En febrero de 2012 el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, por abuso de la función pública ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Durante el 2013 y 2014 el proceso se transformó: Uribe pidió que se le investigara por ser supuestamente el autor de un cartel de testigos en su contra.

Pero esta indagación culminó para Cepeda el 16 de febrero de 2018 con la inhibición de la CSJ por descubrir, a través de interceptaciones ordenadas por los mismos magistrados, que quien estaría manipulando testigos sería, presuntamente, el expresidente Uribe. 

Estos hechos judiciales dieron paso a la investigación formal de la Corte contra el expresidente. De investigado, el congresista del Polo pasó a convertirse en parte de ese nuevo proceso como víctima. Es así como el pasado 4 de agosto, la Corte determinó que Uribe debía ser detenido mientras avanzan las investigaciones. Lee aquí el auto que contiene esa última decisión de la Corte: 

Decisión de CSJ_Álvaro Uribe Vélez_2020 (Text)

Descarga el documento con la decisión aquí 

La génesis de este proceso data del 2011 cuando el congresista Iván Cepeda era representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo y hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos. Allí supo de cientos de denuncias de personas privadas de la libertad que pedían respeto por los derechos humanos.

Dentro de ese trabajo y en ese mismo año entrevistó a dos paramilitares: Pablo Hernán Sierra el 19 de agosto, en la cárcel de Itagüí; y a Juan Guillermo Monsalve el 11 de septiembre, en Cómbita (Ibagué).

Tan pronto tuvo sus testimonios, el entonces representante Cepda publicó una columna en el periódico El Tiempo titulada: La hacienda Guacharacas cuna del Bloque Metro. Allí cuenta lo que tanto Sierra como Monsalve le dijeron en sus declaraciones: 

“Sierra afirma que el Bloque Metro de las Auc lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas-, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque, en Antioquia (…) Según Sierra, el grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias ‘Juan Pablo’, comandante del bloque Bernardo López Arroyave, del Eln, quien había asaltado la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, quemado su casa principal y robado cerca de seiscientas reses y varios caballos y mulares de paso fino”, escribió Cepeda en la columna. 

Y, sobre  la declaración de Monsalve, Cepeda dijo: “El testimonio de Monsalve, el otro ex paramilitar encarcelado, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas para la época y trabajador de la misma, no solo ratifica lo afirmado por Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron al Bloque Metro, sino que abunda en detalles de los hechos, como el crimen de carniceros de la región que habían comprado algunas de las reses robadas, la conformación de un cartel de la gasolina por Luis Alberto Villegas y la protección del gobernador Uribe al negocio del narcotráfico que practicaba la estructura paramilitar nacida en su predio.”

En respuesta a esa columna y a otros artículos que se hicieron con base a los testimonios que Sierra y Monsalve le dieron a Cepeda, en febrero de 2012 el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia por abuso de la función pública. “Falsamente se valió de sus funciones parlamentarias”, dijo Uribe ante la Corte:

“Pues buscar en las cárceles del país «declaraciones en donde implicaran al ex presidente URIBE y su hermano SANTIAGO, […] con el único fin de hacerles daño» no corresponde a lo dispuesto en la Ley 5.a de 1992, en cuanto a las funciones judicial, legislativa, de control político, electoral”.*

El 21 de junio de 2013 el expresidente Uribe amplió la denuncia contra el congresista Cepeda. Allí dijo que este visitó a Monsalve Pineda en 21 oportunidades, lo que para juicio del expresidente “no corresponde a una labor humanitaria”, según cuenta la decisión anterior de la Corte Suprema de Justicia en la que compulsó copias para abrir investigación a Uribe por presunta manipulación de testigos.

“Ratificó los hechos narrados por su abogado en el escrito inicial, hizo un relato de los mismos e insistió que el doctor IVÁN CEPEDA abusó de sus funciones porque excedió las facultades otorgadas por la Comisión de Derechos Humanos al entrevistar a los internos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, a quienes, con la colaboración de la abogada Mercedes Arroyave, visitó para manipularlos con el propósito de que hicieran declaraciones en su contra.

Resaltó que el Congresista denunciado visitó a Juan Guillermo Monsalve Pineda en 21 oportunidades, lo cual, a su juicio, no corresponde a una labor humanitaria, ni se justifica en amenazas al mismo, sino en un «contubernio -de CEPEDA- con esos testigos que ha entrenado para difamarnos a mi hermano Santiago y a mí», porque si un preso está amenazado, para eso están las autoridades competentes.”

A partir de ese momento, la defensa del expresidente robusteció el caso con testimonios que pretendían acusar al congresista Iván Cepeda de manipular testigos en su contra. Es así como el abogado Jaime Granados obtuvo una declaración de Oscar Monsalve Correa, “en una Fiscalía de Medellín”, en la que decía que el congresista Cepeda les había ofrecido dinero a cambio de hablar sobre Uribe: 

“Se refirió a la declaración de Oscar Monsalve Correa, obtenida por el doctor Granados, su abogado, en una Fiscalía de Medellín. Allí, el padre de Juan Guillermo, dijo que él y su esposa recibieron dinero del señor IVÁN CEPEDA, «primero les ofreció asilo en Argentina y después llevarlos a Barranquilla […], yo si quiero decir, esto está relacionado por ejemplo con testigos que han estado entre Venezuela y Argentina, que yo supe como Presidente, que a través de las FARC y de la Coordinadora Continental Bolivariana, les gestionaban y les ofrecían dinero y asilo, o que permanecieran allá.”

En su declaración del 29 de mayo de 2013, el coronel Pedro Manuel Benavides también dijo que Cepeda le había ofrecido dinero para ser testigo en contra de Uribe. “Es la manera castrista y stanilista de desacreditar a la gente”.

«IVÁN CEPEDA le ha hecho ofrecimientos de dineros y garantías para que declarara en contra de Uribe. Ahora, esto tiene un problema político muy delicado: en Venezuela, hoy Telesur, periódicamente pasa una cosa en televisión que llama el expresidente Uribe, es la manera castrista y stanilista de desacreditar a la gente. Al que no pueden matar o reducir a la cárcel, buscan destruirle la honra. Todas esas infamias tienen que ver con esto, y entonces uno ve que aquí están correlacionados en el mismo tema la senadora Piedad Córdoba, el doctor CEPEDA, personas paramilitares puestas presas bajo mi gobierno, y aparece el tema de Argentina y aparece el tema de Venezuela porque son los países que han protegido prófugos de la justicia que se han dedicado a maltratar a nuestro Gobierno desde afuera, como Joaquín García y Meneses. Y aquí el caso de Alexander Amaya, citado por el Coronel en retiro Benavides, es donde dice que incluso CEPEDA le ofreció dinero para que declarara en contra de Uribe, es un caso que hace parte de todo esto que termina en el Gobierno de Venezuela con lo que es el expresidente Uribe».

Ya desde el Senado, Iván Cepeda realizó un debate de control político el 17 de septiembre de 2014 contra el ahora senador Álvaro Uribe por sus presuntos vínculos con paramilitares y con la creación del bloque Metro de las autodefensas. Allí expuso más de 20 testimonios que iban en esa dirección.

En el artículo Continúan los ires y venires del caso contra Uribe de la Fundación Paz y Reconciliación se escribió que “en agosto de 2014 la defensa de Uribe cita a declarar en el marco del proceso contra Iván Cepeda, además de Óscar Monsalve, también a Pedro Manuel Benavides y a los paramilitares Jesús Henao y Gabriel Muñoz”. 

El mismo día del debate de control político, el 17 de septiembre de 2014, el expresidente Uribe radicó ante la Secretaría de la Sala de la Corte un memorial con entrevistas tomadas “en la cárcel de Itagüí a Ramiro de Jesús Henao Aguilar y a Gabriel Muñoz Ramírez, por Obed Herrera Salazar, investigador privado”, según consta en el auto 38451 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En los testimonios afirmaron que Cepeda les hizo ofrecimientos a cambio de declarar en contra de Uribe. 

“En cumplimiento a orden impartida por Wilser Darío Molina, «en calidad de abogado defensor, investigando posibles conductas delictivas». En ellas, los entrevistados afirmaron que el doctor IVÁN CEPEDA CASTRO les hizo. ofrecimientos a cambio de declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez”.

También está en el auto 38451 que: “(…) esta vez por esforzó con vehemencia por demostrar que el Senador IVÁN CEPEDA dirige un cartel de falsos testigos en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, propósito para el que también acudió a otros internos ofreciéndoles beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país, a cambio de que, en entrevistas similares a las de Sierra Monsalve, y con base en «libretos» previamente preparados por él, los sindicaran de cometer delitos en asocio con paramilitares, en los cuales no participaron, no presenciaron o simplemente desconocen.”

A raíz de los testimonios en contra de Cepeda que Uribe allegó a la Corte en 2014, esta le abrió “una actuación reservada”, dadas las graves acusaciones.

“Como tal hipótesis apunta al delito de falso testimonio, en el que habría incurrido el doctor CEPEDA CASTRO en calidad de determinador, fue necesario, entonces, abrir una actuación reservada con la cual, como resultado de las interceptaciones telefónicas ordenadas, se obtuvieron miles de llamadas, cuyo análisis, y el de los múltiples testimonios y documentos acopiados, ponen de presente una serie de intríngulis detrás de todo este asunto, lo cual, por supuesto no solo demandó tiempo importante, sino que tornó compleja la decisión que corresponde adoptar en derecho.”

Tres meses después, en diciembre de 2014, “el proceso pasó al despacho del exmagistrado Gustavo Malo —quien luego sería vinculado al Cartel de la Toga—”. Y en 2015 “ordenaron interceptar a Óscar Monsalve buscando pruebas”, según la Fundación Paz y Reconciliación. 

En 2015 Carlos Enrique Areiza, otro testigo, dijo que el senador Cepeda le ofreció $100 millones a cambio de declarar en contra de Uribe. Esto se cuenta en una carta que llega al proceso que se sigue en la CSJ pero contra Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia.

Entre miles de llamadas interceptadas, la Corte Suprema resaltó la de Oscar Monsalve y su hermana Laura Monsalve el 24 de marzo de 2015. También tomó una conversación entre Monsalve Correa y Monsalve Pineda, el testigo de Cepeda del 2011.

“En marzo de este año [2015] se pierden las grabaciones del sistema de interceptaciones y esto provoca que la Corte solicite vincular a una agencia de inteligencia británica”.

El 16 de febrero de 2018, la Corte comunicó a través de un auto que no pudo tipificar el delito del abuso de la función pública, el fraude procesal y la calumnia en contra de Iván Cepeda, porque, entre muchas razones y pruebas a raíz de las interceptaciones, “cuando Óscar Monsalve Correa declaró ante la Corte dejó en claro que el Congresista no le pidió nada a cambio de intervenir por la seguridad de su familia y, mucho menos, le pidió hacer declaraciones en contra de Álvaro o Santiago Uribe Vélez, Santiago Gallón Juan Guillermo Villegas Uribe”, según consta en el auto.

En ese auto del 16 de febrero del 2018, la Corte se declaró inhibida para actuar en contra del congresista y hoy senador Iván Cepeda y compulsó copias para abrir indagatoria en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. 

Del 16 al 22 de febrero del 2018 el expresidente Uribe intentó —presuntamente— cambiar el testimonio de Monsalve Pineda, a través del abogado Diego Cadena y el congresista Álvaro Hernán Prada. Esos días eran el plazo para rechazar la compulsa de copias de la CSJ, sin éxito. Todo quedó documentado por el periodista Daniel Coronell. A finales de julio, Cadena se desplomó ante la CSJ. 

El 4 de agosto del 2020 la Corte Suprema de Justicia  dictó medida de aseguramiento —domiciliaria— contra Álvaro Uribe.

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Todas las citaciones sobre el proceso de la Corte Suprema de Justicia provienen del auto 38451 del magistrado ponente José Luis Barceló.