Primicia: El «pupitrazo» para arrebatarle a la Fiscalía el caso de Álvaro Uribe

El 19 de agosto de 2026 reinó el silencio en la Comisión de Acusación frente a una solicitud: la de pedirle a la Fiscalía que abandonara el proceso contra el expresidente por las masacres paramilitares, para que pasara a esa célula legislativa. Nadie objetó esa petición, ni siquiera el Pacto Histórico.

En el primer punto del orden del día de la Sala Plena de la Corte Constitucional del lunes 9 de noviembre, se encuentra la discusión de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar sobre quién se quedará con el proceso contra Uribe Vélez, si el ente acusador o la Comisión de Acusación.

El caso contra el exgobernador de Antioquia llegó al alto tribunal porque la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se negó a pasarle el expediente a ese órgano legislativo, lo que desató un conflicto de jurisdicciones el cual deberá ser resuelto, según la ley colombiana, por la Corte Constitucional.

¿Por qué el proceso contra Álvaro Uribe podría llegar a esa Comisión? Esta es la historia.

A las 7:21 minutos de la mañana de ese miércoles el representante por Cambio Radical, Carlos Cuenca, presidente de esa Comisión, le pidió a la secretaria Katherine Pulecio llamar a lista a los congresistas para comenzar la sesión.

Solo estaban 7 presentes:

• • José Fredy Arias Herrera (Partido Liberal).
  • Daniel Felipe Briceño (Centro Democrático).
  • Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical).
  • Jesús Salim Lorduy Martínez (Centro Democrático).
  • Jonathan Eduardo Pineda López (Centro Democrático).
  • María del Mar Pizarro García (Pacto Histórico).
  • Luis Ramiro Ricardo Buelvas (Asomontemaría).

El acta de ese día, a la que tuvo acceso Cuestión Pública gracias a la respuesta a un derecho de petición enviado a ese cuerpo colegiado, evidenció que a esa hora del día todavía no había quórum para decidir.

El representante Carlos Alberto Cuenca dio un receso hasta las 7:40 a.m., pero lo suspendió a las 7:34 y ordenó volver a llamar a lista. Así, el quórum pasó de 7 a 14:

• • José Fredy Arias Herrera (Partido Liberal).
  • Daniel Felipe Briceño (Centro Democrático).
  • Carlos Alberto Cuenca Chaux (Cambio Radical).
  • Jesús Salim Lorduy Martínez (Centro Democrático).
  • Jonathan Eduardo Pineda López (Centro Democrático).
  • María del Mar Pizarro García (Pacto Histórico).
  • Jorge Hernán Bastidas Rosero (Pacto Histórico).
  • Gabriel Becerra Yáñez (Pacto Histórico).
  • Heraclito Landínez Suárez (Pacto Histórico).
  • David Alejandro Toro Ramírez (Pacto Histórico).
  • Juan Loreto Gómez Soto (Partido Conservador).
  • Diana Carolina Ríveros (Partido de La U).
  • Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Asociación Paz es Vida).
  • Luis Ramiro Ricardo Buelvas (Asomontemaría).

Como la Comisión de Investigación y Acusación la integran 17 parlamentarios, con los 14 que estaban presentes ese miércoles 19 de agosto, ya podían tomar decisiones.

El primer tema del orden del día fue rutinario: aprobación del acta número 1 del 29 de julio de 2026.

En el tercer punto se anunció lo que verdaderamente iban a decidir.

—Secretaria: Tercer punto, proposiciones presentadas por los honorables representantes investigadores.

—Presidente: ¿Hay alguna proposición radicada?

—Secretaria: Sí, señor, el día de hoy se radicó una proposición.

Tomó la palabra el representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, conocido como ‘Yoyo’, él es hijo del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El congresista Carlos Alberto Cuenca afirmó: «Vamos aquí por la derecha como me gusta a mí, a ver, doctor Yoyo».

—Jorge Rodrigo Tovar: Gracias presidente, hay una proposición que se va a someter a consideración de la Comisión, para que sea sometida en este momento y después seguimos conversando.

De inmediato, el representante Carlos Alberto Cuenca ordenó leerla. La secretaria Katherine Pulecio Gómez lo hizo:

—Se radicó hoy por parte del representante Jesús Lorduy Martínez, apoyada por los congresistas Daniel Briceño y Jonathan Pineda López, la siguiente proposición: provocar la colisión positiva de competencia con la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, respecto del conocimiento de los hechos y de la conducta de conformidad con el Artículo 95 y siguientes de la ley 600 del 2000, en el radicado 11001609925220000004954. 

Segundo: reclamar la competencia ante la Comisión para conocer en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales de los hechos atribuidos al doctor Álvaro Uribe Vélez, relacionados con el presunto delito de concierto para delinquir agravado descritos en el numeral 2, punto 2, de la Resolución del 17 de junio del 2026, proferida dentro de la investigación con radicado antes citada en el numeral anterior y en consecuencia solicitar a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia el envío integral del expediente en el radicado precitado.

Tercero: disponer que por conducto de la Secretaría de la Comisión se comunique esta determinación a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se le remita copia de la presente proposición y del acta en la que conste su aprobación, en caso de que la Fiscalía no acepte la competencia reclamada, se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 95 de la Ley 600 del 2000, con el fin de que la Corte Constitucional decida la colisión de competencia.

El presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca, la puso a discusión:

—Ha sido leída la proposición, en consideración la proposición leída, se abre su discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado, aprueba la Comisión, ha sido aprobada.

—Secretaria, siguiente punto del orden del día, continuamos en los varios.

En el acta no quedó registrado si alguien chistó o preguntó la razón de tal proposición, nadie pidió unos minutos para pensar, asesorarse y así responder en derecho ante esa solicitud.

Todos los asistentes la sacaron a «pupitrazo» limpio, entre ellos los representantes del Pacto Histórico Gabriel Becerra, Heraclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Bastidas y Alejandro Toro, presentes en la reunión.

En un abrir y cerrar de ojos aprobaron por unanimidad esta solicitud,  lo que hoy tiene el caso en la Corte Constitucional.

La proposición

El 17 de junio de este año, la Fiscalía decidió llamar a indagatoria a Álvaro Uribe por la presunta conformación de grupos paramilitares en Antioquia, por las masacres de La Granja (1996), El Aro (1997), y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998.

Dos meses después, el 19 de agosto de 2026, los representantes Daniel Briceño, Jesús Lorduy y Jonathan Pineda López firmaron y presentaron una propuesta a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en los siguientes términos:

• • El día 07 de julio de 2026, al correo comisión.acusaciones@camara.gov.co, llegó una petición elevada por Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, donde solicitó que se proponga conflicto positivo de competencias con la Fiscalía.
  • De acuerdo con los congresistas, la Fiscalía sostiene, de manera preliminar, que Uribe habría formado parte de un acuerdo dirigido a promover la conformación de un grupo armado ilegal que «perduró en el tiempo» y calificó esa conducta como concierto para delinquir agravado.
  • La Corte Suprema de Justicia ha precisado que el concierto para delinquir es un delito de carácter permanente, y «se prolonga en el tiempo hasta cuando cesa tal propósito ilegal».
  • Los mencionados congresistas citan una providencia judicial que dice que el Bloque Metro habría operado entre 1996 y 2003. 
  • Uno de los argumentos de los representantes es que el concierto para delinquir agravado es de ejecución permanente y como según una sentencia citada por ellos, el Bloque Metro cesó su actividad delictiva en el 2003, fecha para la cual Álvaro Uribe era el primer mandatario de Colombia, lo cobija el fuero presidencial y por lo tanto sería competente esa Comisión y no el ente acusador.

El 27 de agosto de 2026, Gloria Marcela Abadía, Fiscal Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, respondió a los congresistas de esa Comisión:

«No resulta factible jurídicamente que la Comisión de Investigación y Acusación asuma la competencia, en razón a que los sucesos por los que se inició la investigación en contra de Álvaro Uribe no tuvieron ocurrencia durante su mandato presidencial».

Agregó la funcionaria que el objeto de la investigación hace referencia a los años 1996 y 1997, y que «es la presunta creación, fomento y favorecimiento de un grupo paramilitar, para dicha época, sin que se tengan elementos para inferir que esta actividad se extendió hasta posteriores situaciones cobijadas durante el periodo en el cual el doctor Uribe Vélez se desempeñó como Presidente de la República».

Y remató:

«Teniendo en cuenta los aspectos centrales mencionados por la Corte Suprema de Justicia, inicialmente se investigan las presuntas conductas punibles o los vínculos con el grupo armado organizado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del doctor Uribe Vélez cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia».

Cuando revelamos en primicia la decisión de la Comisión de Acusación de pedirle este caso a la Fiscalía, buscamos a todos los congresistas del Pacto Histórico que hacen parte de ese órgano legislativo. En su respuesta, el representante Gabriel Becerra nos explicó que «la decisión adoptada debe entenderse en el marco de una controversia jurídica», que no hay prejuzgamiento y que esa actuación no estaba orientada a dilatar el proceso.

Luego, el Pacto Histórico publicó un comunicado donde dice que la Fiscalía debe continuar la investigación hasta que la Corte Constitucional dirima la colisión de competencia. Es decir, lo que está ocurriendo ahora.

Una mujer conservadora como Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, señaló en una columna de febrero de 2019 en El Colombiano que «si ha existido en Colombia una institución inútil a la hora de impartir justicia es la llamada Comisión de Acusaciones», célula legislativa que, de acuerdo con esta dirigente política, ha sido una «comisión de absoluciones».