El millonario negocio

de las camas vacías
Una entidad adscrita al Minsalud ha girado
al menos $366.385 millones a entidades de
salud del país para mantener sus camas
de cuidados intensivos e intermedios
desocupadas. A noviembre de 2020, el
73% de estos recursos habían sido
destinados a entidades privadas.

 

(12/03/2021)

Mientras crecía la demanda de camas en unidades de cuidados intermedios e intensivos en el país por Covid-19, el Ministerio de Salud creó un incentivo que le pagaba a entidades de salud para mantenerlas vacías. De esta manera, entidades privadas recibieron el 73% del total de recursos públicos girados, es decir $267.539 millones. Esta medida no ha tenido un proceso de control o evaluación suficientes, y continúa vigente.

Según lo recabado por Cuestión Pública, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró $366.385 millones a las clínicas y hospitales del país que reportaron camas vacías entre junio y agosto de 2020.

Los recursos tuvieron esta ruta: salieron del Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Salud y este en vez de operar el recurso directamente, se los transfirió a la Adres, entidad que desembolsó el dinero a los centros de salud.

Los datos publicados por la Adres en su página web evidencian un impacto mínimo del incentivo en el sur y el oriente del país. Pero, incluso en los departamentos con mayor número de entidades beneficiadas, los recursos se agolpan en los centros poblados y ciudades principales como  Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín entre otras zonas urbanas.

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Mientras que el ministro Fernando Ruiz calificó la medida como una disposición “largamente esperada y solicitada por asociaciones de hospitales”, expertos como  Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, previeron la medida como un “incentivo perverso que va a causar negación de servicios, discriminación a los pacientes para atención en UCI.”

La resolución y el dinero

El incentivo de Minsalud por mantener camas vacías hace parte de las llamadas ‘canastas covid’, un conjunto de 13 servicios que se pagan con recursos públicos a entidades de salud públicas y privadas.

En el caso de las camas UCI e intermedias, la Adres establece y calcula los precios que debe pagar a las entidades de salud a partir del valor diario establecido: $347.538 por la disponibilidad de una cama de cuidados intermedios y $456.482 por una de cuidados intensivos.

La Adres, entidad que ejecuta el dinero, reportó en su página web que giró $289.504 millones en anticipos a clínicas y hospitales del país por disponibilidad de camas entre junio y octubre de 2020. Cabe anotar que, si bien los pagos se reportan como ‘anticipos’, en realidad se realizan por mes vencido, luego de que la entidad de salud haya reportado el número de camas que tuvo disponible por cada día del mes.

Con la información publicada en la página web de la Adres hasta el pasado 5 de marzo, Cuestión Pública pudo seguir la ruta de $118.829 millones correspondientes a los meses de junio (un segundo pago de junio), julio y agosto. Una cifra lejana a los $289.504 reportados por esa entidad a principios de este año.

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Los recursos públicos con que se pagaron las camas vacías en entidades privadas

De los $366.385 millones que ha girado la Adres a clínicas y hospitales, el 73% terminó en manos de entidades privadas.

Los listados de los giros realizados por esa entidad entre junio y noviembre reflejarían, en efecto, una dinámica desigual en el destino de los recursos: hasta el 21 de septiembre de 2020, las entidades de salud públicas habían recibido 1 peso por cada 2.7 pesos destinados a las privadas.

Esta desigualdad en la destinación del dinero podría deberse a que la resolución 1161 de 2020 (que regula el pago del anticipo por disponibilidad de camas vacías) no considera la desproporción entre entidades públicas y privadas del sector salud. Según información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de 9823 entidades de salud activas en el país, 8867 son de carácter privado.

Según información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de 9823 entidades de salud activas en el país, 8867 son de carácter privado.

Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, ya había advertido esos riesgos recién se emitió la resolución y describió un posible panorama de inequidad y corrupción. Aseguró a Cuestión Pública que la medida “no permite el acceso a los servicios de manera equitativa porque en unas ciudades hay más UCI que en otras […] se pone el ánimo de lucro del sector privado por encima de los derechos de los pacientes”.

Según la información reportada por la Adres en su página web, este es el top de las entidades de salud más beneficiadas por el incentivo de camas UCI e intermedias vacías. 

En primer lugar está Dumian Medical S.A.S., que obtuvo $8.249 millones por mantener camas de UCI y cuidado intermedio desocupadas entre junio y noviembre. Entre sus centros hospitalarios se encuentran la Clínica del Café en Armenia y la Clínica San Rafael en Girardot, entre otros.

En segundo lugar se ubicó el Grupo Clínica Médicos S.A. de Valledupar, que a través de seis giros ha recibido $8.229 millones por este concepto.

La institución pública que más recursos recibió por mantener camas desocupadas fue la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte (Bogotá). Entre junio y noviembre cobró $7.324 millones. 

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Según un boletín de prensa de la Alcaldía de Bogotá, el montaje y la adecuación del hospital transitorio para pacientes con Covid-19 en Corferias requirió una inversión de $5.000 millones, además de $13.000 millones adicionales para equipos, medicamentos y personal encargado. Con los $366.385 millones que la Adres reporta haber pagado por camas libres en las entidades de salud, a hoy se hubiera costeado la construcción de 20 hospitales transitorios de esa envergadura en otras regiones del país.

Con los $366.385 millones que la Adres reporta haber pagado por camas libres en las entidades de salud, a hoy se hubiera costeado la construcción de 20 hospitales transitorios de esa envergadura en otras regiones del país.

Para Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, los recursos que se destinan a costear camas UCI e intermedias vacías, de manera transitoria  habrían podido ayudar a mitigar la emergencia por Covid-19 de forma más eficaz y eficiente: “se podría contratar mejor al personal de salud garantizando su salario y condiciones de trabajo dignas […] También se hubiesen podido dotar mejor las instalaciones que necesitan adecuaciones o mejoras en infraestructura […] o se hubieran podido construir hospitales donde no los tienen”.

El pasado 20 de febrero, Cuestión Pública envió un cuestionario  al Ministerio de Salud, para obtener información sobre el balance y las proyecciones de la resolución 1161, pero a la fecha de publicación de este artículo no se ha obtenido respuesta. Seguimos escarbando…

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