Según la Sección Quinta, durante el trámite en la elección del Contralor no se respetó la Constitución Política, ni el reglamento del Congreso, ni la ley especial que regula esta elección. Entre los hechos presentados se denunció la elaboración de una tercera lista de elegibles, en la cual variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

Según se estudió, la lista de elegibles al final no resolvió vicios iniciales que tenía desde la convocatoria. Entre otras cosas, no atendió el principio de equidad de género, pues designó a seis hombres y cuatro mujeres. Además, la mesa directiva del Congreso modificó el puntaje de calificación del 15% que tenía la audiencia pública de entrevista a las candidatos, solo luego de conocer los resultados de la prueba de conocimientos. Sobre esta modificación, los demandantes indicaron que este cambio alteró la posición y conformación de la lista de elegibles. 

Igualmente, el Consejo de Estado afirmó que se encontró  que la sesión plenaria en que Rodríguez Becerra resultó elegido no fue convocada con la antelación establecida en la ley.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, David Rancero, afirmó a través de su cuenta de Twitter que solicitará una aclaración al Consejo de Estado para saber por qué ordena que se rehaga todo el proceso de elección del Contralor.

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