que esta investigación tuvo acceso, la fiscalía abrió a partir del decomiso en el aeropuerto de Bogotá, un proceso de lavado de activos que hasta septiembre continuaba en proceso de indagación.
Fernando Jiménez, director especializado para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía, confirmó a esta alianza periodística que Fernando Rodríguez Mondragón se encuentra con medida de aseguramiento privativa de libertad en su domicilio en Roldanillo. La medida fue ordenada por el juzgado luego de haber sido imputado como “autor del aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables en concurso con el delito de tráfico de fauna con aumento de pena por la comercialización de aleta de tiburón”. El caso se encuentra actualmente en investigación.
Rodríguez Mondragón respondió a esta alianza periodística que planea apelar los cargos que se le imputan. “Soy inocente. Estoy reuniendo pruebas contundentes que demostrarán que no tuve nada que ver con lo que respecta al envío de esta carga hacia Hong Kong”, dijo. Según detalla, el responsable es un ciudadano chino que mantenía un contrato de trabajo con su comercializadora. “Él abusó de la confianza y envió a Bogotá para ser exportado a Hong Kong unas aletas de tiburón sin mi consentimiento mientras me encontraba cuidándome del Covid 19 fuera de Roldanillo”, aseguró.
También compartió dos videos de las cámaras de seguridad de su empresa donde es posible ver a sus empleados manipulando las aletas de tiburón. Según dice, los videos están en manos de la fiscalía, sin embargo, no proporcionó pruebas que descarten su participación en la operación.
Esta alianza periodística intentó contactar al ciudadano chino al email que aparece en su solicitud de visa, pero hasta la publicación de este reportaje no recibimos respuesta.
Luis Alberto Cardona Bonilla, por su parte, tampoco envió respuestas a nuestras preguntas. Fuentes policiales aseguraron que se encuentra “prófugo de la justicia”, y que actualmente está siendo buscado “para desarticular toda la organización”.
Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Mongabay Latam, Armando.Info y 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
Crédito Cover: James O’Brien/OCCRP
