El Acuerdo de Paz con las FARC y la Paz Total: transiciones sin resolución
(27/07/2026)
Socióloga, Magíster en Periodismo Científico. Profesional Universitaria en la Subdirección de Investigación y Producción Científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.
Juan Felipe Hoyos:
Doctor en Antropología Social de la Universidad Estatal de Campinas. Su investigación se dirige a los procesos de reintegración a la vida civil, política étnica, enfoque diferencial y gobernabilidad indígena en medio del conflicto armado. Actualmente trabaja en la Subdirección de Investigación y Producción Científica del ICANH.
Por Mayra García y Juan Felipe Hoyos – ICANH.
Este año se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, pero la promesa de una transición hacia un país en paz se entreteje con una realidad más compleja: en territorios como Nariño, el conflicto no ha terminado, más bien, se ha transformado.
Justamente, esta es una de las principales hipótesis del proyecto de investigación Transiciones sobrepuestas y nuevos escenarios de conflicto y paz, desarrollado en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, y que desde 2022 analiza cómo los instrumentos de justicia transicional y las políticas de paz (incluida la actual apuesta de Paz Total) se han implementado en contextos donde el conflicto armado sigue vigente y en constante reconfiguración.
Más allá de definir un lapso de tiempo específico o de presentar los aciertos y desaciertos del acuerdo de 2016, la investigación propone entender las transiciones en Colombia como procesos complejos que se extienden, se acumulan y se sobreponen. Desde la Constitución Política de 1991 hasta hoy, el país ha transitado por diversas iniciativas de paz que no necesariamente sustituyen a las anteriores, sino que se acoplan con ellas, generando tensiones y reconfiguraciones en los territorios. Desde esa perspectiva, las transiciones pueden ser menos una etapa excepcional y más una característica persistente de la estatalidad.
En el piedemonte y la costa Pacífica nariñense, donde confluyen actores armados, economías legales e ilegales y procesos de negociación en curso, se han documentado transformaciones en los patrones de violencia que obligan a tratar con pinzas las lecturas más optimistas sobre la reducción del conflicto. Aunque los enfrentamientos armados y el desplazamiento forzado han disminuido, esto no ha sido un efecto exclusivo de los avances de las mesas de diálogo, sino también de los acuerdos y reacomodos entre los propios grupos armados. Así mismo, otras formas de violencia menos visibles, como el reclutamiento, las amenazas, los asesinatos selectivos, la violencia sexual y las desapariciones forzadas continuan y se expanden. Al mismo tiempo, su denuncia y seguimiento se ha disminuido, debido al férreo control social que los grupos armados realizan sobre las lideresas y los líderes comunitarios y de derechos humanos.
Lo anterior sugiere que el alcance de las negociaciones y de la acción estatal está condicionado por dinámicas de control territorial que siguen en manos de actores armados. Por encima de un tránsito lineal hacia la paz, hay una coexistencia y una tensión entre distintas formas de gobernanza, donde la llamada “gobernanza armada” continúa definiendo los límites de lo posible, lo que genera un escenario de incertidumbre para las comunidades, que reconocen tanto los efectos positivos de la disminución de ciertas violencias como la fragilidad de los acuerdos que las sostienen.
En este contexto, surge el Observatorio de Conflictividades e Iniciativas de Paz en Nariño (OCAP) como una apuesta por situar el análisis en las realidades territoriales. El observatorio articula el conocimiento académico con las voces de comunidades, organizaciones sociales y actores locales, con el propósito de hacer seguimiento a la política de Paz Total en el departamento de Nariño. Para ello, analiza el avance de las mesas de negociación entre el gobierno nacional y diversos grupos armados presentes en ese departamento, buscando visibilizar sus logros, dificultades y aportar insumos para la formulación de política pública.
Con el seguimiento a procesos de diálogo en Nariño, el OCAP ha identificado tensiones que atraviesan estos escenarios. Entre ellas, resalta la insuficiente participación de comunidades y autoridades étnicas, la falta de espacios deliberativos amplios y las dificultades para incorporar las voces de quienes viven directamente el conflicto. A esto se suma la persistencia de violaciones a los derechos humanos que carecen de mecanismos de seguimiento y verificación en las mesas mientras continúan afectando la vida cotidiana. La situación se complejiza aún más por la creciente articulación entre economías como la coca y la minería, donde confluyen actores armados, élites regionales y dinámicas del mercado global, difuminando las fronteras entre lo legal y lo ilegal y profundizando los impactos socioambientales.
En este panorama no caben las respuestas cerradas: la investigación plantea la necesidad de repensar las políticas de paz desde una perspectiva situada, que reconozca las dinámicas territoriales, garantice la participación efectiva y fortalezca el seguimiento a los procesos en curso. A diez años del Acuerdo con las FARC-EP en La Habana y a tres años de la Paz Total, la experiencia de Nariño invita a entender la paz no como un punto de llegada, sino como un proceso en disputa, atravesado por tensiones y superposiciones que solo pueden comprenderse desde los territorios y las comunidades que los habitan.
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