(16/04/2021)
El Brasil es un predio de 16.350 hectáreas ubicado en el departamento del Meta. Al ser comparado con el área urbana de Bogotá, representa el 43.08% de su extensión, es decir, abarcaría las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero.
El pasado 2 de febrero, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá emitió el fallo en el que le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolver la solicitud de revocatoria a las resoluciones con las que se adjudicaron los baldíos del predio El Brasil en el Meta. Dicha solicitud fue radicada por el senador Iván Cepeda, la Corporación Jurídica Yira Castro y la Corporación Claretiana Norman Pérez en septiembre de 2016.
El Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela, interpuesta por la Procuraduría, que obliga a la ANT a tomar una decisión en un plazo que se cumple en agosto de este año.
La tutela fue interpuesta por la procuradora 31 Judicial Ambiental y Agraria e invocó la protección del derecho al debido proceso y a un plazo razonable. En la decisión de segunda instancia, los magistrados del Tribunal Civil de Bogotá ordenaron a la subdirectora de Acceso de Tierras de la ANT, Julia Elena Venegas, tomar una decisión en un plazo que se cumple en agosto de este año.
El predio actualmente es explotado por Aliar, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, y en el certificado de tradición y libertad del inmueble fue inscrita una medida cautelar a favor de la ANT en marzo del año pasado.
¿Adjudicación irregular?
En la solicitud de revocatoria se enumeran una serie de presuntas irregularidades en la adjudicación de estos baldíos, la cual fue hecha por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1995. En su texto los solicitantes alegan que los adjudicatarios no eran de la región pues todos reportaron como domicilio la ciudad de Bogotá, y dos de ellos suministraron teléfono y dirección idénticos. Según la solicitud de revocatoria, los reclamantes tendrían nexos con Víctor Carranza, el fallecido “zar de las esmeraldas” quien en vida fue señalado de tener vínculos con el paramilitarismo.
Las 13 resoluciones de adjudicación fueron tramitadas por un mismo funcionario del Incora, Heriberto Bustos Soto, quien a pesar de las dificultades de acceso a la zona (y más teniendo en cuenta el escenario de guerra que allí se libraba) ofició como notificador, inspector ocular y tramitador de baldíos.
Otro aspecto descrito en la solicitud de revocatoria, es que todos los solicitantes de estos baldíos aseguraron haberlos colonizado. Sin embargo, ninguno notificó como lugar de residencia el predio reclamado, sino direcciones en Bogotá, lo que contradecía su condición de ocupantes.
Algunos adjudicatarios de los baldíos de El Brasil tendrían nexos con Víctor Carranza, el fallecido “zar de las esmeraldas” quien en vida fue señalado de tener vínculos con el paramilitarismo.
En la solicitud también se da cuenta de que Bustos Soto, el funcionario del Incora, tasó en 20 años la explotación de dichos baldíos. Al cruzar este dato con la edad de los reclamantes, se deduce que algunos de ellos serían niños de 7 y 9 años cuando ocuparon las mencionadas llanuras.
El 2 de mayo de 2007, los 16 baldíos fueron englobados en un solo predio, El Brasil, y nueve días después, el 11 de mayo, los entonces propietarios aportaron sus derechos a la sociedad Agualinda Inversiones, empresa constituida un día antes y de la cual hacía parte Yesid Carranza Córdoba, hijo de Víctor Carranza. Dos semanas después, Agualinda transfirió los predios a una fiducia de Helm Bank, que a su vez firmó un contrato de arrendamiento con la Agropecuaria Aliar que actualmente explota los otrora baldíos y es dueña de la marca La Fazenda.
La historia de El Brasil
En 2013, una investigación de Verdad Abierta sacó a la luz pública la historia de este predio, ubicado en la vereda La Cristalina en el Meta, y cuya ocupación ha estado ligada a hechos de sangre e inconsistencias administrativas. Como reveló Verdad Abierta, los predios de El Brasil hacían parte del banco de tierras disponible para sacar adelante la reforma agraria y fueron titulados por el Incora a tres familias en 1983.
El año 1994 marca el inicio en la zona de la operación de “Los Carranceros” grupo paramilitar denominado así por los lugareños quienes le atribuían al grupo criminal relación con Víctor Carranza. Para ese entonces Carranza ya era propietario de extensas propiedades en la región.
Carranza, conocido como el zar de las esmeraldas, fue protagonista de la guerra de esmeralderos que durante los años 80 y 90 dejó más de 3.000 muertos en las zonas de explotación en Boyacá. En otra investigación de Verdad Abierta, publicada en abril 2013, se recogieron testimonios de jefes paramilitares entre ellos alias Ernesto Báez y Salvatore Mancuso en los que señalaron a Carranza como patrocinador de las autodefensas en los llanos orientales. Aunque Carranza estuvo preso tres años, nunca fue condenado por estos hechos.
En la investigación de Verdad Abierta, sobre la metamorfosis del predio El Brasil, se da cuenta de las declaraciones que rindieron cuatro paramilitares desmovilizados del Bloque Centauros ante la Fiscalía 59 de Justicia y Paz. Entre esos estaban José Villalobos alias Alfa Uno, Deiber Bolaños alias 520, Elkin Casarrubla alias el Cura y Dúmar Guerrero alias Carecuchillo. Todos aseguraron que el predio El Brasil fue su base desde 1994.
La ocupación de El Brasil ha estado ligada a hechos de sangre e inconsistencias administrativas. Paramilitares desmovilizados aseguraron que ese predio fue su base desde 1994.
Los testimonios dan cuenta que la casona principal de El Brasil fue adecuada como instalación de guerra, con cuartos distribuidos para que funcionaran como enfermería, dormitorios, almacén de víveres y armas y un cuarto para retener e interrogar víctimas.
El Brasil también sirvió como hogar de paso para los paramilitares provenientes del Urabá y comandados por Carlos Castaño que cometieron la masacre de Mapiripán en julio de 1997. Por esta masacre el Estado Colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 a reparar a las víctimas.
En la solicitud de revocatoria radicada por el senador Cepeda y las corporaciones Claretiana y Yira Castro, también se relata el hallazgo de cinco fosas comunes, en una de ellas fue encontrado el cuerpo de una niña de 14 años, reclutada por los Carranceros y asesinada después de que los amenazó de contarle a la Fiscalía lo que pasaba en dicho predio.
Las respuestas de la ANT
El pasado 9 de febrero, la ANT respondió un derecho de petición al senador Wilson Arias, quien preguntó a la entidad las acciones adelantadas con respecto al proceso de revocatoria radicado hace cuatro años.
En la respuesta Myriam Carolina Martínez, la directora de la ANT, le dijo al congresista que, cinco años después de radicada, la solicitud aún se encuentra en la primera parte de la etapa administrativa.
En 2017, un grupo de colonos que se habían instalado en El Brasil fue desalojado por la Policía y autoridades locales. El senador Arias le solicitó a la ANT que le fuera remitido el registro de todos los campesinos y núcleos familiares que fueron expulsados de allí. La ANT le respondió que no tenía conocimiento de estos hechos.
El plazo está corriendo y si el fallo de tutela surte efecto, en agosto de este año la ANT se pronunciará sobre la solicitud de revocatoria de los baldíos de El Brasil, predios que fueron base paramilitar y que en vez de ir a manos de campesinos, como se esperaba con los baldíos de la nación, terminaron siendo explotados por una de las agroindustrias más grandes de Colombia.
Reportería y texto
Iván Serrano
Edición
Ingrid Ramírez Fuquen
Diana Salinas Plaza
Edición Legal
Camilo Vallejo Giraldo
Diseño
Heidy González
Webmáster
Valentina Hoyos González
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