Por: Iván Serrano, Ingrid Ramírez y Diana Salinas
Con la colaboración de Datasketch

La necesidad de cremaciones de personas fallecidas por COVID-19 hizo que las funerarias aprovecharan la emergencia para aumentar el costo de sus servicios en los contratos públicos firmados con alcaldías y gobernaciones, encargadas del manejo de los cadáveres por la pandemia. Esta investigación arrancó con la revisión de un contrato celebrado en la Gobernación del Atlántico, en el que la administración pública se compromete a pagar 1.500.000 pesos por cada cadáver cremado por una funeraria.

Atlántico y su capital Barranquilla es, después de Bogotá,  la región en Colombia con mayor número de personas diagnosticadas con COVID-19 tras haber alcanzado 22.777 casos de contagio y 1.107 muertes, cifras muy por encima de los departamentos más poblados de Colombia, como el Valle del Cauca o Antioquia. El rango de tiempo de conteo en Colombia abarca entre el 6 de marzo y el 30 de junio.

Antes de la pandemia y la declaración de emergencia, los costos eran menores. Es el caso de Bogotá, donde los precios por cremación fueron fijados el año pasado. Allí quedó estipulado que Alcaldía pagaría 420.000 pesos por cadáver cremado. Es decir, 1.080.000 pesos menos de lo que paga este año la Gobernación del Atlántico por este servicio por Covid-19.

Por las diferencias de precios como las que se evidencian entre el Atlántico y Bogotá, hicimos un análisis de los contratos suscritos entre alcaldías y gobernaciones del país con funerarias para el manejo de los fallecidos por COVID-19. En la plataforma web del sistema de contratación pública hallamos 79 contratos suscritos en los meses de marzo, abril, mayo y junio que revelan casos de sobreprecios y otras irregularidades. 

Hasta la fecha, según los contratos disponibles en la plataforma pública y oficial, Cuestión Pública y Salud con lupa encontraron que se han destinado al menos 3.321 millones de pesos en el manejo de cadáveres COVID-19 en Colombia, por parte de distintas alcaldías y gobernaciones.

De la muestra de 79 contratos analizados, la funeraria que concentra la mayor parte del presupuesto destinado es Parques y Funerarias SAS. Esta empresa tiene cuatro contratos en el Atlántico, Antioquia y Cesar por 500 millones de pesos. Con la salvedad de que uno de esos contratos, por 10 millones 980 mil pesos, no especifica que el procedimiento funerario sea para cadáveres con COVID-19.

Revisamos la estructura empresarial de Parques y Funerarias SAS y encontramos que sus integrantes funcionan junto con otra empresa llamada Recordar Previsión Exequial Total SAS y el Grupo Recordar. 

Dentro de la estructura empresarial está Francisco Javier De Arostegui Latorre, quien además firma como presidente del Grupo Recordar. De Arostegui, a su vez, se observa que tiene registrada la empresa Male Overseas SA en 2015 en Panamá y una persona vinculada con esa empresa en El Salvador. Lo anterior según consta en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que contiene información sobre empresas offshore con personas y compañías de más de 200 países, llamada Offshore Leaks.

Tan solo el año pasado, la empresa funeraria Parques y Funerarias SAS registró en la Cámara de Comercio de Bogotá un patrimonio neto de 84.092 millones de pesos.

Una empresa offshore es aquella que se registra en un país distinto al que tiene registrada su actividad económica. En general, están en paraísos fiscales con el fin de no pagar impuestos, entre otras ventajas fiscales. 

Tan solo el año pasado, la empresa funeraria Parques y Funerarias SAS registró en la Cámara de Comercio de Bogotá un patrimonio neto de 84.092 millones de pesos.

El 18 de junio le enviamos una consulta periodística a la señora Catalina Paéz Prieto, gerente de comunicaciones del Grupo Recordar, sobre el contrato suscrito con la Gobernación del Atlántico. A la fecha de publicación de esta investigación no hemos obtenido respuesta.

El Atlántico, donde Parques y Funerarias SAS celebró el contrato de mayor monto, por 225 millones de pesos, está en alerta roja, solamente el 15 de junio en Barranquilla pareció estallar la cifra de contagios y así en el resto del departamento donde se registraron cifras de contagios que duplicaron a las de Bogotá. Esa noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz, publicó en su cuenta de Twitter que al día siguiente un avión de la Policía saldría hacia la capital del Atlántico con 49 respiradores mecánicos para ampliar el número de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

Se conformó también una comisión del Gobierno Nacional para apoyar a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Barranquilla en la crisis por el coronavirus. La gobernadora del departamento, Elsa Noguera, ordenó el patrullaje de 400 hombres del Ejército y 30 de la Armada, cuya misión es vigilar que los y las ciudadanas cumplan con la cuarentena. En Barranquilla, las autoridades pueden arrestar a ciudadanos y llevarlos a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia (UCJ) por 24 horas. 

Para el 15 de junio ya se habían registrado 1.045 casos nuevos en el Atlántico, 798 de ellos en Barranquilla. Las cifras de fallecidos también se elevaron y con ellas los contratos entre entidades públicas y funerarias para la disposición final de cadáveres COVID-19. Una situación similar ocurre en otros departamentos.

Las otras empresas con más recursos adjudicados para prestar servicios funerarios son la Organización la Esperanza SA y el Consorcio Exequial SAS.

Cuestión Pública consultó en la página web de la Rama Judicial y encontró que el Consorcio Exequial SAS figura como demandado en al menos 25 procesos judiciales, entre tutelas y demandas, radicados en un lapso que comprende mayo de 2016 y mayo de 2020. 

Por otro lado, contra Maria Adelaida Paris, quien figura como representante legal en los contratos funerarios del consorcio analizados para esta investigación, también aparece demandada en cuatro procesos, uno de ellos por estafa en 2011.  El Consorcio Exequial SAS reportó ante la Cámara de Comercio de Bogotá tener activos por 59.280 millones de pesos.

Además, esta empresa enfrenta un litigio con la Alcaldía de la Calera, municipio vecino de Bogotá, por la construcción allí de un complejo funerario. Habitantes del municipio se oponen a esta obra, por su cercanía al río más importante de la región, el Teusaca, incluso se han manifestado a través del portal Change.org, recolectando firmas para que la obra sea suspendida. 

Por otro lado, contra Maria Adelaida Paris, quien figura como representante legal en los contratos funerarios del consorcio analizados para esta investigación, también aparece demandada en cuatro procesos, uno de ellos por estafa en 2011.

La preocupación no es solo de los vecinos. En el mes de abril, Carlos Cenen Escobar, el alcalde del municipio envió cartas a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que pongan sus ojos en esta obra e inicien investigaciones porque, según la administración, este parque cementerio se estaría construyendo con argucias jurídicas de por medio.

El ranking del precio de las cremaciones 

El primero en la lista es el de la alcaldía de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, celebró un contrato con el Consorcio Exequial SAS por 198 millones de pesos. Es la alcaldía que ha pagado el precio más alto por la cremación de un cadáver: 2 millones 150 mil pesos, según consta en el contrato. En Mosquera hay 230 casos confirmados y once personas fallecidas por COVID-19, según reportes del Instituto Nacional de Salud (INS).

Le sigue la alcaldía del municipio de Florencia, en Caquetá, que hizo un contrato por 30 millones con la Empresa de Servicios Funerarios Jardines de Paz SAS. La cremación por cadáver quedó en 2 millones 100 mil pesos. Las estadísticas del INS indican que en ese municipio hay 34 casos por contagio y un fallecido.

Cuestión Pública y Salud con lupa encontraron que esa empresa de servicios funerarios, Jardines de Paz SAS, comparte el representante legal Jaime Ramón Endo con otra empresa llamada Inversiones Inmobiliaria de los Andes, en donde están los que parecen ser los verdaderos dueños, aunque en los registros de la Cámara de Comercio del Caquetá no figuren. Resulta que Inmobiliaria de los Andes también tiene su registro en Panamá desde 2008 y de esa hacen parte el exembajador de Colombia en Suiza, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, Julian Jaramillo Escobar y su familia, quienes también figuran en la base de datos de los OffshoreLeaks. Según ese portal, la empresa tiene un brazo con otra llamada The Bearer, con presunta actividad en Estados Unidos. El año pasado se sumó en los registros de la Cámara de Comercio un cementerio a esta empresa en el Caquetá.

El tercer contrato con el precio unitario por cremación más costoso fue el que celebró la alcaldía de Altamira, en el Huila. La administración pagó dos millones de pesos por el servicio a la Empresa Cooperativa Funeraria (Emcoofun).

Según el artículo de la revista Semana Mentiras y Mortajas, el representante legal de Jardines de Paz, Jaime Ramón Endo, fue quien reclamó el cuerpo del exjefe guerrillero de las antiguas FARC, Raúl Reyes abatido en un bombardeo del Ejército Nacional en el 2008. Posterior a eso, el cadáver de Reyes pareció extraviarse y es ahí donde aparece el señor Jaime Ramón Endo: “La Fiscalía estableció que el cuerpo fue retirado de Medicina Legal con documentos adulterados en los que alguien suplantó «tanto en el poder como en la tarjeta de dactiloscopia» la firma y la huella de Jaime Ramón Endo, autorizado por los familiares de ‘Reyes’ para retirar el cuerpo. Fue tan clara y grave la irregularidad hallada, que el Fiscal General ordenó de inmediato una investigación penal”.

Le escribimos al representante legal de Jardines de Paz al correo reportado en la Cámara de Comercio para consultarle estos temas, pero no obtuvimos respuesta. 

El tercer contrato con el precio unitario por cremación más costoso fue el que celebró la alcaldía de Altamira, en el Huila. La administración pagó dos millones de pesos por el servicio a la Empresa Cooperativa Funeraria (Emcoofun). Este contrato inició el 3 de abril con una particularidad: hasta la fecha ese municipio no tiene casos de contagio y tampoco fallecidos. Es parte de los 90 municipios libres de COVID-19 en Colombia.

Solo 18 de los 79 contratos analizados especifican el precio unitario por el servicio de cremación. Según las cifras del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), las entidades territoriales del país pagan, en promedio, 1 millón 114 mil pesos por la incineración de un cadáver con COVID-19. 

En respuesta a una solicitud de información para este reportaje, la Procuraduría General de la Nación confirmó que indaga sobre un posible cartel de muertes por COVID-19, por contrataciones con sobreprecios entre autoridades públicas y funerarias para el manejo de los cadáveres por COVID-19 en el Atlántico. La entidad de control disciplinario también investiga las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato celebrado entre la Gobernación del Atlántico y Parques y Funerarias SAS para la cremación y traslado de cuerpos de personas fallecidas a causa de la COVID-19. 

De todas las funerarias encontradas en los contratos, Parques y Funerarias SAS, entre otras, está incluida en las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación y la SIC, según pudimos confirmar a través de un derecho de petición y un listado oficial. 

Además, el 8 de mayo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una indagación preliminar a 86 funerarias por presuntos sobreprecios cobrados en los servicios que prestaron durante la emergencia por la pandemia de  COVID-19. 

De ese grupo, la SIC formalizó una investigación en contra de 40 funerarias que no respondieron a los requerimientos hechos por el órgano regulador, de ese listado 10 tienen contratos para disposición de cadáveres por COVID-19. 

Contratos de cremación sin cadáveres

Los municipios que más han celebrado contratos para la cremación, disposición, traslado e inhumación de cadáveres en tiempos de pandemia están en el departamento del Tolima. Entre esos están los siguientes municipios: Honda, Casablanca, Villahermosa, Ibagué, Melgar, Espinal, Flandes, Coyaima y Fresno. 

De todos los nueve municipios, siete tienen suscrito contratos por COVID-19. Los dineros invertidos en estos contratos suman 165.292.780 pesos. Esto significa que dos de esos contratos son por servicios funerarios, pero no hay descrita información que los vincule a la emergencia sanitaria por el virus. 

Dentro de los hallazgos, encontramos cuatro municipios de ese departamento que han celebrado contratos sin contar con fallecidos por COVID-19 y son: Honda ($30 millones), Villahermosa ($3.360.000), Flandes ($9.888.000) y Fresno ($17.556.060). Villahermosa ni siquiera tiene casos de contagio.

La mayoría tienen plazos de ejecución que van por todo este año. La empresa Jardines del Renacer SAS se llevó la contratación en, al menos, cuatro casos en ese departamento. La representante legal Adriana Ospina Ocampo tiene vínculos comerciales con otras empresas funerarias, según registros en Cámara de Comercio. Entre esas: Pre Exequiales SAS, Parque Renacer del Sol SAS, Apoyo Exequial SAS, Servicios Exequiales García SAS.

Consultada la Alcaldía de Villahermosa explicaron que: “La necesidad de celebrar un contrato para atender posibles fallecidos por COVID, es una obligación que recae directamente sobre el municipio o entidad territorial correspondiente, para los casos específicos de personas sin cobertura funeraria. Tal y como se indica en la circular 0092 de 2020 expedida por la Secretaria (sic) de Salud del Tolima”, escribió vía correo electrónico Valentina Castañeda, la secretaria de gobierno. También hizo una salvedad: “el contrato de servicios funerarios tiene una vigencia hasta el tope del presupuesto contratado, a la fecha no se ha requerido ningún servicio, por lo tanto sigue vigente”. 

Cuatro municipios de ese departamento que han celebrado contratos sin contar con fallecidos por COVID-19 y son: Honda ($30 millones), Villahermosa ($3.360.000), Flandes ($9.888.000) y Fresno ($17.556.060). Villahermosa ni siquiera tiene casos de contagio.

La alcaldía de Honda respondió nuestra consulta el viernes 3 de julio, posterior a la publicación de esta nota. El alcalde Richard Fabian Cardozo explicó vía telefónica a Cuestión Pública lo siguiente: “en el evento que una persona de escasos recursos que fallezca por COVID o con una alta sospecha, el municipio entraría a subsidiar por la inmediatez que pide el protocolo de bioseguridad para la disposición de cadáveres por COVID; el contrato se hizo a monto agotable (…) es por evento que se llegue a presentar”. Agregó: «la Secretaría de Salud dijo que teniendo solo una Unidad de Cuidados Intensivos y un hospital de segundo nivel, podríamos llegar a tener durante todo el proceso de COVID 20 fallecidos, por eso lo hicimos por ese valor de 30 millones de pesos».

La Alcaldía de Flandes y Fresno también fueron consultadas, pero hasta el cierre de edición no obtuvimos respuesta.

Los municipios de Tolima no son los únicos que han celebrado contratos sin cadáveres. El 8 de abril, Luis Hernán Sánchez, secretario de Salud del municipio de Caldas, ubicado en el departamento de Antioquia, firmó un contrato con Pro Exequiales Tierra Santa para el manejo y disposición final de fallecidos.

El valor total del contrato fue de 6 millones de pesos para cubrir el manejo y disposición de seis cadáveres. La administración pagaría un millón de pesos por cada uno. Un mes y medio más tarde, la Alcaldía amplió por 45 días el contrato ya que, según los registros, se había ejecutado solo el 40% de los recursos hasta ese momento.

Aunque el contrato fue suscrito de manera específica para dar tratamiento a seis cadáveres de víctimas de COVID-19, el Instituto Nacional de Salud (INS), la entidad que registra a diario los contagios y muertes por COVID-19 en Colombia, aún no reporta muertes por coronavirus en el municipio de Caldas. Solo se han registrado 17 contagios, de los cuales ocho han sido pacientes recuperados. No obstante, el contratista ya había incinerado dos cadáveres y trasladado uno más. 

Ante esa inconsistencia, Cuestión Pública consultó a Luis Hernán Sánchez, secretario de Salud de Caldas. Sánchez explicó que los dos cadáveres cremados por el contratista Pro Exequiales Tierra Santa SAS fueron acogidos bajo el contrato porque, al momento de su deceso, presentaban síntomas de COVID-19. Los resultados de las pruebas resultaron negativos. 

Cuando fue consultado por el traslado del cuerpo de un menor, incluido en el informe técnico, el secretario Sánchez explicó que no tenía que ver con COVID-19 o siquiera con sospechas de contagio. Se trató, según el funcionario, de brindar auxilio a una madre de escasos recursos que necesitaba ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo. La administración de Caldas pagó 350 mil pesos por ese servicio.

El otro caso es el de la alcaldía de Altamira en el Huila. La administración se adelantó y celebró un contrato por 20 millones de pesos con la Empresa Cooperativa Funeraria (Emcoofun), pese a que no tenía casos confirmados de contagio o muerte por  COVID-19. El precio unitario de la cremación por cadáver ocupa el segundo lugar en el top tres de los más costosos.

Las entidades de control no se han pronunciado hasta el momento sobre estos casos; tampoco si hay irregularidades al celebrar contratos por fallecidos por COVID-19 que aún no existen en las estadísticas del INS. 

En Amazonas hasta el sepulturero tiene COVID-19

El pasado 12 de mayo, María Adelaida París, representante legal del Consorcio Exequial SAS, empresa que ocupa el tercer puesto en contratos funerarios en tiempos de pandemia en el país, envió una carta a la Alcaldía de Leticia para modificar un contrato firmado doce días antes por el servicio de ataúdes, transporte y la disposición final de los cadáveres de personas de escasos recursos fallecidas a causa del COVID-19 en esa ciudad.

Las razones del contratista para modificar las condiciones pactadas tan solo dos semanas después de su firma daban cuenta de la crisis que en ese momento se vivía en la capital del Amazonas colombiano. 

Dentro de las obligaciones del Consorcio Exequial SAS estaba entregar una bóveda totalmente sellada en el cementerio local, pero por la situación de salubridad en el municipio no habían podido encontrar quién les vendiera los materiales para la obra.

El problema se agravó cuando se supo que el sepulturero asignado por el contratista para inhumar los cadáveres por COVID-19 también contrajo la enfermedad. Su trabajo resultaba tan riesgoso que quienes se ofrecieron a relevarlo pidieron una suma de dinero que los hiciera sentir que valía la pena correr el riesgo.

Por casos como el sepulturero de Leticia es que la Superintendencia de Industria y Comercio investiga si 86 funerarias han cumplido con implementar las medidas de bioseguridad para el manejo de cadáveres COVID-19 y si esto ha causado cobros adicionales. 

El 15 de mayo la administración de la capital del Amazonas colombiano tuvo que firmar un nuevo contrato, no solo para acatar las solicitudes del contratista, sino para seguir enterrando a los fallecidos por COVID-19. Los 20 millones de pesos del primer contrato, suscrito quince días antes, ya habían llegado a su fin: se ofrecía un millón de pesos por cadáver inhumado (veinte en total), pero para el final del día la cifra de fallecidos ya ascendía a 30, según los datos oficiales del INS. 

En el nuevo contrato, la Alcaldía de Leticia accedió a las solicitudes del contratista de aumentar 100.000 pesos al valor total del contrato y se comprometió a encargarse de la construcción de las bóvedas, entre otras razones, por la limitada oferta de servicios funerarios que existe en el Amazonas.

En el segundo contrato quedaron consignadas las necesidades del Amazonas y su capital: “la red Hospitalaria del Municipio de Leticia es deficiente, sin equipos respiratorios que garantice la atención de la ciudadanía, con un solo Hospital Público Departamental de segundo nivel. Lo anterior implica la necesidad de adquirir equipos de bioseguridad con el fin de evitar el contagio masivo y desbordar la capacidad de reacción médica”. 

Para cuando se firmó ese documento había 922 casos y 30 muertos. Ahora, con más de 2.162 contagiados y 87 fallecidos, más el riesgo que implica compartir frontera abierta con Perú y Brasil, dos de los países con más casos diagnosticados y muertos por COVID-19 en la región. 

A la fecha, la Fiscalía colombiana ha judicializado al menos a 16 mandatarios locales por sobrecostos e irregularidades en la celebración de contratos de ayudas alimenticias para la población. Los contratos para cremaciones de los cadáveres y las compras de insumos para la disposición de cadáveres, abren un nuevo capítulo que deberá ser revisado por los organismos de control nacionales.

Este reportaje forma parte del Programa Lupa, liderado por la plataforma digital colaborativa Salud con lupa, con el apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ). 

*Las cifras y datos de este reportaje fueron consultados en la página web del Instituto Nacional de Salud (INS) hasta el 30 de junio de 2020.